Crónica Diaria

La OCU ha denunciado a la AESAN 11 complementos alimenticios de venta online con alegaciones adelgazantes irregulares, algunos adulterados con efedrina. Insta a tomar medidas para evitar su comercialización y advierte sobre los riesgos de estos productos.
The post La OCU denuncia a 11 complementos adelgazantes first appeared on Hércules.  La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) hasta 11 complementos alimenticios de venta ‘on line’ que anuncian efectos adelgazantes por irregularidades en sus alegaciones y, en uno de ellos, por estar adulterado con efedrina.

En total se han analizado 22 productos, y de los 11 denunciados el problema más común, observado en 7 complementos, son las supuestas alegaciones adelgazantes de las especies botánicas que contienen, una práctica no admitida por la propia AESAN al tratarse de alegaciones bajo estudio y pendientes de aprobación por la Comisión Europea.

OCU las ha detectado en siete productos: Bloqueador de carbohidratos de Q77+, Detox+ Slim de Unik Health & Nutrition, Figu-Line de Laluz, Lipo 7 de Invictus Red Line, Lipostil 4 en 1 de Denipharma, Natur Cleanser de N2 Natural Nutrition y Proslim-20 de Detoxify. Por ejemplo, “La garcinia contribuye al control del peso y del apetito”.

Otro problema común son las alegaciones incompletas, que obvian el ingrediente que podría justificarlas, una práctica observada por OCU en BeFIT de Healthy Fusion y Drenaslim de Balance Nutrition; como por ejemplo “Elimina la grasa corporal”. O las alegaciones inventadas, que no aparecen en el registro europeo de alegaciones, detectadas en Bloqueador de carbohidratos de Q77+ y en Natuslim de Natusure; como por ejemplo “El folato es esencial para el buen funcionamiento del metabolismo energético”.

Pero también las alegaciones directamente no autorizadas en dicho registro, que incluyen Adiós Kilos Rapid de Healthy Fusion y, de nuevo, Bloqueador de carbohidratos de Q77+; como por ejemplo “El cromo promueve el metabolismo y contribuye al control de peso”.

En el mismo análisis, la Organización de Consumidores y Usuarios detectó un problema si cabe más grave, ya denunciado, como es la presencia de efedrina en el complemento Fasterdetox, un principio activo de uso exclusivo en medicamentos que puede causar hipertensión y arritmias.

OCU considera muy preocupante el mal uso de las alegaciones de salud en complementos alimenticios presuntamente adelgazantes y así se lo ha transmitido a la AESAN para que lo corrija, abra los preceptivos expedientes sancionadores y, en colaboración con las CCAA, evite que estos productos se ofrezcan en las webs españolas. Al tiempo que urge a la Comisión Europea para que decida sobre la autorización de más de 1.500 alegaciones de salud de distintas especies botánicas, muchas de las cuales pueden encontrarse en estos complementos, y que está pendiente desde 2012.

Por último, OCU aconseja a los consumidores desconfiar de los complementos adelgazantes, especialmente cuando se venden online y anuncien propiedades muy exageradas o testimonios de expertos poco conocidos. Y recuerda que natural no es sinónimo de inocuo: la presencia de ingredientes vegetales puede suponer un riesgo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los enfermos y las personas polimedicadas. Si se desea adelgazar, lo ideal es seguir una dieta saludable, practicar algún tipo de actividad física y el soporte de un profesional.

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El acusado reconoce los hechos y la Fiscalía rebaja en dos años su petición de prisión. El acusado tuvo una participación determinante en la elaboración de aparatos incendiarios y artefactos explosivos
The post El etarra Trotiño condenado a 6 años de prisión por sus acciones de Kale Borroka first appeared on Hércules.  La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a seis años de cárcel a Jon Joseba Troitiño Ciria, el sobrino del histórico integrante de ETA Antonio Troitiño, por transportar artefactos incendiarios que fueron utilizados tras una manifestación de Euskal Herritarrok (EH) convocada en abril de 2001 bajo el lema ‘La autodeterminación es la paz’ en una acción propia de la ‘kale borroka’.

El acusado ha reconocido este jueves en la vista oral seguida en su contra su participación en los hechos, lo que ha llevado a la Fiscalía a rebajar en dos años –de los ocho que pedía inicialmente– su petición de condena, con la que Troitiño se ha mostrado conforme.

