Crónica Diaria

El Frente Polisario ha cargado contra el país galo por dar su apoyo al plan de autonomía presentado por Marruecos
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Imagen: Frente Polisario-Agencias

El Frente Polisario ha cargado contra los países que han dado recientemente su apoyo al plan de autonomía presentado por Marruecos y ha apuntado directamente contra Francia, al que acusa de «apoyar explícitamente» la «ocupación» marroquí del territorio de Sáhara Occidental. Así, el organismo ha condenado en un comunicado publicado tras una reunión del Buró Permanente de la Secretaría Nacional «la tendencia de algunas potencias, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas), de socavar los acuerdos de paz y eludir la legalidad internacional con respecto al conflicto en el Sáhara Occidental».

El Frente Polisario ha expresado su rechazo a «los intentos de minar los esfuerzos de paz para resolver el conflicto mediante posiciones recientes expresadas por algunos países» y ha criticado a Francia por “apoyar explícitamente las políticas de ocupación, anexión y absorción aplicadas por el régimen marroquí”, según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

En este sentido, ha reiterado que una solución «justa» y «definitiva» al conflicto «no puede imaginarse fuera de un marco jurídico realista y creíble», incluida la celebración de un referéndum «libre y justo» en el que «el que el pueblo saharaui decida su destino y el estatus final de su tierra, el Sáhara Occidental».

Por ello, ha celebrado la postura de «países amigos y hermanos» que apoyan el derecho a la autodeterminación de los saharauis, entre los que ha destacado a Argelia, y ha mostrado la disposición del Frente Polisario a «contribuir positivamente» y «cooperar» para lograr «una paz justa y duradera» y «crear un clima de convivencia e integración entre sus países y pueblos».

Mohamed VI asegura que el referéndum es «inaplicable»

El comunicado ha sido publicado cerca de dos semanas después de que el rey Mohamed VI afirmara que el referéndum es «inaplicable» y reclamara a Naciones Unidas que «asuma su responsabilidad» en esta cuestión, pero en el sentido de apoyar su propuesta de autonomía para el territorio.

«Hay un creciente reconocimiento internacional en favor de la marroquinidad del Sáhara (Occidental), amén del amplio apoyo a la iniciativa de autonomía», manifestó, al tiempo que arguyó que «de forma paralela a esta situación de legalidad existe, lamentablemente, otro mundo separado de la verdad que aún vive a ilusiones del pasado», en referencia al Frente Polisario.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para las aspiraciones del pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún la potencia administradora del Sáhara Occidental.

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Ester Muñoz ha apuntado desde la tribuna del Congreso a un “dolo eventual” de Teresa Ribera y Pilar Bernabé por no haber arrebatado el mandato a las autoridades autonómicas
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Imagen: Ester Muñoz, en la tribuna del Congreso. | EFE

La dirigente del PP Ester Muñoz ha insinuado este miércoles, para culpar al Gobierno de los muertos de Valencia, que la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón puso en “riesgo a la población” en las horas clave del 29 de octubre, el día de la DANA, porque tomaron “decisiones inoportunas”. Muñoz ha apuntado desde la tribuna del Congreso a un “dolo eventual” de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera y de la delegada del Gobierno en la comunidad Pilar Bernabé por no haber arrebatado el mando a las autoridades autonómicas, por lo que les ha deseado “suerte” ante los tribunales.

Muñoz ha sido la elegida por Alberto Núñez Feijóo para confrontar con Ribera en su comparecencia en el Congreso para responder sobre su papel en la gestión de la DANA que ha provocado más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y pérdidas materiales por valor de miles de millones de euros. Responsable de Educación y Sanidad en la dirección del PP, Muñoz es de León, dato del que Ribera ha querido dejar constancia en una de sus réplicas ante el silencio de los diputados oriundos de las zonas afectadas.

Muñoz señala a Ribera

La hoy portavoz del PP ha acusado directamente a Ribera de ser “culpable” de las consecuencias humanas y materiales de la tragedia, y mientras ha limitado la responsabilidad de la Generalitat valenciana de su compañero Mazón, ha señalado a la vicepresidenta por su “falta de capacidad y de solvencia”, además de por una “evidente falta de integridad”.

