El Ayuntamiento ha aseverado que no van a encontrar nada dentro de la fosa tras haber realizado un informe preliminar
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Imagen: fosa de Montecarlo I EFE
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha arremetido contra el Gobierno central por extender las labores de búsqueda de los brigadistas internacionales en Montecarmelo, a pesar de que informes previos del Ayuntamiento aseguraban que no se encontrarían restos en la zona, según Europa Press.
«Para nosotros, este asunto estaba suficientemente claro desde el principio, pero desde el Gobierno de España han decidido alargarlo en el tiempo«, declaró este miércoles ante los medios, añadiendo que el Consistorio dará por concluida la cuestión una vez reciba la confirmación definitiva de los resultados.
Un nuevo informe avala la postura del Ayuntamiento
La polémica sobre la posible existencia de una fosa común en Montecarmelo se reactivó tras la intervención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que encargó a la Asociación Científica Arqueoantro la búsqueda de los cuerpos de 451 brigadistas internacionales presuntamente enterrados en la zona. La investigación, iniciada el 15 de enero, no ha arrojado resultados positivos, al igual que ocurrió con una primera intervención realizada en agosto de 2024.
Días atrás, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, reafirmó la intención del Ayuntamiento de seguir adelante con la construcción del cantón de limpieza proyectado en la parcela. La decisión se respalda en un reciente informe que descarta la presencia de restos humanos en el área próxima al cementerio.
Un conflicto entre memoria histórica y urbanismo
El debate sobre la fosa de Montecarmelo ha generado tensiones entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid. Mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsó la investigación arqueológica en el marco de la Ley de Memoria Democrática, el Consistorio madrileño ha insistido en que los estudios previos ya demostraban la inviabilidad de la búsqueda.
La controversia se enmarca en un contexto más amplio de disputas sobre la gestión de la memoria histórica en España. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones memorialistas han defendido la necesidad de agotar todas las vías antes de dar por cerrada la posibilidad de localizar a los brigadistas. Por otro lado, desde el Ayuntamiento consideran que la prolongación de los trabajos responde a motivaciones políticas más que a criterios científicos.
Con los últimos informes descartando la existencia de restos, el Ayuntamiento mantiene su intención de avanzar con la construcción del cantón de limpieza, a la espera de la confirmación definitiva que, según Sanz, pondría fin a la controversia.
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