Crónica Diaria

El Departamento de Defensa sigue atrapado en un ciclo de descontrol financiero y fraudes no resueltos. La GAO advierte que una auditoría limpia para 2028 es improbable sin un cambio estructural profundo
The post Pentágono sin control, miles de millones expuestos al fraude mientras fracasa otra auditoría first appeared on Hércules.  Desde hace años, el Departamento de Defensa de EE. UU. carga con una pesada herencia: desorden financiero crónico, supervisión deficiente y un historial de fraudes documentados. Según un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), ese panorama no ha cambiado. La agencia advierte que el Pentágono no ha tomado acciones efectivas para reducir su alta exposición al fraude, ni avanza con la urgencia requerida hacia una auditoría limpia, objetivo que, según el cronograma oficial, debería alcanzarse en 2028.

Desde que comenzó a exigirse legalmente en 2018, el Departamento ha fallado todas las auditorías anuales. Es la única de las 24 agencias federales que no ha conseguido una opinión sin reservas desde la promulgación de la Ley de Directores Financieros en 1990. Las promesas abundan, pero los resultados siguen sin materializarse. A pesar de más de 100 recomendaciones emitidas por la GAO en los últimos veinte años, la mayoría sigue sin resolverse. Las debilidades detectadas en la auditoría inicial de 2018, por ejemplo, siguen sin corregirse.

La GAO subraya que el ritmo actual de mejora es inadecuado y que el Departamento necesita actuar con mucha mayor rapidez si espera cumplir con la meta de 2028. Uno de los problemas más alarmantes es la ausencia de un sistema integral para gestionar el riesgo de fraude. Entre 2017 y 2024, el Pentágono reportó más de 10.800 millones de dólares en fraudes confirmados. Aunque representan solo una fracción del presupuesto, se cree que reflejan apenas la punta del iceberg. Casos escandalosos, como una cafetera de más de 7.000 dólares o un bote de basura de 52.000, ilustran una cultura de gasto sin control.

También se documentó un caso reciente en el que una empresa falsificó documentación para hacer pasar un componente militar defectuoso como apto. El problema fue detectado a tiempo, pero el error podría haber tenido consecuencias graves en el campo de batalla. Para expertos como Julia Gledhill del Centro Stimson, estas fallas sistemáticas indican que el objetivo de una auditoría sin salvedades para 2028 es poco realista sin reformas profundas.

Aun así, en lugar de frenar, el gobierno ha optado por acelerar. El presidente Trump ha pedido elevar el presupuesto del Pentágono a más de 1 billón de dólares, superando en 150.000 millones la solicitud de la administración anterior. Para Gledhill, esta decisión refuerza el riesgo: más dinero sin controles eficaces solo amplía el margen para el despilfarro y el abuso. Desde su punto de vista, el Congreso haría mejor en recortar fondos hasta que el Departamento demuestre una capacidad real de supervisión y gestión financiera.

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El Sindicato de Trabajadores del Acero Unidos (USW) amplía su presencia multisectorial y transnacional, pero enfrenta desafíos internos, oposición política y críticas por su bajo gasto en organización.
The post El paradigma del sindicalismo de EEUU, el caso de USW, un gigante que nada entre la complacencia y la movilización first appeared on Hércules.  Durante marzo de 2025, centenares de trabajadores de la planta de JSW Steel en Ohio optaron por afiliarse al Sindicato de Trabajadores del Acero Unidos (USW), sumándose a una tendencia de expansión sindical en sectores variados. Aunque su denominación completa revela su alcance multisectorial, el USW no lidera en tamaño, pero gana terreno con cada nueva incorporación. Ejemplos recientes lo evidencian: desde 2022, fábricas de Bobcat en Dakota del Norte, personal académico en la Universidad de Pittsburgh, empleados de Blue Bird en Georgia y mineros de Minnesota han reforzado sus filas. En total, el sindicato aglutina a 1,2 millones de trabajadores activos y jubilados, además de colaboradores internacionales.

