Entre 2020 y enero de 2025, el Gobierno ha concedido autorizaciones de residencia a migrantes que actuaron como víctimas o testigos de delitos vinculados al tráfico de personas
The post Más de 200 migrantes obtienen residencia en España tras colaborar contra redes criminales first appeared on Hércules. Desde el año 2020, un total de 211 personas en situación administrativa irregular han obtenido autorización definitiva de residencia y trabajo en España gracias a su colaboración con las autoridades en la lucha contra redes de delincuencia organizada. La cifra ha sido facilitada por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, tras una consulta del grupo Vox, interesada en conocer cuántos migrantes no han sido expulsados tras acogerse al artículo 59.1 de la Ley de Extranjería.
Colaboración como vía legal para permanecer en el país
La normativa vigente contempla un mecanismo legal por el cual los extranjeros que se encuentran en situación irregular pueden evitar la expulsión si denuncian delitos vinculados a la inmigración ilegal, la trata de personas o la explotación, tanto sexual como laboral. Esta vía legal, basada en circunstancias excepcionales, permite a las víctimas o testigos colaborar con la justicia sin temor a represalias administrativas.
Además de los datos sobre autorizaciones concedidas, el Gobierno también ha informado del volumen de expulsiones ejecutadas en los últimos años. En 2019, se tramitaron cerca de 4.700 órdenes de salida del país, mientras que durante los años más afectados por la pandemia, esa cifra se redujo notablemente. En 2024, el número de expulsiones volvió a aumentar, alcanzando algo más de 3.000 casos.
El Gobierno niega el uso del término “persona ilegal”
En su respuesta, el Ejecutivo ha recordado que el ordenamiento jurídico español no contempla la figura de “persona ilegal”, una expresión que fue utilizada por el partido interpelante. Según el Gobierno, lo que existe es la situación administrativa irregular, que no implica una criminalización de la persona. Esta puntualización responde al marco de derechos establecido por la Ley de Extranjería.
El documento remitido por el Gobierno también detalla que, dentro del sistema nacional de acogida, se incluye un programa específico para atender a migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Esta asistencia se dirige principalmente a quienes llegan a través de la ruta marítima o por las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla. La atención es gestionada por el Ministerio de Inclusión y entidades del tercer sector que colaboran bajo acuerdos oficiales.
Las personas que acceden al sistema de protección no son consideradas migrantes irregulares, sino solicitantes o beneficiarios de protección internacional. Los recursos disponibles se canalizan a través de centros gestionados directamente por el Estado o mediante convenios con organizaciones sociales que prestan apoyo en materia de alojamiento, alimentación y orientación jurídica.
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