El colectivo de funcionarios sostiene que su permanencia en el cargo compromete la independencia del Ministerio Fiscal
The post Manos Limpias reclama al Tribunal Supremo la inhabilitación provisional de García Ortiz first appeared on Hércules. El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado una solicitud formal al Tribunal Supremo, exigiendo la suspensión cautelar del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras se desarrolla una investigación en su contra por presunta revelación de secretos. La demanda de Manos Limpias surge a raíz de la investigación abierta por la supuesta filtración de datos personales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El colectivo de funcionarios sostiene que su permanencia en el cargo compromete la independencia del Ministerio Fiscal, dado el carácter jerárquico de la institución. En concreto, Manos Limpias argumenta que el representante de la Fiscalía en el caso de García Ortiz, probablemente su número dos, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, se encontraría en una posición de subordinación jerárquica frente al propio investigado, lo que afectaría la imparcialidad y equidad del proceso.
Imparcialidad dentro del Ministerio Público
El letrado de Manos Limpias, Víctor Manuel Soriano, subraya que la mera abstención de García Ortiz no sería suficiente para garantizar un proceso independiente. Incluso en su ausencia, García Ortiz mantendría control sobre decisiones clave que podrían afectar la carrera de los fiscales involucrados en el caso, incluyendo decisiones de carácter profesional y disciplinario. Esta «situación de sometimiento informal», según Soriano, podría comprometer la autonomía de cualquier miembro del Ministerio Público encargado de representar al organismo en este proceso.
El argumento central es que, a diferencia de los jueces, quienes en casos similares no tendrían posibilidad alguna de interferir en el proceso debido a la independencia de cada magistrado, los fiscales dependen de una estructura vertical. En el caso del Ministerio Fiscal, esta dependencia jerárquica abre la puerta a posibles influencias directas o indirectas.
Tras la imputación, García Ortiz se mostró firme en su decisión de no dimitir, alegando que su continuidad en el cargo es lo «más prudente para la institución» y que ello «refuerza la independencia de la Fiscalía española». No obstante, dos de las principales asociaciones de fiscales han reclamado públicamente su renuncia.
La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha declarado que García Ortiz no puede seguir ocupando el cargo mientras esté bajo investigación por el alto tribunal, argumentando que su permanencia afecta la imagen y credibilidad de la Fiscalía. Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha ido más allá, asegurando que, de no dimitir, García Ortiz podría deteriorar «gravemente» el Estado de derecho en España. La presión interna no se limita a las asociaciones; la mayoría del Consejo Fiscal también ha solicitado su dimisión para preservar la integridad de la institución.
Por su parte, la Junta de Fiscales de Sala, órgano compuesto por los fiscales más veteranos y de mayor rango, no ha logrado un consenso respecto a la renuncia de García Ortiz. En una reunión reciente, más de una decena de fiscales instaron al Fiscal General a apartarse del cargo temporalmente, mientras que otros defendieron su derecho a permanecer en el puesto hasta que la investigación arroje resultados concluyentes.
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