El Gobierno aún opera con las cuentas aprobadas en 2022, algo que genera dudas sobre el cumplimiento ante la Unión Europea
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Imagen: EFE
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p class=»MsoNormal»>En medio de la creciente debilidad parlamentaria del Gobierno y sus dificultades para legislar, la posibilidad de una segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cobra fuerza en el debate político y económico. Aunque esta opción parecía impensable meses atrás, el escenario actual plantea la posibilidad de que España funcione otro año más con unas cuentas desactualizadas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda insiste en que no considera esta opción. «Estamos trabajando en la preparación de unas nuevas cuentas que sean aprobadas», han señalado fuentes del ministerio, aunque admiten que, en caso de no lograrse, evaluarían las consecuencias de una nueva prórroga.
Desajustes con la realidad económica actual
La prórroga de los PGE permitiría que el país siga operando con las cuentas de 2023, pero esto conllevaría una serie de desajustes. En ese año, las previsiones económicas eran muy distintas: España se encontraba recuperando su PIB prepandemia y el Banco Central Europeo (BCE) acababa de empezar a subir los tipos de interés. Hoy, la situación ha cambiado considerablemente. La economía está en crecimiento, la inflación se modera y el BCE ha iniciado una reducción de tipos. Estos cambios exigen una adaptación fiscal que no se reflejaría en unos presupuestos diseñados para un contexto ya superado.
Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, advirtió de las implicaciones: «Los PGE son el principal instrumento de política económica y, si se prorrogan, estarían basados en una realidad económica muy distinta. No tendrían coherencia con las necesidades actuales del país«. Torres subrayó, además, que áreas clave como la vivienda, la mayor emergencia social y económica de España, requieren de ajustes que difícilmente se podrían implementar sin unos nuevos presupuestos.
El impacto en las reformas y los fondos europeos
La prórroga de los PGE también podría complicar la implementación de reformas y obstaculizar la llegada de fondos europeos, según expertos. Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), señaló que un Parlamento que no ha aprobado ningún presupuesto en esta legislatura se encontraría con una «falta de coherencia» entre las cuentas actuales y la voluntad popular expresada en las urnas. Esta situación podría generar una parálisis legislativa que dificultaría cumplir con los hitos y objetivos relacionados con el desembolso de los fondos Next Generation.
Además, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que exigen una mayor consolidación fiscal, añaden presión al Ejecutivo. España debe reducir su déficit primario en 2,5 puntos del PIB de 2025 a 2028, una tarea que, según Rafael Doménech, de BBVA Research, recuerda los niveles de superávit previos a la Gran Recesión.
Ajustes en partidas y control del gasto
Una de las ventajas de la prórroga presupuestaria, señalan algunos analistas, es que podría evitar un aumento directo del gasto público, lo que contribuiría a la consolidación fiscal. Sin embargo, el gasto en ciertas áreas, como la revalorización de las pensiones y la subida salarial de los funcionarios, sigue garantizado por ley, lo que implica que el Gobierno debe hacer ajustes en otras partidas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que la «ingeniería presupuestaria» permite realizar estos ajustes sin necesidad de aprobar nuevos presupuestos. Sin embargo, José Emilio Boscá, catedrático en la Universidad de Valencia, advirtió sobre los riesgos de esta práctica, ya que dificulta el control del gasto público y puede dar lugar a un uso opaco de los recursos.
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