Crónica Diaria

Las sentencias de las aproximadamente 1.500 personas se centran en arrestos domiciliarios durante la pandemia de covid-10 y las 39 condenas perdonadas son por delitos no violentos
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Imagen: El presidente de EEUU, Joe Biden. EFE

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado este jueves la que es la mayor cantidad de indultos concedidos en un día, según apunta la Casa Blanca. En concreto, Biden conmutará las sentencias de unas 1.500 personas que fueron puestas en arresto domiciliario durante la pandemia de covid-19 y que se han reintegrado con éxito en sus familias y en la sociedad y perdonará a otras 39 condenadas por delitos no violentos.

«Concederá clemencia a casi 1.500 estadounidenses, la mayor cantidad en un solo día, que han demostrado una rehabilitación exitosa y un fuerte compromiso para hacer que sus comunidades sean más seguras», ha señalado la Casa Blanca en un comunicado. Este anuncio llega semanas después del polémico indulto que concedió a su hijo Hunter por los delitos de compra y posesión ilegal de un arma y de evasión fiscal por los que estaba esperando la sentencia y también por cualquier otro cometido desde 2014, una decisión duramente criticada incluso dentro del ala demócrata.

Como ejemplos de buen comportamiento de las personas que han conseguido estos indultos, la Casa Blanca ha puesto el de un veterano militar condecorado y piloto que dedica gran parte de su tiempo a ayudar a sus compañeros de la iglesia con problemas de salud o incapaces de realizar tareas extenuantes; el de un enfermero que ha dirigido la respuesta de emergencia en varias catástrofes naturales y que ayudó a encabezar los esfuerzos de vacunación durante la pandemia de la covid; y un consejero en adicciones que ofrece voluntariamente su tiempo para ayudar a los jóvenes.

El mayor indulto en un solo día de la Casa Blanca

Biden ha concedido más indultos que cualquiera de sus predecesores recientes a estas alturas de sus primeros mandatos. Es el primer presidente que ha concedido indultos generalizados a personas condenadas por simple consumo y posesión de marihuana, y a antiguos militares condenados por conducta privada debido a su orientación sexual. El segundo acto de clemencia más importante es el del expresidente Barack Obama que, el día antes de dejar el cargo en 2017, conmutó las sentencias de 330 presos condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas.

Además, Washington ha anunciado que en las próximas semanas Biden tomará más medidas para «brindar segundas oportunidades significativas y continuará revisando indultos y conmutaciones adicionales«. «EEUU se construyó sobre la promesa de posibilidades y segundas oportunidades», ha manifestado el presidente en el comunicado.

«Como presidente, tengo el gran privilegio de brindar misericordia a las personas que han demostrado remordimiento y rehabilitación, de restaurar la oportunidad para que los estadounidenses participen en la vida diaria y contribuyan a sus comunidades, y de tomar medidas para eliminar las disparidades en las sentencias para los delincuentes no violentos, especialmente aquellos condenados por delitos relacionados con las drogas», ha añadido.

Los activistas contrarios a la pena capital están presionando para que conmute las sentencias federales de quienes esperan en el corredor de la muerte antes de que asuma el poder Donald Trump, que en su primer mandato reanudó las ejecuciones tras casi dos décadas sin ellas. El equipo jurídico de la Casa Blanca también ha estado estudiando la posibilidad de conceder indultos preventivos a aquellas personas que se tema que puedan ser objeto de persecución y represalias por parte del Gobierno de Trump.

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Labrarse un futuro hasta los 40 años parece una medida más que razonable que terminaría con el carácter perpetuo que se genera en la política actual española
The post ¿Prohibirías ser político hasta los 40 años? first appeared on Hércules.  María Jesús Montero (PSOE), ministra de Hacienda; Patxi López (PSOE), presidente del Congreso; Gabriel Rufián (ERC), portavoz en el Congreso; Santiago Abascal (Vox); Pablo Iglesias (Podemos); Irene Montero (Podemos), y el propio Pedro Sánchez (PSOE), presidente del Gobierno, comparten un rasgo en común. Además de pertenecer o haber pertenecido a la primera clase política en España, ninguno de ellos tiene una reconocida trayectoria profesional fuera de la política.

