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La policía brasileña detuvo este martes a cinco personas relacionadas con el intento de asesinato a Lula da Silva en 2022, entre las que se encuentra un exalto cargo del gobierno de Bolsonaro
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Imagen: Lula Da Silva, presidente de Brasil-EFE
La policía brasileña ha detenido este martes a un general retirado y ex alto cargo en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del país acusados de planificar el asesinato, a finales de 2022, del entonces presidente electo, Lula da Silva, y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Además del general, que fue número dos de la secretaría general de la Presidencia, han sido arrestados tres tenientes coroneles y un policía federal, según la Policía Federal.
La trama, parte de un intento de golpe de Estado para impedir el regreso de Lula al poder, también incluía la detención y posterior asesinato del juez Alexandre de Moraes, que en ese momento presidía el Tribunal electoral y es miembro del Tribunal Supremo.
La revelación por parte de la Policía Federal de los planes de asesinato ha coincidido con el segundo día de la cumbre del G-20, que reúne en Río de Janeiro a los líderes de las principales economías del mundo.
El general que trabajaba en Presidencia elaboró el plan para matar a Lula en el palacio de Planalto, donde despachan los mandatarios. Varios de los sospechosos pertenecen a un grupo llamado kids pretos (chavales negros), formado por militares de la órbita del expresidente Bolsonaro entrenados en las fuerzas especiales.
La investigación policial señala que los sospechosos elaboraron sus planes a partir de una reunión que se celebró en diciembre de 2022, el mes previo a la toma de posesión de Lula, en casa del militar retirado Walter Braga Netto, que fue ministro de Defensa con Bolsonaro. Braga Netto es uno de los generales acusados por la policía hace meses de urdir un golpe de Estado. El expresidente de la derecha radical es otro de los investigados por la trama y está sometido a medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de viajar al extranjero.
La acusación policial señala que los arrestados barajaron la idea de envenenar a Lula: “Para la ejecución del presidente Lula y teniendo en cuenta su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a los hospitales, sopesaron la posibilidad de recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico”. También elaboraron un amplio listado de armamento para llevar a cabo sus planes.
Tras la derrota electoral de Bolsonaro, el núcleo más radical de sus seguidores reclamó una intervención militar y, en enero de 2023, cuando Lula llevaba una semana de vuelta a la presidencia, asaltaron violentamente la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Más de 200 personas han sido condenadas y encarceladas por participar en los actos golpistas, pero ninguno de los acusados de organizarlos, instigarlos o financiarlos se ha sentado por ahora en el banquillo.
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Las farmacias han dispensado un15% menos de unidades que el año anterior, una situación que se incrementa desde la pandemia de la COVID19
The post Descienden las ventas de preservativos en España first appeared on Hércules. Hasta finales de octubre de 2024, las farmacias españolas han vendido poco más de 25 millones de preservativos, lo que supone una caída del 15,34% respecto a 2023. Según datos de la consultora Iqvia, el descenso es parte de una tendencia prolongada desde 2019, cuando se dispensaron más de 39 millones de unidades. Cabe destacar que estas cifras no incluyen ventas realizadas en e-commerce y parafarmacias.
Mientras las ventas de preservativos disminuyen, las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen en aumento. Los farmacéuticos Raquel Carnero y Luis Marcos, autores de Lo que no te esperas del sexo, subrayan un cambio en los hábitos: “El preservativo ha dejado de usarse tanto en jóvenes como en mayores de 50 años. Los jóvenes lo asocian solo con la prevención del embarazo, ignorando su eficacia contra la mayoría de las ITS”.
Ambos expertos, que imparten charlas en centros educativos, alertan sobre una falta de percepción del riesgo, especialmente entre los jóvenes: “Muchos no han oído hablar de estas infecciones. Además, el uso de apps de citas ha transformado las dinámicas de socialización”.
El informe del Ministerio de Sanidad de 2023 revela un incremento sostenido de ITS, con casos de gonorrea disparados de 3.315 en 2013 a 34.401 en 2023. Carnero resalta las graves consecuencias de no tratar estas infecciones, como problemas de fertilidad en mujeres afectadas por clamidia.
El único aumento reciente en la venta de preservativos ocurrió en 2023, con un alza del 4,37%, atribuida por expertos a la liquidación de stock próximo a caducar. Sin embargo, las percepciones de los farmacéuticos varían según la ubicación.
