Crónica Diaria

Lobato: “Ya lo habían publicado, comprobé que estaba en los medios y ya políticamente lo utilizo. No es que me negara a utilizarlo, solo pregunté de dónde salía»
The post Moncloa filtró datos del novio de Ayuso y quiso inculpar a Lobato  first appeared on Hércules.  Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, ha reconoció que él recibió el correo con los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

El socialista al recibir este correo electrónico, preguntó de dónde salía esta información y le respondieron que era algo que ya estaba publicada en los medios de comunicación.

En una entrevista para el programa Espejo Público, el socialista ha aclarado este lunes que quien le mandó el correo con el PDF fue su secretaria de Política Institucional, Pilar Sánchez Acera: “Estaba en Moncloa, pero seguía siendo mi secretaria. Es con la que ordinariamente se trabaja las sesiones de control”, apuntó.

El secretario general del PSOE de Madrid señaló que esta conversación había tenido una forma “normal”. En la cual, se trataron sobre los temas que se le iban a preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. También señaló que se comentó que él “simplemente le preguntó de dónde sale y llega” esa información, a lo que Sánchez Acera le respondió que “de los medios” de comunicación. 

El PSOE habría filtrado los datos personales de la pareja de Ayuso

Lobato, destacó que el correo electrónico que recibió le dio un uso político, y que aplicó con el fin de recriminarle a Ayuso que ella había defendido a su pareja. En su defensa, ella señaló que era Hacienda quien le debía 600.000 euros y, “como acreditan los medios de comunicación con esa publicación, todo es absolutamente mentira”.

También ha insistido en que él preguntó en la procedencia de esta información y le recalcaron que de los medios: “Ya lo habían publicado, comprobé que estaba en los medios y ya políticamente lo utilizo”. “No es que me negara a utilizarlo, solo pregunté de dónde salía”, indicó.

Así mismo también explicó que: “En ese momento, tengo claro y acreditado, en lo que a mi afecta, que esa información no viene en absoluto de la Fiscalía General del Estado. Todo lo contrario, viene de medios de comunicación”. Añadió también que: “Como fui de las personas que más habló de ese asunto, lo que trato es, no sé si con un exceso de prudencia, pero creo que, de forma adecuada, el acreditar que efectivamente esto no llega de Fiscalía General”.

Por último, constató que “el objetivo político está muy claro”, que es “dañar a los socialistas madrileños, dañar al PSOE y dañar al Palacio de la Moncloa”, cuando “aquí lo único que hay es un acto de prudencia” donde se acredita “que aquí no viene nada de la Fiscalía General, como se pretende investigar en el Tribunal Supremo”.

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Las elecciones presidenciales ponen a los socialdemócratas contra las cuerdas y el país registra una participación del 52,4% en la primera vuelta
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Imagen: EFE

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía ha dejado un resultado inesperado. Con el 99,9% de los votos escrutados, el ultraderechista Călin Georgescu, crítico de la OTAN, se posiciona como el favorito al obtener el 22,9% de los sufragios. En segundo lugar, con el 19,16%, se encuentra Elena Lasconi, líder de un partido de centroderecha, quien logró superar al primer ministro izquierdista Marcel Ciolacu, el candidato que partía como favorito gracias al respaldo de los votantes en el extranjero.

Tensiones políticas y el papel de la OTAN

La victoria de Georgescu representa un desafío para la postura tradicionalmente prooccidental y pro-Ucrania de Rumanía. Este exmiembro de la extrema derecha ha cuestionado la efectividad de la OTAN, calificando el escudo antimisiles de Deveselu como una «vergüenza diplomática» y poniendo en duda la capacidad de la Alianza para proteger a sus miembros frente a Rusia.

Por su parte, Lasconi, experiodista y actual líder de la Unión Salvemos Rumanía (USR), mantiene una postura opuesta. Aboga por incrementar el gasto en defensa y continuar apoyando a Ucrania en su conflicto con Rusia.