En España, la política parece haberse convertido en un refugio para quienes no han desarrollado una carrera profesional sólida fuera del ámbito público. Y esto se traduce en multitud de problemas a largo plazo. La política, que debería ser un servicio temporal al ciudadano, se eterniza en personas que no tienen un puesto reconocido en el sector privado, lo que hace que abandonar su puesto sea una opción mucho menos atractiva y prácticamente inexistente. Esto perpetúa la presencia de perfiles con escasa vocación, visión práctica o eficacia en la gestión pública. El resultado es una política más orientada a la supervivencia personal que al servicio real del país.

Basta con observar la falta de alternativas de muchos políticos a la hora de dejar su escaño. Pocos, si es que alguno, lo hacen por decisión propia, y gran parte desempeña cargos que no guardan relación con su formación académica, ni mucho menos con una experiencia laboral sólida (que en la mayoría de los casos es inexistente).

El problema sería menos acentuado si trabajaran con cierta transparencia y honestidad. Sin embargo, existe ya un descontento generalizado, sin importar la bandera que uno saque a su balcón, en cuando a la gestión estatal y del dinero público. No existe una clara evidencia de que quienes nos legislan sepan muy bien de qué van las cosas. Y así se dan situaciones rocambolescas, como filósofos ejerciendo de ministros de sanidad (Salvador Illa), o ministras de Hacienda siendo licenciadas en Medicina (María Jesús Montero). Pero más allá de sus cruces profesionales, lo que realmente llama la atención es su falta de experiencia en el sector privado.

Cuando uno trabaja en una empresa, es autónomo o, en general, depende del sector privado para ganarse la vida, comprende de primera mano cómo funciona el mercado. Es consciente del valor que debe aportar para ser rentable, estableciendo una relación mutuamente beneficiosa que permita a la empresa crecer y, al mismo tiempo, al profesional desarrollarse. Pero ambas cosas deben ir ligadas: no es posible formar a grandes profesionales en una empresa en quiebra, ya que la falta de recursos lo impide. De la misma forma, una empresa privada fructífera no puede permitirse al mal profesional, ya que hace que esta no pueda crecer como debiera y ajustarse al mercado.

En política, este tipo de mecanismos no existen. No importa cuántas veces se cometan errores, siempre parece haber recursos para seguir adelante. No importa si cuesta más o menos, si eres más o menos eficiente, o si estás atentando contra el sentido común del ciudadano. Al final de cada mes, la balanza económica queda fuera de la ecuación, y el resultado se traduce en un bienestar ficticio, impulsado por un cortoplacismo peligroso que, tarde o temprano, impacta negativamente en el resto de la población.

Que no exista mecanismo de huida para el político es un problema nacional, y por ello hay que tratarlo como tal. Teniendo en cuenta la naturaleza de quienes nos gobiernan, resultaría difícil de creer que sean capaces de dejar de intentar perpetuarse en el poder. Sin embargo, una medida que prohíba ocupar cargos políticos antes de los 40 años, salvo excepciones específicas como áreas en las que la juventud pueda ser una ventaja, obligaría a quienes aspiren a la política a labrarse primero una trayectoria en el sector privado.

Trabajar, prosperar, crecer y luchar es importante, no solo para el estado de ánimo de una persona, sino para el progreso personal y la lucha por los valores de uno mismo. Labrarse un futuro independiente hasta los 40 años parece una medida más que razonable que terminaría con el carácter perpetuo que se genera en la política actual española.

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El uso de los activos rusos congelados en el extranjero, y más concretamente en EEUU, supone que pueda abrirse la puerta a que Rusia responda con el uso del misil Oreshnik
The post El uso de activos congelados rusos en la guerra de Ucrania puede conllevar el uso de misiles balísticos intercontinentales first appeared on Hércules.  La Casa Blanca anunció esta semana que concedería un préstamo de 20.000 millones de dólares a Kiev como parte de un paquete más amplio de 50.000 millones de dólares de las naciones del G7. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia contraatacó el miércoles, calificando la medida de «robo banal» que «no quedará sin respuesta».