En farmacias urbanas, como la de Beatriz Navas en Madrid, las ventas se han mantenido estables. En contraste, en áreas rurales, como la farmacia de Jaime Espolita en Amieva (Asturias), apenas hay demanda: “En un año y medio, solo he vendido una caja. En los pueblos, la mayoría de la población es mayor”.
Durex, Control y Prime lideran el mercado de preservativos. Según Control, el 50% de las ventas ocurre en supermercados, un 39% en farmacias y un 11% online. La compañía destaca un enfoque en la calidad de los productos y en la diversificación de formatos, más allá de las cifras de consumo.
En mayo, el Gobierno anunció la financiación de preservativos para jóvenes entre 16 y 22 años, con un presupuesto de 22 millones de euros. Aunque valoran positivamente la iniciativa, expertos como Carnero y Marcos advierten que la distribución de preservativos debe ir acompañada de una educación integral en salud sexual: “No basta con entregar preservativos. Es esencial que los jóvenes comprendan los riesgos y reciban información clara sobre prácticas seguras y atención médica”.
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La oposición, formada por Compromís y el PSPV-PSOE, puso el foco en la titular de Justicia e Interior Salomé Pradas, que no ha celebrado una rueda de prensa en semanas
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Imagen: La consellera de Justicia, Salomé Pradas, en la comparecencia de Mazón el pasado viernes en las Corts. / M.A. Montesinos
PP y Vox han rechazado la propuesta de los grupos de la oposición para celebrar un pleno extraordinario en el que los consellers implicados en la gestión de las inundaciones del pasado 29 de octubre den cuenta de sus actuaciones. En concreto, la oposición puso el foco en la titular de Justicia e Interior Salomé Pradas, que no ha celebrado una rueda de prensa en semanas, al margen de sus declaraciones en À Punt donde dijo que no conocía el sistema de alerta a los teléfonos móviles.
El pleno de las Corts Valencianes de la próxima semana, previsto para el miércoles y el jueves, debatirá las propuestas de los distintos grupos parlamentarios para investigar la gestión de la DANA, pero no incluirá la comparecencia de ningún conseller. PSPV y Compromís exigen que hable la consellera de Emergencias ante las vagas explicaciones del presidente de la Generalitat Carlos Mazón en el pleno monográfico del pasado 15 de noviembre, la primera sesión desde la riada.
Según afirman PP y Vox, no tiene sentido que se pida una comparecencia si no saben si la semana que viene Pradas seguirá siendo consellera. Ambos se escudan en la remodelación que está realizando el presidente Mazón, que comunica a diario y por nota de prensa cambios en el Ejecutivo.
Desde el domingo, ha habido tres cambios en el Consell que aún no se han publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Susana Camarero asume la portavocía del Consell, Marián Cano será la consellera de Industria en lugar de Nuria Montes y el teniente general Francisco Gan Pampols será vicepresidente para la reconstrucción. Todavía no se sabe nada sobre el futuro de Salomé Pradas, aunque las presiones para que cese son constantes en el partido y en el Ejecutivo.
El portavoz socialista José Muñoz ha denunciado que “el PP ha puesto un cerrojazo a la comparecencia de Pradas” ya que “Mazón está tratando como una suerte de testigo protegido” lo sucedido el día de la DANA y los días posteriores. “Es la persona que sabe qué ocurrió ese día”, en parte, porque intentó ponerse en contacto varias veces con Mazón sin conseguirlo. “Ella sabe cuántas veces habló con él y puede responder a si no lo pudo localizar, si le dio indicaciones y por qué no se adoptaron decisiones como el envío de la alerta”, ha insistido el socialista.
Desde Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en acusar al PP de “bloquear las comparecencias” de consellers para celebrar “un pleno normal como si nada hubiera pasado”. “Es un auténtico escándalo”, ha aseverado, y ha criticado la “actitud ‘pagafantista’” de Vox con el PP, que permite que no se dé este pleno.
Los populares defienden que los consellers comparecerán en comisión cuando se les cite y que habrá una comisión de investigación donde Pradas pueda dar cuenta de los asuntos que le competen. “Todas esas comparecencias se van a dar”, ha afirmado su portavoz, Juanfran Pérez Llorca. Pérez Llorca ha negado que su grupo esté “blindando o escondiendo” a Pradas, quien “está haciendo su trabajo en el CECOPI”. “Todavía no hemos recuperado la normalidad, es lógico que estemos centrados en la reconstrucción y que después, por supuesto, todos los consellers que haga falta comparezcan. Y lo haremos de acuerdo al reglamento”, ha argumentado.
