Crónica Diaria

La ONG denuncia situaciones, que afectan especialmente al sector de la hostelería, en las que clientes no pudieron dirigirse a los trabajadores en valenciano
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Imagen: Plataforma per la Llengua-ABC

Plataforma per la Llengua ha denunciado situaciones en las que clientes de establecimientos hosteleros han escuchado frases como “Háblame en cristiano, que no te entiendo” o “llamaré a la policía si me hablas valenciano”, en un informe presentado junto a otras entidades sobre presunta discriminación lingüística en la Comunidad Valenciana, en el que aparecen recogidos hasta ocho casos que afectan al sector de la hostelería.

De acuerdo con el documento recién publicado sobre vulneraciones lingüísticas en Valencia, la mayoría de las quejas corresponden a actuaciones de las administraciones públicas, aunque algunas también afectan a empresas privadas, como por ejemplo bares, restaurantes y cafeterías. Además, añade que las mujeres reciben más discriminación lingüística que los hombres.

Respecto a la hostelería, Plataforma per la Llengua y el resto de asociaciones señalan a ocho establecimientos por no atender en valenciano y pedir a sus clientes que se comuniquen con sus trabajadores en español. En algunos de ellos fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional, según las propias entidades firmantes.

En Jávea, denunciaron a un gastrobar por, supuestamente, increpar a una clienta por hablar en valenciano a la que expulsó del local por no dirigirse a los empleados en español. En Valencia capital, denuncian otro caso de un camarero que le pidió a sus clientes que le hablaran en “cristiano”, dejando de atenderles al no cambiar de idioma.

La asociación cita varios casos más en bares y cafeterías de localidades como Quart de Poblet y el Port de Sagunt, así como en la estación de autobuses de Valencia y en un conocido horno ubicado en el centro de la ciudad donde un usuario pidió la hoja de reclamaciones y ante la negativa del establecimiento a dársela tuvo que llamar a la Policía Nacional, cuyos agentes finalmente obligaron a la trabajadora a entregársela.

Según la plataforma, no son casos aislados

Plataforma per la Llengua critica que las discriminaciones lingüísticas «no son casos aislados ni, principalmente, fruto de caracteres particulares», sino que «responden a una situación de discriminación estructural, ya que el nacionalismo español, la ideología hegemónica en el Estado, se ha caracterizado tradicionalmente por el supremacismo castellano». «En ese sentido, identifica los rasgos culturales castellanos, y muy particularmente la lengua, como comunes de todo el Estado, mientras que relega los de los otros grupos autóctonos a la categoría de regionales o particulares», esgrime la asociación cultural.

El informe, titulado “Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2024”, está firmado por Fundació Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral El Micalet, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, ACICOM y Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (UCEV).

Según la presidenta de Escola, Alexandra Usó i Carinyena, el aumento de vulneraciones registrado se debe a que «la gente está perdiendo el miedo de denunciar».

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Cualquier medida extraordinaria frente al uso de la migración como arma de presión extranjera debe ser “temporal” y “proporcionada” respetando el Derecho Internacional, según ha apuntado Bruselas
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Imagen: Finlandia cerró hace un año su frontera terrestre con Rusia ante la amenaza híbrida. LAURI HEINO. Agencia EFE

La Comisión Europea ha avalado este miércoles que los Estados miembros con frontera directa con Bielorrusia puedan llevar a cabo devoluciones en caliente en circunstancias “excepcionales” y por un tiempo limitado si es para hacer frente a un “ataque híbrido” en el que Minsk y Moscú empleen la migración irregular como arma para presionar y desestabilizar a la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario ha clarificado su posición sobre el refuerzo de las fronteras y la seguridad respecto a la guerra híbrida del Kremlin, en una comunicación hecha pública este miércoles en Bruselas, que planea un nuevo paquete de 170 millones de euros para ayudar a los países del flanco oriental a mejorar sus tecnologías para blindar sus lindes.

“Tenemos una situación grave y persistente en las fronteras orientales de Europa”, ha aseverado este miércoles la vicepresidenta comunitaria para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia Henna Virkkunen, que ha asegurado que ese tipo de amenaza rusa “ha subido un escalón”. “Hablamos del uso de la migración como arma. No hablamos de migración, sino de seguridad y de proteger a la UE”, ha añadido la finlandesa en una comparecencia en Bruselas. “La Unión no permitirá que ningún Estado hostil abuse de los valores europeos”, ha remachado la jefa del Ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen en un comunicado.

