Crónica Diaria

Este proyecto beneficiará a 66 millones de pasajeros anuales, así como 40.000 empleados que trabajan en el principal aeródromo de España y tercero de Europa
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Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes las obras de ampliación de la Línea 5 de Metro, que llegará hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El anuncio lo realizó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital.

La extensión, que conectará la actual estación de Alameda de Osuna con las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto, supondrá una inversión de 181 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico. El nuevo trazado abarcará 1,7 kilómetros y se prevé que la obra esté finalizada en 2028.

Según ha explicado Rodrigo, este proyecto beneficiará a más de 66 millones de pasajeros anuales, así como a los 40.000 empleados que trabajan en el principal aeródromo de España y tercero de Europa. “Viajar desde el centro de Madrid hasta el aeropuerto será más sencillo y rápido”, afirmó el consejero.

Una estación moderna y eficiente

La futura estación seguirá los estándares de Metro de Madrid en materia de accesibilidad, funcionalidad y seguridad. Dispondrá de un amplio vestíbulo de casi 20.000 metros cúbicos y contará con cinco zonas de acceso, cuatro escaleras fijas y nueve escaleras mecánicas. Uno de los elementos más destacados del diseño será su cubierta acristalada de 1.630 metros cuadrados, que permitirá la entrada de luz natural y ofrecerá vistas directas al aeropuerto.

Para ejecutar las obras, se emplearán diversas técnicas de construcción. Parte del túnel se excavará mediante métodos tradicionales como el uso de pico y pala, mientras que otra parte se realizará mediante la técnica conocida como cut and cover (muros pantalla), una solución eficaz para zonas urbanas de gran complejidad.

Una línea clave para el transporte madrileño

La Línea 5 es una de las más utilizadas de la red metropolitana madrileña, con una media anual de 77 millones de usuarios. Actualmente recorre 25 kilómetros y cuenta con 32 estaciones, incluyendo el ramal que conecta Ópera con Príncipe Pío. Además, conecta con otras 10 líneas del suburbano, lo que la convierte en uno de los ejes principales del transporte público de la región.

El proyecto de ampliación también contará con financiación europea: el 40% del coste total será cubierto mediante fondos FEDER de la Unión Europea, lo que refuerza su relevancia estratégica no solo para Madrid, sino también para el conjunto de la movilidad sostenible en Europa.

Con esta actuación, el Gobierno regional refuerza su apuesta por una red de transporte más conectada, moderna y eficiente, mejorando el acceso al aeropuerto para millones de usuarios y avanzando en la integración del sistema de transporte público metropolitano.

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Torres ha insistido en la necesidad de que las administraciones públicas actúen con responsabilidad y compromiso ante la realidad migratoria
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Europa Press

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha mostrado su respaldo al nuevo Reglamento de Extranjería, que entra en vigor este martes, destacando su importancia para mejorar los procesos de inclusión social y laboral de las personas migrantes. Según ha señalado, la nueva norma busca principalmente simplificar y agilizar los trámites necesarios para obtener permisos de residencia y trabajo, facilitando así su integración en la sociedad vasca.

Torres ha intervenido en una jornada informativa organizada en la Delegación del Gobierno en el País Vasco, celebrada en Vitoria-Gasteiz, donde ha insistido en la necesidad de que las administraciones públicas actúen con responsabilidad y compromiso ante la realidad migratoria. “No podemos mirar hacia otro lado. La primera necesidad de estas personas es la regularización, para que puedan insertarse en el mercado laboral, un mercado que ellos necesitan… y que también los necesita a ellos”, ha afirmado.

La migración como motor social y económico

Durante su intervención, el vicelehendakari ha subrayado que la migración ha sido y sigue siendo una parte esencial en el desarrollo de Euskadi. “La emigración nos ha ayudado en el pasado a construir una sociedad más próspera, lo hace en el presente y será también parte de nuestro futuro”, ha declarado. Para Torres, ofrecer a las personas migrantes oportunidades reales de vida digna no solo responde a un principio de justicia, sino que es también una necesidad ante desafíos como el envejecimiento demográfico.

Ha recordado que en el País Vasco viven muchas personas extranjeras que desean integrarse laboralmente y desarrollar su proyecto vital en el territorio. Por ello, ha hecho hincapié en que las políticas públicas deben garantizar dispositivos de acogida eficaces que faciliten esa plena inclusión.

Próxima transferencia de competencias en Extranjería

Uno de los puntos clave abordados por Torres es la inminente transferencia al Gobierno Vasco de las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras. Una vez formalizado el traspaso, será el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo el encargado de gestionar estos permisos a través de sus tres delegaciones territoriales.

