Jupol denuncia en redes la “ridiculización” de su profesión en el programa La Revuelta 

Jupol Valladolid, ha invitado al colaborador de La Revuelta a que “vaya un día y haga las pruebas físicas y el examen del temario y psicotécnicos”
The post Jupol denuncia en redes la “ridiculización” de su profesión en el programa La Revuelta  first appeared on Hércules.  Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, ha denunciado unas desafortunadas palabras que han tenido varios colaboradores del programa de televisión española ‘La Revuelta’, sobre el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A través de su cuenta de “X”, Jupol ha recogido un fragmento de uno de los últimos programas de La Revuelta, en el que su presentador, David Broncano, y sus dos colaboradores Grison y Ricardo Castellan debaten sobre cómo actuaría Grison si fuera policía nacional.

El clip recoge el momento en el que Broncano le manifiesta a su colaborador que con “el nivel físico que tienes podrías ser policía nacional”. A lo que Grison responde, “Ahora mismo corro delante de un policía nacional y tengo que estar esperando para que me quiten la china”. “Ir a la plaza Nelson Mandela y decir: si se saca, se utiliza”, ironiza el colaborador.

Entendemos que es un programa de “humor” aunque no tenga ninguna gracia.

Lo que es más grave que intenten ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional desde una cadena pública que nos cuesta más de 1.100 millones de euros al año y un programa que cuesta 28. https://t.co/Mu4c0oSw0p

— JUPOL (@JupolNacional) December 13, 2024

Posteriormente, proceden a poner en una pantalla una noticia en la que supuestamente la “Policía Nacional elimina la ortografía como prueba de selección excluyente”. A lo que Grison anuncia, “estoy dentro”.

Jupol critica la actitud del programa La Revuelta respecto a la Policía Nacional

El mensaje denuncia que, para Jupol, “lo más grave es que intenten ridiculizar una profesión tan digna como la Policía Nacional”. También señalan que este intento de ridiculizar a una parte de las FCSE se haga desde “una cadena pública que nos cuesta más de 1.100 millones de euros al año, y un programa que cuesta 28”.

Jupol Valladolid, ha invitado al colaborador de La Revuelta a que “vaya un día y haga las pruebas físicas y el examen del temario y psicotécnicos”. Así como, “la prueba de drogas, por su puesto”.

Por su parte, el programa de La Revuelta no ha hecho comentarios sobre la protesta de Jupol, ni se conoce que se haya puesto en contacto con el sindicato de la Policía Nacional para aclarar la situación.

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François Bayrou se convierte en el primer ministro de Francia

Macron ha elegido al líder de MoDem para gobernar el país en medio de la creciente crisis, aunque deberá buscar apoyos para poder aprobar los Presupuestos
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Imagen: Bestimage

Bayrou, conocido por su talante dialogante y su habilidad política, se enfrentará al desafío de evitar nuevas mayorías opositoras que puedan bloquear su gestión o incluso provocar su caída. Su papel será clave para aprobar una nueva ley de presupuestos y evitar que Francia se hunda aún más en la parálisis política.

El desayuno decisivo en el Palacio del Elíseo

El perfil del político, que representa una «tercera vía» entre derecha e izquierda, parece ideal para un momento en que el Gobierno necesita ampliar su base de apoyo. Sin embargo, su misión no será sencilla: deberá navegar un terreno político plagado de divisiones y enfrentamientos.

Un récord de inestabilidad

Este nombramiento marca un hito en la política francesa, con cuatro primeros ministros en un solo año, un récord que rivaliza con las crisis gubernamentales de países como Italia. El mandato de su predecesor, Michel Barnier, duró apenas tres meses, tras ser destituido por una moción de censura relacionada con la aprobación de los presupuestos.