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Francia ha denunciado la tibieza en cuanto a la posición con Ucrania, la guerra en Gaza y Líbano y el retorno de Trump
The post El G20 cierra Brasil sin acuerdos concretos first appeared on Hércules. El G-20, que reúne a las economías más influyentes del mundo, concluyó este martes en Brasil su cumbre anual con una declaración conjunta que salvaguarda la unidad del grupo, pero queda lejos de abordar los desafíos globales con la contundencia que muchos esperaban. La reunión estuvo marcada por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y Líbano, y la expectativa del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La declaración final, publicada al cierre de la primera jornada, abogó por un alto el fuego en Gaza y por agilizar la ayuda humanitaria, sin mencionar a Israel o Egipto, los países que controlan los pasos fronterizos. Sobre Ucrania, el texto evitó referencias a la integridad territorial, limitándose a respaldar «esfuerzos hacia una paz justa y duradera».
Líderes como el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron su insatisfacción con el documento. Scholz criticó la falta de una condena clara a Rusia, mientras que Macron señaló al presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, por no haber logrado un consenso más firme. Según Reuters, la declaración fue cerrada por Lula mientras varios mandatarios clave, incluidos los de Estados Unidos, Francia y Alemania, no estaban presentes.
El segundo día de la cumbre se centró en el cambio climático, aunque estuvo eclipsado por la detención de cinco militares sospechosos de intentar atentar contra Lula. En su discurso, el mandatario brasileño pidió a las economías desarrolladas adelantar sus objetivos de neutralidad climática, proponiendo fijar metas para 2040 o 2045.
El documento final, sin embargo, evitó llamar directamente a abandonar los combustibles fósiles, una omisión significativa en el contexto de la crisis climática. Lula también impulsó un nuevo enfoque hacia la lucha contra la desigualdad, pleyromoviendo un impuesto al patrimonio de los «ultraricos» que cada país debería implementar según sus propias leyes fiscales. Los ingresos recaudados podrían destinarse a combatir el cambio climático y otros desafíos globales.
La inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca añadió incertidumbre a los debates. La declaración del G-20 defendió el multilateralismo y la gobernanza global, una postura que contrasta con el aislacionismo promovido por Trump, quien ya ha adelantado su intención de abandonar nuevamente el Acuerdo de París.
Para países emergentes como Brasil, el fortalecimiento del sistema multilateral pasa por reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y organismos como el FMI y el Banco Mundial para adaptarlos a los equilibrios actuales de poder. Sin embargo, las tensiones internas en el G-20, reflejadas en las posturas opuestas de líderes como Javier Milei, quien se mostró crítico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, complican el avance en esta dirección.
Para Lula, esta cumbre fue una oportunidad para destacar temas como el hambre y la pobreza, problemas que, según él, han quedado relegados en un contexto internacional marcado por conflictos y crisis. La próxima gran cita climática, la COP30, que se celebrará en Belém el próximo año, será otra ocasión para que Brasil reafirme su liderazgo en la lucha contra el cambio climático y en la cooperación internacional.
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Según explican, llevan ya tiempo sin tener suministro de papel higiénico y los mandos les han instado a “traerlo de casa”
The post Agentes de la Guardia Civil en Canarias denuncian que le piden “traer de casa“ el papel higiénico first appeared on Hércules. La Guardia Civil de Canarias se encuentra en una situación única hasta la fecha. Y es que, los baños de las comisarias pasan meses sin limpiarse y desde administración hacen llamamientos para que sean los propios agentes quienes traigan de sus casas el papel higiénico.
Esta petición se hace debido a que hay una falta total de este. Miembros de la ‘agrupación de Tráfico’ en Las Palmas de Gran Canaria, quienes han denunciado que las empresas que han contratado el Ministerio del Interior para que se encarguen de la limpieza de las comisarias son escogidas en “ridículas licitaciones a ver quién lo hace más barato”.
Según fuentes cercanas a la Guardia Civil en Canarias, este cartel que denuncia la situación de los agentes fue colocado hace sólo unos días en la zona de vestuarios de la Agrupación de Tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Pero, como explican, no es el único destacamento afectado por este tipo de situaciones, cada vez más habituales en la región.
Fuente: Okdiario
Los agentes afectados han responsabilizado de manera directa a la empresa contratada por la Guardia Civil y a la administración del Cuerpo. Debido a que este último fue el encargado de licitar los contratos para hacerlos “lo más económicos posible”. De esta manera abre la puerta a la posibilidad de que la empresa rechaza hacer determinadas tareas, como es la limpieza de los balos o los vestuarios. Es decir, no hay presupuesto.
