El Ejecutivo regional ha invertido 57 millones de euros para preservar un servicio público que benefició a cerca de 71.000 personas el año pasado
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Imagen: magistrados I Economist Jurist
La Comunidad de Madrid destinará 57,05 millones de euros en 2025 para garantizar la asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de abogados y procuradores de la región, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al año anterior.
Reparto de los fondos
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de dos subvenciones directas. La primera, de 49,1 millones de euros, se distribuirá entre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, de 7,95 millones, se destinará al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Con esta inversión, el Ejecutivo autonómico garantiza el cumplimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para quienes carecen de recursos económicos, tal como recoge la Constitución Española. En 2024, un total de 70.677 personas accedieron a este servicio público en la región.
Nuevo decreto para mejorar la asistencia jurídica gratuita
El Gobierno regional trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que regulará el funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, así como la coordinación entre la Administración y los colegios profesionales encargados de este servicio.
Este marco normativo busca simplificar los trámites administrativos y detallar las funciones de abogados y procuradores en el sistema de justicia gratuita, con el fin de mejorar su funcionamiento y garantizar un servicio de mayor calidad para los ciudadanos.
Madrid, a la cabeza en inversión por habitante
Además, el Consejo de Gobierno ha analizado un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, sobre la situación de la asistencia jurídica gratuita en la región.
El presupuesto autonómico para este año asciende a 62,94 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,9% respecto a 2024, en beneficio de una población de 7.009.268 personas. Esta partida incluye los servicios de orientación jurídica, representación procesal y el turno de oficio.
En comparación, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha previsto para 2025 una inversión de 53,28 millones de euros para las comunidades en las que gestiona esta competencia: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.
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