La Cámara de Cuentas andaluza reflejó en un informe, que no había ningún registro de concurso público en la contratación del matrimonio socialista
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María Jesús Montero se ríe durante el acto de este miércoles en Sevilla. Fuente: EP
En 2016 el interventor general de la Junta de Andalucía avisó a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que existía un posible “menoscabo de fondos públicos” por pagos indebidos a altos cargos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), organismo que ella misma presidía cuando fue consejera de Salud entre 2004 y 2013, según recoge La Gaceta.
Ese año, la Junta de Andalucía tuvo que recortar el suelde de miles de funcionarios y empleados públicos debido a la crisis económica de la comunidad autónoma. La cuestión es que mientras se redujo el sueldo de determinados sectores públicos, ciertos miembros socialistas y afines al partido seguían cobrando sobresueldos.
El presunto menoscabo de fondos públicos afectó a 33 empleados de la FPS, los cuales fueron blindados contra los recortes salariales aprobados por el Ejecutivo liderado por el PSOE en Andalucía. La entonces consejera de Salud ignoró abiertamente la orden del Consejo de Gobierno de José Antonio Griñán que exigía la rebaja de un 10% en todas las retribuciones superiores a las del presidente autonómico.
Entre los agraciados destaca Verónica Juan-Quilis, esposa del exministro socialista Bernat Soria, también enchufado en la fundación y con un sueldo de escándalo: 170.438 euros brutos al año, el más alto de toda la Junta. Su esposa, también contratada a dedo, llegó a cobrar 70.149 euros en 2012, una cifra superior a la que percibía entonces el propio presidente andaluz. Todo ello, por supuesto, sin pasar por ningún proceso público de selección, según recoge La Gaceta.
La Cámara de Cuentas andaluza reflejó en un informe de fiscalización, que no había ningún registro de concurso público, igualdad de condiciones o criterios objetivos durante la contratación del matrimonio. Verónica Juan-Quilis y Bernat Soria fueron contratados de forma directa mientras María Jesús Montero era presidenta de la fundación biomédica.
La ministra de Hacienda contrató a dedo a un exministro socialista y su mujer
Montero llevó a cabo esta contratación a dedo sin respetar el Estatuto del Empleado Público, el cual, ahora impone desde el Ministerio de Hacienda severas condiciones al gasto de las comunidades autónomas, fue en su día responsable directa de mantener una red clientelar bien remunerada con dinero de todos los andaluces.
En informe presentado por el interventor en 2016 señalaba incluso una posible “negligencia grave”, pero nada se hizo. Lo abonado de más ya había prescrito, y nadie devolvió el dinero. Ni se exigió responsabilidad a los implicados.
El exministro Soria, siguió engordando su cuenta corriente gracias a su cargo en la Junta… hasta que fue despedido en 2019 por el nuevo Gobierno del PP, al descubrirse que simultaneaba su contrato de alta dirección con negocios privados, violando la cláusula de exclusividad. El intento de Soria de presentarse como víctima de una “campaña de acoso” quedó en nada: la Justicia confirmó que su despido fue completamente procedente, según recoge La Gaceta.
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