Gracias a esta nueva competencia, el Ejecutivo vasco podrá ofrecer una atención más cercana y eficaz a la población migrante, adaptando las políticas de inserción laboral a las realidades locales. “Estaremos más cerca de las personas migrantes, pero también de las empresas que necesitan trabajadores”, ha recalcado.

Un nuevo marco para la gestión del empleo migrante

En un comunicado posterior, el Departamento de Empleo ha detallado que la transferencia incluye no solo las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena, sino también las relacionadas con actividades de temporada y la contratación colectiva en origen para cubrir puestos de difícil cobertura.

Además, se incorporan funciones vinculadas a la verificación y acompañamiento hacia permisos socioformativos, que ya se desarrollan a través de Lanbide, y tareas específicas de inspección laboral vinculadas a las competencias transferidas.

El Gobierno Vasco considera que este nuevo marco competencial permitirá una gestión más eficiente y humanizada de los procesos de inserción laboral, contribuyendo a consolidar un modelo de sociedad más inclusiva y cohesionada.

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Óscar Puente niega que haya solicitantes de asilo durmiendo en Barajas y responsabiliza a Madrid del abandono social
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^{Óscar Puente I Europa Press}

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que entre las personas que pasan la noche en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no hay solicitantes de asilo, contradiciendo así las declaraciones de algunos dirigentes madrileños.

A través de una publicación en su perfil de la red social X, el ministro ha respondido con contundencia a las críticas del entorno de Isabel Díaz Ayuso, a quienes acusó de tergiversar la situación. “Voy a ser claro una vez más: las personas que duermen en Barajas no están solicitando asilo. Son ciudadanos en situación de vulnerabilidad que no reciben atención por parte del Ayuntamiento de Madrid”, expresó Puente.

Estas declaraciones llegan después de que el consistorio madrileño concediera un plazo de 30 días a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que se hagan cargo de los migrantes alojados en recursos municipales. En caso contrario, el Ayuntamiento ha advertido que recurrirá a la vía judicial.

El ministro también recuperó una publicación anterior en la que denunciaba que en la capital del “eslogan de las cañas y la libertad”, las personas sin hogar terminan durmiendo en el aeropuerto ante la falta de atención institucional. “Ni el gobierno municipal ni el autonómico están actuando”, criticó entonces.

El requerimiento enviado por el Ayuntamiento el pasado viernes exige al Gobierno central que garantice el acceso inmediato al sistema de acogida para todas las personas que han solicitado asilo, lo han hecho en el pasado o han manifestado su intención de hacerlo, y que actualmente están alojadas en centros municipales.

De no cumplirse esta exigencia en el plazo estipulado, el Ayuntamiento de Madrid ha advertido que tomará acciones legales contra el Ejecutivo central.

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Tesh Sidi (Más Madrid) exige aclaraciones a RTVE y al Gobierno por el televoto de Eurovisión tras la nueva victoria popular de Israel, en medio de sospechas de manipulación.
The post Más Madrid denuncia opacidad, injerencias y blanqueo político tras el televoto a favor de Israel first appeared on Hércules.  La diputada Tesh Sidi, de Más Madrid y adscrita al grupo parlamentario Sumar, ha exigido tanto a RTVE como al Gobierno español explicaciones detalladas sobre el proceso de televoto durante la última edición de Eurovisión, tras constatarse que Israel volvió a recibir los 12 puntos del público por segundo año consecutivo. Sidi quiere saber si hubo irregularidades, interferencias o algún tipo de manipulación en la votación popular.

A través de una batería de preguntas en el Congreso, Sidi expresa su preocupación por la creciente desconfianza que genera el sistema de votación, más aún después de que la televisión pública española expresara abiertamente su desacuerdo con la presencia de Israel en el festival, en un contexto de ofensiva militar en Gaza.

La diputada plantea una reflexión crítica sobre la continuidad de Israel en Eurovisión, especialmente si se tiene en cuenta que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) expulsó a Rusia en 2022 por la guerra en Ucrania. A su juicio, existe una incoherencia evidente en los criterios aplicados y denuncia la utilización política del certamen, máxime tras revelarse que el patrocinador principal, Moroccanoil Israel Limited, opera en territorios ocupados palestinos.

En este sentido, Más Madrid reclama transparencia total en torno al sistema de financiación de Eurovisión, las posibles distorsiones en el voto del público y la relación con empresas patrocinadoras que podrían tener vínculos contrarios a los valores democráticos y los derechos humanos.

Asimismo, la formación madrileña propone que los ingresos obtenidos por RTVE mediante el televoto ,aproximadamente 200.000 euros este año, se redirijan de forma íntegra o parcial a ayuda humanitaria en Gaza. Concretamente, sugiere canalizar estos fondos a través de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas dedicada a los refugiados palestinos, dadas las extremas necesidades en el enclave.