Así, Bruselas apunta que cualquier medida extraordinaria frente al uso de la migración como arma de presión extranjera debe ser “temporal” y “proporcionada” y ello respetando el Derecho internacional y europeo; pero añade en el documento que la Convención de Ginebra “prevé expresamente una excepción al principio de no devolución” y señala “ciertas situaciones excepcionales en las que dicho principio no puede aplicarse”.

Sobre este punto, el texto comunitario explica que la excepción se refiere a personas de las que haya “motivos razonables para considerar que constituyen un peligro para la seguridad del país o que hayan sido condenadas por delitos graves y constituyan “un peligro para la comunidad”. En su análisis del contexto geopolítico actual, Bruselas describe la presión migratoria en la frontera con Bielorrusia como un ataque por parte de los “Estados hostiles que pretenden “desestabilizar la región con la guerra en Ucrania y usan la migración como arma para socavar la seguridad de la Unión”.

Devoluciones en caliente

La Comisión asegura que este año, las llegadas irregulares a las fronteras entre la UE y Bielorrusia han aumentado considerablemente (un 66% en 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023), en particular en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esto se debe, dicen, también a la participación de las autoridades bielorrusas en la facilitación de los cruces, es decir, autorizando el acceso a la zona fronteriza y equipando a los migrantes con escaleras y otros dispositivos. Según datos del Ejecutivo comunitario, más del 90% de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia tienen un visado ruso de estudiante o de turista; lo que implica, dice Bruselas, que las autoridades rusas facilitan estos movimientos.

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El Debate ha publicado en Exclusiva que Carlos Moreno, aportó dinero “ajeno al matrimonio” para la adquisición de la vivienda
The post El jefe de Gabinete de Montero se compró una casa en Cádiz después de pedir ayuda a Aldama first appeared on Hércules.  El jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, adquirió un chalet en Cádiz poco tiempo después de que este pidiera asesoría al empresario Víctor de Aldama. El motivo de esta asesoría era que le guiase a la hora de invertir en inmuebles.

El Debate ha publicado en exclusiva que Carlos Moreno, aportó dinero “ajeno al matrimonio” para la adquisición de la vivienda. María Jesús Montero ha reconocido que su jefe de gabinete se reunió en cuatro ocasiones con el empresario a pesar de que durante varios días afirmó que no se conocían de nada. Ahora sostiene que «los ministerios tienen que tener contactos con empresarios para ayudar”.

Según ha señalado El Debate, Carlos Moreno se compró la casa el 22 de marzo de 2024. Es decir, después de las reuniones que mantuvo con Aldama en busca de oportunidades inmobiliarias. La vivienda, que se encuentra en el casco histórico del municipio gaditano de San Roque, está dividida en dos plantas que constan de recibidor, salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, terraza, un amplio patio andaluz y garaje.

Carlos Moreno compró esta propiedad por separado. A pesar de que está casado en régimen de gananciales, declaró ante notario que parte de los fondos que usaba para la operación, no formaban parte del matrimonio.

El ‘número dos’ de Montero compró una casa con ayuda de Víctor de Aldama

El ‘número dos’ de Moreno, usó para adquirir la vivienda, se denomina “privativo por confesión”. Según ha conocido El Debate, el motivo de que se haya hecho así la compra de la vivienda, es que, si bien la casa se ha comprado durante el matrimonio, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda declara que el dinero que él usa para llevar a cabo la operación es exclusivamente suyo.

 Un notario explica a El Debate que al hacerlo de esta manera, el cónyuge ha tenido que aceptar y confirmar esta declaración, de ahí la denominación “por confesión”, y que en base a casos con los que se ha encontrado, en muchas ocasiones el hecho de usar este régimen específico en lugar de optar por el más común puede ser visto como un intento de justificar el uso de dinero difícil de rastrear.

