Crónica Diaria

El dinero recaudado por estos bienes se invierte en programas de prevención, rehabilitación e inserción social, además de control del narcotráfico
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Imagen de uno de los vehículos que se subastarán // DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) ha informado que en 2024 ha distribuido un total de 20.102.988 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

Del total asignado, el 54,7% (11 millones de euros) se ha destinado a programas de reducción de la demanda, incluyendo la prevención del consumo de drogas y la rehabilitación de personas con adicciones. Este dinero ha sido repartido entre comunidades autónomas, corporaciones locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y proyectos internacionales.

Por otro lado, el 37,8% del fondo (7.602.988 euros) se ha dirigido a acciones de control de la oferta, es decir, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este importe ha sido asignado a organismos como el Ministerio del Interior, la Fiscalía Especial Antidroga, Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Secretaría de Estado de Política Territorial. Finalmente, el 7,46% del fondo (1,5 millones de euros) se ha reservado para gastos de gestión del propio Fondo de Bienes Decomisados.

Este fondo está regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, y está compuesto por bienes, efectos e instrumentos decomisados mediante sentencias firmes en casos de tráfico de drogas y delitos asociados. Dichos bienes pueden ser subastados públicamente, y el dinero recaudado se invierte en programas de prevención, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral.

Históricamente, aproximadamente el 70% de los fondos han sido destinados a programas de reducción de la demanda, mientras que el 30% restante ha financiado operaciones policiales y aduaneras.

Subasta de vehículos de lujo decomisados

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha anunciado la subasta pública de dos Ferraris (575M y F512TR) y un Aston Martin DBS, vehículos decomisados en operaciones contra el narcotráfico.

Esta subasta se lleva a cabo de forma electrónica a través del portal Escrapalia, donde cualquier persona física o jurídica puede participar siguiendo las condiciones establecidas en el pliego de la subasta.

Los automóviles, libres de cargas y con un historial de ITV detallado, pueden ser inspeccionados presencialmente los días 8 y 9 de abril previo registro. La subasta permanecerá abierta hasta el 10 de abril. Los interesados deberán realizar un depósito como garantía antes de participar.

Otras subastas abiertas y próximas

Además de la subasta de estos vehículos de alta gama, hasta el 27 de marzo se podrán pujar por:

Un vehículo en Salamanca

Seis en Carral (A Coruña)

Seis en Las Palmas de Gran Canaria

Uno en Lugo

Uno en Pontevedra

Uno en Ponferrada (León)

Diez en Hontaria (Segovia)

Dos en Ferrol (A Coruña)

Para abril se abrirán subastas en Huelva (10 vehículos), Granada (3), Córdoba (1), Almería (5), Sevilla (5), Ceuta (14), Melilla (17) y Baleares (3). En mayo, también se subastarán vehículos en Cantabria (5), Gipuzkoa (1), Bizkaia (1) y Asturias (5).

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El Eubarómetro ha mostrado que la defensa es una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos de la UE
The post El 72% de los españoles quiere que la UE tome acciones más directas para mejorar su defensa first appeared on Hércules.  Según el último Eurobarómetro, los ciudadanos europeos consideran que la seguridad y la defensa son las áreas prioritarias en las que la Unión Europea debe fortalecer su papel en el mundo. En contraste, los españoles otorgan mayor importancia a la educación y la investigación.

Mientras que un 36% de los europeos señala la seguridad y la defensa como las principales cuestiones a abordar por la UE, solo un 20% de los españoles comparte esta opinión. En España, la educación y la investigación son consideradas prioritarias por un 40% de los encuestados. ​

A pesar de esta diferencia en prioridades, existe un consenso generalizado en España y Europa sobre la importancia de que la UE actúe como un marco protector ante crisis globales y riesgos de seguridad. Un 66% de los europeos y un 72% de los españoles desean que la Unión desempeñe un papel más relevante en la protección de sus ciudadanos.