La falta de mayorías claras en el Parlamento ha dejado al Ejecutivo en una situación de fragilidad extrema. Tras las elecciones legislativas, la coalición presidencial no logró consolidar el apoyo necesario, quedando a merced de la ultraderecha y los partidos de izquierda, liderados por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Ruptura en la izquierda y negociaciones con Macron

Esta fractura en la izquierda ha dado un respiro a Macron, pero la estabilidad sigue siendo incierta. La ultraderecha de Marine Le Pen también buscará aprovechar cualquier oportunidad para desestabilizar al Ejecutivo, especialmente con la fecha límite del 30 de marzo en mente, cuando Le Pen podría ser inhabilitada para presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

Macron, debilitado en el escenario internacional

La debilidad política de Macron también se refleja en su proyección internacional. Su reciente visita a Polonia tuvo que ser recortada para atender los problemas internos del país, y su imagen en eventos como la inauguración de Notre Dame quedó empañada por la falta de un primer ministro estable y un Gobierno funcional.

El panorama actual es un reflejo del Parlamento fragmentado que dejaron las últimas elecciones legislativas. Ningún bloque alcanzó la mayoría absoluta: la coalición presidencial logró 168 escaños, frente a los 182 del Nuevo Frente Popular y los 143 del ultraderechista Reagrupamiento Nacional. Esto ha convertido al partido de Le Pen en un árbitro clave en un Parlamento profundamente dividido.

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La “monja” se instaura en el monasterio de Derio

Las clarisas de Belorado denunciaron una serie de fenómenos extraños, aunque el arzobispado no vio indicios de actividad paranormal
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«Cuando te enfrentas al diablo, sabes con quién estás tratando«, afirmó Paloma, una de las exmonjas, en declaraciones al medio estadounidense.

Investigación del Arzobispado y conclusión oficial

Ante las denuncias de las monjas, el Arzobispado de Bilbao, entonces liderado por Mario Iceta, inició una investigación que incluyó procedimientos conforme al ritual de exorcismos. Según las fuentes del Arzobispado consultadas por EFE, el informe resultante concluyó que no se podía confirmar la existencia de los fenómenos descritos.

Además, desde el Arzobispado insisten en que las religiosas decidieron abandonar el monasterio por voluntad propia y no fueron expulsadas de Derio.

Demanda de desahucio en Burgos

Este episodio de presuntos eventos paranormales resurge en un contexto legal que ahora enfrenta a las exmonjas con la Iglesia. El próximo jueves, 19 de diciembre, tienen prevista una primera cita judicial por una demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos.

El artículo del The New York Times, publicadoe esta semana , pone el foco en la situación actual de estas exreligiosas, quienes aseguran haber vivido una experiencia única y traumática en Derio, que marcó un antes y un después en sus vidas.

¿Por qué son conocidas estas religiosas?

En 2015, debido a la falta de vocaciones y al envejecimiento de la comunidad, las religiosas se trasladaron al monasterio de Santa Clara en Derio, cerca de Bilbao, con el objetivo de revitalizar su labor espiritual y adaptarse a un nuevo entorno. Sin embargo, este cambio resultó en tensiones internas, problemas de convivencia y lo que ellas describen como experiencias paranormales, que incluyen ruidos inquietantes y la percepción de una presencia maligna en el convento.

Con el tiempo, las dificultades llevaron a su secularización, es decir, abandonaron la vida religiosa y dejaron de formar parte oficialmente de la Iglesia como monjas. Actualmente, estas exmonjas enfrentan una batalla legal con el Arzobispado de Burgos, que las ha demandado por desahucio del monasterio de Belorado, donde residen tras su salida de Derio.

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La deuda pública de España alcanza los 1,64 billones en el tercer trimestre

En el último año la deuda pública se ha incrementado en 57.304 millones de euros, lo que representa un repunte del 3,6%, aunque su peso en el PIB ha caído tres puntos
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Imagen: Pedro Sánchez nos lleva a la quiebra / Foto: Pablo Moreno

En el último año la deuda pública se ha incrementado en 57.304 millones de euros, lo que representa un repunte del 3,6%, aunque su peso en el PIB ha caído tres puntos, del 107,4% en el tercer trimestre de 2023 al 104,4% entre julio y septiembre de este año, dado el mayor impulso de la actividad económica.

