El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el marco del caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez Ángel Luis Hurtado también señala a Moncloa como responsable de instigar y explotar políticamente la filtración. El magistrado del
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El magistrado del Supremo ha dado por concluida la investigación abierta en octubre de 2024 y ha decidido procesar a Álvaro García Ortiz por la difusión de correos electrónicos confidenciales enviados por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a la Fiscalía en un intento de acuerdo por delitos de fraude fiscal. En el mismo auto también resulta procesada la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien facilitó la información al fiscal general.
La decisión llega pese a los intentos de la Abogacía del Estado y de la propia Fiscalía de archivar el caso. Según el juez, hay “indicios suficientes” para llevar a juicio a García Ortiz, que, tras conocerse su imputación, cambió de móvil y borró sus mensajes de WhatsApp, un comportamiento que aumenta las sospechas de intento de ocultación.
Moncloa, señalada como autora intelectual
Más allá del procesamiento de los dos fiscales, el auto judicial extiende la responsabilidad al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el juez, García Ortiz actuó siguiendo indicaciones directas de Presidencia del Gobierno, concretamente a través de Pilar Sánchez Acera, mano derecha del actual ministro Óscar López.
El juez ha documentado que el contenido del correo fue remitido desde la Fiscalía a Sánchez Acera antes de que se filtrara a ningún medio de comunicación, y que desde ahí se usó con fines políticos, dando instrucciones al portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid en una intervención contra Ayuso.
Los mensajes extraídos del teléfono de Lobato y el acta notarial levantada por él mismo confirman que “Pilar quiere que yo saque el mail de fiscalía. Que no ha salido, pero que lo saque yo. No puede ser”, según sus propias palabras en un chat.
Una estrategia política contra Ayuso
El juez concluye que el objetivo de la operación fue dañar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, en un momento delicado por las investigaciones sobre su pareja. La difusión pública del intento de pacto con la Fiscalía se hizo para proyectar la imagen de culpabilidad de González Amador y, por extensión, comprometer a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El escrito judicial también revela que Sánchez Acera, cuando fue llamada a declarar como testigo, no supo explicar cómo recibió el correo confidencial, limitándose a decir que “le llegó”, una evasiva que el magistrado considera poco creíble.
Uno de los elementos más comprometedores para García Ortiz es que, según el auto, la eliminación de mensajes y el cambio de terminal impiden probar su versión de los hechos. Si, como sostiene, la Fiscalía no envió el correo a Moncloa, no podrá demostrarlo, lo que refuerza la sospecha de que trató de borrar pruebas relevantes para el caso.
Este procesamiento deja al fiscal general a un paso del banquillo, y al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición comprometida. Mientras tanto, la defensa de García Ortiz niega haber ordenado ninguna filtración, pero la carga de la prueba juega en su contra tras la eliminación de los datos.
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