Moreno pidió una hipoteca de 135.000 euros para la compra del chalet. Una cifra que personas que conocieron los pormenores de la operación tachan de «llamativamente sorpresiva» porque, en realidad, el precio de esa casa ronda los 300.000 euros. Esto es, más del doble que los fondos que solicitó al banco.

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Este material podría poner fin a uno de los problemas más comunes asociados a los dispositivos electrónicos, el sobrecalentamiento, evitando el riesgo de incendios
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Imagen: Lucila Paola y José Miguel Molina-Información

Unos investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado un material que puede poner solución a uno de los grandes problemas de los aparatos electrónicos, pues es capaz de evitar el sobrecalentamiento. Este material aumenta en un 600% la capacidad de eliminar el calor en los aparatos, lo que evitaría posibles incendios debido al exceso de calor en estos dispositivos.

Desde el departamento de Química Inorgánica trabajaron en unas espumas de aluminio de baja porosidad que tienen esferas de acero en su estructura. Los materiales desarrollados se llaman ‘Guefoams’.

Lucila Paola Maiorano, Maroua Guidoum y José Miguel Molina, del grupo de investigación LMA (Laboratorio de Materiales Avanzados) del departamento han publicado el desarrollo del material en la revista Applied Materials Today.

Los investigadores tenían el objetivo de evitar el sobrecalentamiento en los sistemas electrónicos que cada vez son más pequeños y potentes. La clave se encuentra en la arquitectura estructural: mejora la circulación del calor dentro del material y aumenta la superficie disponible para disiparlo de manera mucho más eficiente.

Ventajas del material

Este material ofrece grandes ventajas, como la posibilidad de fabricarse a cualquier escala y en cualquier geometría, el bajo coste de los materiales utilizados (el aluminio y el acero) o el hecho de que permitiría disminuir el tamaño de los dispositivos, ya que con menos cantidad de Guefoam que un disipador convencional se consigue eliminar la misma cantidad de calor.

‘Guefoams’ está actualmente protegido mediante patente española, europea y estadounidense. Su proceso de fabricación, descrito y protegido en la patente, ha sido posteriormente mejorado y protegido mediante secreto empresarial.

La clave se encuentra en su arquitectura estructural, que mejora la circulación del calor dentro del material y aumenta la superficie disponible para disiparlo de manera mucho más eficiente. Su aplicación está especialmente indicada para potentes dispositivos electrónicos que puedan utilizarse en equipos de diagnóstico por imagen en medicina, trenes eléctricos, equipos de aeronáutica u ordenadores, entre otros.  

El trabajo, liderado por el catedrático de Química Inorgánica José Miguel Molina, representa «un avance muy importante en el área de los nuevos materiales, ya que combina y a la vez potencia, a través de una microestructura única, las propiedades de varios materiales conocidos».

Además, su potencial ha permitido conseguir financiación para un nuevo proyecto nacional y un contrato postdoctoral CIAPOS (Generalitat Valenciana) para la primera autora del trabajo, Lucila Paola Maiorano, quien investigará durante los dos próximos años nuevas aplicaciones de estos materiales, incluyendo el almacenamiento de energía térmica, en colaboración con expertos nacionales e internacionales.

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Los militares trataban de huir ante el colapso del régimen de Al-Asad. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, se han ejecutado a al menos 54 militares
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Imagen: Estado Islámico-AP

Milicianos del grupo terrorista Estado Islámico han ejecutado en la zona centro de Siria a más de medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas que intentaban huir ante el final del régimen de Bashar al-Assad, derrocado por una coalición de islamistas tras menos de dos semanas de ofensiva.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de la ejecución de al menos 54 militares en la zona de Al Sujna, un área desértica situada en la región de Homs, y ha culpado directamente a Estado Islámico, que aún controla algunos reductos pese a la derrota sufrida hace cinco años.

El Estado Islámico se hizo con grandes extensiones de Siria e Irak en 2014, proclamando un califato e iniciando un régimen de terror. En 2019, fue derrotado en Siria, pero sus remanentes siguen perpetrando atentados mortales, sobre todo en el vasto desierto de Badia (que va desde las afueras de Damasco hasta la frontera iraquí), dirigidos principalmente contra los defensores del gobierno sirio y combatientes kurdos.

