Crónica Diaria

La Comunidad continúa expandiendo la iniciativa del Plan Integral de Danza para hacer llegar el baile a los alumnos de Educación Primaria de la región
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El Ejecutivo regional ha expandido durante este curso escolar su programa de danza. Con esta iniciativa, 21.000 alumnos de Educación Primaria, pertenecientes a centros públicos, han participado en actividades de baile.

Estos datos suponen un aumento del 50% respecto al año pasado, en el que participaron 14.000 alumnos. La iniciativa ha llegado a un total de 72 centros. Uno de ellos, el colegio público Cardenal Herrera Oria, de Madrid capital, recibió ayer la visita del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Durante el pasado curso el proyecto del Ejecutivo regional fue testado, llegando a 46 centros. En palabras de Viciana, el proyecto, que forma parte del Plan Integral de Danza tiene una serie de objetivos: “que tiene entre sus objetivos fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir la obesidad y descubrir nuevos talentos y vocaciones”

73 bailarines

Los bailarines que quieran ser parte del proyecto tienen que estar en posesión del título profesional de Danza o acreditar que se ha superado la prueba de acceso a las enseñanzas superiores de esta disciplina. Existen otros criterios para ser incluido en esta iniciativa, la cual supone una importante ayuda para os bailarines. Entre estos criterios se valora el expediente académico, ser un bailarín experto en Baile flamenco o Danza española, haber recibido formación adicional específica en folclore o participar en espectáculos o festivales de carácter infantil o juvenil.

Antes de comenzar a impartir las clases los bailarines completan un curso de formación en que recibe pautas para aprender a tratar con los niños y saber cómo aprovechar mejor las clases. Una vez superado, ya están listos para transmitir su arte a los escolares con jornadas que varían entre 6 y 16 horas semanales, en función del número de aulas líneas del centro.

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Se prevé financiar entre 80 y 120 proyectos para hasta una nueva capacidad de 3,5 GW de almacenamiento. Estos estarán cofinanciados por el FEDER 2021-2027
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a información pública, hasta el próximo 8 de abril, la orden que establece la ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético, que estarán cofinanciadas con fondos europeos del Programa Plurirregional Feder 2021-2027 y que ascienden a 700 millones de euros. 

El ministerio ha explicado en una nota que este programa busca dar impulso al despliegue del almacenamiento de energía eléctrica a gran escala con la creación de nuevas instalaciones que proporcionen mayor flexibilidad al sector. Se favorecerá además el proceso de descarbonización del sistema español de la mano de la expansión de tecnologías fundamentales para la integración de las energías renovables. 

Se cofinanciarán así inversiones en proyectos de almacenamiento de energía independientes, conectados a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que podrán incluir bombeo reversible (nuevos y sobre infraestructuras existentes) `stand alone´o almacenamiento térmico, entre otros. 

Los costes subvencionables serán la ejecución de la obra civil e instalaciones de almacenamiento, los equipos de sistemas auxiliares y otros gastos asociados como transporte, montaje, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud.

Gestión por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

La convocatoria de ayudas estará gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al ministerio.  

Al estar cofinanciado por los fondos FEDER 2021-2026, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea reduciendo las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones, las ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético tendrán un presupuesto asignado por comunidades autónomas, con mayor asignación a aquellas consideradas como menos desarrolladas o en transición, todo ello en función de los fondos que la Autoridad de Gestión del Feder ha consignado al IDAE. 

Presupuesto asignado por Comunidad Autónoma 

De acuerdo a Europa Press, en esta convocatoria de ayudas las mayores partidas corresponden a Andalucía (311,889 millones de euros), Galicia (86,926 millones de euros), Castilla-La Mancha (80,924 millones de euros) y Extremadura (60,918 millones de euros). 

La selección de las solicitudes se realizará para el presupuesto asignado de cada comunidad autónoma, ordenando los proyectos elegibles por tipo de almacenamiento y puntuación, hasta agotar el mismo. 

Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos, los beneficiarios podrán solicitar al IDAE anticipos de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida, siempre que cumplan determinadas condiciones. 

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El juez encargado del caso podría estar maniobrando para que el caso no se eleve a niveles superiores
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Imagen: el juez Conde-Pumpido I Europa Press

La posición de Cándido Conde-Pumpido en el caso de los ERE fraudulentos ha experimentado cambios notables a lo largo del tiempo. Cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), optó por mantenerse al margen de las deliberaciones que afectaban a políticos aforados implicados en el proceso, argumentando la necesidad de preservar la imparcialidad.