El USW y otras organizaciones laborales han intensificado su actividad en sectores como educación y comercio minorista. Entre los hitos recientes, destacan la afiliación de trabajadores de Starbucks en Columbia Británica, Whole Foods en Filadelfia y la tienda Chipotle de Michigan. Aunque la aprobación pública de los sindicatos alcanza el 70 %, la afiliación efectiva permanece en solo el 6 % dentro del sector privado. Con una estructura organizativa amplia y transnacional, el USW se perfila como líder potencial del renacimiento sindical, pese a enfrentar fuerte oposición empresarial y política.

Desde su fundación en 1942, el USW ha evolucionado. Inicialmente consolidó fuerza con una estrategia de cooperación institucional en la industria del acero, expandiéndose luego a otras ramas. Pero los reveses de los años ochenta lo forzaron a reinventarse, apostando desde los noventa por la movilización directa y la fusión con otros gremios. Bajo Leo Gerard, su expansión fue notable, y hoy opera con una mezcla de liderazgo central y activismo de base. Campañas como la de Blue Bird o los acuerdos petroleros reflejan esta doble vía.

En Estados Unidos, el movimiento sindical gira en torno a la AFL-CIO, donde el USW convive con otras entidades influyentes como NEA, SEIU y UFCW. Sin embargo, la fortaleza distintiva del USW reside en su combinación urbano-rural, que le permite abordar tanto la deslocalización industrial como las demandas de justicia laboral urbana. Esta pluralidad impulsa sus luchas comunes por sueldos dignos, empleo estable y seguridad.

La influencia política del sindicato también es relevante. Aunque tradicionalmente afín al Partido Demócrata, el USW presiona a sus aliados cuando percibe una deriva hacia el empresariado. Su respaldo a la decisión de Biden de bloquear la compra de U.S. Steel por Nippon Steel marca un hito. No obstante, su flexibilidad se vio en la aceptación del acuerdo de Toyota con Radius Recycling, dada la promesa de respeto a los contratos.

Las políticas antiobreras se han intensificado, especialmente bajo la administración Trump, con acciones como la restricción de la negociación colectiva y el aumento de intentos de descertificación. El fallo de Cemex de 2023, que facilitó la sindicalización sin votación formal, enfrenta amenazas de reversión. Todo esto alimenta un entorno hostil para los derechos laborales.

Internamente, el USW lidia con tensiones: académicos y trabajadores del petróleo priorizan temas diferentes. Las divisiones emergieron tras el apoyo a Harris en 2024. Aun así, el sindicato ha mantenido su compromiso con todos sus afiliados, ampliando su presencia incluso en el sur estadounidense, históricamente reacio al sindicalismo. También busca reemplazar empleos fósiles con alternativas verdes bien remuneradas.

En lo internacional, el USW destaca por su red estructurada de alianzas. Desde su fusión con su contraparte canadiense en 2005 hasta su papel en la fundación de Workers Uniting con Unite the Union en el Reino Unido, ha construido una plataforma global contra la tercerización y la especulación. Ha defendido incluso la nacionalización del acero británico y ha impulsado el modelo de cooperativa sindical junto a Mondragón.

Como miembro fundador de IndustriALL, el USW participa en campañas globales contra gigantes como Amazon o Glencore. También integra la Alianza BlueGreen, que une justicia ambiental y laboral. Sin embargo, los aranceles indiscriminados de Trump podrían fracturar la unidad internacional del sindicato.

El peligro de la complacencia ronda al USW. Pese a su historia organizativa, hoy dedica apenas un 3 % de su presupuesto a expandirse, frente al 13 % de los Teamsters. Se critica su deriva hacia un sindicalismo financiero, centrado más en inversiones que en lucha obrera. Peticiones de descertificación, como las de trabajadores de Energy Transfer en Texas, reflejan cierto descontento.

