El debate sobre la descentralización del Senado resurge tras propuestas socialistas en Cataluña y Valencia
The post Los socios del Gobierno evitan tomar posición sobre el traslado del Senado fuera de Madrid first appeared on Hércules. El debate sobre la posible descentralización del Senado ha generado distintas reacciones entre los partidos aliados del Gobierno. Mientras algunos han evitado tomar una posición clara, otros han insistido en la necesidad de reforzar su función territorial antes de considerar un cambio de sede.
Formaciones como ERC, PNV y BNG han señalado que no consideran prioritario discutir el traslado de la Cámara Alta. ERC ha descartado participar en el debate y ha acusado al Senado de ser utilizado con fines partidistas por PP y PSOE. BNG, por su parte, ha criticado que no se haya universalizado el uso de las lenguas cooficiales, lo que, según el partido, impide que cumpla su función territorial.
El PNV ha indicado que la posible reubicación del Senado no ha sido objeto de reflexión dentro del partido y que no lo considera una prioridad.
La propuesta de trasladar el Senado tiene antecedentes en distintas iniciativas de los socialistas catalanes y valencianos. En 1992, el expresidente catalán Pasqual Maragall planteó la posibilidad de trasladar la Cámara Alta a Barcelona. Años después, el PSC llegó a recoger en su programa electoral la idea de que Cataluña albergara sedes estatales, incluyendo el Senado.
Más recientemente, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, promovió un plan de descentralización en el que planteó el traslado del Senado a Barcelona. Sin embargo, la actual dirección del grupo socialista en el Senado no ha retomado esta discusión, aunque contraponen su modelo con la “recentralización” que, según ellos, defienden PP y Vox.
Las diferencias sobre el modelo de Estado
Los socialistas critican la postura del PP y Vox, a quienes acusan de promover una estrategia de recentralización que reduciría la gestión autonómica de ciertas competencias. En contraposición, defienden un modelo en el que las comunidades autónomas mantengan un papel activo en la administración y gestión de asuntos clave.
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