Los agentes de la Guardia Civil insisten en que el fiscal general fue clave en la revelación de secretos que salpicó a la presidenta madrileña
The post Los mensajes de García Ortiz con Pilar Rodríguez finalmente lo ponen en el punto de mira del juez first appeared on Hércules. El juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha señalado como una “evidencia” que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo desaparecer pruebas relevantes al borrar mensajes de sus teléfonos móviles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató que el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que se abrió formalmente la causa contra él, García Ortiz eliminó por completo los mensajes de sus dispositivos hasta en dos ocasiones. El juez subraya que, si bien la eliminación de pruebas por parte de un investigado no tiene por sí sola relevancia penal, no puede ignorarse su impacto en el desarrollo de una instrucción judicial.
Durante el proceso, la UCO informó que no encontró ni un solo mensaje en los terminales incautados. Ante esta ausencia, el magistrado solicitó información a Google y WhatsApp, que no reveló ningún contenido de interés. Las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos e Irlanda confirmaron que García Ortiz había cambiado de terminal y eliminado su cuenta de correo personal. Uno de los pocos correos relevantes obtenidos ya estaba en poder de la Guardia Civil: la denuncia de la Fiscalía contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general justificó la eliminación de los datos como una medida de seguridad, en cumplimiento de protocolos internos. Sin embargo, el juez Hurtado criticó que no informara previamente de esa eliminación si su intención era colaborar con la justicia. Asimismo, para evitar filtraciones de datos personales incluidos en los anexos de los informes de la UCO, el juez acordó que esos documentos solo podrán ser consultados en la Secretaría del tribunal.
La UCO reafirma su informe en el Supremo
A pesar de lo anterior, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado este viernes ante el Tribunal Supremo sus conclusiones sobre el caso que pone contra las cuerdas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El testimonio de los peritos ha respaldado el informe elaborado a partir del análisis del móvil de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, también investigada por revelación de secretos. Ese informe atribuye a García Ortiz una “participación preeminente” en la cadena de hechos que terminó con la publicación en prensa de un correo clave en el que el empresario ofrecía confesar un fraude fiscal.
El teléfono de Rodríguez, clave tras el borrado del móvil de García Ortiz
Tras comprobar que García Ortiz cambió de móvil y borró sus mensajes justo una semana después de que el Supremo abriera diligencias contra él, la investigación se apoyó en el teléfono de Rodríguez, intervenido el 30 de octubre de 2024. A partir de ese dispositivo, los agentes reconstruyeron la secuencia de mensajes que desembocó en la publicación de la filtración el 13 de marzo del pasado año.
Según el informe de la UCO, el fiscal general recibió ese día a las 21:59 un correo con el documento que acabó filtrado y, apenas dos horas después, a las 23:51, la cadena SER lo difundía públicamente. En ese estrecho intervalo, “solo un muy reducido número de personas” tuvo acceso al contenido, todas ellas dentro de la Fiscalía General del Estado.
La comparecencia de los agentes fue solicitada por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz y de Rodríguez, con la intención de desacreditar el informe. Sin embargo, los peritos insistieron en la validez de su metodología y aclararon que omitieron algunos mensajes y datos por respeto a la intimidad de los implicados, sin alterar las conclusiones principales.
También explicaron por qué algunas noticias fueron excluidas del informe: solo se incorporaron las que permitían “vislumbrar” la filtración, como la publicada por la SER, no otras anteriores que aún no reflejaban el correo en cuestión.
Una investigación en su recta final
La comparecencia de la UCO forma parte de las últimas diligencias antes de que el magistrado instructor, Ángel Hurtado, decida si procesa al fiscal general. La declaración como testigo de González Amador, prevista para el próximo viernes, será clave. Fue ordenada por la Sala de Apelación del Supremo, que consideró fundamental que el afectado por la revelación describiera en primera persona el daño sufrido.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular en el caso, ha solicitado ya el procesamiento formal de García Ortiz y de Rodríguez por prevaricación administrativa, al considerar que existe una “abrumadora prueba” contra ambos.
Además, APIF ha pedido al juez que compruebe si en la agenda del móvil de García Ortiz figuran los contactos de Pilar Sánchez Acera, número dos del PSOE madrileño, y de varios periodistas que conocían la información antes de su publicación. Sánchez Acera fue quien hizo llegar a Juan Lobato, entonces líder del PSOE en Madrid, el correo confidencial, que fue luego utilizado en la Asamblea contra Ayuso.
La investigación también apunta a posibles “actuaciones paralegales o alegales” en el seguimiento del caso, por lo que se ha pedido revisar los expedientes abiertos por la Inspección Fiscal.
Mientras el fiscal general sigue defendiendo que su única intención fue desmentir un bulo, el informe de la UCO lo señala como quien ordenó recabar los correos confidenciales y quien tenía el control de los tiempos de su publicación. La revelación de secretos, en este contexto, podría tener consecuencias penales y políticas para uno de los altos cargos del Estado.
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