Crónica Diaria

Los agentes de la Guardia Civil encargados del caso han interceptado un correo electrónico titulado ‘Ficha de planificación de teletrabajo’
The post La Diputación de Badajoz aceptó que David Sánchez fuera trabajar dos días al mes  first appeared on Hércules.  El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, firmó en secreto un acuerdo en el que le proponía a la Diputación de Badajoz, ir a trabajar apenas dos días al mes. Una petición que aceptaron. Este es el motivo por el que es habitual que el músico no suela estar en su puesto de trabajo.

El documento, que publica hoy El Debate, ha sido intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y en estos momentos está en poder de la magistrada que investiga al hermano del presidente por cinco delitos.

Los agentes encargados del caso han interceptado un correo electrónico titulado ‘Ficha de planificación de teletrabajo’. Según El Debate, este papel consta de tres recuadros donde el músico describe su labor como responsable de los conservatorios de Badajoz.

Seguidamente propone ir físicamente solo cada quince días a su lugar de trabajo. “Al tratarse de un trabajo de producción que exige reuniones presenciales en la sede en Madrid de la Fundación del Teatro Real, Museo del Traje y otros organismos como la Universidad de Évora se propone teletrabajo de manera continua con preespecialidad una sola vez cada 15 días”, afirma el documento publicado por El Debate.

Seguidamente añade: “Los martes o miércoles”. A pesar de autorizarlo, la Diputación de Badajoz, que aprobó la petición, hizo llegar un documento a la juez Biedma que sostenía que nunca le habían permitido trabajar desde su domicilio. En concreto, el Área de Recursos Humanos informó a Su Señoría que no teletrabajo y que, además, él nunca lo había solicitado.

El hermano de Sánchez declarará como imputado junto al presidente de la Diputación

 El músico también incluyó una tabla con otro tipo de márgenes. Por ejemplo: “Calidad del trabajo en relación con las tareas: 1 vez cada 15 días” o “Volumen de trabajo realizado en relación con el tiempo disponible: 1 vez cada 15 días”.

Este miércoles se conocía la noticia d que la jueza encargada del caso del hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Biedma, ha acordado citarle a declarar como imputado el próximo 9 de enero.

También han citado a declarar al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y varios cargos que participaron en la creación del puesto de trabajo del músico. Entre ellos se encuentran Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González, Emilia Parejo y Francisco Martos.

Los agentes de la Guardia Civil han trasladado a la magistrada que tienen dudas con respecto a la cantidad que el músico puede tener en sus cuentas corrientes, por lo que la juez ha acordado pedir la información al BBVA de manera oficial. El objetivo es averiguar si cuenta con 1,4 millones de euros en el banco y, de ser así, conocer cuál es la procedencia de esos fondos.

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El gobierno de EEUU ha instado a Ucrania a que aumente el número de sus filas rebajando la edad de reclutamiento, que ahora está en los 25 años, a los 18
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Imagen: Soldados ucranianos-AP

El gobierno de Estados Unidos instó a Ucrania a aumentar rápidamente el tamaño de su ejército mediante el reclutamiento de más elementos y la reforma de sus leyes de movilización para permitir la conscripción de soldados de 18 años de edad.

Un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Joe Biden, que habló de manera anónima, dijo el miércoles que el gobierno demócrata saliente quiere que Ucrania reduzca la edad de movilización a 18 años desde la actual de 25 para ayudar a expandir el grupo de hombres en edad de combatir disponibles para ayudar a una Ucrania que se ha visto muy superada en número en su guerra contra Rusia que empezó hace casi tres años. El funcionario señaló que “la pura matemática” de la situación de Ucrania ahora es que necesita más tropas en la lucha.

La Casa Blanca ha proporcionado más de 56.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y espera enviar miles de millones de dólares más a Kiev antes de que Biden deje el cargo en enero. El funcionario dijo que los ucranianos creen que necesitan unos 160.000 soldados adicionales, pero el gobierno estadounidense cree que necesitarán más que eso. Más de un millón de ucranianos están ahora movilizados, incluyendo la Guardia Nacional y otras unidades.

El presidente ucraniano Zelenski también ha estado escuchando preocupaciones de aliados en otras capitales occidentales de que Ucrania tiene un problema de nivel de tropas y no un problema de armas.