Mientras Trump y grandes fortunas presionan para desmantelar el sindicalismo, el respaldo social en alza podría abrir una ventana de oportunidad. Si el USW intensifica la acción directa y fortalece sus redes nacionales e internacionales, puede recuperar protagonismo como defensor clave de la clase trabajadora.

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El norte de España y las islas son las que mayor cantidad de dinero reciben, frente a la infrafinanciación de otras como Murcia, Andalucía o Valencia
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^{Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I EFE}

En las dos últimas décadas, la deuda acumulada por las comunidades autónomas españolas ha experimentado un crecimiento vertiginoso, pasando de poco más de 61.000 millones de euros en 2003 a superar los 317.000 millones en 2023. Así lo revela un informe reciente de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que advierte sobre las implicaciones de esta evolución para la sostenibilidad fiscal del país.

Entre las regiones más afectadas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking con el mayor aumento relativo de deuda, un 40 % más, consolidándose como la autonomía con la mayor proporción de deuda respecto al PIB. El estudio llama la atención sobre el deterioro financiero del conjunto autonómico y la necesidad de reformas que contengan la espiral de endeudamiento.

Deuda por zonas de España

• Cataluña: 85.986 millones
• Comunidad Valenciana: 57.996 millones       
• Andalucía: 38.649 millones
• Comunidad de Madrid: 35.875 millones          
• Castilla-La Mancha: 16.156 millones
• Castilla y León: 13.865 millones
• Galicia: 12.170 millones
• Región de Murcia: 12.139 millones     
• País Vasco: 10.661 millones
• Aragón: 9.186 millones
• Islas Baleares: 8.579 millones
• Canarias: 6.518 millones
• Extremadura: 5.322 millones
• Asturias: 4.243 millones
• Cantabria: 3.316 millones       
• Navarra: 2.951 millones
• La Rioja: 1.625 millones

Condonación de la deuda

Hasta la fecha, Cataluña y Asturias han aceptado formalmente la condonación parcial de su deuda autonómica propuesta por el Gobierno central. Esta medida, aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de febrero de 2025, contempla la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común.

Durante la votación en el CPFF, las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonaron la reunión en señal de protesta, pero la aprobación fue posible gracias al respaldo de Cataluña y Asturias, junto con el voto de calidad del Gobierno central, que representa la mitad de los votos en el consejo.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid rechazó la medida y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, argumentando que la condonación favorece a las regiones más endeudadas y penaliza a las que han mantenido una gestión fiscal más responsable.

Financiación de las regiones

Por otro lado, en 2023, el Estado español distribuyó un total de 123.356 millones de euros a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades con estatuto de autonomía, lo que representó un incremento del 11% respecto al año anterior. Este aumento se tradujo en una mejora generalizada de los ingresos por habitante en todas las regiones, pasando de una media de 2.962 euros en 2022 a 3.496 euros en 2023.

A pesar de este incremento, persisten disparidades significativas entre comunidades. Por ejemplo, Cataluña recibió aproximadamente 2.958,75 euros por habitante, mientras que Andalucía percibió 2.707,87 euros, y Madrid obtuvo 2.515,62 euros por ciudadano. Estas diferencias reflejan las tensiones existentes en el sistema de financiación autonómica, donde regiones como Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha han sido identificadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como infrafinanciadas, situándose por debajo de la media estatal en términos de financiación por habitante ajustado.

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El país ofrece deducciones fiscales superiores a la mayoría de economías avanzadas, pero las trabas administrativas impiden que las empresas los aprovechen
The post España presume de incentivos a la I+D, pero la burocracia les resta eficacia first appeared on Hércules.  España figura entre los países más generosos del mundo en incentivos fiscales para la I+D, con un índice de deducción del 29,6%, según el informe The Benchmark 2025 de la consultora internacional Ayming. Esta cifra sitúa al país por encima de economías como Alemania (25%), Italia (22%), Reino Unido (21,5%) o China (18,75%). Sin embargo, esta ventaja competitiva se ve diluida por una maraña burocrática que desincentiva a las empresas a solicitar estos beneficios.