Importantes cantidades de activos rusos congelados en grandes sociedades mercantiles

Según AFP, Moscú afirmó que tenía «suficiente capacidad e influencia para tomar represalias incautando activos occidentales bajo su jurisdicción», sin dar más detalles. Según la Escuela de Administración de Yale, más de 1.000 empresas han retirado su presencia y activos rusos desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Alrededor de 325 empresas con sede en EE. UU. están incluidas en esa lista, que van desde Amazon, American Express y Apple hasta Twitter (ahora X), YouTube y Zoom.

Los activos rusos que han sido congelados e incautados por Occidente desde la invasión ilegal de Ucrania por parte del país comprenden en su mayoría fondos invertidos en instituciones financieras estadounidenses y europeas, así como otros activos como algunos yates de alto perfil propiedad de oligarcas rusos, amarrados y amarrados en puertos europeos y caribeños.

La decisión del préstamo de 20.000 millones de dólares se produce tras largas conversaciones entre Washington y sus aliados sobre el uso óptimo de los activos rusos congelados para ayudar a Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orban, por su llamada telefónica con el líder ruso Vladimir Putin el miércoles, diciendo que Orban simplemente estaba «mejorando su imagen personal» en lugar de apuntar a una «paz justa» en la invasión de casi tres años de Moscú al país.

Orban, que ha ocupado la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde julio y lo hará hasta finales de este año, informó en las redes sociales el miércoles que había mantenido una «conversación telefónica de una hora» con Putin por la mañana para discutir un alto el fuego.

Los funcionarios de la UE se han sentido frustrados con el líder húngaro aliado del Kremlin, por decirlo amablemente, por su constante bloqueo de la ayuda de Bruselas a Ucrania y sus decisiones unilaterales y no autorizadas de mantener conversaciones políticas con Putin.

Zelensky duro con el presidente húngaro, Viktor Orban

En declaraciones en las redes sociales el miércoles por la noche, Zelensky espetó: «Todos esperamos que Viktor Orban al menos no llame a Assad en Moscú para escuchar también sus conferencias de una hora». Assad y su familia volaron a Moscú a principios de esta semana para aceptar la oferta de asilo de Putin después de que los rebeldes en Siria derrocaron el brutal régimen autoritario de 50 años de su familia, respaldado por las fuerzas rusas.

«Está absolutamente claro que lograr una paz real y una seguridad garantizada requiere la determinación de Estados Unidos», continuó Zelensky, «la unidad de Europa y el compromiso inquebrantable de todos los socios con los Propósitos y Principios de la Carta de la ONU.

«Nadie debe impulsar la imagen personal a expensas de la unidad; Todos deben centrarse en el éxito compartido. La unidad en Europa siempre ha sido clave para lograrlo. No puede haber discusiones sobre la guerra que Rusia libra contra Ucrania sin Ucrania», publicó Zelensky. Por su parte, Orban afirmó: «Estamos tomando todas las medidas diplomáticas posibles para argumentar a favor de un alto el fuego y las conversaciones de paz [en Ucrania]».

Rusia podría volver a atacar a Ucrania con su misil balístico experimental de mediano alcance «Oreshnik», dijo el miércoles el Pentágono, en otro «mensaje a Occidente». «Es posible que Rusia lo haga en los próximos días», dijo Sabrina Singh, portavoz adjunta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en una sesión informativa en el Pentágono. «No tengo una fecha exacta para ti».

Agregó que si Rusia lanza un Oreshnik, no será «un cambio de juego en el campo de batalla», sino más bien «otro intento de infligir daño y bajas en Ucrania».

Miedo al uso de misiles balísticos intercontinentales

El 28 de noviembre, Rusia disparó un misil balístico experimental de mediano alcance Oreshnik contra la ciudad sureña de Dnipro. No se reportaron muertes en ese ataque. Las agencias de noticias controladas por el Kremlin describieron el ataque en ese momento como una «represalia» por los ataques de largo alcance de Kiev contra territorio ruso utilizando misiles de fabricación occidental.

El Oreshnik, o «árbol de avellano», está clasificado como un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) con un alcance de entre 3.000 y 5.500 km (1.860 y 3.400 millas), lo que amplía significativamente la capacidad de ataque de Rusia. Rusia suele nombrar sus armas con nombres de flores y plantas: el arma tipo obús «Gvozdika» significa «clavel», el mortero «Tyulipan» lleva el nombre del tulipán, y el 235 «Giasnt» es un cañón autopropulsado de 152 mm de fabricación soviética que lleva el nombre del jacinto.