La economía y el coste de vida, ejes de la campaña

La campaña electoral estuvo marcada por el aumento del coste de vida en un país donde casi una cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza, la mayor proporción de la Unión Europea. Mientras Marcel Ciolacu prometía estabilidad política y gasto público sin aumentos de impuestos, Rumanía enfrenta el mayor déficit presupuestario de la UE, cercano al 8%.

La inesperada subida de Georgescu, que en las encuestas previas apenas superaba el 5%, ha generado especulaciones. «Es un aumento sin precedentes en nuestra democracia desde 1989«, señaló el analista político Radu Magdin, mientras otros expertos, como Sergiu Miscoiu, no descartan una posible influencia rusa en los comicios debido a la postura de Georgescu respecto a Ucrania.

Rumanía en la frontera de la guerra

La proximidad geográfica de Rumanía con Ucrania ha sido un factor clave en estas elecciones. Desde el inicio del conflicto en 2022, el país ha proporcionado apoyo militar y logístico a su vecino, incluyendo la exportación de grano y la donación de sistemas de defensa aérea. Sin embargo, las tensiones han aumentado debido a los repetidos ataques con drones en su frontera, aunque sin víctimas reportadas.

El ocaso de los grandes partidos

Los resultados de la primera vuelta han supuesto un golpe para los dos grandes partidos tradicionales de Rumanía, los socialdemócratas y los liberales, que gobiernan en coalición. Ambos quedaron fuera de la contienda, lo que deja el camino abierto a un duelo entre Georgescu y Lasconi en la segunda vuelta, programada para el 8 de diciembre.

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La retribución máxima ascenderá hasta los 3.267 euros tras la reforma de Escrivá, aunque todavía falta por conocer la inflación de noviembre
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Imagen: Europa Press

Por primera vez en la historia de la Seguridad Social, las pensiones máximas superarán los 3.267 euros al mes en 2025. Este incremento responde a las medidas introducidas en la última reforma de pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España. La reforma no solo vincula las prestaciones al Índice de Precios de Consumo (IPC), sino que también incluye un ajuste adicional que permitirá incrementar de forma progresiva las bases máximas de cotización hasta 2050.

El incremento de la pensión máxima será de más de 92 euros respecto al valor actual, situado en 3.175 euros mensuales. Esta subida refleja la revalorización por el IPC más el ajuste adicional de 0,115 puntos, medida clave para acompasar el aumento de las bases máximas. Sin embargo, este complemento podría enfrentarse a retrasos debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, ya que su implementación está vinculada a la aprobación de las cuentas públicas.

Revalorización general de las pensiones

El Gobierno tiene ya preparado el decreto que actualizará las pensiones públicas el próximo año, siguiendo la fórmula aprobada en la reforma de Escrivá. Según esta, las prestaciones aumentarán en función de la media del IPC interanual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. A la espera del dato definitivo de noviembre, se proyecta una subida del 2,8%.

Esta revalorización elevará todas las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas experimentarán un aumento superior, aunque aún no se ha definido su cuantía exacta. En términos globales, el incremento tendrá un impacto económico superior a los 7.300 millones de euros, ya que cada punto porcentual del IPC implica un coste adicional de 2.606 millones para el sistema.

Impacto en las pensiones medias

Con este ajuste, la pensión media del sistema, actualmente de 1.259,6 euros mensuales, subirá hasta los 1.294,9 euros. Por su parte, la pensión media de jubilación, que beneficia a más de 6,5 millones de personas, pasará de 1.447,4 euros a 1.487,9 euros mensuales.

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación urgente de esta medida, y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ya ha abierto el periodo de audiencia pública para recoger opiniones de los ciudadanos. La revalorización entrará en vigor el 1 de enero de 2025, garantizando que las pensiones sigan el ritmo de la inflación.

Un desafío pendiente: la falta de presupuestos

Aunque el decreto de revalorización es independiente de los PGE, la aplicación del ajuste adicional de las pensiones máximas requiere su inclusión en las leyes presupuestarias. Ante la ausencia de unas cuentas públicas aprobadas para 2025, el incremento extra podría aplicarse más adelante con carácter retroactivo, una cuestión que todavía genera incertidumbre.

