La compañía ha alertado a los diferentes partidos políticos sobre el riesgo que supone el impuesto al sector de la energéticas
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Imagen: Europa Press
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p class=»MsoNormal»>Cepsa ha transmitido a los grupos políticos un análisis sobre las posibles consecuencias fiscales del llamado «impuestazo energético» que planea el Gobierno. Según los datos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría perder 392 millones de euros anuales de recaudación por intentar obtener menos de la mitad de esa cifra con el gravamen energético. La petrolera ha advertido que la imposición de este nuevo tributo amenaza con hacer inviable su ambicioso proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con una inversión de 3.000 millones de euros.
El proyecto de hidrógeno verde en juego
Este proyecto, anunciado por Cepsa en 2022, es el mayor de su tipo en la Unión Europea, con una capacidad prevista de 2.000 MW. La empresa calcula que, con los 10.000 empleos que crearía (entre directos e indirectos), y salarios promedio de 40.000 euros, el Estado podría recaudar aproximadamente 392 millones de euros anuales a través de impuestos como el de Sociedades, el IRPF, el IVA, el de Actividades Económicas, el IBI y las cotizaciones a la Seguridad Social. El Gobierno, sin embargo, planea convertir en permanente un gravamen que ya le ha generado alrededor de 200 millones anuales a Cepsa, una cifra muy inferior a lo que la petrolera argumenta podría perderse si no se ejecuta la inversión.
Ajustes en el impuesto: insuficientes para el sector
Aunque el Gobierno ha sugerido ajustes en el impuesto, que ahora gravaría los beneficios operativos en lugar de las ventas y ofrecería ciertas deducciones por inversión, las empresas consideran estas medidas limitadas. Representantes del sector energético, como la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que incluye a Repsol, Cepsa, Galp y BP, han advertido que el incierto mercado del hidrógeno y el aumento de costos dificultan justificar inversiones a largo plazo en España. Ante esta presión fiscal, Repsol también ha planteado trasladar su proyecto de electrolizador a Portugal, congelando inversiones de hasta 1.500 millones en proyectos de hidrógeno y combustibles verdes en España.
Cepsa y Repsol: posible traslado de inversiones a otros países
Con accionistas extranjeros y la competencia de otros países sin gravámenes similares, tanto Cepsa como Repsol ven atractivo priorizar proyectos en lugares como Marruecos, Argelia, Brasil o Estados Unidos. Cepsa ha expresado su preocupación, mientras que Montero ha calificado las advertencias de «sobreactuadas». La incertidumbre también ha llegado a los sindicatos, y Antonio Domínguez Crespo, secretario general del STR de Industria Química, señaló que el impuesto podría afectar tanto a los empleados de Cepsa como a los proveedores del proyecto.
«Hay preocupación en la plantilla, y esperamos que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y la patronal para desbloquear estas inversiones«, afirmó Crespo, refiriéndose al impacto que el impuestazo podría tener en la economía local y la continuidad de los proyectos industriales en el país.
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