Desde Más Madrid se insiste en que es urgente proteger la credibilidad y la neutralidad del certamen musical, evitando que se transforme en un escaparate propagandístico al servicio de intereses geopolíticos o económicos ajenos al espíritu cultural del evento.

Por todo ello, Sidi interroga al Ejecutivo y a RTVE sobre si existen indicios de campañas organizadas, interferencias o irregularidades que hayan podido alterar el resultado del televoto emitido desde España. Finalmente, en caso de que la UER confirme presiones o manipulaciones vinculadas al Estado israelí, la diputada cuestiona si RTVE estaría dispuesta a impulsar una petición formal para que Israel sea excluido del festival en futuras ediciones.

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Esta cifra representa apenas el 0,76% del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un descenso respecto al 0,80%
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Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Fuente: Europa Press

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado la falta de inversión continuada en el cuerpo, tras confirmarse que la partida presupuestaria asignada para 2025 se mantiene congelada por tercer año consecutivo en 3.670,9 millones de euros. Esta cifra representa apenas el 0,76% del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un descenso respecto al 0,80% registrado en 2021.

Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, ha señalado que esta situación es consecuencia directa de la prórroga de los presupuestos ante la falta de acuerdo con Junts, lo que “evidencia una pérdida de capacidad real de la Guardia Civil, que venimos denunciando desde hace mucho tiempo”.

Vilariño advierte que esto no solo compromete la seguridad del país, en un contexto de criminalidad creciente, sino que también perpetúa una “discriminación” frente a otros cuerpos policiales.

Desde la asociación critican que este estancamiento presupuestario está teniendo consecuencias “graves” en distintos ámbitos. Entre ellas destacan el freno a la equiparación salarial con policías autonómicas y locales, la falta de recuperación del 5% en las pagas extra, y la ausencia de mejoras en condiciones laborales.

También señalan que los agentes que deben desplazarse fuera de su destino habitual reciben dietas insuficientes, que no se ajustan al coste real de vida.

“La respuesta del Ministerio del Interior es que la congelación presupuestaria impide avanzar, pero eso no puede justificar que los agentes pierdan dinero por cumplir con su deber. Reclamamos voluntad política”, ha declarado Vilariño.

JUCIL denuncia negligencias en el presupuesto

Otro de los problemas crónicos que denuncia JUCIL es la falta de personal. Actualmente, la Guardia Civil es responsable del 80% del territorio nacional y de todo el litoral español. Sin embargo, los recursos humanos no crecen al ritmo necesario.

Para frenar la pérdida de agentes, la asociación estima necesarias más de 5.400 plazas anuales, casi el doble de las 3.118 ofertadas por el Ministerio del Interior este año.

Vilariño concluye asegurando que seguirán exigiendo más efectivos, una mejor organización y los medios adecuados para desempeñar su labor: “No se puede seguir ignorando la realidad que vive la Guardia Civil a diario.

Es fundamental que en los presupuestos de 2026 se asignen recursos suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de nuestros propios agentes”. Asimismo, advierte del riesgo de que las cuentas vuelvan a prorrogarse el próximo año, lo que supondría “otro duro golpe” para el cuerpo.

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Los productos falsificados eran distribuidos posteriormente por diversas localidades turísticas de la provincia, aprovechando la alta afluencia de visitantes
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Europa Press

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Local de Málaga, la Inspección de Trabajo y el apoyo de Europol, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la distribución y venta de artículos de lujo falsificados. La red operaba desde el polígono industrial de Guadalhorce, en la capital malagueña, y surtía de productos fraudulentos a numerosos distribuidores de toda la provincia.

La investigación, que comenzó el pasado mes de marzo, permitió identificar una estructura organizada dedicada a la fabricación, importación y venta al por mayor de productos que imitaban marcas de prestigio. Los agentes localizaron una treintena de establecimientos que, bajo una apariencia legal, funcionaban como centros logísticos y puntos de abastecimiento para cientos de comerciantes ambulantes y negocios minoristas.

Estos productos falsificados eran distribuidos posteriormente por diversas localidades turísticas de la provincia, aprovechando la alta afluencia de visitantes para introducir en el mercado ropa, complementos y artículos de marroquinería que imitaban las marcas más conocidas del sector del lujo.

Operativo con más de 130 agentes y 31 inspecciones

Tras meses de investigaciones y vigilancias, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo en el polígono de Guadalhorce, que incluyó la participación de más de 130 efectivos. En total, se realizaron 31 inspecciones en naves industriales dedicadas a la venta tanto mayorista como directa al consumidor final.