Sin embargo, tras su llegada a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) su actitud cambió radicalmente. Se alineó con la mayoría progresista del órgano para suavizar las penas impuestas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, por la concesión irregular de ayudas entre los años 2000 y 2009.

Un intento por frenar el control del TJUE

La estrategia del actual presidente del TC ha dado un nuevo giro con su decisión de presionar a la Audiencia de Sevilla para que aplique la doctrina constitucional sin cuestionarla. Su objetivo es evitar que el tribunal eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como planteaban los magistrados sevillanos ante la posible extralimitación del TC en la eliminación de delitos como la prevaricación y la malversación.

Para ello, Conde-Pumpido ha recurrido a un mecanismo jurídico diseñado originalmente para frenar el desafío independentista en Cataluña, con la intención de impedir que el tribunal sevillano traslade el asunto a Luxemburgo. La polémica se centra en los casi 680 millones de euros de fondos públicos que fueron repartidos sin control ni transparencia durante la etapa de Chaves y Griñán al frente del Gobierno andaluz.

De la inhibición a la implicación directa

El cambio de postura del magistrado es evidente si se compara con su actuación en 2014. En aquel momento, y siendo juez del Supremo, presentó un escrito de abstención para no intervenir en el caso, argumentando que había sido fiscal general del Estado entre 2004 y 2011 y que, en ese periodo, dictó un decreto que encomendaba la investigación a la Fiscalía Anticorrupción.

Conde-Pumpido regresó al Supremo tras la victoria del PP en 2011 y, posteriormente, en 2017, fue nombrado magistrado del TC a propuesta del Senado. En enero de 2023 accedió a la presidencia del Constitucional, imponiéndose a María Luisa Balaguer, la otra candidata progresista.

Su entorno justifica ahora que no haya mantenido aquella inhibición, argumentando que han transcurrido muchos años desde su etapa en la Fiscalía General. En su momento, apeló al artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para apartarse, basándose en su anterior cargo público, pero actualmente considera que no existe conflicto, ya que su función en el TC es resolver recursos de amparo sobre sentencias firmes dictadas mucho después de dejar la Fiscalía.

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La vicepresidenta y ministra espera que el presunto conseguidor de la trama Koldo acabe en la cárcel, y niega que exista alguna trama en torno a Sánchez
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Europa Press

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado a la enésima pregunta del PP en el Senado sobre el “Caso Koldo”, reprochándoles que sean el “altavoz” del presunto caso conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, del que ha dicho que espera que acabe en la cárcel. Asimismo, ha negado una trama en torno al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como sostenía la portavoz de los “populares”, Alicia García. 

Según Europa Press, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Alicia García ha vuelto a preguntar a Montero por asuntos relacionados con el “caso Koldo”, con varias acusaciones: “Usted es el nexo protector de todas las tramas de Pedro Sánchez”. 

Ante esto, la vicepresidenta primera ha criticado que al PP afirmando que no le haya preguntado en las sesiones de control del senado por asuntos de su departamento y se haya centrado en la corrupción “utilizando mentiras, bulos y difamación”.

Montero acusa al PP de poner el altavoz a Víctor de Aldama

Montero ha acusado al PP de “poner el altavoz” a Víctor de Aldama, del que ha dicho que espera que acabe en la cárcel, y negando que exista ninguna trama en torno a Pedro Sánchez, como ha asegurado en su intervención Alicia García. 

“Autocracia Sanchista”

Sin embargo, la portavoz de los populares ha preguntado a Montero si va a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o “va a seguir en la autocracia sanchista”. 

Nuevamente en el pleno se regresó al “caso Koldo”, con Alicia García, que le ha preguntado a Montero  “por qué destituyó al jefe de Inspección de Hacienda tres días después de que informara al juez sobre la corrupción de Koldo” y “por qué el fiscal general del Estado tenía un móvil de su Ministerio”.

Ante eso, Montero ha negado que su departamento haya prestado el teléfono al fiscal general del Estado, a la vez que ha defendido que si Aldama estaba en la cárcel es porque la Agencia Tributaria inició una inspección en la que se descubrió fraude fiscal. 

“¿Cómo que la Agencia Tributaria hizo la vista gorda?”, ha preguntado a la portavoz del PP en el Senado, a la que ha invitado a hacer “una oposición útil”, recordando “todos los casos de corrupción que están esperando al PP”.