“Falló en la prevención”, le ha espetado Muñoz, quien ha asegurado que “cuando su país la necesitaba”, Ribera “se escondió y desapareció para no asumir sus responsabilidades” y “asumiendo el coste de dejar abandonados a tantos españoles”. “Lleva seis años en el Gobierno diciendo que hay que cerrar minas, térmicas, nucleares y acabar con el diesel, pero no limpiar ríos ni bosques. Se ha dedicado a imponer su dogmatismo climático”, ha añadido.

Muñoz ha expresado también en La mirada crítica que “las explicaciones de Teresa Ribera no han convencido a nadie” y ha añadido que la ministra ha evitado responder preguntas clave. Además, ha señalado que durante la DANA hubo una falta total de información por parte de la Confederación Hidrográfica, destacando un vacío de comunicación durante dos horas críticas en las que no se enviaron alertas sobre el estado del barranco del Pollo.

Muñoz ha destacado que comprende la frustración de las personas afectadas por la DANA: «Si fuese una víctima, claramente me sentiría abandonada y cabreada por las discusiones políticas.» Sin embargo, ha defendido la necesidad de exigir explicaciones a Ribera. «Decir la verdad y sacar la verdad también es importante,» ha concluido.

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El Departamento de Justicia habría solicitado a la multinacional vender Chrome, romper sus lazos con Apple y aislar Android
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La lucha contra las prácticas monopolísticas de las grandes tecnológicas alcanzó un punto crítico este miércoles en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, junto con fiscales estatales, busca implementar una serie de medidas contra Google tras una decisión judicial que dictaminó que la compañía había abusado de su posición dominante en el mercado de búsquedas en internet.

 Las propuestas incluyen deshacerse de su navegador Chrome, aislar el sistema operativo Android, permitir licencias de su motor de búsqueda a rivales y terminar con acuerdos preferenciales como el que mantiene con Apple. Además, Google estaría bajo supervisión estricta durante los próximos 10 años.

Un terremoto comparable al caso Microsoft

De prosperar estas propuestas, sería la mayor intervención contra una compañía tecnológica desde que un tribunal ordenó en el año 2000 dividir Microsoft, aunque esta decisión fue posteriormente revocada. El juez Amit Mehta, quien supervisa el caso, no emitirá un fallo definitivo hasta agosto de 2024, y cualquier resolución podría ser apelada.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la venta obligatoria de Chrome. Según los fiscales, esta desinversión es esencial para “romper el control de Google sobre este punto de acceso crítico y permitir una mayor competencia”. La propuesta también prohíbe a Google otorgar privilegios exclusivos a sus productos y servicios relacionados, como Android.

Acuerdos con Apple bajo escrutinio

Uno de los aspectos más controvertidos del caso son los acuerdos multimillonarios de Google con Apple, que le garantizan ser el buscador predeterminado en dispositivos como iPhone y Mac a través de Safari. Estos tratos han sido clave para la posición dominante de Google, pero también han frenado la posibilidad de que Apple desarrolle su propio motor de búsqueda. Los fiscales proponen prohibir cualquier incentivo económico que desincentive la competencia, una medida que podría golpear a Apple más que a Google en el corto plazo.

Además de los desincentivos, la resolución obligaría a Google a compartir datos de búsqueda con sus competidores a un coste marginal. La compañía también debería licenciar su motor de búsqueda para que otros puedan utilizarlo con la misma calidad y fiabilidad, convirtiéndose en una especie de proveedor mayorista de búsquedas. Asimismo, tendría que proporcionar información detallada a los anunciantes sobre el rendimiento de sus campañas, aumentando la transparencia en su negocio publicitario.

Un desafío para Google y su modelo de negocio

Las medidas propuestas han sido duramente criticadas por la compañía. Google asegura que separar Chrome y Android “rompería” ambos productos y afectaría negativamente a los consumidores. También ha advertido que compartir datos con competidores pondría en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios.

El Departamento de Justicia y Google presentarán sus argumentos finales entre diciembre y abril, antes de la decisión del juez Mehta. El caso, iniciado durante la administración Trump, podría resolverse con el expresidente nuevamente en el poder, cerrando un ciclo en la histórica batalla entre Washington y Silicon Valley.