En cualquier caso, 2025 marcará un hito en el sistema de pensiones español, con un aumento histórico de la pensión máxima que refleja el impacto de la reforma estructural diseñada para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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El ayatolá Jomenei ha celebrado la orden de la Corte Penal Internacional de detener a Netanyahu por crímenes de guerra, pero la considera insuficiente
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Imagen: Líder supremo de Irán-EFE

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó este lunes que se debe condenar a muerte al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al considerar que es insuficiente la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario hace unos días. “Debe emitirse una sentencia de muerte para Netanyahu y los líderes criminales de este régimen (Israel)”, dijo Jamenei en un encuentro con basijis (milicia islámica) en Teherán.

Jamenei ha subrayado además que “el enemigo no ha ganado en Gaza y Líbano”. “A día de hoy, el frente de resistencia se está expandiendo todo lo posible. El día de mañana, esta expansión se multiplicará”, ha añadido, en referencia a los grupos armados a los que apoya Irán en la región.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán volvió a acusar a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza y Líbano con los ataques a civiles. “El bombardeo de casas de civiles no es una victoria. El enemigo no ha ganado en Gaza ni Líbano, ni ganará”, aseguró. Finalmente, ha asegurado que Israel desaparecerá: “El régimen sionista será eliminado”.

Jamenei ha celebrado la decisión de la CPI

La CPI emitió la semana pasada órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. La decisión fue entonces celebrada por las autoridades políticas y militares iraníes. “El veredicto de la Corte Penal Internacional es una victoria para los pueblos palestinos y libanés”, dijo el viernes el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí. Sin embargo, las autoridades iraníes no se pronunciaron acerca de la orden de detención del CPI contra Mohamed Deif, el jefe militar de Hamás, aliado suyo.

Las órdenes de arresto fueron emitidas contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre.

La CPI no tiene una fuerza policial para detener sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar con la Corte. Ni Estados Unidos ni Israel son parte de este tribunal.

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La portavoz del Consell insistió anteriormente en varias declaraciones que Mazón habló el día de la DANA con varios alcaldes, sin especificar quiénes
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Imagen: Susana Camarero, portavoz del Consell. EP

El pasado viernes, la portavoz del Consell Susana Camarero ha reconocido que no fue el president Carlos Mazón el que llamó a los alcaldes de las localidades afectadas durante las primeras horas de la DANA que arrasó varias comarcas valencianas el pasado 29 de octubre. Según ha dicho Camarero, fue la propia Generalitat -en genérico- la que contactó con estos alcaldes.

Se trata de la enésima contradicción del gobierno de Mazón en relación con su gestión de la DANA. A comienzos de la semana pasada, hasta en dos ocasiones, en sus comparecencias, la portavoz del gobierno valenciano no quiso responder a la pregunta sobre con qué alcaldes había hablado el presient Mazón aquel 29 de octubre. Simplemente se limitó a insistir en que el ‘popular’ habló ese día con varios alcaldes, sin especificar quiénes, e hizo referencia únicamente a la conversación con el alcalde de Cullera.

Más tarde, Cadena Ser destapó que, en realidad, Mazón no habló con los alcaldes de la zona, sino que lo hizo solo con uno. Aún así, Camarero sigue sin aclarar con quién habló por teléfono esa tarde. Eso sí, ha replicado que todos estaban informados, pero a través de la Generalitat.

Los alcaldes dicen que no recibieron ninguna llamada de Mazón

De una veintena de alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la DANA -tanto del PP como del PSPV-, solo una de ellos confirma que habló con Mazón. De esos veinte, hasta quince aseguran no haber hablado con el jefe del Consell. El único otro alcalde -aparte de estos veinte- que ha dicho que sí habló con el president es el de Cullera aunque, según su versión, no lo hicieron sobre la DANA.

Entre los populares que no hablaron con el president, se encuentra el de Sot de Chera, Tomás Cervera; el de Algemesí, Jose Javier Sanchis; la de Carlet, Laura Saez o la de Xirivella, Paqui Bartual.  Tampoco habló con Mazón la entonces alcaldesa de Requena Rocío Cortés, que además es la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ni la alcaldesa de Chiva Amparo Fort. Muchos de ellos, eso sí, señalan que hablaron o con la vicepresidenta Camarero o con la responsable de Emergencias Salomé Pradas.