El problema no radica en la falta de incentivos, sino en el exceso de obstáculos administrativos que impone la Agencia Tributaria. Las empresas deben someterse a revisiones técnicas y económicas exhaustivas, justificar altos niveles de innovación y mantener un seguimiento constante de los proyectos durante años. Lejos de incentivar la inversión, este entorno acaba por frenar la participación empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Un sistema pensado para expulsar a las pymes

Mientras otros países adaptan sus incentivos a la realidad de las pymes, España aplica un sistema rígido y uniforme que no distingue entre gigantes del Ibex y pequeñas startups. A diferencia de Francia o Reino Unido, donde se ofrecen deducciones específicas y reembolsos inmediatos para pymes, el Gobierno español ha optado por un modelo único, que exige la misma complejidad documental a una multinacional que a una pyme de diez empleados.

En Reino Unido, por ejemplo, las pymes pueden deducirse hasta el 186% de sus gastos en I+D, con resoluciones en apenas 40 días. En España, el proceso puede durar meses y requiere una planificación fiscal quirúrgica, ya que las deducciones solo pueden aplicarse a los cuatro últimos ejercicios fiscales.

Patent Box: otra oportunidad desperdiciada

El informe también analiza los regímenes Patent Box, que premian fiscalmente los ingresos derivados de activos intangibles como patentes o software. España obtiene una generosidad del 15%, pero vuelve a suspender en facilidad de aplicación, lo que disuade a muchas empresas de acogerse a este beneficio.

Italia, en contraste, lidera este ranking con un sistema más generoso y sencillo, que facilita la participación empresarial. En España, las exigencias técnicas y la falta de claridad legal han hecho que este mecanismo pase desapercibido para la mayoría de las empresas tecnológicas.

Portugal: el ejemplo ignorado por el Gobierno

Portugal demuestra que es posible combinar generosidad y agilidad. Su sistema permite deducciones del 49,4%, que pueden llegar al 82,5% en algunos casos, y autoriza a las empresas a aplicar los incentivos antes de la aprobación definitiva, ganando liquidez y confianza. Incluso las nuevas pymes, sin historial fiscal, tienen acceso garantizado.

Mientras tanto, en España se exige a las empresas que lo apuesten todo al futuro, sin garantías de devolución ni tiempos razonables de respuesta. El resultado: miles de proyectos potenciales que no se presentan por miedo a una inspección, por falta de recursos para afrontar el papeleo o por simple desconfianza institucional.

El mensaje es claro: el marco fiscal español para la I+D es atractivo solo sobre el papel. En la práctica, las empresas deben enfrentarse a un sistema opaco, exigente y desfasado, que premia la burocracia y castiga la agilidad. Mientras otros países compiten por atraer inversión innovadora, el Gobierno español actúa como su peor enemigo, levantando barreras donde debería tender puentes.

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Tanto CCOO como UGT reciben cifras récord de subvenciones mientras su representación sindical cae decisivamente en España
The post El Gobierno bate el récord de subvenciones a CCOO y UGT mientras la representación sindical se desploma first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado a cifras históricas las subvenciones a los sindicatos, a pesar del declive progresivo de su representatividad en las empresas. Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió el cargo, las ayudas estatales a CCOO y UGT no han hecho más que crecer. En total, el Ejecutivo ha repartido casi 115 millones de euros a las centrales sindicales, 62 millones más que durante los años del Gobierno de Mariano Rajoy. La cifra es especialmente llamativa si se tiene en cuenta que la afiliación sindical sigue en caída libre en España.