En este sentido, y después de que su defensa no se haya opuesto, el presidente del tribunal, el magistrado Fernando Andreu, ha dictado sentencia oral condenándole a seis años de prisión como autor de un delito de estragos y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y sus componentes con finalidad terrorista. El fallo, declarado firme después de que ninguna parte haya anunciado su intención de recurrir, también impone a Troitiño una pena de inhabilitación absoluta por un periodo de 16 años.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público relataba que tras la citada manifestación, que tuvo lugar en San Sebastián, hubo llamadas al centro de atención de emergencias que informaban de la existencia en la Parte Vieja de un grupo de encapuchados que transportaban varias cajas.

Posteriormente, se recibió otra llamada en la que otro particular informaba de que un grupo de encapuchados había incendiado unos contenedores. La Fiscalía detallaba que, trasladados diversos efectivos policiales a la zona, comprobaron que ardían tres contenedores, y que tras apagar las llamas observaron que en su interior había restos de 10 artefactos inflamables.

Material ofensivo para acciones terroristas

Sobre las cajas que movían los encapuchados, el fiscal indicaba que las mismas contenían 30 artefactos incendiarios (cócteles molotov) y 39 cohetes pirotécnicos, material “que habitualmente se utilizaba en las acciones de desórdenes públicos y actos de sabotaje de la izquierda abertzale”.

Según la Fiscalía, de la investigación se pudo determinar que Troitiño Ciria participó en el transporte de esos artefactos dado que se identificaron sus huellas dactilares en los mismos.

Y explicaba que esos artefactos incendiarios de iniciación química, habitualmente denominados de seguridad, elaborados con frascos de vidrio estaban llenos de una mezcla de líquido inflamable y ácido sulfúrico, e introducidos en bolsas de plástico negro que a su vez contenían clorato de sodio granulado (herbicida).

Esto permitía que la acción incendiaria se lograra cuando el recipiente se rompía al impactar contra el objetivo, facilitando al lanzador ejecutar la acción sin manejar llama alguna. “Los daños ocasionados por estos artefactos lo son por un doble efecto: el causado por las llamas del líquido inflamable y el ocasionado por la corrosión del ácido sulfúrico”, añadía el Ministerio Público.

Trotiño acumula ya condenas previas en Francia

La Fiscalía recordaba que Troitiño Ciria ya había sido condenado en Francia a 6 años de prisión por hechos cometidos en julio de 2005, y en concreto por varios delitos que incluyen el transporte prohibido de municiones, armas o elementos de categoría, y por un delito de participación en una asociación ilícita con la intención de preparar un acto terrorista.

Recogía asimismo que la propia Audiencia Nacional le condenó en 2011 a 268 años de cárcel por su participación en los atentados contra los hoteles Bahía de Alicante y Nadal de Benidorm perpetrados el 23 de junio de 2003 y que ocasionaron catorce heridos. Troitiño Ciria, natural de San Sebastián, nacido el 20 de enero de 1980, fue arrestado en Francia en julio de 2005 junto a Oier Gonzalez Bilbatua, Urtzi Zubizarreta Lizundia y Zuhaich Erraste Goiti.

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Tras su publicación esta semana en el BOCM, ahora disponen de dos meses para solicitar hasta 200.000 euros. Estas ayudas son para reparar daños
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La Comunidad de Madrid ha informado a los alcaldes de los municipios más afectados por las recientes lluvias sobre la nueva línea de ayudas económicas, que ascienden a un total de 10 millones de euros. Este apoyo financiero busca reparar infraestructuras dañadas por las intensas precipitaciones registradas en marzo, incluyendo carreteras, puentes y edificios públicos.

Para ello, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se reunió en la Real Casa de Postas con más de treinta alcaldes de localidades de menos de 20.000 habitantes. Durante el encuentro, se explicaron los detalles de esta subvención y los requisitos que deben cumplir los ayuntamientos para acceder a ella. Los municipios interesados tendrán un plazo de dos meses para presentar un informe donde describan los daños sufridos, las acciones necesarias para su reparación y una estimación de los costos. Cada localidad podrá solicitar hasta 200.000 euros.