Ucrania desmiente que vaya a modificar la edad de reclutamiento

La oficina presidencial ucraniana informó de que no modificará la edad de movilización militar en respuesta a las supuestas presiones de Estados Unidos para que la baje de 25 a 18 años y agregó que «no tiene sentido cuando vemos que el equipamiento previamente anunciado no está llegando a tiempo”.

Dmitró Litvin, asesor de comunicación del presidente Volodímir Zelenski, señaló en sus redes sociales que, debido a estos retrasos, Ucrania carece de armas para equipar a los soldados ya movilizados”.

Según dijeron fuentes militares a EFE, Kiev necesita armamento adicional y más hombres en el frente para poder frenar el avance ruso en el este y contraatacar con garantías para recuperar territorio. Pese a ello, la administración de Zelenski se resiste a movilizar al segmento más joven de su población masculina adulta, en parte para no agravar aún más la delicada situación demográfica que vive el país debido a la guerra.

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El sindicato ha sido declarado “responsable civil subsidiario”, por lo que se hará cargo de los pagos que no puedan asumir los condenados
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Imagen: EP

La Audiencia de Sevilla ha sentenciado a cinco antiguos dirigentes de la UGT-Andalucía (UGT-A) a penas de prisión y multas millonarias por desviar subvenciones públicas otorgadas por la Junta de Andalucía para cursos de formación dirigidos a desempleados. Entre los condenados se encuentra Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la federación, quien renunció al cargo tras revelarse el escándalo en 2013.

Las sanciones impuestas incluyen multas que, en conjunto, ascienden a 225 millones de euros, además de una indemnización de 40,6 millones que los condenados deberán abonar a la Junta. En caso de no hacerlo, el sindicato será responsable subsidiario de ese pago, una circunstancia que podría obligar a UGT-A a devolver el dinero mientras sigue recibiendo subvenciones públicas de la Administración andaluza.

Penas inéditas en un caso de corrupción

La cuantía de las multas e indemnizaciones impuestas supera con creces los montos desviados y establece un precedente en casos de corrupción. Por ejemplo, en el caso Gürtel, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado en 2018 a pagar una multa de 44 millones, muy por debajo de los 265,6 millones que suman las sanciones del caso UGT-A. En contraste, en la trama de los ERE no se impusieron multas a los condenados.

Además de Fernández Sevilla, las penas recayeron sobre Federico Fresneda (ex vicesecretario general de administración), María Charpín (ex secretaria de gestión económica), Enrique Goicoechea (exconsejero delegado de Soralpe) y Dolores Sánchez (ex responsable de Compras). Excepto Sánchez, condenada como cómplice a seis meses de cárcel y una multa de 25 millones, los demás deberán cumplir tres años de prisión y pagar 50 millones cada uno por delitos de falsedad documental y fraude en la gestión de subvenciones.

«Gravedad y alarma social»: los argumentos del tribunal

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla subrayó la gravedad de los hechos al justificar las penas. Según la sentencia, el fraude causó un «perjuicio significativo» tanto a los desempleados, que eran los destinatarios de las ayudas, como a la sociedad en general, además de generar una «alarma social» al ser cometido por agentes sociales responsables de defender los intereses de los trabajadores.

El tribunal rechazó la atenuante de reparación del daño que solicitaron las defensas, argumentando que el acuerdo alcanzado entre UGT-A y la Junta para devolver lo defraudado en plazos de hasta 25 años no representa un esfuerzo real para resarcir el daño al erario público. De hecho, el sindicato aún mantiene impugnados muchos de los procedimientos de reintegro.

Fraude contable: el origen del desvío de fondos

Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2013, cuando la dirección de UGT-A ideó un sistema fraudulento para financiar gastos internos del sindicato. A través de descuentos, comisiones y rappels ocultos en facturas con proveedores, se generaban márgenes que quedaban en manos de la organización.

Además, se elaboraban facturas por conceptos genéricos o bienes sobrevalorados, e incluso por servicios inexistentes. Este mecanismo permitía engrosar una cuenta acreedora a favor del sindicato, desviando fondos públicos destinados a la formación laboral hacia fines internos de la entidad.