Más dinero y menos afiliados

Mientras las subvenciones se disparan, la densidad sindical —el porcentaje de trabajadores afiliados— cae en picado. Según datos de la OCDE, en 2019 apenas un 12,5% de los empleados españoles estaba afiliado a un sindicato, frente al 18,3% que se registraba en 2009. España presenta hoy una de las tasas más bajas de afiliación de toda Europa, muy por debajo de países como Suecia (65%), Bélgica (49%) o Italia (32%). Aun así, el Ejecutivo no ha frenado la financiación pública de las organizaciones sindicales. Al contrario: en 2025, Díaz ha aprobado una partida de 32 millones, duplicando los 17 millones que otorgó en cada uno de los tres años anteriores.

Las ayudas directas no son la única fuente de ingresos públicos de las grandes centrales. A través de sus fundaciones, CCOO y UGT también reciben fondos para impartir cursos de formación. Solo en 2022, esas actividades les reportaron 93 millones de euros adicionales, de los cuales 53 millones fueron a parar a CCOO y 40 millones a UGT. Se trata de una fuente de financiación opaca y recurrentemente cuestionada, que ha generado en el pasado varios escándalos relacionados con la gestión de los fondos.

Una apuesta ideológica, no técnica

El alineamiento de Yolanda Díaz con los sindicatos es público y notorio. Cada 1 de mayo, la vicepresidenta segunda aparece junto a Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) como garante del diálogo social. Díaz presume de su pasado familiar ligado al sindicalismo —su padre fue dirigente en Galicia— y ha hecho del apoyo económico a estas organizaciones una constante en su política laboral. Sin embargo, ese respaldo económico contrasta con la falta de reformas reales que impulsen una afiliación creciente o modernicen el papel de los sindicatos en la empresa del siglo XXI.

La evolución interna de los sindicatos refleja también una disparidad preocupante. Mientras que CCOO ha logrado incrementar sus ingresos por cuotas, pasando de 114 millones en 2017 a 150 millones en 2024, UGT ha seguido el camino contrario: en diez años ha perdido casi un tercio de su recaudación por afiliación, pasando de 14 millones a apenas 9,3 millones. Esta diferencia revela no solo un desgaste organizativo, sino una falta de atractivo entre los trabajadores, especialmente entre los más jóvenes y en sectores emergentes.

El aumento de subvenciones sindicales por parte del Gobierno no parece responder a una lógica técnica o a indicadores de eficacia sindical, sino a una apuesta política clara. Con una coalición parlamentaria debilitada y escaso margen para reformas estructurales, el Ejecutivo de Sánchez ha optado por mantener contentos a sus aliados tradicionales, reforzando con dinero público a unas organizaciones que ya no representan al grueso de los trabajadores.

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Ucrania rechaza las propuestas de alto el fuego de Rusia por considerarlas una farsa, mientras enfrenta una crisis en el reclutamiento militar debido al desgaste del conflicto y la desconfianza hacia sus comandantes. A pesar de incentivos económicos, el número de nuevos voluntarios sigue siendo muy bajo
The post Ucrania rechaza la tregua simbólica propuesta por Putin y enfrenta una crisis de reclutamiento militar first appeared on Hércules.  A medida que se aproxima el 80º aniversario de la Liberación, las posibilidades de una tregua entre Ucrania y Rusia siguen sin materializarse. El pasado 3 de mayo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó categóricamente la propuesta de alto el fuego planteada por Vladimir Putin. El mandatario ruso había sugerido una pausa de tres días, coincidiendo con las conmemoraciones patrióticas del 8 de mayo en Moscú. Zelensky calificó la oferta como un mero “teatro”, asegurando que no se pueden establecer acuerdos serios en un plazo tan breve.

Desde Kiev, la desconfianza hacia Moscú es total. “En Pascua también ofrecieron un alto el fuego, pero no dejaron de bombardearnos. Murieron muchos civiles. Fue un engaño”, recuerda el teniente Yaroslav Kalinin, responsable de reclutamiento de la unidad K-2. En apenas día y medio, Ucrania documentó más de 3.000 violaciones al cese del fuego.