En ese momento, Zelensky dijo sobre la decisión de Putin que «su actual ruido de sables con ‘Oreshnik’ tiene como único objetivo interrumpir los esfuerzos del presidente Trump que seguramente seguirán a su toma de posesión. Putin quiere escalar la situación ahora para que el presidente Trump no logre poner fin a la guerra, dijo: «Es por eso que la escalada de Putin ahora es una forma de presión destinada a obligar eventualmente al presidente de Estados Unidos a aceptar los términos de Rusia».

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La reciente postura de PP y Vox en el Parlamento de Cataluña y el Congreso evidencia un compromiso firme con la protección de los cuerpos policiales y su papel en la seguridad ciudadana. Ambas formaciones han tenido un papel preponderante en impedir iniciativas que buscan la limitación de las actuaciones tanto de la Policía Nacional
The post La defensa de PP y Vox de la Policía ante los ataques del Gobierno first appeared on Hércules.  La reciente postura de PP y Vox en el Parlamento de Cataluña y el Congreso evidencia un compromiso firme con la protección de los cuerpos policiales y su papel en la seguridad ciudadana. Ambas formaciones han tenido un papel preponderante en impedir iniciativas que buscan la limitación de las actuaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, en un contexto político en el que los partidos independentistas buscan imponer sus demandas y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Gobierno de coalición, plantea dificultades para llevar a cabo su labor.

Defensa en el Parlament de Cataluña: Coordinación en el 112

El Parlamento de Cataluña fue escenario de un intenso debate cuando ERC, con el apoyo de Junts, presentó una moción exigiendo la exclusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil del servicio de emergencias 112. Esta medida, percibida por los grupos independentistas como un símbolo de «injerencia del Estado» en Cataluña, fue rechazada gracias al respaldo del PP y Vox, quienes se unieron al PSC para bloquear la iniciativa.

Ana Balsera (ERC) calificó la incorporación de estos cuerpos como un «retroceso en las competencias autonómicas», mientras que desde el PP, Pere Lluís Huguet defendió la medida como una «modernización de la coordinación policial». Rafael Villafranca, de Vox, apoyó esta visión, destacando la importancia de mantener una colaboración efectiva entre cuerpos en un territorio con desafíos de seguridad complejos.

La alianza entre PP, Vox y PSC da ánimos a los agentes de estos cuerpos que ven la priorizada su labor de seguridad y la coordinación en emergencias por encima de las disputas ideológicas. El debate, además, deja en evidencia la clara división entre las fuerzas constitucionalistas y los partidos independentistas, que ven la medida como un ataque a la autonomía catalana.

Rechazo a la reforma de la Ley Mordaza en el Congreso

Paralelamente, en el Congreso, PP y Vox volvieron a unir fuerzas para oponerse a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Esta propuesta, respaldada por PSOE, Sumar, EH Bildu y ERC, busca introducir cambios significativos, como la prohibición de pelotas de goma en las intervenciones antidisturbios y la eliminación de las devoluciones en caliente en la frontera.

Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, criticó duramente la reforma, argumentando que las modificaciones limitarán la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar disturbios violentos y garantizar el control en las fronteras. “¿Pretenden que enfrenten a la kale borroka y los separatistas lanzando flores?”, cuestionó. Por su parte, Ana Vázquez, del PP, alertó que esta reforma podría dejar a los policías “con las manos atadas”, calificándola como «la ley de la kale borroka», en alusión a las tácticas de lucha callejera utilizadas por la banda terrorista ETA.

Directiva europea para la protección de la policía

Vox presentó este jueves en el Parlamento Europeo una propuesta de directiva para reconocer como profesiones de riesgo las actividades de policías, militares, bomberos, guardias privados y funcionarios de prisiones en toda la UE. La iniciativa busca mejorar la protección jurídica, social y laboral de estos colectivos, considerados esenciales para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos europeos.

El eurodiputado Jorge Buxadé destacó que esta medida pretende abordar problemas como la alta incidencia de suicidios y enfermedades mentales en estos profesionales. Además, responde al aumento de la criminalidad en Europa y las condiciones extremas en las que trabajan. Según Buxadé, “es fundamental defender a quienes arriesgan su vida por nuestra seguridad”.