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El Gobierno israelí ha afirmado, además, que no reconoce la autoridad de la Corte ni sus órdenes de detención tras la reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense Lindsey Graham
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Imagen: Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. EUROPA PRESS

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha confirmado este miércoles que apelará la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra él y su exministro de Defensa Yoav Gallant. «Israel presentó hoy a la Corte Penal Internacional un aviso de su intención de apelar ante el tribunal con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto», informa un comunicado de su oficina.

En el escrito dirigido a la Corte, añade, «se revela en detalle cuán inverosímil y sin ningún fundamento fáctico o legal fue la decisión de emitir las órdenes de arresto» contra Netanyahu y Gallant. «En la medida en que el tribunal rechace la apelación, esto ilustrará aún más a los amigos de Israel en Estados Unidos y en el mundo cuán parcial es la Corte Penal Internacional contra el Estado de Israel», acusa la oficina del primer ministro.

Las autoridades israelíes se han manifestado en estos términos después de que Netanyahu se haya reunido este mismo miércoles con el senador estadounidense Lindsey Graham, quien ha informado de “una serie de medidas” que los republicanos están promoviendo en el Congreso de Estados Unidos contra el TPI. “El Estado de Israel renuncia a la autoridad del Tribunal Penal Internacional y a la legitimidad de las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro y exministro de Defensa”, han destacado desde la oficina de Netanyahu.

Los países que afirman que no cumplirán la orden

El portavoz principal del Ejecutivo alemán Steffen Hebestreit señaló que “le cuesta imaginar” que en Alemania se ejecute esta orden de detención sobre Netanyahu, pese a que Alemania es parte del tratado y estaría obligado a cumplir con la orden. Francia, por su parte, se remitió a admitir que necesita más tiempo para ver cómo actuar y Reino Unido habló de “respeto” a la decisión del tribunal, pero sin aclarar si Netanyahu sería arrestado si viajara a Londres.

Los 27 países países de la Unión Europea asumen la jurisdicción de la CPI, pero este caso ha demostrado que no existe una posición común para cumplir con los compromisos firmados. Por una parte, hay un grupo de países que sí van a acatar la decisión del tribunal. Es el caso de España, que ya ha asegurado que cumplirá con la orden de detención. Una posición que va en la línea del Alto Representante europeo, quien ha recordado que la decisión es vinculante.

Países Bajos ha confirmado que llevaría a cabo ese arresto y de hecho el ministro de Exteriores neerlandés ha suspendido un viaje que tenía previsto hacer a Israel el lunes. También Irlanda asume la decisión de la Corte.

Por el contrario, hay países que, a pesar de reconocer a la Corte, no van a cumplir con su orden. El caso más claro es el de Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán ha llegado a decir este viernes en la radio nacional de su país que no sólo no va a hacer caso, sino que «en este mismo momento invito al primer ministro de Israel a que visite Hungría».

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Según las primeras investigaciones de los bomberos, la causa de la tragedia fue la explosión de una caldera
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Imagen: Fábrica Ibi (Alicante)-EFE

Tres personas han fallecido y otras siete han resultado heridas de diversa consideración tras la explosión registrada este miércoles en una fábrica en Ibi (Alicante), según los primeros datos facilitados por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que dos de los heridos estarían muy graves y ha indicado que, además, habría un desaparecido. Dos de los fallecidos eran de la localidad de Ibi y uno era de Xixona, siendo una de las víctimas mortales un trabajador de la empresa contigua.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 12 horas en una fábrica ubicada en el Polígono de Alfaz y hasta el lugar se han desplazado bomberos, Policía Local y Policía de la Generalitat, mientras que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) ha movilizado un helicóptero medicalizado, tres unidades del Samu y cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB).

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, la explosión de una caldera ha colapsado el techo y parte de los muros de la fábrica, dejando atrapados por los escombros a varias personas que se encontraban en la nave. “En estos momentos podemos dar cuenta de tres personas atrapadas en los escombros, de los que hemos liberado a dos”, han afirmado.

“Uno de los heridos graves ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital de La Fe, otro al Hospital de Alcoy y el último al Hospital General de Alicante.

La Policía Judicial de la Guardia Civil está en este momento trabajando en la investigación», ha informado Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana. «Quiero trasladar todo mi pésame y todo mi cariño a los familiares, a los trabajadores y, por supuesto, al alcalde y al pueblo de Ibi. Así como darle las gracias a la Guardia Civil y a los Bomberos que de forma rápida han venido a socorrer a las personas que estaban dentro de la fábrica», ha añadido.

El alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, visiblemente afectado, ha apuntado que se trataba de «una empresa familiar con empleados jóvenes». Carrasco ha confesado que el suceso les ha dejado «totalmente en shock». Y ha confirmado que uno de los heridos era el hijo del dueño de la empresa y que una mujer embarazada ha tenido que ser atendida por el puesto de Cruz Roja por un ataque de ansiedad.

En 2023, más de 700 trabajadores perdieron la vida en accidente laboral

Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2023 se produjeron 3924 accidentes laborales graves, que provocaron la muerte de 726 trabajadores. Eso significa que cada día dos trabajadores murieron el año pasado en accidente laboral.

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Los apartamentos madrileños ubicados cerca de Barajas concentran el mayor número de okupas, homicidios y secuestros de la capital
The post Aragón Suites se convierte en el epicentro del crimen first appeared on Hércules.  En un ambiente dominado por el constante zumbido de generadores de gasolina, los restos de lo que un día prometió ser un exclusivo complejo de apartamentos en Madrid son ahora testigos de un presente oscuro. En el patio central, la piscina medio vacía, con agua ennegrecida por la lluvia, se erige como símbolo de un pasado que contrasta con la realidad actual.

«El antiguo inquilino decía que esto era un lujo, con una piscina casi exclusiva para ellos«, cuenta Javier, desde la terraza de su vivienda. Sin embargo, ese lujo quedó atrás. Esta semana, en ese mismo patio, una mujer murió intoxicada por los gases de un generador. A escasos metros, un hombre fue asesinado y semanas antes, un joven fue apuñalado por pandilleros. Este edificio, concebido como un sueño hotelero, es hoy un ejemplo más del fracaso de la fiebre inmobiliaria.

De la opulencia prometida al abandono

Aragón Suites, con su forma de barco y sus 273 apartamentos distribuidos en cinco edificios, nació como un proyecto de lujo cuando Madrid aspiraba a los Juegos Olímpicos. Solo uno de los bloques llegó a funcionar, y en 2016 comenzaron a instalarse los primeros inquilinos. En su mejor momento, unas 30 viviendas estaban ocupadas, con personal encargado del mantenimiento y la gestión de contratos.

Pero todo se desmoronó en 2022, cuando la empresa propietaria dejó de pagar a los empleados y el suministro eléctrico se cortó durante el verano. La administradora, que prometió soluciones, desapareció poco después. Solo tres familias originales permanecen en el complejo. «Era un verano asfixiante sin luz ni aire acondicionado«, recuerda uno de los inquilinos.

Robos, okupaciones y precariedad

Con el abandono llegó el saqueo: marcos de ventanas, interruptores y cualquier material valioso fue robado. Más tarde, decenas de familias sin alternativa ocuparon las viviendas vacías. “Llegaron unas 30 familias de golpe, les pedí que convivieran en paz y con la mayoría no hay problemas, pero hay otros que sí generan conflictos”, señala Javier.

El complejo, rodeado de montañas de desperdicios, presenta un panorama caótico. Mangueras improvisadas cuelgan de los balcones para abastecer de agua a los inquilinos, mientras el ruido de los aviones que sobrevuelan cada cinco minutos se mezcla con el estruendo de los generadores.

Un lugar marcado por la violencia

Los episodios de violencia se han vuelto frecuentes. Esta semana, los residentes del edificio al fondo del complejo comentaban el asesinato de un hombre, presuntamente vinculado a una riña entre hinchas de fútbol. Los rastros del crimen aún manchan las paredes, mientras en los alrededores adolescentes juegan al fútbol y niños corretean ajenos a la tragedia.

En enero, un operativo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) rescató a dos hombres secuestrados por un clan criminal que exigía un rescate. Entre los detenidos estaba «Rafita», conocido por el asesinato de Sandra Palo en 2003.

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La red social señala que informan “proactivamente a los usuarios cuando se han utilizado ciertos efectos en el contenido”, pero quieren prevenir el impacto en la autoimagen de los adolescentes
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La compañía china TikTok anunció este martes que, en las próximas semanas, restringirá el uso de “algunos efectos de apariencia” física para adolescentes menores de 18 años -es decir, los filtros de belleza- para prevenir así el “impacto” que podrían causar en su autoimagen. Así lo ha comunicado la empresa este miércoles, quien asegura que esta restricción no afectará a los filtros diseñados para ser “divertidos” como, por ejemplo, los efectos de orejas de animales. Eso sí, se aplicará en los que han sido diseñados para “alterar” la “apariencia” de los usuarios.