Por otra parte, el 49 % de los ciudadanos españoles tiene una percepción “positiva” de la Unión Europea, mientras que un 78 % considera que el Parlamento Europeo debería desempeñar un papel más relevante dentro del bloque comunitario. Sin embargo, solo un 38 % de los encuestados en España mantiene una opinión favorable sobre esta institución.

Tanto en España (76 %) como en el conjunto de la Unión Europea (74 %), la mayoría de la población está convencida de que la pertenencia a la UE ha resultado beneficiosa para sus respectivos países. No obstante, los españoles destacan principalmente que la adhesión ha traído consigo nuevas oportunidades laborales y un impulso al crecimiento económico, mientras que la media europea valora, sobre todo, su papel en la protección de la paz y la seguridad.

En cuanto al gasto en defensa, el 55% de los españoles considera que la UE debería incrementar su inversión en este ámbito. Sin embargo, al identificar sectores prioritarios para el presupuesto comunitario, los españoles sitúan en primer lugar el empleo, los servicios sociales y la sanidad pública (62%), seguidos de la educación, formación, cultura y medios de comunicación (50%). La seguridad y la defensa ocupan una posición menos destacada, con un 14%. ​

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Esta postura es vista como una cesión al independentismo vasco
The post Gobierno y PNV se alían para contradecir la sentencia del Supremo en relación con la homologación de títulos first appeared on Hércules.  El Ejecutivo central y el Gobierno del País Vasco trabajan de manera conjunta para analizar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 366/2024, el cual transfería a la comunidad autónoma la competencia de homologación de títulos extranjeros. Ambas administraciones buscan alternativas para mitigar las consecuencias de esta decisión y encontrar soluciones tanto a corto como a largo plazo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que la intención del Gobierno era clara: avanzar en el autogobierno en una materia clave como la homologación de títulos para facilitar la incorporación de profesionales al mercado laboral. “Estamos estudiando la sentencia junto al Gobierno del País Vasco para tomar las decisiones pertinentes”, declaró Torres tras la firma del traspaso de competencias de Tráfico a Navarra.

Desde el Ejecutivo vasco, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha asegurado que los equipos jurídicos de ambas administraciones ya están trabajando para evaluar posibles medidas. Aunque aún no se ha determinado si presentarán un recurso, su prioridad inmediata es desbloquear los expedientes paralizados por la sentencia.

La anulación del decreto genera un obstáculo en sectores que necesitan con urgencia más profesionales, como el sanitario. “Existen muchas personas extranjeras altamente cualificadas que no pueden ejercer su profesión por la falta de homologación de sus títulos”, señaló Ubarretxena, destacando el caso de ingenieras, abogadas y dentistas que trabajan en otros ámbitos debido a la burocracia del sistema.

En este contexto, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha criticado la falta de coherencia en la resolución del Supremo. Según explicó, la aprobación de títulos universitarios en el País Vasco ya pasa por un proceso riguroso de acreditación, que luego el Ministerio valida como trámite final. “El paso crítico lo da el Gobierno del País Vasco tras la acreditación de su Agencia de Evaluación”, señaló.

Más allá del impacto en el mercado laboral, la transferencia de esta competencia es vista como un avance en la agenda soberanista del nacionalismo vasco. La cesión de funciones clave al Ejecutivo autonómico refuerza la idea de un mayor autogobierno y otorga argumentos a quienes defienden una mayor independencia administrativa e institucional respecto al Estado. En los próximos días, se espera que ambos gobiernos concreten su estrategia conjunta frente a la sentencia.

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El Shin Bet investiga en secreto a la policía y al ministro Ben-Gvir por posibles actos que socaven el orden del gobierno, lo que desató una serie de tensiones políticas. El gobierno de Netanyahu busca destituir al jefe del Shin Bet, pero el Tribunal Superior de Justicia congeló la decisión.
The post Crisis entre Shin Bet y Ben-Gvir: Investigación secreta, acusaciones y tensiones en el gobierno israelí first appeared on Hércules.  Ben Gvir/tabletmag.com

En los últimos meses, el Shin Bet ha llevado a cabo una investigación secreta sobre la policía y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, revelada por el Canal 12 de noticias. El motivo de esta investigación estaría relacionado con una posible amenaza al orden gubernamental. Según fuentes cercanas, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue informado de la situación.