Entre las medidas propuestas están la rebaja de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, servicios especializados de salud mental y protección social para las familias en caso de accidentes o fallecimientos. También se establece el reconocimiento formal de estas actividades como profesiones de riesgo.

El respaldo de PP y Vox a la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en Cataluña como a nivel estatal y supranacional, les posiciona como defensores de la seguridad y el orden constitucional, planteando medidas que buscan la mejora en las condiciones laborales de estos profesionales y descartar iniciativas que consideran debilitantes para las fuerzas de seguridad.

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Alberto González Amador ha emprendido una ofensiva judicial sin precedentes que abarca a políticos, periodistas y fiscales
The post Todos los denunciados por Alberto González Amador first appeared on Hércules.  Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado una serie de acciones legales que abarcan a políticos, periodistas y miembros del sistema judicial. Estas querellas tienen como denominador común la acusación de haberle denominado «defraudador confeso», un calificativo que González Amador considera difamatorio a pesar de haber admitido ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales. A continuación, se detallan las acciones según los grupos implicados.

Políticos del PSOE y Más Madrid

González Amador ha presentado querellas contra varias figuras políticas desde el Gobierno hasta la oposición madrileña, que han tratado de buscar un rédito político al atacar a la pareja de Ayuso:

Pedro Sánchez y Félix Bolaños: Al presidente del Gobierno y al ministro de la Presidencia les reclama 150.000 euros cada uno, acusándolos de llamarle «delincuente confeso».

María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Diana Morant: La ministra de Hacienda enfrenta una petición de 40.000 euros por el mismo motivo, la de vivienda y ciencia 20.000 euros.

Reyes Maroto y Rita Maestre: Portavoces del PSOE y Más Madrid en la Asamblea de Madrid, respectivamente, han sido señaladas por sus declaraciones sobre González. En el caso de Maroto, la solicitud asciende a 20.000 euros.

Ion Antolín y José Zaragoza: El diputado socialista y el secretario de Estado de Comunicación han sido acusados de difamación por reproducir calificativos que González Amador considera injuriosos.

Manuela Bergerot: 15.000 euros por definir a González Amador como el “mayor denunciador de la villa de Madrid”

Periodistas tendenciosos

Además de las querellas contra figuras políticas, González Amador ha dirigido su artillería legal hacia el ámbito periodístico, generando preocupación entre profesionales del sector.

Xabier Fortes: El presentador de «La noche en 24 horas» en RTVE es uno de los principales objetivos. González Amador presentó una papeleta de conciliación como paso previo a la querella, alegando que Fortes le llamó «autor confeso de fraude fiscal» en directo. Fortes se ha defendido públicamente, afirmando que su expresión está respaldada por la confesión del propio empresario ante la Fiscalía.

Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón: Colaboradores del programa de Fortes y otros medios, también han sido objeto de las acciones legales de González, quien acusa a estos periodistas de difundir información que daña su honor.

RTVE: La corporación pública en sí misma será demandada, lo que ha llevado al Consejo de Informativos de la cadena a calificar estas acciones como un intento de coacción contra la libertad de prensa.

La reacción de los periodistas ha sido contundente. Fortes, por ejemplo, ha solicitado amparo al Colegio de Periodistas de Galicia, calificando la querella de maniobra intimidatoria.

Equipo fiscal

El frente judicial se centra en la acusación de González Amador contra la Fiscalía, que ha derivado en una investigación sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Álvaro García Ortiz: El fiscal general ha sido objeto de una querella por presunta revelación de secretos, lo que llevó a la Guardia Civil a registrar su despacho y confiscar su móvil y ordenador. Esta acción judicial marca un hito en España.

Pilar Rodríguez: La fiscal provincial de Madrid también está en el punto de mira, con González acusándola de formar parte de una estrategia para filtrar su confesión fiscal a los medios.

El empresario basa sus acusaciones en informes de la Guardia Civil que sugieren que estas filtraciones pudieron ser orquestadas para desacreditarle y entorpecer un acuerdo discreto con la Fiscalía.

Mientras los acusados defienden sus actuaciones como parte de su labor profesional o política, el empresario insiste en que su honor ha sido vulnerado. Este caso no solo expone las complejidades de la lucha mediática y legal, sino que también plantea preguntas sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor.

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