Casi cuatro años después del inicio de la invasión, la resistencia ucraniana continúa firme, aunque enfrenta crecientes dificultades para mantener su capacidad operativa. Las tropas están exhaustas y el relevo es urgente. En febrero, el Ministerio de Defensa lanzó una campaña de reclutamiento centrada en jóvenes de 18 a 24 años, con incentivos financieros excepcionales: un bono de 24.000 dólares, salario mensual de 2.900 y préstamos sin interés para vivienda. Pero la respuesta fue desalentadora: menos de 500 contratos se firmaron en los primeros meses, según Pavlo Palisa, asesor presidencial.

¿Cómo atraer a más voluntarios? Para muchos jóvenes, los beneficios económicos no son suficientes. Greziev, director de la firma colaboradora del Ministerio, asegura que lo decisivo es la calidad del liderazgo. “La calidad del comandante es el principal factor de decisión”, afirma. Según datos de la plataforma Lobby X, el 58% de los posibles reclutas teme acabar bajo órdenes de oficiales incompetentes, incluso más que morir o ser herido (56%).

Glen Grant, analista militar y asesor del Gobierno ucraniano, destaca que “algunos comandantes aún arrastran una mentalidad soviética que mina la confianza”. Esta desconfianza constituye hoy uno de los mayores obstáculos para renovar las filas del ejército.

No todas las unidades sufren esta crisis. El 20º regimiento de drones K-2, liderado por el popular comandante Kyrylo Veres, ha conseguido atraer a miles de candidatos. Desde diciembre, su campaña ha recibido más de 13.000 solicitudes, muchas gestionadas por Lobby X, según Kalinin. Esta unidad se ha convertido en símbolo de eficiencia y profesionalismo dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El número exacto de soldados necesarios se mantiene en reserva, pero la magnitud de las bajas habla por sí sola. En una inusual admisión pública, Zelensky informó en febrero que más de 46.000 militares han muerto y otros 380.000 han resultado heridos. A la urgencia por suplir pérdidas se suma la necesidad de dar descanso a quienes llevan años en combate. Aunque el gobierno ha bajado la edad de movilización de 27 a 25 años, todavía se resiste a ampliarla hasta los 18, como proponen algunos aliados occidentales.

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El Ejecutivo ha multiplicado sus presiones y maniobras para debilitar al regulador e imponer decisiones alineadas con sus intereses políticos
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Sede de la CNMC en Madrid // CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encendido todas las alarmas tras la última intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en el proceso de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. A pesar de que el organismo dio luz verde a la operación el pasado 30 de abril tras casi un año de análisis, Moncloa desautorizó públicamente su decisión al anunciar la apertura de una consulta pública “para recabar opiniones” sobre la fusión bancaria. La medida ha sido considerada dentro del regulador como una maniobra “alegal” y humillante, dado que esta consulta no está contemplada en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007.

Desde dentro de la CNMC se denuncia presión directa del Ejecutivo para dilatar la autorización, que debía haberse resuelto en noviembre. La presidenta del organismo, Cani Fernández, consiguió finalmente un acuerdo unánime, incluyendo al consejero Pere Soler, nombrado por Junts para torpedear la operación. Pese a ello, el Ejecutivo optó por seguir adelante con una iniciativa que ha sido interpretada en círculos jurídicos y empresariales como una forma de socavar la legitimidad técnica del regulador.

Desde el entorno del Banco Sabadell se da por hecho que el Gobierno pretende bloquear la operación, especialmente tras el gesto del banco de devolver su sede a Cataluña, visto como un favor político a Sánchez. La consulta, según varias fuentes, busca generar un rechazo social que justifique endurecer las condiciones y obligar a BBVA a retirar su oferta. Es una estrategia similar a la empleada en el caso de Talgo, cuya venta al grupo húngaro Ganz-MaVag fue vetada por supuestos riesgos a la seguridad nacional.