Otros alcaldes del PP dicen que no recuerdan si hablaron o no con el president. Solo la de Torrent, del PP, Amparo Folgado, ha dicho que sí habló, pero no ha querido dar más detalles sobre el contenido ni la hora de la conversación.

El president de la Generalitat tampoco habló con los alcaldes socialistas de Sedaví, Jose francisco Cabanes; de Riba-Roja, Robert Raga; de Picanya, Josep Almenar; la de Paiporta, Maribel Albalat; el de Aldaia, Guillermo Luján; el de Manises, Javier Mansilla; la de Quart de Poblet, Cristina Mora; el de Alaquàs, Toni Saura o la de Catarroja, Lorena Silvent.

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El Ejecutivo del laborista ha despertado la apatía de los británicos, desatando malestar entre pensionista, empresarios y agricultores
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Imagen: EFE

Keir Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, han iniciado su mandato en Downing Street enfrentándose a sectores clave de la sociedad británica: pensionistas, pequeños empresarios y agricultores. Esta controversia ha cristalizado en protestas como la reciente manifestación rural en Londres, donde miles mostraron su rechazo con pancartas y camisetas que los enfrentaban directamente al Gobierno laborista.

La polémica se alimenta de decisiones como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento del salario mínimo profesional, medidas que, según empresarios como el portugués Sergio Dionisio, están elevando los costes operativos de las pequeñas empresas.

El mayor aumento de impuestos en una década

El presupuesto presentado el 30 de octubre por Reeves incluyó un alza fiscal de 50.000 millones de euros, el mayor en diez años, con el objetivo de revitalizar un país afectado por años de gobiernos conservadores. Sin embargo, el plan no ha convencido ni a expertos ni a empresarios.

Will Dunn, analista de The New Statesman, advierte que “tocar las leyes fiscales puede provocar revueltas populares”. A esto se suma la inflación, que en octubre volvió a subir al 2,3%, y un crecimiento económico del 0,1% en el tercer trimestre del año, cifras que alimentan la percepción de que el Gobierno no está logrando generar confianza ni resultados tangibles.

Un relato difícil de explicar

El problema, para muchos, no son solo las medidas, sino cómo se han comunicado. La eliminación de subvenciones universales para cubrir costes energéticos, la recuperación del Impuesto de Sucesiones para grandes explotaciones agrícolas y la subida de cotizaciones sociales han sido interpretadas como ataques a sectores vulnerables, pese a que algunas decisiones buscaban beneficiar a los más necesitados o corregir políticas anteriores.

“Hay un fuerte sentimiento de que se están imponiendo medidas sin colaboración ni coordinación con las partes afectadas”, afirmó Rain Newton Smith, directora de la patronal británica CBI. Esta desconexión ha dejado a Starmer expuesto al ataque de la oposición, que ha aprovechado para capitalizar el descontento.

Una oposición revitalizada

La nueva líder conservadora, Kemi Badenoch, no ha tardado en posicionarse como defensora del campo y de los pequeños empresarios. Prometió derogar el “cruel impuesto a las granjas familiares” y participó en la manifestación rural junto a otras figuras de la oposición, como Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. La protesta, que congregó a 18.000 personas, se convirtió en una demostración de fuerza del mundo rural. Aunque figuras como Nigel Farage también asistieron, los organizadores evitaron que tomara protagonismo para no revivir las divisiones del Brexit, una cuestión especialmente delicada para los agricultores.

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Joe Biden considera la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu una “decisión escandalosa”, una postura que se espere que mantenga también Donald Trump
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Imagen: Joe Biden recibe a Benjamin Netanyahu en el Despacho Oval, el pasado 25 de julio. Andrew Harnik

La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant no ha convencido a todos los países. Los principales aliados de Israel no van a hacer caso al tribunal e incluso hay varios países que han ratificado su jurisdicción y que no van a cumplir con ese compromiso. Todo ello, pese a que el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell asegurase que la orden de arresto es “vinculante” y, por tanto, los Estados miembros de la UE deben garantizar su aplicación.