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Óscar Sánchez abrió una cuenta en Irlanda, donde tenía 25 millones de dólares gracias al negocio de la cocaína
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Imagen: el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil I Telecinco

El exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, tejió un entramado en las bases de datos policiales para encubrir las actividades de una red de narcotraficantes con la que colaboraba a cambio de grandes sumas de dinero.

La Fiscalía Antidroga lo investiga por facilitar la entrada de importantes cargamentos de cocaína, entre ellos el mayor decomisado hasta la fecha, de 13 toneladas, lo que llevó a su detención junto a otros implicados en la trama, como su socio Ignacio Torán. La querella fue presentada en junio pasado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que mantuvo el caso bajo secreto hasta hace pocas semanas, cuando se levantó parcialmente.

Consultas en bases de datos y alertas a los narcos

Las pesquisas revelan que Sánchez no solo colaboraba con la organización criminal, sino que estaba plenamente integrado en ella. En los registros practicados, los agentes hallaron 18,9 millones de euros en efectivo en su vivienda de Villalbilla, cerca de medio millón en un chalé de Denia y casi 900.000 euros en su despacho en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Su papel en la red consistía en realizar consultas en los sistemas policiales para identificar posibles investigaciones sobre los miembros de la organización. Para ello, introducía datos en las bases de coordinación policial, generando coincidencias que le permitían detectar si otros cuerpos policiales estaban siguiendo la pista de sus protegidos.

Una red para despistar a los investigadores

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) detectó que el inspector incluyó en los registros 74 contenedores valiéndose de investigaciones legítimas de su unidad, aunque sin vínculo alguno con los narcotraficantes que realmente protegía.

La reacción de la organización criminal refuerza esta hipótesis. En abril de 2024, durante una vigilancia a I.T., los agentes notaron que tomaba extremas medidas de seguridad, lo que obligó a suspender el operativo para evitar ser descubiertos.

Blanqueo de capitales y fortunas ocultas en el extranjero

A cambio de sus servicios, el inspector recibía cuantiosas sumas que ocultaba a través de un sofisticado entramado de empresas, sociedades y criptoactivos. La Fiscalía rastreó su patrimonio y el de su esposa, Noelia R.P., también policía e investigada en la causa, detectando compras de alto valor como un Range Rover, una plaza de garaje, un chalé en Denia y su residencia en Villalbilla.

Los fondos de la organización criminal no solo se movían dentro de España. Los investigadores descubrieron que Sánchez y su socio Ignacio Torán gestionaban una cuenta en Irlanda con casi 25 millones de dólares en diversas monedas, incluidas criptomonedas, en la entidad ET Fintech Europe Limited de Dublín. Este hallazgo se produjo tras analizar el teléfono de Eduardo Montero, administrador de Frumonsa, una empresa vinculada a la trama y relacionada con la llegada de un contenedor con 1,6 toneladas de cocaína en 2021.

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Los mensajes han sido desvelados por un periodista, incluido accidentalmente en el grupo de mensajería, en el que se habló sobre cuestiones militares altamente sensibles
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Imagen: AFP

El editor jefe de The Atlantic Jeffrey Goldberg fue incluido accidentalmente en un grupo de Signal donde se discutían bombardeos contra objetivos hutíes. El Consejo de Seguridad Nacional ya ha confirmado esta filtración de planes militares y están investigando cómo pudo ocurrir. El ojo está puesto en el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, quien añadió al periodista por error al grupo.

Este lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegsteh ha negado que miembros de la Administración de Donald Trump hablaran en un grupo privado sobre estos planes bélicos en Yemen. “Nadie ha enviado planes de guerra, y eso es todo lo que tengo que decir”, ha dicho Hegseth al ser preguntado sobre la filtración de esas conversaciones a un periodista de The Atlantic, al que ha acusado de “traficar con bulos”.

La filtración ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad operacional y la vulnerabilidad de las comunicaciones internas en la Administración Trump. “Estamos tratando de entender cómo ocurrió esta falla y asegurarnos de que no vuelva a suceder”, ha declarado el portavoz de Seguridad Nacional Brian Hughes.

Asimismo, Golberg ha asegurado que el secretario de Defensa compartió planes “minuto a minuto” del ataque en Yemen. “No voy a revelar las cosas que vi o leí, pero las puedo describir, como el tiempo específico de un futuro ataque, objetivos específicos, incluido objetivos humanos a matar, armamento, informes meteorológicos (…) junto con secuencias de eventos que iban a pasar. Él (Hegseth) puede decir que no era un plan de guerra, pero era una narración minuto a minuto sobre lo que estaba punto de pasar”, ha insistido Goldberg.