Aunque el Ejecutivo no puede vetar formalmente la OPA en esta fase, sí puede imponer condiciones tan gravosas que la hagan inviable. La utilización de mecanismos “alegales” se percibe como un intento de politizar decisiones que deberían ser técnicas. En palabras de un jurista del sector financiero, “no se puede permitir que el regulador se convierta en una marioneta del poder político”.

División de la CNMC

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2024 el anteproyecto de ley para restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE), extinta en 2013, lo que supuso un troceo efectivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta decisión del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar reavivó las acusaciones de intento de politización de los organismos reguladores independientes, especialmente en el sector energético.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la medida como parte del proceso de descarbonización de la economía y del sistema energético. Sin embargo, el nuevo organismo quedó adscrito directamente a su ministerio, lo que generó dudas sobre su real autonomía funcional, pese a que el Ejecutivo insistió en que tendría “plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado”.

La reactivación de la CNE se había anticipado desde hacía meses y figuraba en el acuerdo de gobierno rubricado en octubre de 2023 entre PSOE y Sumar. Según fuentes políticas, la medida facilitó la colocación de perfiles cercanos al Ejecutivo, como Mariano Bacigalupo, entonces consejero de la CNMV y esposo de Teresa Ribera, cuyo nombre sonó como potencial figura clave en el nuevo organismo. Bacigalupo había defendido públicamente la necesidad de volver a un regulador energético independiente, y sus opiniones fueron interpretadas como preludio del movimiento oficial.

Esta posible designación fue tachada de “nepotismo institucional” por sectores críticos, que vieron en el nuevo diseño una herramienta para asegurar el control político del sector energético bajo el pretexto de modernización. El malestar fue particularmente fuerte entre las grandes compañías del Ibex vinculadas a la energía, que temieron decisiones arbitrarias o punitivas bajo un nuevo ente regulador más dócil al poder político.

Una CNMC renovada con perfiles afines al PSOE y Junts

A esta operación se suma la renovación de la cúpula de la CNMC, que llevaba más de un año bloqueada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, logró sacar adelante el nombramiento de cinco nuevos consejeros, incluyendo perfiles claramente alineados con el PSOE, como Ángel García Castillejo y María Vidales, y uno de Junts, Pere Soler, que permitió desbloquear el reparto parlamentario.

La renovación, que se concretó el 23 de diciembre de 2024, reconfigura el equilibrio interno del regulador y refuerza el control del Gobierno sobre el mismo. Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica se ha reservado la designación de nuevos consejeros para la futura CNE, lo que indica que la fragmentación de competencias está diseñada estratégicamente para concentrar poder político en organismos hasta ahora independientes.

Presiones para modificar la retribución de las eléctricas

Otro frente abierto en el asalto a la CNMC es la presión ejercida por el Ministerio de Teresa Ribera para que el organismo revise al alza la tasa de retribución financiera de las redes eléctricas. Aunque el regulador tiene competencia exclusiva sobre este cálculo, el Ejecutivo ha lanzado “orientaciones” que sugieren cómo debería modificarse la metodología para favorecer las demandas de las grandes eléctricas, como Iberdrola o Endesa. Esta intromisión, considerada por muchos como una forma de condicionar decisiones técnicas, viola el principio de independencia del regulador, consagrado tanto en la legislación nacional como en las directrices europeas.

La suma de todas estas actuaciones dibuja un panorama alarmante. El Gobierno ha convertido a la CNMC en objeto de intervención política constante, rompiendo las reglas del juego que exigen una muralla infranqueable entre poder ejecutivo y organismos reguladores. Los intentos de influir, condicionar y moldear sus decisiones bajo intereses partidistas constituyen un ataque directo a la credibilidad y autonomía del sistema institucional español.

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