El 27 de noviembre, el grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al Sham y facciones aliadas lanzaron una ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales, en la que derrocaron al gobierno de Assad el domingo. El Observatorio, con sede en Gran Bretaña y basado en una red de fuentes en el interior de Siria, había informado de poca resistencia real por parte de las Fuerzas Armadas del país en algunas zonas.

Estados Unidos asegura que frenará al Estado Islámico

El gobierno de Estados Unidos ha asegurado estar decidido a detener al grupo terrorista Estado Islámico, para evitar la “fragmentación” de Siria y la “exportación del extremismo” después de la ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada por yihadistas y rebeldes que han derrocado al régimen de Al-Assad.

Así lo ha declarado el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, en una rueda de prensa en la que ha alertado de que la organización terrorista tratará de aprovechar este periodo que se abre tras la huida del mandatario sirio para “restablecer sus capacidades, para crear refugios seguros”. “Este momento representa una oportunidad histórica, pero también entraña riesgos considerables. La historia demuestra lo rápido que los momentos prometedores pueden derivar en conflicto y violencia”, ha declarado.

“Como demuestran nuestros ataques de precisión del fin de semana, estamos decididos a que eso no ocurra”. Es por ello por lo que han bombardeado más de 70 objetivos de la organización terrorista.   

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El exministro no solo tendrá que desmontar las múltiples acusaciones de Aldama, también debe demostrar su inocencia ante los indicios que muestran que desempeñó un “papel principal” en la corruptela
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Imagen: El exministro de Transportes José Luis Ábalos. Europa Press

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha tomado el único testigo que el instructor Leopoldo Puente estaba dispuesto a ofrecer y acudirá a declarar voluntariamente este jueves ante el Tribunal Supremo. Será el primero en comparecer en el alto tribunal por el denominado caso Koldo. No solo tendrá que desmontar las múltiples acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, también debe demostrar su inocencia ante los “indicios serios y fundados” que, según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, muestran que desempeñó un “papel principal” en la corruptela.

El que fuera ministro de Fomento y Transportes y secretario de Organización del PSOE intentó sin éxito posponer esta comparecencia como investigado. Ahora, tiene como reto desmontar los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en meses de investigación ha documentado parte de las prebendas que el exministro recibió presuntamente de Víctor de Aldama, el empresario que se benefició de millonarios contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. También deberá hacer frente a las acusaciones de Aldama, que ha asegurado que Ábalos recibió mordidas por amaños en contratos de carreteras licitadas por el departamento que dirigió entre 2018 y 2021.

650.000 euros en mordidas

La UCO no había conseguido acreditar lo que Aldama había afirmado de las supuestas mordidas cobradas por Ábalos. Según la versión del comisionista, Ábalos habría recibido unos 650.000 euros en metálico. A los 250.000 que le habría entregado en comisión por los más de 53 millones vendidos en mascarillas a diferentes administraciones públicas habría que sumar otros 400.000 en muchos otros abonos “por otros conceptos”.

En una intervención en el Congreso, el actual ministro de Transportes Óscar Puente aseguró que de las 37 obras de carreteras señaladas en ese documento como amañadas a cambio de mordidas, 18 están sin licitar todavía a día de hoy y solo seis corresponden a la etapa de Ábalos.

El piso de la Castellana y el chalet de Cádiz

Aldama también asegura que pactó regalar a Ábalos un inmueble valorado en 1,9 millones de euros. Supuestamente, el contrato se inició el 24 de abril de 2019 y expiraba el 14 de febrero de 2024. La UCO también considera que existen “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), comprado por Aldama a través de supuestos testaferros.

El apartamento de su expareja

Las pesquisas de los investigadores han acreditado que el empresario abonó hasta 32 mensualidades de alquiler del apartamento en el que residía una mujer, llamada Jessica, que en esa época tenía una relación sentimental con el exministro. Se trata de un apartamento de lujo, situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital, y por el que se pagaban 2.700 euros al mes.

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Los independentistas quieren controlar sus fronteras, pero el Ejecutivo únicamente les ofrece poder coordinarse con la Guardia Civil
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Imagen: Europa Press

La relación entre el Gobierno central y Junts por Catalunya se asemeja a un intrincado laberinto, donde cada paso parece llevar a callejones sin salida. Mientras ambas partes aseguran que la negociación sobre los Presupuestos Generales no está aún sobre la mesa, otros temas se discuten intensamente, como la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña, una promesa pendiente de Pedro Sánchez.

