La nueva norma busca unificar todas las enseñanzas superiores, garantizar prácticas y defender la libertad educativa frente al Gobierno central
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes las principales medidas de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), con la que su Gobierno pretende reformar el sistema educativo superior de la región. El anuncio tuvo lugar durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Una de las iniciativas más destacadas será la creación de un Distrito único de prácticas que asegure que ningún estudiante universitario o de Formación Profesional se quede sin plaza para realizar sus prácticas. Este sistema estará gestionado por una comisión de coordinación con todos los agentes implicados y se apoyará en una aplicación informática común.
Ayuso ha resaltado que esta será la primera ley que unifica de forma integral todas las enseñanzas superiores en la región, incluyendo universidades, investigación, FP superior, enseñanzas artísticas y deportivas, así como escuelas de negocios. El objetivo es fortalecer la conexión entre la formación académica y el empleo, impulsando la formación continua y el reciclaje profesional.
La LESUC también contempla medidas para proteger las Humanidades y promover el uso del español en el ámbito universitario. Entre ellas, destaca una reducción de tasas para estudiantes hispanoamericanos, que pasarán a pagar lo mismo que los alumnos nacionales o de la UE. Asimismo, se exigirá un nivel mínimo de español para cursar estudios en universidades madrileñas, salvo en titulaciones ofrecidas íntegramente en otro idioma.
En el ámbito financiero, se implantará un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y se revisará cada cinco años. Este sistema incluirá una dotación básica, otra destinada a necesidades específicas y una financiación adicional ligada al cumplimiento de objetivos como la mejora de la formación dual o la implementación de pruebas de admisión más exigentes.
Además, se prevé dotar a los centros universitarios de nuevas herramientas económicas, como la gestión de sus inmuebles, una central de compras para reducir costes o el uso preferente de remanentes compartidos entre universidades.
Entre otras novedades, la futura ley permitirá a las universidades reconocer créditos por actividades de voluntariado, abrirá por primera vez a alumnos y profesores de FP superior la participación en convocatorias de investigación y reconocerá legalmente a las escuelas de negocio, otorgándoles rango universitario.
Por último, Ayuso ha criticado con dureza el nuevo Real Decreto del Gobierno central sobre reconocimiento de universidades, al que ha calificado de “inconstitucional” y lesivo para las competencias autonómicas. Ha anunciado que su Ejecutivo recurrirá esta norma ante los tribunales, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer perjudicar especialmente a las universidades privadas. Según ha explicado, el texto establece requisitos adicionales que, de aplicarse, podrían dejar fuera del sistema a centros aprobados por comunidades autónomas gobernadas incluso por el PSOE.
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