Por contra, las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento en 4.297 millones, hasta los 333.177 millones, el 21,3 % del PIB, con un aumento interanual del 2,4%. La deuda subió en términos absolutos en diez regiones respecto al tercer trimestre del año pasado (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana) y bajó en las siete restantes (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco).

En concreto, Cataluña (88.917 millones de euros), Comunidad Valenciana (59.498 millones), Andalucía (39.842 millones) y Madrid (36.915 millones) siguen concentrando en el tercer trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población. A pesar de ello, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 40,4%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Murcia (30,7%), Castilla-La Mancha (30,3%) y Cataluña (29,9%).

El Gobierno convoca a las comunidades

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo enero para “impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común”, según ha comunicado el Ejecutivo este viernes en la Conferencia de presidentes autonómicos que se está celebrando en Santander.

Se trata de la quita de deuda a la que el Gobierno se comprometió el año pasado, pactándolo primero con la Generalitat de Cataluña y extendiendo después esa misma promesa al resto de autonomías. Las comunidades deben en este momento 208.638 millones de euros al Estado, por el dinero recibido en los últimos años del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los mecanismos de financiación, según datos del Banco de España. El Gobierno no ha aclarado qué porcentaje de esa deuda va a perdonar, ni cuánto correspondería a cada comunidad.

El Ejecutivo insta además a las comunidades a “acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades autónomas reciban más recursos de los que reciben hoy”, sin aludir expresamente al pacto que el Gabinete de Sánchez alcanzó con ERC y Junts para dotar a Cataluña de una financiación propia y singular. También, el Gobierno propone a las comunidades que “reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la dana una línea adicional de ayuda”.

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La familia de Arrieta recurre la sentencia contra Sancho para solicitar la pena máxima

Los padres del fallecido reclaman más dinero y se muestran indignados con la indemnización de 4,42 millones de baht impuesta por el juez
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Imagen: Lecturas

El escrito subraya que, conforme al artículo 289(4) del Código Penal tailandés, el crimen de asesinato premeditado conlleva de manera automática la pena de muerte. «Se solicita al Tribunal de Apelaciones que revise la sentencia y declare al acusado culpable, aplicando la pena máxima«, reza el recurso, firmado por Nattha Jongratwanin, abogada de la familia Arrieta en Tailandia.

Rechazo a la pena de muerte, pero apoyo a la cadena perpetua

Detalles de la sentencia contra Daniel Sancho

El 29 de agosto, el tribunal de Samui condenó a Daniel Sancho por asesinar de forma premeditada a Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan. El juez determinó que Sancho golpeó a Arrieta con la intención de matarlo, descuartizó el cadáver y preparó el crimen con la compra de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. Aunque la pena de muerte es la sanción prevista para este tipo de delito en Tailandia, el juez consideró que la confesión inicial de Sancho ante la policía fue un atenuante y optó por imponer una cadena perpetua.

Indemnización y reclamo de compensaciones adicionales

Además del aumento de la pena, la apelación también solicita una indemnización mayor a los 4,42 millones de baht (aproximadamente 119.000 euros) fijados en la sentencia. La familia Arrieta argumenta que los costos de atención a los padres dependientes de Edwin durante los próximos diez años ascienden a una cifra superior, cercana a los 10,8 millones de baht (300.000 euros). El abogado Ospina señaló que, tras consultar con los letrados tailandeses, se consideró adecuado recurrir la cantidad económica estipulada, pues se aleja de las expectativas iniciales de la familia.

Defensa de Sancho y nuevas apelaciones

Por otro lado, la defensa de Daniel Sancho, que tiene plazo hasta el 29 de diciembre para presentar su apelación, criticó el recurso de la familia Arrieta. Ramón Chippirrás, miembro del equipo legal de Sancho en España, cuestionó la solicitud de pena de muerte y la contradicción de los abogados de la familia de Arrieta, considerando el contexto de la abolición de la pena de muerte en España.