Los independentistas, por su parte, critica al Ejecutivo por una larga lista de compromisos incumplidos y muestra escepticismo sobre la viabilidad de unas nuevas cuentas públicas, pese a que sus siete votos son imprescindibles. La llave que podría destrabar este candado parece ser el control sobre la inmigración.

Además, reclaman competencias exclusivas sobre fronteras, algo que el Gobierno rechaza de manera tajante al considerarlo una atribución estatal. Sin embargo, desde Moncloa están dispuestos a negociar una mayor presencia de los Mossos d’Esquadra en infraestructuras clave como puertos y aeropuertos.

Competencias fronterizas: una línea roja para el Gobierno

«Estamos hablando de todo«, afirman fuentes gubernamentales sobre las conversaciones con la formación de Carles Puigdemont. Sin embargo, el control de las fronteras sigue siendo un límite infranqueable para el Ejecutivo.

Desde el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, niegan rotundamente que exista un pacto para transferir competencias exclusivas a los Mossos, aunque se evalúa su integración en ciertas labores conjuntas en puntos estratégicos como el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona y pasos fronterizos como La Junquera.

Esta demanda no es nueva. Durante la legislatura pasada, ERC ya presionó para conseguir estas competencias, aunque sin éxito. En la actualidad, los Mossos tienen jurisdicción en las inmediaciones de aeropuertos y puertos, pero dentro de estos espacios la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen el control exclusivo.

El precedente vasco y su impacto en Cataluña

La exigencia de Junts ha cobrado fuerza tras el acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno central y el País Vasco, que otorgó a la Ertzaintza pleno control policial en puertos y aeropuertos vascos.

Este precedente ha intensificado las presiones independentistas en Cataluña, aunque desde Moncloa se insiste en que no habrá un repliegue de las fuerzas estatales, sino una posible colaboración coordinada.

Tensiones internas y desacuerdos en el Govern

El debate sobre competencias de seguridad se enmarca en un clima de creciente tensión política. La reciente Junta de Seguridad celebrada en Barcelona, encabezada por Salvador Illa, líder del PSC, no abordó el traspaso de competencias, algo que Marlaska calificó como un acuerdo «inexistente».

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Un nuevo estudio ha revelado cómo el cambio de políticas de la plataforma contuvo las fake news durante las elecciones estadounidenses de 2020
The post Facebook podría terminar con los bulos virales first appeared on Hércules.  El efecto de las políticas de moderación en las redes sociales sobre lo que consumen los usuarios no es nuevo, pero por primera vez ha podido medirse gracias a datos facilitados por una plataforma. Durante las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2020, Facebook redujo drásticamente la difusión de contenido etiquetado como desinformación, pasando de 50 millones de visualizaciones en julio a prácticamente cero en noviembre.

Esta reducción se logró mediante medidas excepcionales de moderación denominadas “romper el cristal”, diseñadas para frenar la viralización de contenido problemático en un momento crítico. Aunque estas políticas demostraron ser efectivas, Meta ha tomado una postura diferente en años recientes. Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de la empresa, señaló que han aprendido de los errores de una moderación excesiva que, según él, limita injustamente la libertad de expresión: “Demasiadas veces quitamos o limitamos contenido inofensivo y castigamos injustamente a demasiada gente”, escribió el 3 de diciembre.

Las decisiones en manos de Meta

El problema radica en que la aplicación de estas medidas depende exclusivamente de la voluntad de la compañía y sus líderes, quienes priorizan sus propios intereses sobre los de la sociedad. Según David Lazer, profesor de la Universidad Northeastern y coautor de una investigación publicada en Sociological Science, este enfoque pone en riesgo el interés público: “La preocupación es que estas empresas ignoren el bienestar general para perseguir ganancias a corto plazo o servir discretamente a quienes están en el poder”.

La investigación de Lazer forma parte de una serie de estudios que comenzaron a publicarse en 2023 y revelaron que la desinformación en Facebook es mayormente consumida por usuarios de ideología conservadora. Sin embargo, estos análisis llegan años después de los eventos investigados debido a los largos procesos de revisión científica.