I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.

These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 21, 2024

El principal aliado de Israel, Estados Unidos, que no reconoce a la CPI, ha descartado desde el primer minuto que se plantee la detención de Netanyahu si viaja a ese país. De hecho, para Joe Biden, es una decisión “escandalosa” y en este punto se espera que Donald Trump mantenga la misma postura.

Alemania sugiere que no arrestará a Netanyahu

El portavoz principal del Ejecutivo alemán Steffen Hebestreit ha señalado que “le cuesta imaginar” que en Alemania se ejecute esta orden de detención sobre Netanyahu, pese a que Alemania es parte del tratado y estaría obligado a cumplir con la orden. En un comunicado deliberadamente antiguo, Hebestreit decía que Alemania “toma nota” de la decisión de la CPI, pero recordaba que su país “participó en la redacción del estatuto del tribunal y es uno de sus principales apoyos”. “Al mismo tiempo, es una consecuencia de la historia de Alemania que tenemos relaciones únicas y gran responsabilidad con Israel”, ha apuntado.

Francia y Reino Unido no se mojan; otros países sí

Francia, por su parte, se ha remitido a admitir que necesita más tiempo para ver cómo actuar y Reino Unido habla de “respeto” a la decisión del tribunal, pero sin aclarar si Netanyahu sería arrestado si viajara a Londres.

Los 27 países países de la Unión Europea asumen la jurisdicción de la CPI, pero este caso ha demostrado que no existe una posición común para cumplir con los compromisos firmados. Por una parte, hay un grupo de países que sí van a acatar la decisión del tribunal. Es el caso de España, que ya ha asegurado que cumplirá con la orden de detención. Una posición que va en la línea del Alto Representante europeo, quien ha recordado que la decisión es vinculante.

Países Bajos ha confirmado que llevaría a cabo ese arresto y de hecho el ministro de Exteriores neerlandés ha suspendido un viaje que tenía previsto hacer a Israel el lunes. También Irlanda asume la decisión de la Corte.

Por el contrario, hay países que, a pesar de reconocer a la Corte, no van a cumplir con su orden. El caso más claro es el de Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán ha llegado a decir este viernes en la radio nacional de su país que no sólo no va a hacer caso, sino que «en este mismo momento invito al primer ministro de Israel a que visite Hungría».

Orban sent Netanyahu a letter of support and invited him to visit Hungary after the ICC issued a warrant for Netanyahu’s arrest yesterday pic.twitter.com/RD4CXYdiXt

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) November 22, 2024

Argumentos parecidos ha dado el vicepresidente italiano Matteo Salvini, quien confirma que Netanyahu «será bienvenido si viene porque los criminales de guerra son otros». En la misma línea se ha expresado el gobierno de Austria. Y fuera de la Unión Europea destaca el respaldo mostrado por el argentino Javier Milei, país que también reconoce a la CPI.

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La operación de la Policía Nacional, que ha contado con la colaboración de Marruecos, ha dejado siete detenidos relacionados con el terrorismo islamista
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Imagen: EFE

Una operación de la Policía Nacional en colaboración con Marruecos ha dejado siete detenidos, cuatro de ellos en Ceuta, por delitos relacionados con el terrorismo islamista, según han informado fuentes de la investigación. La operación desarrollada por la Comisaría General de Información deja otro detenido en Madrid y uno más en Ibiza. Además, en Marruecos ha sido arrestada una séptima persona en el marco de estas diligencias.

Se trata de una investigación que continúa abierta y cuyas diligencias se están desarrollando en varias provincias españolas y en Marruecos, y que dirige la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a otro yihadista en Melilla

En paralelo a esta operación, la Policía Nacional ha informado del ingreso en prisión de otro detenido la semana pasada, en esta ocasión en Melilla, por adoctrinar a su entorno cercano en los postulados del Estado Islámico. El detenido se había convertido en una amenaza para la seguridad, según los investigadores.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, siguiendo instrucciones de la Audiencia Nacional, los agentes han procedido a la detención del individuo cuyos datos no han trascendido. Este individuo ha sido arrestado «por su vinculación al terrorismo yihadista». Además, la citada fuente ha detallado que «se han realizado registros en dos viviendas como parte de la operación».