Según explican, llevan ya tiempo sin tener suministro de papel higiénico y los mandos les han instado a “traerlo de casa” para que cada uno tenga su propio rollo. Así figura también en ese “aviso” colocado en esa zona de vestuarios, que insta a los agentes a que “por falta de papel higiénico, los usuarios deberán autoproveerse del mismo hasta que la empresa de limpieza lo suministre”.
Según fuentes de OKdairio: “Cuando pasan estas cosas lo paga el guardia y así le sale gratis a la empresa”, señalan. “Si la empresa no pone el papel… ¿No sería más normal que lo ponga la Guardia Civil y le pase la factura a la empresa?”, se preguntan. Una “vergüenza”, denuncian desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Aunque no es la única denuncia que llega de este Cuerpo desde Canarias. También han denunciado que tienen un problema grave a la hora de reponer material y uniformes. Desde AGUC han denunciado que existen “prolongados retrasos en la entrega de uniformes destinados al cuerpo”.
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Javier Milei, que inesperadamente se convirtió en el presidente argentino, cumple un año al frente del país americano habiendo cumplido muchas de sus promesas de campaña
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Imagen: Javier Milei, presidente de Argentina-Europa Press
A un año de su inesperado triunfo en las presidenciales en Argentina, Javier Milei ha consolidado su imagen de político excéntrico, impulsivo e inflexible, y ha cumplido muchas de sus promesas de campaña, incluido un severo plan de ajuste y un inédito desguace del Estado que, sin embargo, no han dañado significativamente su popularidad.
“No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas”, dijo en la noche del 19 de noviembre de 2023 tras consagrarse con el 56% de los votos, en un discurso en el que prometió que cumpliría “a rajatabla” con los compromisos que había asumido durante la campaña.
Entre sus promesas estaban llevar a cabo un desmembramiento sin precedentes del Estado, una severa reforma laboral y tributaria y un cambio drástico en materia de política económica, incluido un plan de ‘shock’ con el principal objetivo de reducir la inflación.
“Con una motosierra en la mano, dijo cosas como ‘vamos a hacer un ajuste mayor al que pide el Fondo Monetario Internacional, la mejor salud es la privada, la mejor educación es la privada, vamos a sacar subsidios de las tarifas’, toda una serie de cosas que las terminó haciendo”, opina en una entrevista con EFE Juan Luis González, autor del libro ‘El Loco: Javier Milei, el hombre que obedece a su perro’, una biografía del ahora presidente. El líder argentino llegó a aquella elección no solo como una persona provocadora, disruptiva y ruidosa, sino como el único que ofrecía a los argentinos un camino radical hacia la estabilidad económica.
Tras un pico inflacionario en diciembre producto de una devaluación del peso tras asumir el cargo, las políticas de ajuste de Milei han desencadenado un proceso de desinflación que registra incrementos menores al 5% mensual desde mayo, algo que no sucedía desde hace años. Aún así, el aumento interanual del IPC se ubicaba en octubre por encima del 190%. Estas medidas han ido acompañadas de una fuerte recesión y un importante aumento de la pobreza, que en sus primeros seis meses de Gobierno escaló desde un 41,7% a un 52,9%.
La habilidad de Milei para construir una narrativa en torno al concepto de “la casta” ha sido clave en su llegada a la presidencia, al diferenciarse de los políticos tradicionales. Su capacidad para moldear la definición de esa “casta” durante estos 11 meses de gobierno le han permitido seguir presentándose como la única alternativa viable y así mantener sus niveles de popularidad, que se ubican en torno al 50%.
El propio presidente ha celebrado el primer aniversario de su llegada a la Casa Rosada a través de un vídeo en X en el que recuerda su triunfo sobre su rival, Sergio Massa, logrando más de un 55% de los votos. En el mensaje, expresa lo siguiente: “El inicio de la reconstrucción. Viva la libertad carajo”.
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El comité de empresa asegura que la dirección les amenaza con descontar el dinero de sus nóminas si antes del próximo 30 de noviembre no han cubierto las ocho horas que no trabajaron el pasado 13 noviembre
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Imagen: La dana deja desalojados, un río desbordado y un AVE descarrilado en Álora en octubre / Jorge Zapata
El miércoles 13 de noviembre, Málaga amaneció con los negocios cerrados, los colegios sin niños, las empresas sin trabajadores y las carreteras vacías. Desde las diez de la mañana de ese día, la AEMET había activado el nivel rojo -el máximo- por las fuertes lluvias torrenciales que iban a azotar la ciudad con la llegada de una DANA que afectaría a parte del Mediterráneo.