Normas y algoritmos como factores determinantes

El acceso sin precedentes a datos internos de una red social ha permitido comprender cómo las reglas y las políticas de moderación afectan la distribución y viralización del contenido. En Facebook, por ejemplo, el funcionamiento de Páginas y Grupos, combinado con sus normas de moderación, tiene un impacto significativo en lo que ven los usuarios, incluso más que el algoritmo en sí.

Además, los investigadores confirmaron un patrón ya observado en otros estudios: un grupo reducido de usuarios es responsable de la mayoría de la desinformación. Según Sandra González Bailón, profesora de la Universidad de Pensilvania y coautora del artículo, “alrededor del 1% de los usuarios generan la mayoría de los mensajes etiquetados como desinformación”. Este comportamiento se repite en diversas plataformas, lo que refuerza la idea de que una minoría activa es la principal fuente de contenido problemático.

Sin embargo, las dinámicas varían según la red., Instagram y TikTok tienen características únicas y políticas de moderación diferentes, lo que dificulta extrapolar los resultados de Facebook a estas plataformas.

Operaciones de influencia y control informativo

Meta reveló recientemente que, solo en 2024, ha desmantelado 20 operaciones de influencia organizadas por gobiernos, principalmente de Rusia, Irán y China. Aunque asegura que ninguna tuvo éxito, el potencial de estas acciones para alterar procesos democráticos es enorme.

El control que ejercen las redes sociales desde sus direcciones puede inclinarse hacia una ideología y luego cambiar abruptamente. Ejemplos recientes en plataformas como X y Telegram, influenciadas por sus dueños y presionadas por gobiernos en países como Brasil y Francia, evidencian la necesidad de transparencia en la gestión de estas herramientas.

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El productor musical, que tenía que declarar este 20 de diciembre investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores, finalmente lo hará el próximo 13 de enero
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Imagen: Nacho Cano-EFE

La jueza que investiga al productor musical Nacho Cano por presunto delito contra los derechos de los inmigrantes y los derechos de los trabajadores ha retrasado su declaración del próximo 20 de diciembre al 13 de enero. Según han informado fuentes próximas al productor, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha cambiado tanto su declaración como la de las otras tres investigadas por razones de agenda.

La jueza decidió el pasado martes seguir adelante con la causa y llamar a declarar a Nacho Cano, algo que no había hecho hasta el momento para evitar «la pena de banquillo», dado que faltaban por practicar «diligencias necesarias e imprescindibles», y que ahora lo acuerda porque son los propios investigados quienes lo solicitan.

Nacho Cano fue detenido el 9 de julio por la Policía acusado de delito contra los derechos de la población inmigrante y los derechos de los trabajadores, como consecuencia de la denuncia que interpuso una becaria mexicana del musical que produce, Malinche. Luego quedó en libertad y cargó duramente contra los agentes de la comisaría en la que fue detenido, acusando a Marlaska de detenerle por su amistad con Díaz Ayuso.

Se abrió un procedimiento penal contra Nacho Cano

Unas semanas después de la detención del productor musical, el 30 de julio, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió un procedimiento penal contra el productor musical y otros tres responsables de Malinche.

Hasta el momento, la única declaración que había tomado la jueza era la de la denunciante, Lesly Guadalupe O., el pasado 14 de noviembre, ratificando los hechos que denunció ante la Policía. Según la denunciante, ella y el resto de becarios habían sido traídos desde México engañados y con instrucciones claras para hacerse pasar por turistas a su llegada a España.

Por el contrario, la defensa del excomponente de Mecano ha presentado en todo momento al promotor musical, y a sus tres colaboradoras también imputadas, como víctimas de una presunta conspiración político-policial surgida al hilo de una denuncia vengativa de una de las becarias que actuaba en su espectáculo.

Fuentes próximas a Cano han mostrado su malestar por el cambio de fecha, comunicado apenas un día después de la primera citación, y han apuntado que, una vez «causado el ruido que querían, hecho el daño que buscaban», ahora «continúan las dilaciones», vulnerando los derechos de los investigados.

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