La defensa de Sancho también ha solicitado un nuevo aplazamiento para presentar su apelación, argumentando que las pruebas presentadas durante el juicio del pasado abril demuestran que la muerte de Arrieta fue el resultado de una pelea en la que Sancho actuó en defensa propia. Según su versión, el encuentro entre Sancho y Arrieta comenzó a través de las redes sociales, y el crimen ocurrió en la isla tailandesa de Phangan.

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Tres detenidos en Mollerussa (Lleida) por empadronar fraudulentamente a extranjeros

Según la investigación realizada por los Mossos, la red habría permitido el empadronamiento fraudulento de 40 personas sólo el último año
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Imagen: Mossos D´Esquadra procediendo a una detención-Europa Press

Los detenidos están siendo investigados como autores de un delito de falsificación de documento público, otro contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y usurpación del estado civil. Los tres arrestados son el líder de la banda, un hombre de 76 años y nacionalidad española; otro hombre, de 42 años y origen extranjero; y una mujer, de 43 y con nacionalidad extranjera.

Cómo se descubrió el fraude

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de una víctima detectada por la Oficina de Atención al Ciudadano de la localidad. Los agentes descubrieron a un hombre que redactaba contratos ficticios de alquiler en pisos propiedad de otras personas, según ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes.

El consistorio le recomendó entonces presentar denuncia ante los Mossos y, a raíz de la detección de varias solicitudes de empadronamiento sospechosas de ser fraudulentas, la Unidad de Investigación constató los hechos e identificaron al septuagenario, presunto líder de la organización.

Los alquileres se oficializaban con la participación de otras dos personas que hacían de intermediarias y facilitaban el empadronamiento fraudulento de extranjeros en situación de vulnerabilidad, estrategia que llevaban a cabo desde 2015. Este último año habían realizado unos 25 contratos, afectando a unas 40 víctimas, la mayoría de ellas de origen magrebí, a las que habrían estafado unos 16.000 euros.

Los investigados supuestamente pedían a las víctimas una cantidad de dinero que rondaba entre los 300 y 400 euros para realizar un contrato ficticio y así empadronarse. Posteriormente, les reclamaban una cuota anual para mantener dichos padrones. Los Mossos han expresado que la investigación sigue abierta y que no descartan que los investigados estén relacionados con otros hechos parecidos.

El hombre de 42 años y la mujer quedaron en libertad tras declarar ante los Mossos d’Esquadra, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos. El otro detenido, el líder de la organización, pasó el miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.

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El polémico acuerdo de Mercosur revive las trastornadas en España 

Asociaciones agrícolas denuncian que las medidas impuestas por la UE en el acuerdo de Mercosur castiga a los agricultores españoles
The post El polémico acuerdo de Mercosur revive las trastornadas en España  first appeared on Hércules.  Asaja y Coag, asociaciones agrícolas, han convocado una manifestación el próximo 16 de diciembre frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid. Según han señalado ambas organizaciones, el motivo es “la falta de respuestas eficaces a los muchos problemas que acumulan los agricultores y ganaderos españoles, entre ellos, el reciente acuerdo firmado entre la UE y Mercosur”.

Ambas asociaciones han enviado un comunicado conjunto para denunciar que, tras la “oleada” de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de todo el territorio nacional, desde el Gobierno no se les escuchó. Tras la última tractorada sucedida en febrero de 2024, el Ministerio de Agricultura decidió poner en marcha un paquete de medidas, que “no contó con el refrendo de las principales organizaciones agrarias, y que se ha demostrado claramente insuficiente para dar respuesta a las demandas del sector”.

El campo también critica “la falta de inversiones e infraestructuras” así como “una política hidráulica decidida”. De hecho, denuncian, “la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas hace que convivan situaciones endémicas de déficit de agua con desastres como el provocado por la última DANA que ha asolado el sureste peninsular”.

El campo protesta contra las medidas abusivas de la Unión Europea

“Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda…, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones”, explican Asaja y Coag en el comunicado.

