Fernando Santiago exige reabrir el caso de Ángela de Miguel por posibles delitos cometidos en una contratación pública en Castilla y León
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Ángela de Miguel // CEOE-CEPYME Tenerife
El proceso electoral en Cepyme se enturbia con la reapertura de un caso que parecía archivado. Ángela de Miguel, candidata a la presidencia de la patronal de pequeñas y medianas empresas, vuelve a estar en el foco tras una denuncia formal presentada por el presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago Ollero, quien exige investigar posibles delitos relacionados con su pasado profesional.
Según ha podido saber La Razón, la denuncia se dirige al Comité de Régimen Interno de Cepyme, presidido por Pedro Fernández Alén, y solicita que se reabra la investigación sobre presuntos casos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares y fraude en subvenciones. Los hechos se remontan a 2018, cuando De Miguel, entonces integrante de la mesa de diálogo social de Castilla y León, habría facilitado el nombramiento de cuatro de los cinco socios de su despacho, Negotia Abogados, como mediadores del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), un organismo público.
Acusaciones graves sin respuesta oficial
El Comité de Cepyme archivó el caso sin ofrecer una justificación detallada, lo que ha levantado las críticas de varios sectores empresariales. Fernando Santiago denuncia que la decisión de cerrar la investigación se tomó sin motivación, análisis ni transparencia, lo que, en su opinión, pone en cuestión no sólo la credibilidad del órgano de control, sino también la legitimidad institucional de la patronal.
En su escrito, Santiago reclama al Comité que aclare por qué se rechazó investigar una posible infracción grave del Código Ético y Buen Gobierno de Cepyme y adjunta un informe de su asesoría jurídica que identifica, de forma provisional y “en caso de confirmarse los hechos”, los delitos que podrían haberse cometido. Entre ellos figuran:
- Corrupción entre particulares, por favorecer a empleados o colaboradores con nombramientos indebidos.
- Fraude en subvenciones, por el posible uso opaco de fondos públicos.
- Tráfico de influencias, por aprovechar su posición institucional para beneficio privado.
- Incumplimiento grave del Código Ético de Cepyme.
El respaldo de la CEOE, en entredicho
De Miguel cuenta con el apoyo del actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y también con el de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo que refuerza su candidatura como alternativa continuista. Sin embargo, el nuevo escándalo amenaza con erosionar su imagen pública y sembrar dudas en el entorno empresarial.
A pesar del respaldo institucional, sectores críticos dentro de la patronal de las pymes no aceptan que se pase página sin aclarar los hechos. Consideran que mantener el caso cerrado sin explicaciones puede sentar un precedente peligroso y debilita la confianza en la organización. Santiago insiste: “Debemos empezar por cumplir y hacer cumplir nuestras propias reglas internas con ejemplaridad”.
La polémica se produce a pocas semanas de las elecciones internas en Cepyme. El contexto no es favorable: la organización es percibida como opaca, alejada de las bases empresariales y con escasa visibilidad pública, según denunció recientemente la propia De Miguel en un acto de campaña. “Cepyme no se conoce. No vamos por buen camino”, declaró.
Con esta nueva denuncia, el proceso electoral gana en tensión. Queda por ver si el Comité de Régimen Interno accede a reabrir el expediente o mantiene su decisión de archivo, a riesgo de intensificar la presión interna y mediática. De momento, ni el Comité ni Fernández Alén han respondido a la petición formal presentada por Santiago.
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