El ministro del Interior descalifica abiertamente al juez Peinado y refuerza la campaña del Gobierno contra la independencia judicial
The post Los recurrentes ataques de Marlaska a los jueces que investigan al PSOE first appeared on Hércules. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a cargar duramente contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Lo acusó de situarse “fuera de la ley” al desarrollar lo que calificó como una “investigación prospectiva”, es decir, una búsqueda genérica de delitos sin hechos concretos, una práctica prohibida en España y en toda la Unión Europea.
Estas declaraciones, realizadas en varias entrevistas durante las últimas jornadas, consolidan un patrón preocupante: los ataques sistemáticos del Gobierno a los jueces que instruyen causas que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. Marlaska, juez en excedencia y actual ministro del Interior, ha protagonizado algunos de los ataques más virulentos, erosionando con ello el principio de separación de poderes que sustenta cualquier democracia.
Una estrategia de descrédito institucional
No se trata de un hecho aislado. Desde hace meses, el Gobierno ha iniciado una campaña de deslegitimación de los jueces encargados de investigar tramas que afectan al Ejecutivo. Juan Carlos Peinado no es el único en el punto de mira. También han sido objeto de críticas públicas otros magistrados como Manuel Marchena o Pablo Llarena, responsables de decisiones que no han gustado en Moncloa.
En el caso de Peinado, Marlaska ha calificado la instrucción como “el paradigma de lo que no debe ser una investigación judicial”, insistiendo en que “no hay objeto claro de investigación” y que el procedimiento causa “indefensión” a la esposa del presidente. Incluso ha puesto en duda la citación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como testigo, sugiriendo que su declaración se produjo sin justificación ni solicitud previa.
Más allá de las valoraciones jurídicas, lo alarmante es el tono con el que se pronuncian estas críticas. Marlaska ha llegado a afirmar que criticar resoluciones judiciales es “salud democrática”, abriendo la puerta a una peligrosa normalización del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Todo poder del Estado puede criticar las decisiones de otro poder”, dijo sin ambages desde el Consejo de Ministros.
Lejos de contenerse, el Gobierno ha utilizado errores procesales menores o decisiones de trámite para arremeter con dureza contra el juez Peinado. Desde acusaciones de dilaciones indebidas hasta insinuaciones de prevaricación, el mensaje es claro: quien investigue al PSOE será atacado desde las más altas esferas del poder.
Nuevos ataques contra el juez
Lejos de rectificar, Fernando Grande-Marlaska ha redoblado sus ataques contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El pasado 29 de julio de 2024, Marlaska calificó la instrucción judicial como “el paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial”, descalificando abiertamente la actuación del magistrado. En una intervención pública, el titular de Interior —exjuez de la Audiencia Nacional— tachó de “proactiva” y “carente de objetivo cierto” la investigación, insinuando incluso que rozaba la prevaricación. Según él, el juez está llevando a cabo una instrucción “prospectiva” y “propia de estudio en escuelas de prácticas jurídicas”, lo que representa una injerencia sin precedentes desde el Gobierno en una causa judicial abierta. Marlaska también arremetió contra la citación a Pedro Sánchez, al que Peinado quería interrogar como ciudadano y no como presidente, una posibilidad que el ministro calificó de “improcedente” y de “retorcer la ley”.
Las críticas no cesaron ahí. El 16 de abril de 2025, el ministro volvió a atacar a Peinado, coincidiendo con la declaración como testigo del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el mismo juez. En esta ocasión, Marlaska trató de desacreditar la diligencia judicial subrayando que “la declaración de Bolaños no la había solicitado ninguna de las partes”, y cuestionando que exista un “objeto claro y preciso” en la causa. Pese a afirmar que respeta al Poder Judicial, el ministro insistió en que la instrucción de Peinado representa “el paradigma de lo que no es una instrucción”, diferenciándola del 99,9% del resto de investigaciones judiciales. Llegó incluso a recordar que la Audiencia Provincial había limitado el objeto de la causa por “ausencia de indicios” y criticó que Peinado desatendiera esas indicaciones, además de que se le habían anulado diligencias por “vulneración de derechos fundamentales”.
Una ofensiva con implicaciones democráticas
La gravedad de esta deriva institucional no ha pasado desapercibida para muchos juristas. Las acusaciones del Gobierno no se sustentan en resoluciones judiciales firmes, sino en valoraciones interesadas que buscan deslegitimar la acción de los jueces ante la opinión pública. A juicio de Marlaska, la causa contra Begoña Gómez está “abocada al fracaso”, pero no por falta de pruebas, sino por tratarse —según él— de un caso “instrumentalizado políticamente por el PP”.
Este discurso se complementa con los mensajes lanzados por portavoces del Ejecutivo, como Pilar Alegría, quien recientemente tildó la investigación de “pedalear en la nada” y la relacionó con “una campaña de acoso y derribo” contra Pedro Sánchez.
El propio presidente del Gobierno no ha dudado en presentar una querella contra el juez Peinado por prevaricación, en lo que ya muchos consideran un precedente inquietante: un presidente en activo intentando judicializar la labor de un magistrado que lo investiga.
Los ataques de Marlaska y del Gobierno a los jueces revelan un giro autoritario en la estrategia de Moncloa. Lo que comenzó como una defensa política de Begoña Gómez se ha transformado en un choque frontal entre el poder político y el poder judicial. Y en ese combate, el respeto institucional y la independencia judicial parecen haber quedado en un segundo plano.
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