Otra de las medidas anunciadas por la red social después de la celebración en Dublín de su foro europeo de seguridad —organizado este martes en su recién estrenado Centro de Transparencia y Responsabilidad—, es que proporcionarán al usuario “más información sobre cómo un efecto podría cambiar su apariencia si se aplica”, aunque, señala la empresa, ya informan “proactivamente a los usuarios cuando se han utilizado ciertos efectos en el contenido”.

Además, diseñarán recursos formativos para las personas que desarrollan efectos en la aplicación TikTok Effects House, con el objetivo de “mejorar la conciencia y la comprensión de algunos de los resultados no deseados que ciertos efectos pueden plantear”.

Tal y como explica TikTok en la nota, este cambio viene motivado por los resultados de una investigación que encargaron recientemente en varios países a la organización sin ánimo de lucro Internet Matters, con sede en el Reino Unido. Ese trabajo identificó una preocupación tanto de los chavales como de sus progenitores por los efectos de “apariencia”, incluyendo que “quienes ven el contenido podrían no darse cuenta de que se trata de una imagen que ha sido alterada”, detalla la compañía en su comunicado.

Menor autoestima entre los adolescentes

Nature publicó que el 20% de los usuarios de entre 12 y 18 años que pasan más de dos horas conectados a TikTok asegura que, al desconectarse de la aplicación, el sentimiento predominante es una menor autoestima, una mayor sensación de estrés y una menor capacidad para fijar un límite en el visionado. En ese caso, al analizar ese consumo por género, fueron el 24,3% de las chicas las que refirieron destinar más de dos horas al día a esa app, frente al 15,4% de los chicos. 

Aunque desde el plano científico todavía no se ha podido establecer una relación de causa-efecto entre el consumo de redes sociales y el aumento de diagnósticos de enfermedades de salud mental entre los jóvenes, los datos de este paper sí aportan pistas para trazar una correlación entre la subida de las patologías mentales registrada entre las chicas adolescentes en los últimos años y ese mayor consumo de aplicaciones como TikTok. 

Verificar la edad

Otro de los objetivos prioritarios descritos en el comunicado de TikTok es conseguir herramientas para la verificación de la edad de los usuarios, que, según señalan, “sigue siendo una de las áreas más complejas con las que siguen lidiando las plataformas, los responsables de desarrollar las políticas y los reguladores”. El reto, indican, es conseguir verificar la edad “respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales” de los usuarios. El argumento esgrimido por las grandes tecnológicas como Meta —empresa matriz de Facebook e Instagram— es que resulta muy complicado desde el punto de vista técnico comprobar la edad sin vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios, revisando documentos de carácter personal como podría ser en España el DNI.

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El presidente de la Diputación consideraba que enchufar o crear este cargo para David Sánchez, era una cuestión “excesiva”
The post La Diputación de Badajoz aumentó su presupuesto 123.000 euros para crear el puesto de David Sánchez first appeared on Hércules.  La Diputación de Badajoz inyectó 123.000 euros para poder crear un cargo especial para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Un puesto que se hizo, a pesar de las “reticencias” de la directora de Cultura.

El presidente de la Diputación consideraba que enchufar o crear este cargo para David Sánchez, era “excesivo”.

Según un informe de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso Libertad Digital, señala que “durante los meses de septiembre y octubre del año 2016, con ocasión de la elaboración de los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz para el año 2017, y para la modificación de la Relación de los Puestos de Trabajo, en el seno del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, se fueron elaborando, por los diferentes responsables de la citada Área, una serie de necesidades que implicarían la aprobación del correspondiente presupuesto, entre ellas, necesidades de personal”.

Este informe destaca que: “Con estas necesidades de personal, que se fueron transmitiendo por los distintos responsables, el día 5 de octubre de 2016, se hace llegar un resumen de las mismas a, entre otras personas, la Diputada Delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social y al presidente de la Diputación”.

El juez imputa al hermano del presidente del Gobierno

Así mismo señala que: “En esta propuesta no se haría mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios provinciales. Destacando el hecho de que, este mismo día, por parte del presidente de la Diputación, a la vista de esta propuesta, en cuanto al personal, habría mostrado su parecer de que era excesiva”.