Por todo ello, ambas organizaciones reclaman “un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones más proactivas en defensa de un sector que toca fondo, con ingresos que resultan insuficientes, con una pérdida de activos que resulta sangrante y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en nuestras explotaciones y en los núcleos rurales”.

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Madrid lidera y Barcelona se queda atrás en la economía colaborativa

Las políticas restrictivas de Barcelona han terminado por asfixiar la economía, a diferencia de Madrid, que destaca por su equilibrio regulatorio y apertura
The post Madrid lidera y Barcelona se queda atrás en la economía colaborativa first appeared on Hércules.  La economía colaborativa no solo está transformando cómo consumimos bienes y servicios, sino también el modo en que las ciudades pueden posicionarse en un mercado global cada vez más competitivo. El Índice de Economía Colaborativa 2024 del Consumer Choice Center evalúa 60 ciudades en todo el mundo según su apertura a plataformas colaborativas como Airbnb, Uber, Bolt o Blablacar, midiendo indicadores como el marco regulatorio, la accesibilidad de estas plataformas y su impacto en los consumidores.

Este año, Madrid se ha consolidado como un referente, ocupando el tercer puesto global y siendo la ciudad mejor valorada en España y la segunda de Europa, mientras que Barcelona queda relegada al puesto 20, destacando negativamente en aspectos clave como la regulación del transporte compartido y los alquileres turísticos.

¿Qué hace bien Madrid?

La capital española ha adoptado un enfoque pragmático hacia la economía colaborativa, reconociendo su potencial para crear empleo, ofrecer servicios más asequibles y fomentar la innovación. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, plataformas como Uber y Cabify operan con relativa libertad, ofreciendo a los madrileños opciones competitivas frente al taxi tradicional. Esta política ha resultado en mayores opciones para los consumidores y una mejora general en la calidad del servicio.

En el sector del alojamiento vacacional, Madrid también mantiene un equilibrio entre regular el uso de Airbnb y permitir que los propietarios alquilen sus viviendas, incentivando el turismo sin imponer restricciones excesivas. Esto no solo beneficia a los consumidores, sino que también impulsa la economía local.

¿Por qué Barcelona se queda atrás?

En contraste, Barcelona ha adoptado una política regulatoria hostil. La capital catalana ha hecho todo lo posible por crear un entorno económico asfixiante para la economía colaborativa. En el sector del transporte compartido, por ejemplo, Barcelona tiene uno de los regímenes de licencias de VTC más estrictos de Europa. En 2018, el gobierno local limitó su número a una por cada treinta licencias de taxis, medida que fue rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al ser considerada discriminatoria y contraria al derecho de la Unión.

Posteriormente, estableció que los vehículos registrados en estas aplicaciones deberían medir al menos 4,9 metros, excluyendo a la mayoría de los conductores de ofrecer sus servicios en el mercado. Todo esto en contra de la opinión de la mayoría de barceloneses, que rechazan abrumadoramente limitar el uso de Uber y aplicaciones similares.

En cuanto a los alquileres turísticos, las regulaciones de Barcelona han restringido severamente el uso de Airbnb, limitando la oferta y aumentando los precios para los visitantes. Esta política de ataque frontal al alquiler vacacional iniciada por Ada Colau ha sido recogida por su sucesor, Jaume Collboni, que asegura que terminará con las 10 mil licencias de pisos turísticos vigentes en la ciudad. Estas medidas no solo afectan a los turistas, sino también a los barceloneses que podrían beneficiarse del ingreso adicional que genera alquilar sus propiedades.

Lecciones del índice global

El Índice de Economía Colaborativa 2024 coloca a Singapur y Tallinn como las dos ciudades más abiertas a la economía colaborativa, seguidas de cerca por Madrid. Estas ciudades comparten un enfoque en la innovación y la flexibilidad regulatoria, que beneficia tanto a consumidores como a emprendedores.

Madrid demuestra que adoptar políticas equilibradas en la economía colaborativa no solo beneficia a los consumidores, sino que también refuerza su posición como líder global. Es hora de que Barcelona tome nota y abandone su enfoque prohibicionista.

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