La noche anterior, la Junta de Andalucía había enviado una alerta a todos los teléfonos móviles de los malagueños para advertir de la intensa lluvia que iba a descargar sobre la zona. Se pedía no salir de casa, se suspendían las clases en colegios e institutos, así como en la Universidad de Málaga, y hasta cuatro mil vecinos de la ribera del río Guadalhorce de cuatro localidades de la provincia -incluida la propia capital- habían sido desalojados de forma preventiva ante el temor de desbordamientos y riadas.
A pesar de esta situación y de todos los avisos, los casi 170 trabajadores de la compañía de telefonía móvil DIGI en esta provincia tendría que haber acudido a su puesto de trabajo ese miércoles. Así se desprende de la respuesta que recibieron de la dirección de su empresa al día siguiente de que la lluvia descargara con fuerza. Ahora, esos trabajadores se encuentran con que DIGI les reclama trabajar las ocho horas en las que no estuvieron en su puesto.
El presidente del comité de empresa Manuel Jiménez, la misma noche del martes 12 de noviembre -una vez recibido el aviso de la Junta de la alerta roja por la DANA-, realizó una consulta a su superior para advertir el protocolo a seguir. La orden era no ir el miércoles a trabajar. Eso fue lo que Jiménez trasladó a toda la plantilla: que debían quedarse en casa por la amenaza de fuertes precipitaciones.
Sin embargo, en la mañana del mismo miércoles, 13 de noviembre, a primera hora y cuando aún no se estaban registrando los efectos de la DANA, algunos empleados fueron avisados para acudir a su puesto de empleo. Un reducido número de estos profesionales decidió ir al trabajo, pero marcharse después a sus casas una vez que la lluvia cobró intensidad.
La jornada la pasaron refugiados en sus domicilios con las tiendas DIGI cerradas, sin prestar el servicio de atención al cliente o completar la instalación de fibra óptica para acceder a internet y a la telefonía. Así lo ha detalla el presidente del comité de empresa en una entrevista concedida a la SER.
Jiménez detalla que los responsables de la empresa les han dejado claro que si no se recuperan esas horas antes del próximo 30 de noviembre, habrá una reducción de la nómina de este mes. Algunos empleados ya han recuperado parte de esas horas entre el jueves y el viernes, “pero no en sábado porque nosotros trabajamos 39 horas semanales de lunes a viernes, pero no los sábados”, aclara el presidente.
El asunto ha sido denunciado por los empleados que ahora estudian acudir a la Inspección de Trabajo sin descartar incluso la vía judicial. Son ocho horas de trabajo que la plantilla, según el comité, no considera que deba recuperar tras lo ocurrido en plena alerta roja por lluvias.
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Las organizaciones promotoras de la histórica marcha que reunió a 130.000 personas el pasado 9 de noviembre anuncian una nueva protesta para exigir la salida del president
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Imagen: Manifestación en Valencia contra Mazón. EP
Las organizaciones convocantes de la histórica manifestación que el pasado 9 de noviembre reunió a unas 130.000 personas en Valencia para exigir la dimisión del president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la DANA vuelven a la carga. La comisión organizadora de aquella protesta, compuesta por más de 60 entidades sociales, ha pactado convocar una nueva marcha con la que mantener la presión de la calle sobre el jefe del Consell. La nueva fecha será el 30 de noviembre y un día antes, cuando se cumple un mes de la riada, se realizarán concentraciones a las 20:11 horas, la hora exacta en la que sonó la alarma de Protección Civil.
Así lo ha informado este martes Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, una de las entidades que forman parte de la comisión organizadora de la protesta, a la que se han unido alrededor de setenta entidades. Cardona ha explicado que el 29 de noviembre convocarán concentraciones en los municipios a las 20:11 horas y realizarán una acción aún por concretar: “O un silencio sepulcral o haremos que suenen las alarmas de los móviles intentando reproducir el sonido de la alerta.
Según concreta, municipios como Castellón, Valencia, Alicante y Elche ya han confirmado que realizarán esta concentración. No obstante, prevén que sean muchas más las que se sumen, al igual que hicieron el pasado 9 de noviembre.