La actuación ha sido descrita como un esfuerzo coordinado entre las fuerzas de seguridad radicadas en Madrid y las destinadas en Melilla. Los agentes han trabajado juntos para llevar a cabo esta acción.

La última intervención antiterrorista en la ciudad española se produjo el pasado 22 de octubre cuando agentes de la Policía Nacional de Madrid con apoyo de sus compañeros de Melilla detuvieron a dos yihadistas en puntos distintos de la ciudad, uno de ellos menor. En aquella ocasión, la Comisaría General de Información junto a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Melilla realizaron tres registros.

Creciente preocupación por el yihadismo en España

La detención se produce en un contexto de creciente preocupación por el terrorismo yihadista en España y sus territorios. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en su Balance del terrorismo en España 2023, reveló que el 23% de los 78 detenidos participaban en propaganda o exaltación del yihadismo. Otros estaban involucrados en la financiación de grupos yihadistas, el reclutamiento y la preparación de atentados, esta última actividad representando un 23% de los arrestos.

Asimismo, en ese Balance se reflejó un dato enormemente preocupante, y es que el 40% de los detenidos por estos delitos eran de nacionalidad española, superando por primera vez a otras nacionalidades, como los marroquíes. Cataluña, Madrid, Andalucía y Melilla fueron las regiones con más arrestos.

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Este fondo especial para catástrofes está regulado por la ley para sufragar gastos extraordinarios debido a desastres naturales y sanitarios
The post El Gobierno gastó 92 millones para subvencionar partidos políticos del fondo de catástrofes  first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado 92 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, el cual sirve para hacer frente a situaciones catastróficas y desastres. El Ejecutivo habría usado este dinero para subvencionar a partidos políticos.

Una información que consta en un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros hace cuatro meses, el 30 de julio pasado. Así mismo, se ha conocido que de ese mismo fondo se ha retirado 800 millones para costear “misiones de paz” del Ejército español en el extranjero. De esta partida también se ha retirado el pago ordinario de pensiones.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decidió no reunir de urgencia al Consejo de Ministros para movilizar una parte de este fondo, después de la riada sucedida en Valencia.

Este fondo especial para catástrofes está regulado por la ley para sufragar gastos extraordinarios debido a desastres naturales, sanitarios y situaciones de extrema emergencia. Los cuales requieren, además, gastaos militares para la defensa del territorio nacional. Unos fondos que están contemplados de manera obligatoria en los Presupuestos Generales. Dicha ley, establece que para pagar gastos con cargo al Fondo de Contingencia se requiere acuerdo del Consejo de Ministros, previa propuesta de trámite cursada por el Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo habría gastado el dinero de este fondo en cuestiones ajenas a las catástrofes

Según OKdiario, en las cuentas del Estado para el presente 2024 figuraron inicialmente 3.113 millones de euros como dotación de este Fondo de Contingencia. Sin embargo, cuando toca hacer frente a la histórica inundación que ha devastado Valencia, en la caja queda mucho menos de la mitad, 1.634 millones.

Unas cifras que constan en la última contabilidad oficial disponible, la cual fue el pasado 30 de septiembre. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha ido sacando dinero de este fondo para utilizarlo en cuestiones ajenas a las catástrofes. El destino de ese dinero figura 92 millones de euros que, el 30 de julio, el Consejo de Ministros decidió sacar del Fondo de Contingencia para repartir entre los partidos políticos en forma de subvenciones directas.

No consta que ningún partido político que se ha beneficiado del reparto de estos 92 millones haya criticado que el Consejo de Ministros sacara ese dinero del fondo reservado para afrontar situaciones catastróficas o de emergencia nacional. El Consejo de Ministros sacó 444,82 millones de euros del Fondo de Contingencia para “atender tanto las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación como la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión”.

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