Según el informe de The Atlantic, el mensaje fue enviado el 15 de marzo, solo dos horas antes de que Estados Unidos iniciara una serie de bombardeos sobre Yemen. 

Trump le quita importancia

Al presidente estadounidense parece no importarle mucho la filtración. En declaraciones a la cadena NBC, el republicano se ha expresado con benevolencia hacia el creador del chat, Waltz, del que dice que “ha aprendido la lección”. Junto a él, la Casa Blanca cerró filas en torno al consejero de Seguridad Nacional y el resto de participantes en el grupo de la aplicación Signal: los máximos responsables de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, incluidos el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, entre otros.

En una reunión en la sala de gabinete, Trump ha vuelto a desestimar la gravedad de la filtración del chat de Signal. Incluso se ha permitido hacer broma con el caso y ha asegurado que lo que allí se discutía era “tan aburrido” que incluso el periodista de The Atlantic abandonó el grupo. “No hubo peligros, no hay despidos”, ha afirmado. Cuando uno de los periodistas le ha preguntado quién le había dicho que la información que se discutió en el grupo no era clasificada, el presidente ha evitado responder: “Siguiente pregunta por favor”.

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Ambos departamentos estarían dispuestos a estudiar una “compensación” para el 20% de las personas perceptoras del salario mínimo que tendrían que tributar, pero no a subir el mínimo exento
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Imagen: Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz en la presentación de ‘La conquista de la Democracia’. Agencia EFE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz tienen prácticamente cerrado un acuerdo para evitar el choque entre PSOE y Sumar a cuenta de la tributación de los trabajadores que reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Después de que Sumar registrase una iniciativa para que los perceptores del SMI sigan sin tributar y de que Montero avanzase su intención de vetarla, la ministra de Hacienda ha trasladado que se ha abierto una negociación para resolver el conflicto.

Al respecto, desde el PSOE apuntan a que, en esta última subida del SMI hasta los 1.184 euros, solo un 20% de los trabajadores que lo cobren tendrían que tributar. Serían “aquellos que no tienen cargas familiares”, tal y como apuntó Montero en los pasillos del Senado. No se trataría de subir los umbrales ni aprobar cambios que afecten a todos los trabajadores que cobren el SMI, sino una medida dirigida solo a aquella minoría que con la última subida se ve obligada a tributar por el IRPF.

En cambio, desde Trabajo, explican que lo que se está negociando es que el salario mínimo tribute mes a mes, unos 22 euros mensuales, pero que después esa cantidad se devuelva íntegramente a sus perceptores en la declaración de la renta a través de una deducción de nueva creación a la que podrían acogerse los trabajadores que cobren este sueldo. “Siempre soy optimista en las negociaciones. Lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Me gustaría que alcanzásemos un acuerdo”, sintetizó Díaz desde Bruselas.

“He conversado con la ministra de Hacienda esta mañana y por la tarde le hemos enviado una propuesta para intentar alcanzar un acuerdo en esta materia. Llevamos desde el día que anunció esta posición en los medios intentando alcanzar un acuerdo. No es justo que rentas tan pequeñas tributen como se pretende por parte de Hacienda”, dijo Yolanda Díaz en una entrevista en Televisión Española el lunes por la noche. “Lo anómalo era no hablar”, insistió.

La reciente subida del SMI aprobada por el Gobierno de coalición supuso situar el indicador en los 1.184 euros en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado mes de febrero que, por primera vez, el salario mínimo estaría sujeto a tributación por el impuesto de la renta. “La propuesta que lanzamos desde Sumar es que las rentas salariales que se engloban en las cuantías del SMI este año, 16.500 euros al año, queden exentas de tributar el IRPF. Hemos acompañado un documento para negociar sobre el mismo y mientras estamos en Bruselas los equipos están trabajando”, ha asegurado este martes Díaz.

El perfil del pensionista

Un pensionista que ingresa 16.576 euros y que no tiene más fuentes de ingresos pagará en IRPF 41 euros, que le retendrán cada mes. Este perfil tampoco está obligado a hacer la declaración de la Renta, aunque en este caso es irrelevante, porque la retención coincide con la cuota que debe pagar. El tipo sobre su pensión es del 0,25%.

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