El parón en los juzgados de toda España marca una jornada histórica en defensa de la independencia judicial ante las reformas impulsadas por Bolaños
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Parón de jueces en la Audiencia Provincial de Madrid // x.com
Este miércoles, jueces y fiscales de toda España han paralizado su actividad durante diez minutos en una protesta sin precedentes contra las reformas que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños. La escena, repetida en los juzgados de todo el país, supone un acto histórico de unidad del tercer poder del Estado frente a lo que consideran una injerencia política directa en el sistema judicial.
La movilización ha sido encabezada por las principales asociaciones de jueces y fiscales, que han leído un duro manifiesto frente a los tribunales, especialmente en el Juzgado de Plaza de Castilla en Madrid. En el texto, los convocantes denuncian que las reformas legales en tramitación atentan contra la separación de poderes consagrada en la Constitución, y advierten del riesgo de que el Ejecutivo logre un acceso ideológico al Poder Judicial.
La carrera judicial y fiscal se planta ante el Ejecutivo
El núcleo de la protesta gira en torno a la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, actualmente en trámite parlamentario por vía de urgencia. Según denuncian los convocantes, el proyecto no responde a una demanda social y ha sido impulsado con una rapidez que impide un debate público riguroso.
En el manifiesto, los jueces alertan de que la nueva ley rebaja el nivel de exigencia en las oposiciones y sustituye parte del contenido técnico por pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido ya un informe crítico que desmonta las bases de la reforma, alertando del deterioro en la formación de los futuros jueces y fiscales.
El colectivo rechaza también el uso de Europa como excusa por parte del Gobierno para justificar un programa de estabilización que permitiría, según los manifestantes, el acceso directo de hasta 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin oposición, una fórmula que consideran contraria a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El Supremo y las asociaciones alzan la voz
La protesta ha coincidido con la expresión pública de “inquietud” por parte del Tribunal Supremo, que se ha sumado al coro de advertencias sobre el impacto de las reformas en la calidad democrática del país. También ha habido críticas por el uso político del Ministerio Fiscal, al que el Gobierno trata —según los manifestantes— como un “apéndice” del Ejecutivo.
En este contexto, la reforma para aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, ha sido señalada como un movimiento que incrementará el riesgo de interferencias políticas en casos de corrupción, debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Más allá de la potente imagen de los tribunales en silencio, los jueces y fiscales advierten que este solo ha sido el primer paso. Si el Gobierno no retira los proyectos legislativos, están dispuestos a escalar su respuesta con una huelga de todo el sector judicial, lo que supondría un colapso sin precedentes del sistema de Justicia en España.
“El Gobierno debe escuchar nuestras reivindicaciones”, subrayan las asociaciones, que también reclaman una ampliación urgente de plazas judiciales y fiscales para mejorar la calidad del servicio. “Si no hay rectificación, vendrán medidas de conflicto más intensas”, sentencian.
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