Las ayudas tienen el propósito de facilitar una rápida recuperación de las infraestructuras dañadas 

El Gobierno regional ha destacado que estas ayudas tienen el propósito de facilitar una rápida recuperación de las infraestructuras dañadas. En este sentido, se ha establecido que los proyectos aprobados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses. Además, la Comunidad de Madrid adelantará el 100% del importe aprobado, lo que permitirá a los ayuntamientos actuar con agilidad en la restauración de los desperfectos o cubrir los gastos de intervenciones ya realizadas.

El consejero García Martín subrayó que esta medida refleja el compromiso del Ejecutivo madrileño con los municipios afectados por las inclemencias del tiempo. Asimismo, recordó que en 2023, tras la DANA que golpeó la zona suroeste de la región, el gobierno autonómico destinó 18 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras, logrando su recuperación en apenas un año y medio.

Publicación de las ayudas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Las ayudas fueron publicadas esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y están financiadas con cargo al Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional (PIR). Con esta nueva inversión, el gobierno autonómico busca garantizar la reparación de los daños causados por las lluvias, asegurando que los municipios puedan recuperar la normalidad lo antes posible y sin que sus recursos municipales se vean desbordados.

De esta manera, la Comunidad de Madrid reafirma su respaldo a los pequeños municipios que, debido a su limitada capacidad económica, requieren apoyo institucional para hacer frente a los efectos adversos de fenómenos meteorológicos extremos. Con esta iniciativa, se espera que las poblaciones más perjudicadas puedan reconstruir sus infraestructuras esenciales y retomar su actividad cotidiana con la mayor prontitud posible.

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La Comunidad de Madrid prorroga su convenio con el Ministerio de Defensa, mediante una dotación de 183 millones de euros el Hospital Gómez Ulla seguirá atendiendo civiles
The post Madrid continúa su convenio con Defensa para el Hospital Gómez Ulla first appeared on Hércules.  La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar por otros cuatro años el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa para garantizar la asistencia pública sanitaria en el Hospital Gómez Ulla. Esta medida permitirá que aproximadamente 100.000 ciudadanos de los distritos madrileños de Carabanchel y Latina sigan beneficiándose de la atención médica en este centro hospitalario. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión cercana a los 184 millones de euros para renovar el convenio vigente, que fue suscrito en 2021, extendiendo su duración hasta el 31 de diciembre de 2028.

El Hospital Central de la Defensa presta servicio a los residentes de las Zonas Básicas de Salud de Puerta Bonita, Vista Alegre, Los Yébenes y Los Cármenes. Estos ciudadanos pueden acceder a una amplia cartera de servicios médicos que incluye hospitalización, urgencias, consultas externas, cirugía mayor ambulatoria y Hospital de Día. Además, se ofrecen procedimientos especializados como revisión de marcapasos, hemodinámica diagnóstica, hemodiálisis, radioterapia, rehabilitación, telemedicina y tratamientos relacionados con la extracción e implantación de órganos y tejidos.

Diversas especialidades

El Gómez Ulla también se ocupa de la atención de pacientes con diversas patologías, como esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer, garantizando tratamientos adecuados para cada caso.

Este acuerdo de cooperación no solo se centra en la asistencia sanitaria, sino que también contempla actuaciones formativas dirigidas a personal de tropa y marinería, quienes podrán acceder a cursos de emergencias impartidos por el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112).

Asimismo, el convenio incluye medidas para optimizar los recursos sanitarios, destacando la colaboración en el desarrollo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud y la gestión de células madre de cordón umbilical.

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El proyecto, impulsado por Yolanda Díaz, obligará a las empresas a adaptar el puesto a los trabajadores.
El texto ahora pasara al senado.
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Yolanda Díaz I Europa Press

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Tiene el fin de eliminar la automaticidad de extinción del contrato laboral de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente. El texto, que pasa ahora al Senado, ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que lo ha rechazado. 

La norma ha culminado esta mañana su andadura en la cámara baja. “Esta medida supone un nuevo blindaje de los derechos de las personas con discapacidad y permitirá alinear nuestro marco laboral a los mandatos de la Ley de las personas con de Discapacidad. El objetivo es ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad, priorizando opciones como la adaptación del puesto de trabajo o el pase a otras funciones”, tal como resumió el departamento del ramo. 

Se podrá activar la causa de despido cuando haya una carga excesiva

De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea reformar el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente. 