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Los dos españoles llegaron a Lituania el pasado septiembre con la intención de incendiar las instalaciones de producción de una empresa privada
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Imagen: Shutterstock

Dos ciudadanos españoles han sido detenidos en Letonia y extraditados a la vecina Lituania, donde eran buscados por presuntamente planear un acto terrorista, según ha informado este martes la Fiscalía General lituana en un comunicado. Los dos españoles, de cuya identidad no se conocen más detalles, llegaron a Lituania el pasado septiembre con la intención de incendiar las instalaciones de producción de una empresa privada en la ciudad de Siauliai, en el norte del país, así como material en el exterior de la misma.

Tras fracasar en su intento y para escapar de las fuerzas de seguridad lituanas, intentaron esconderse en Riga (capital de Letonia), donde fueron detenidos por efectivos del Servicio de Seguridad del Estado. Poco después, fueron entregados a Lituania «en virtud a una euroorden» emitida por este país báltico y actualmente «se encuentran bajo custodia y continúa la investigación previa al juicio», ha precisado la Fiscalía General, que no ha querido brindar más detalles para no perjudicar el «éxito» de la misma.

La investigación se enmarca en el apartado 2 relativo a «terrorismo» del Código Penal lituano. Los dos investigados por la Justicia lituana se encuentran en Kaunas, una ciudad situada en el centro del país, según han indicado fuentes del Ministerio de Exteriores español, sin entrar en más detalles más allá que, como es habitual en este tipo de situaciones «la Embajada española tiene conocimiento del caso y está prestando la asistencia consular necesaria» a ambos.

Acusaciones a Rusia

El ministro del Interior de Lituania, Laurynas Kasčiūnas, ha asegurado que para aclarar todos los detalles «es necesario rastrear sus redes para saber cómo lo hicieron y quién está detrás». Aunque parece tenerlo bastante claro: «Sabemos a quién atribuirlo y todo apunta que Rusia está detrás«.

«Se puede decir que forma parte de la misma categoría de incidentes que han ocurrido antes», declaró Kestutis Budrys, asesor jefe de seguridad del presidente lituano, Gitanas Nauseda, a la cadena LNK. «Tenemos un adversario que tiene la capacidad de planificación, que tiene los recursos, que puede actuar globalmente y que está muy extendido en términos de Europa continental y que ha puesto la vista en objetivos en Lituania», afirmó en alusión a Rusia además a la televisión pública LRT. Asimismo, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, “quiere transferir la tensión a nuestro patio trasero”, afirmó.

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Biden ha acelerado las ayudas antes de la llega de Trump a la Casa Blanca, además de permitir el uso de minas antipersonas
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Imagen: EFE

En los últimos meses de su mandato, el presidente Joe Biden ha decidido eliminar las limitaciones impuestas al uso del armamento enviado a Ucrania. Durante gran parte de los dos años y medio de guerra, Estados Unidos restringió ciertos equipos bélicos, argumentando que podrían provocar represalias rusas desproporcionadas.

Con el fin de su administración acercándose y la previsible llegada de Donald Trump, que podría alterar la política actual, el demócrata ha dado luz verde a medidas antes impensables: la autorización del uso de misiles de largo alcance dentro de Rusia el pasado fin de semana y, este miércoles, el empleo de minas antipersona por las fuerzas ucranianas. Washington considera que los beneficios estratégicos de estas decisiones superan los riesgos.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, también ha confirmado que Ucrania podrá utilizar minas diseñadas para desactivarse con el tiempo, minimizando los riesgos a largo plazo para civiles.

Una carrera contrarreloj para reforzar a Ucrania

El Gobierno estadounidense ha intensificado las entregas de equipamiento militar a Kiev. Esta semana, se anunció una venta por 100 millones de dólares en material militar y un nuevo paquete de ayuda por 275 millones de dólares, que incluye municiones para sistemas de cohetes y artillería, así como armas antitanque.

Restan 6.000 millones de los 61.000 aprobados por el Congreso la pasada primavera, y la administración Biden planea adjudicarlos antes del 20 de enero, fecha del traspaso de poder. Estas acciones buscan fortalecer a Ucrania en el campo de batalla y prepararla para posibles negociaciones de paz con Rusia.

La decisión también responde a la incertidumbre sobre el futuro apoyo estadounidense, ya que Trump, quien asumirá la presidencia, ha prometido revisar la ayuda militar a Ucrania y buscar un acuerdo inmediato para finalizar la guerra.