“Pese a que las propuestas que se elaboraron no contemplaron en ningún momento la necesidad de la creación de un puesto de alta dirección para coordinar los Conservatorios provinciales, y pese al parecer del Presidente sobre lo excesivo de la propuesta, tres días más tarde, el 8 de octubre de 2016, José Ramón Suárez Arias, Jefe del Servicio de Administración Recursos Humanos de la Delegación de Área de Recursos Humanos y Régimen Interior”, señala el informe de la UCO.

“Dos días después, el 10 de octubre de 2016, José Ramón Suárez Arias, envía un correo a Antonio Garrote Ledesma y Juana Cintas, adjuntando un informe justificativo de las variaciones de presupuesto entre los años 2016 y 2017, haciendo constar, en el Área de Cultura, un aumento de 123.000 €, detallando que se debe a la creación de un “Nuevo Jefe de Servicio o Gerente Conservatorios”, apunta el informe.

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Hacienda no ha conseguido sacar adelante las cuentas y se prevé una negociación ardua para poder presentar un nuevo plan
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Imagen: Europa Press

El Ejecutivo ha reconocido que no podrá presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de fin de año, por lo que el Ministerio de Hacienda tendrá que prorrogar las cuentas de 2023 durante los primeros meses de 2024. La nueva propuesta presupuestaria, que se presentará en el Congreso a partir de enero, buscará garantizar la estabilidad económica para lo que resta de legislatura. Esto supone un retraso mínimo de tres meses respecto al plazo constitucional, aunque todo apunta a que podría extenderse aún más.

Obstáculos políticos y retrasos acumulados

La dificultad para consensuar el techo de gasto y la senda de déficit, sumada a la reciente aprobación tardía de la reforma fiscal, ha complicado el calendario presupuestario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja intensamente en asegurar el apoyo de los socios de investidura antes de llevar el proyecto a las Cortes. Inicialmente, el Gobierno había barajado presentar los presupuestos antes de finalizar 2023 y extender provisionalmente los de este año, pero fuentes gubernamentales y expertos aseguran que ya no es viable.

Un proceso complejo con plazos ajustados

La aprobación de los presupuestos requiere superar varias etapas, comenzando por la validación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria, que ya deberían estar aprobados. Según la Constitución, el proyecto debe enviarse al Congreso al menos tres meses antes de que expiren las cuentas del año anterior, un plazo que, en esta ocasión, no se cumplirá.

Hacienda intentó iniciar el proceso el pasado diciembre, pero los retrasos causados por las elecciones generales y la formación del nuevo Gobierno bloquearon la senda fiscal. La mayoría del PP en el Senado frustró el plan inicial del Ejecutivo, obligando a incorporar una enmienda en la Ley de Paridad para eliminar el veto del Senado y garantizar su aprobación con mayoría simple en el Congreso.

Bloqueos en las negociaciones con Junts

A pesar de las estrategias para salvar los obstáculos, el Gobierno sufrió un nuevo revés en julio cuando Junts, junto con PP y Vox, bloqueó los objetivos de déficit en el Congreso. La formación catalana exige mayor margen fiscal para las autonomías, lo que complicó las negociaciones.

La última propuesta gubernamental establece un déficit público del 2,5% del PIB en 2025, con un reparto que deja un 2,2% para el Estado, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las entidades locales. Sin embargo, el partido pide aumentar el margen para las autonomías al 0,8%, algo que el Ejecutivo intenta ajustar para lograr un pacto.

Un proceso presupuestario que se avecina tenso

Aunque la negociación con Junts avance, el Ejecutivo aún deberá pactar con el resto de socios de investidura para sacar adelante el diseño final de los presupuestos. Las recientes dificultades para acordar la reforma fiscal anticipan un proceso arduo y prolongado. María Jesús Montero confía en superar este desafío, aunque reconoce que el camino no será sencillo.

La prórroga de los presupuestos de 2023 marca una anomalía en la historia democrática española, con precedentes en situaciones excepcionales como la pandemia de 2020. Ahora, el Gobierno enfrenta el reto de salvar los obstáculos políticos para garantizar la estabilidad presupuestaria en un contexto de fragilidad parlamentaria.

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