Pocas cosas hay más sangrantes en la España sanchista que el robo a mano armada que sufren miles de propietarios a manos de inquilinos morosos y okupas, gracias a la protección que les otorga el Estado desde hace cinco años. Y, por desgracia, esta injusticia se prolongará en el tiempo
The post Okupas y morosos, ¡a la calle! first appeared on Hércules. Poco ha durado la alegría de las sufridas víctimas. La no aprobación del decreto ómnibus la pasada semana, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, abría una puerta a la esperanza, dado que, entre las muchas medidas propuestas, también decaía la suspensión de los desahucios que decretó el Gobierno en 2020, en plena pandemia. La vigencia de semejante barbaridad, que supone una expropiación de uso en favor de morosos, caraduras y delincuentes, ha hecho trizas el mercado del alquiler en España.
La inexistencia de seguridad jurídica, junto con la insuficiente construcción de vivienda, explica la escasa oferta que sufre España desde años y, por tanto, la fuerte subida de precios y las crecientes dificultades para encontrar alquiler. Sin embargo, los políticos, lejos de corregir el atropello, insisten en el error. El Gobierno ha vuelto a aprobar el real decreto ómnibus que rechazó el Congreso, después de que el PSOE alcanzara un principio de acuerdo con Junts para tramitar la cuestión de confianza que le exigían a Sánchez.
El texto en cuestión, convenientemente troceado y depurado respecto al anterior, incluye un total de 29 medidas de gasto, entre las que destaca la nueva subida de las pensiones para 2025, el mantenimiento de las subvenciones al transporte, las ayudas a los afectados por la gota fría, la subvención del bono eléctrico o el aumento del Ingreso Mínimo Vital. Pero también prolonga la moratoria contra los desahucios hasta fin de año, solo que acompañada de un nuevo sistema público de garantías para propietarios e inquilinos.
Esto significa que los propietarios no podrán desalojar a okupas e inquilinos morosos calificados como “vulnerables” hasta nueva orden, pese a que ya van cinco años de calvario. La única novedad consiste en que, a cambio, el Gobierno se compromete a garantizar el cobro de la renta a los propietarios
El problema, sin embargo, es múltiple. Para empezar, porque el Ejecutivo también prometió en su día una compensación a estos mismos propietarios, obligados a mantener a morosos y delincuentes, y el dinero prometido no ha llegado. Hasta el momento, tan sólo el 5% de los afectados ha cobrado algo, puesto que el desembolso se realiza una vez ejecutado el desahucio. Asimismo, el nuevo seguro público se aplicaría únicamente a alquileres tasados, cuyo precio es inferior al de mercado, de modo que la mayoría de propietarios seguirán desprotegidos.
Pero, sobre todo, porque semejante sistema no soluciona el problema de origen, creado a conciencia por el poder político. Por un lado, el Gobierno propone ahora que los contribuyentes le paguen el alquiler al algunos morosos y okupas, lo cual resulta aberrante. Y, por otro, dado que okupas e inquiokupas seguirán gozando de la protección del Estado, la plaga seguirá extendiéndose.
Esto no se resuelve con seguros, ya sean públicos o privados. La única solución es garantizar la propiedad privada. Y eso pasa por desalojar a todos los morosos y okupas de forma automática, sin distinción de ningún tipo. En el caso de los okupas, desde el mismo momento en el que el legítimo propietario, escritura en mano, denuncie la usurpación ante la Policía y la Guardia Civil. En cuanto a los morosos, existiendo contrato de por medio, mediante juicios rápidos, a celebrar en días, y desalojo urgente, sin posibilidad de suspensión, desde que se compruebe el impago de una mensualidad o el incumplimiento de cualquiera de las condiciones acordadas libremente entre las partes.
Es decir, okupas y morosos, ¡a la calle!
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