Rusia avanza en Donetsk con apoyo norcoreano

Mientras tanto, en el frente de batalla, la guerra ha alcanzado los 1.000 días en una fase en la que Rusia mantiene la iniciativa. Las fuerzas rusas, reforzadas con 11.000 soldados norcoreanos según Washington, han intensificado sus ataques en la región de Donetsk, utilizando drones y misiles lanzados desde territorio ruso.

El secretario Austin señaló que, ante los avances de la infantería rusa, Ucrania necesita armas que frenen este tipo de incursiones. Las minas antipersona no persistentes, fabricadas en Estados Unidos, permitirán bloquear a las tropas enemigas con mayor efectividad y seguridad que los dispositivos improvisados utilizados por los ucranianos.

Misiles en territorio ruso: el fin de una línea roja

El levantamiento de restricciones incluye el uso de misiles ATACMS con un alcance superior a 300 kilómetros, que pueden impactar en territorio ruso. Estados Unidos ha autorizado estos ataques con el objetivo de neutralizar lanzamientos de cohetes desde Rusia, especialmente en Kursk, y advertir a Corea del Norte sobre su implicación en el conflicto.

Anteriormente, Washington había permitido el uso de misiles HIMARS, de menor alcance, pero la decisión de extender las capacidades ofensivas marca un cambio en la estrategia de apoyo a Ucrania. Esta medida, más que cambiar el curso de la guerra, busca aumentar la presión sobre Moscú y disuadir futuros refuerzos norcoreanos.

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El día que estalló la DANA en valencia, Carlos Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, a la que supuestamente le ofreció el cargo que abandona ahora Costa
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Imagen: El exdirector de la radiotelevisión pública valenciana Alfred Costa. Jesús Císcar

El director general de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, Alfred Costa, ha renunciado de forma irrevocable este miércoles al cargo por “motivos personales” ante el Consell Rector del conglomerado público de comunicación. El director permanecerá en el puesto hasta el próximo 8 de diciembre y después tomará las riendas del canal de forma provisional el presidente del Consell Rector, Miquel Francés.

Costa ha asegurado que su decisión es “fruto de una profunda reflexión personal y profesional” y ha mostrado su deseo de que su dimisión “permita acelerar el proceso de transformación de los medios públicos de comunicación que prevé la nueva ley”, aprobada hace unos meses por PP y Vox y que somete la elección del director general a la decisión del consejo de administración de À Punt en lugar de a un concurso público.

El directivo ha remitido un comunicado en el que pone en valor “el esfuerzo titánico y el sacrificio personal de una buena parte de las plantillas y de los equipos directivos durante la extraordinaria cobertura de la DANA del 29 de octubre”. “La cobertura realizada nos ha permitido reconectar como nunca con buena parte de la ciudadanía. Nunca nuestros valores de transparencia, independencia y proximidad han resonado tanto en las casas de centenares de miles de valencianos que han confiado en À Punt para informarse”, expone.

Costa comunica su decisión diez días después de que Presidencia confirmara que Carlos Mazón comió el día de la DANA con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle ser la directora del ente. El presidente estaba sondeando a la periodista para que optara al puesto de Costa en la empresa pública que reemplazará a la actual À Punt, un puesto que debe proponer el Consejo de Administración, que todavía no se ha creado ni votado en las Corts Valencianes.

La nueva ley que regula À Punt

Costa se marcha un año y medio antes de que expire su mandato —fue reelegido por tres años más en 2023—, en un momento en el que los espectadores han valorado positivamente la cobertura que ha dado el conglomerado público a la DANA que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. 

El Consell Rector de la Corporación Valenciana de los Medios de Comunicación (CVMC) eligió en 2020 a Costa como nuevo director general de la plataforma de comunicación autonómica. Su reto era aumentar el índice de audiencia y los ingresos publicitarios del conglomerado que sucedió a Canal 9, cerrada por el Gobierno del PP en noviembre de 2013.

La nueva ley que regula À Punt, aprobada a mediados de este año con los votos de PP y Vox, y que los grupos de la oposición —PSPV y Compromís— interpretaron como un elemento de control informativo, sustituye a la que se aprobó en 2016 y que dio origen a este nuevo conglomerado de comunicación público. La norma en vigor prevé la sustitución del actual Consell Rector del ente por un Consejo de Administración, elegido mayoritariamente por las Cortes Valencianas. Contaría con ocho sillones, la mayoría elegidos con el apoyo de tres quintas partes del Parlamento autonómico y, en caso de no haber consenso, por mayoría absoluta.

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