Para el 30 de noviembre, al ser sábado, están organizando otra «gran manifestación» en Valencia, que podría ser también replicada en Alicante y Elche. Por el momento no han concretado el lugar y la hora en la que se celebrará esta marcha en la que pedirán la salida de Mazón. Además, también están estudiando la posibilidad de articular algún tipo de cadena humana, aunque aún no lo han determinado.
Una multitudinaria manifestación de 130.000 personas recorrió Valencia el pasado 9 de noviembre para protestar por la gestión “negligente” del temporal que el pasado 29 de octubre arrasó la comunidad y se llevó la vida de más de 200 personas de distintos municipios. Fue la manifestación más masiva de la historia de Valencia desde la que se convocó contra la guerra de Irak en 2003.
“El president, a [la cárcel de] Picassent”, gritaban los manifestantes, muchos de ellos con pancartas en las que destacaban la larga comida que tuvo el líder del Ejecutivo valenciano mientras decenas de pueblos ya se estaban inundando. “Nos sentimos abandonados”, rezaba otro de los carteles que se veían frente al Ayuntamiento de Valencia. “Estoy aquí por los que no pueden venir”, clamaba otra.
Una vez llegó la marcha al Palau de la Generalitat, algunos manifestantes lanzaron barro, chocolate, huevos y pintura contra el edificio histórico, en cuyas paredes realizaron también varias pintadas con lemas como “Mazón asesino” y “Mai més” (“Nunca más”) con pintura negra, junto a siluetas de manos en rojo. A la mañana siguiente, un grupo de operarios retiró a primera hora toda la suciedad.
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Entre las causas están la excesiva burocracia, la falta de recursos y el aumento de la conflictividad en los centros
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Imagen: Movilizaciones de profesores-Europa Press
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda «desbordados» por una sobrecarga de tareas asistenciales y de burocracia, así como por el aumento de la conflictividad en los centros, ha denunciado este martes la oficina del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. En la presentación de su último informe nacional, correspondiente al curso 2023/2024, el sindicato revela que el 69% de los docentes que acudieron a su servicio de ayuda lo hizo con ansiedad, un 16,1% estando de baja laboral y un 13,4% con depresión, una cifra ligeramente superior al año anterior (12,7%).
«La alta incidencia de los problemas asociados a la salud mental del colectivo está muy vinculada a la creciente sobrecarga burocrática y a la falta de recursos para afrontar los retos educativos», ha denunciado la vicepresidenta de ANPE, Sonia García. Esta situación se produce principalmente por cambios normativos, plantillas insuficientes, tanto de docentes como de administración, así como «la puesta en marcha de proyectos y coordinaciones sin consignación presupuestaria ni personal que multiplican las tareas que debe realizar el personal docente y les provocan estrés y desmotivación», señala el informe.
«Cada vez nos llaman más docentes llorando. Eso nos pone en alerta y nos preocupa», ha destacado Teresa Hernández, coordinadora del servicio de Defensor del Profesor, oficina que el sindicato ANPE abrió hace 19 años en Madrid y que está implantada ya en todas las Comunidades Autónomas, quien denunció la «inacción de la Administración» para dar solución a estos problemas.
El informe de este año incide en señalar una «complejidad cada vez mayor» de los casos de conflictividad abordados, así como el impacto que estos tienen en la salud mental del profesorado. En concreto, destacan que los profesores de primaria y en infantil atendidos son los que más ansiedad presentan (75,8% y 69,6%, respectivamente), así como los que más bajas sufren (20% en infantil) algo que achacan a unas «condiciones laborales inadecuadas».
En los centros de educación secundaria, por su parte, el sindicato achaca el desborde del profesorado a aulas cada vez más diversas e inclusivas en las que se detectan más alumnos con problemas, pero se denuncia la falta de orientadores y de recursos para la coordinación del bienestar. «La administración implanta protocolos, por ejemplo, contra ideaciones suicidas o violencia, pero no dota a los profesores de recursos para afrontarlos», denunció el sindicato.
El informe señala que los incidentes reportados por el profesorado se dividen en problemas con los alumnos, problemas con los padres y otros problemas. Un aspecto positivo es que los conflictos relacionados con el alumnado disminuyen ligeramente en términos porcentuales respecto al año anterior, del 43,3% al 41,3%, aunque en términos absolutos subieron las agresiones de alumnos a profesores, de 138 a 157 el pasado curso escolar.
«Un dato preocupante», según el informe que señala que los incidentes más habituales con el alumnado son, por este orden, las dificultades para dar clase, las faltas de respeto, las falsas acusaciones y las amenazas.
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