En paralelo, se elimina la automaticidad de la extinción del contrato de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y “se condiciona la decisión empresarial a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación”. Esto es, “la empresa únicamente podrá activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva”.

Para este supuesto, se valorará de manera específica si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa. Asimismo, se otorga mayor protagonismo a los servicios de prevención de riesgos  laborales y la representación legal de los trabajadores, que colaborarán para determinar los ajustes necesarios para adaptar el puesto a la nueva situación o para seleccionar otros puestos de trabajo. 

CERMI aplaude esta aprobación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido esta aprobación por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, “discriminación histórica que aún subsistía” en el ordenamiento jurídico-laboral. “El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, añade.

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La Comunidad de Madrid sigue mostrando su indignación por los nuevos criterios de reparto de los menores extranjeros no acompañados
The post Madrid recurre ante el Constitucional los nuevos criterios del reparto de menores migrantes first appeared on Hércules.  La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de Ejecutivo central de modificar la Ley de Extranjería. A través de este cambio, los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS).  El Consejo de Gobierno dio ayer la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios que fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 18 de marzo.

Declaraciones de Ayuso

La Presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso ha exigido este jueves al Gobierno de España que tenga “control” sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan al país, con más de 2.000 atendidos en la Comunidad de Madrid, y que deje de “mirar a otro lado” afrontando el problema.

El problema, a su juicio, parte del volumen y de la inmigración “masiva”, algo que no ha hecho “más que empezar”. “Por eso creo que las soluciones no pasan por repartir a los menores”, ha defendido la presidenta, quien ha criticado que el Gobierno quiera que estén “hacinados” mientras luego da “lecciones de solidaridad”.

Vulneración de la Constitución

La Comunidad, a través de su Abogacía General considera que el Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Los MENAS, en opinión de la Comunidad serán desplazados por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia. La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se han realizado sin contar con las CC. AA.

Características del recurso

El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española). Además, exige la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años.

La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que llevamos de año, a un total de 937.

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Así lo ha expresado Pablo Fernández, junto con una decena de propuestas de resolución al Debate de Política General, entre las que se incluye la vivienda
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Pablo Fernández

Pablo Fernández, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, presentó una decena de propuestas de resolución al Debate de Política General. Entre las muchas cuestiones, se pide que las cortes insten a la Junta a reclamar al Gobierno central “no incrementar en modo alguno el gasto militar o en defensa“, y “a llevar de manera inmediata la salida de España de la OTAN”.

También Fernandez firma una propuesta de resolución en la que reclama a Junta que impulse los cambios normativos necesarios, tanto en los tributos cedidos en lo que la Comunidad tiene capacidad normativa como en los tributos propios, para  “lograr un modelo fiscal más progresivo, en el que pague más quien más tenga, gane o herede”.

La vivienda 

La vivienda también ha entrado dentro de una de sus propuestas. En este caso,  se solicita que el Gobierno autonómico implemente un parque público de vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, de al menos 20% en el mercado. 

En materia de igualdad, ha vuelto a proponer instar a la junta de Castilla y León a presentar un proyecto de ley autonómica LGTBI, esta vez  “antes de que finalice 2025”, una norma que, a su juicio, tiene que “dar protección y amparo a todas las personas de dicho colectivo y proteger sus derechos”. 

También ha perseverado en la necesidad de que la Junta reintegre “los recursos recortados en políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista con un incremento en las cuantías económicas de, al menos, un 60 por ciento”.

Incorporación de la interrupción voluntaria del embarazo 

Igualmente, ha insistido en que la Junta impulse la incorporación “de forma inmediata” de la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl, “garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público hospitalario de referencia de la mujer que precise este servicio”.

Propuestas relacionadas con comedores escolares 

De acuerdo a Europa Press, el procurador de Unidas Podemos ha reiterado, asimismo, sus propuestas de resolución relacionadas con los comedores escolares. En concreto, puede instar a la Junta a proveer al sistema educativo de comedores escolares como “medio de combatir la pobreza infantil” y defiende que estos abran “todo el año”.

En este contexto, demanda también que los centros públicos con cocina in situ  “sean los encargados de elaborar los menús ofrecidos en el conjunto de los centros de Castilla y León sostenidos con fondos públicos que ofrezcan servicio de comedor”.

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