Tras la publicación, se produjo un hecho inusual durante una reunión de seguridad. Ben-Gvir, al ver el informe en Canal 12 News, reaccionó duramente contra el Shin Bet. El jefe del Shin Bet, Ronen Bar, negó las acusaciones, mientras Netanyahu manifestó su preocupación por investigaciones políticas dirigidas contra funcionarios electos. Ben-Gvir llegó a calificar a Bar de “criminal que debería estar en prisión”. En una carta enviada en septiembre, Bar advirtió a su equipo sobre el auge del kahanismo dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, señalándolo como un fenómeno peligroso que debía ser controlado.

Se ordenó entonces la recopilación secreta de información y la elaboración de una serie de hallazgos: “Debemos continuar recolectando pruebas y testimonios sobre la implicación del escalón político en el uso ilegal de la fuerza, y llegar a conclusiones”, establecieron en el Shin Bet. Paralelamente, el Fiscal General afirmó que Ben-Gvir habría interferido en las operaciones policiales en el Monte del Templo durante Tisha B’Av.

El 5 de septiembre, Bar se reunió con el Fiscal General, notificándole sobre la presunta intervención de Ben-Gvir en la actuación policial. Sin embargo, el 12 de septiembre, el Shin Bet verificó que Ben-Gvir no había interferido, limitándose a estar presente en el lugar, como hicieron sus predecesores. Aún así, el 15 de septiembre, un alto funcionario del Shin Bet señaló que, aunque no hubo irregularidades evidentes, las directrices de Ben-Gvir parecían influir en la policía. También se indicó que no se debía revelar al Fiscal General que los agentes del Shin Bet presentes en el Monte eran la fuente de esta información, por temor a represalias.

El 26 de septiembre, Bar ordenó investigar si estas acciones podrían estar socavando el orden gubernamental y pidió conclusiones claras. La semana pasada, Ben-Gvir fue reelegido ministro de Seguridad Nacional. Durante una reunión de gabinete, se decidió destituir a Ronen Bar, aunque el Tribunal Superior de Justicia congeló la decisión y convocó una audiencia en dos semanas. El Tribunal emitió una orden judicial temporal para evitar daños irreversibles hasta que se tome una decisión definitiva.

En respuesta, el Shin Bet recordó que los movimientos Kach y Kahane Chai fueron designados como “organizaciones terroristas” en 2016 y que continúa monitoreando sus intentos de infiltrarse en instituciones gubernamentales, particularmente en las fuerzas del orden. La Oficina de Ben-Gvir criticó duramente al Shin Bet, calificando de “terremoto” su conducta al iniciar investigaciones contra funcionarios electos con el objetivo de recopilar pruebas, algo que consideraron un atentado contra la democracia.

Por su parte, la policía expresó sorpresa ante las acusaciones. El comisionado de policía, Danny Levy, exigió explicaciones inmediatas al jefe del Shin Bet y al Fiscal General, solicitando que cualquier sospecha seria fuera transferida formalmente para ser investigada. Las reacciones políticas no tardaron en llegar: Gilad Kariv, miembro de la Knesset, denunció la intención del gobierno de destituir a Bar, mientras Karin Elharar y Merav Michaeli alertaron sobre la creciente influencia de Ben-Gvir en la policía y su impacto en la democracia israelí.

Ben-Gvir, a través de redes sociales, denunció la existencia de un “estado profundo”, mientras que Limor Son Har-Melech criticó al Shin Bet por desviar recursos hacia lo que calificó como una persecución política, en lugar de centrarse en la seguridad ciudadana.

El Shin Bet negó estar llevando a cabo investigaciones contra la policía o el escalón político, asegurando que ya aclaró el asunto con el comisionado Levy. Además, subrayaron la importancia de la cooperación entre instituciones para garantizar la seguridad nacional.

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