Como resultado de este operativo, fueron arrestadas 49 personas acusadas de delitos contra la propiedad industrial. Se intervinieron más de 24.000 artículos falsificados de distintas marcas de renombre, así como una suma en efectivo de 383.000 euros, incluyendo divisas extranjeras, lo que pone de manifiesto la envergadura económica de la red criminal desmantelada.

Falsificación de monedas de colección

Además de los productos textiles y de marroquinería, durante los registros se localizaron 500 monedas antiguas falsificadas, presuntamente destinadas a ser vendidas como objetos de colección. Las autoridades han iniciado una investigación paralela para determinar su origen, método de distribución y posibles vínculos con otros delitos relacionados con el fraude.

La operación se enmarca dentro de los esfuerzos que las fuerzas de seguridad llevan a cabo de forma continua para combatir el comercio ilegal y proteger tanto a los consumidores como a las marcas afectadas. El uso de productos falsificados no solo perjudica a las empresas legítimas, sino que también supone un riesgo para los compradores, ya que estos productos no cumplen con las normativas de calidad y seguridad.

Colaboración internacional

La implicación de Europol ha sido clave en el análisis de la información recabada y en la coordinación con otras investigaciones similares que se desarrollan a nivel europeo. Este tipo de redes suelen tener conexiones internacionales, por lo que no se descarta que la operación derive en nuevas actuaciones fuera del territorio nacional.

La Policía ha destacado el papel fundamental de la cooperación entre cuerpos policiales y administraciones públicas en la lucha contra la economía sumergida y el comercio fraudulento, que tanto impactan en sectores como el turismo, el comercio y la propiedad intelectual.

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La Audiencia Provincial de Soria declara nula por abusiva una cláusula referenciada al IRPH y abre la puerta a miles de reclamaciones en España
The post Nueva demoledora sentencia pone al IRPH en la cuerda floja first appeared on Hércules.  En una edición anterior de Vida Adulta ya tratamos el asunto relativo al conocido como el IRPH. No obstante, el dinamismo del mundo jurídico actual nos obliga a pararnos de nuevo en esta cuestión. El hecho es que una oleada de reclamaciones pueden llegarse a dar a raíz de una pionera sentencia. Tal es así, que este medio a podido acceder a la sentencia en cuestión y procederemos a refrescar y dar un halo de luz a los afectados por la polémica, en lo que a la nulidad por clausulas abusivas se refiere en las hipotecas con dicho índice.

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Soria ha supuesto un importante respaldo para los afectados por hipotecas vinculadas al controvertido IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). El fallo declara abusiva una cláusula incluida en un préstamo hipotecario de Unicaja, al considerar que carecía de la transparencia exigida legalmente. La entidad deberá recalcular el préstamo como si el IRPH nunca se hubiese aplicado, lo que se traduce en una importante devolución económica para el consumidor.

Según explica Ángel Sánchez, socio y abogado del despacho Asoban Abogados, especializado en derecho bancario, “la clave de la sentencia está en que no basta con que el IRPH sea un índice legal; debe haberse explicado adecuadamente al consumidor para que este comprendiera su funcionamiento y consecuencias económicas”.

El IRPH es un índice oficial publicado por el Banco de España, calculado como la media de los tipos de interés aplicados por las entidades en sus operaciones hipotecarias. A diferencia del Euríbor, no se basa en transacciones del mercado interbancario, sino en datos que provienen directamente de los bancos, lo que ha levantado críticas por potenciales conflictos de interés.

“El IRPH ha sido históricamente entre 1 y 2,5 puntos más alto que el Euríbor”, señala Sánchez. “Eso supone cuotas mucho más elevadas, con un impacto económico importante para las familias”. Además, incluye comisiones y gastos que lo hacen menos transparente y más difícil de comprender.

La polémica y el pronunciamiento del TJUE

La controversia sobre el IRPH no es nueva. Durante años, miles de afectados han denunciado que sus hipotecas se comercializaron sin información clara, sin simulaciones comparativas con otros índices y sin aplicar el diferencial negativo que recomendaba el Banco de España.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 12 de diciembre de 2024 no declaró ilegal el IRPH, pero sí estableció que su incorporación a los contratos debe cumplir estrictos criterios de transparencia. El alto tribunal europeo fue tajante: no basta con publicar el índice en el BOE, el consumidor debe entender su funcionamiento y efectos.

El fallo de la Audiencia de Soria

El caso juzgado en Soria se centró en una hipoteca que incluía una cláusula referenciada al IRPH sin detallar su composición ni explicar sus implicaciones económicas. La Audiencia concluyó que el cliente no tuvo la información necesaria para tomar una decisión informada, lo que vulnera los principios de buena fe y equilibrio contractual.

Unicaja defendió la legalidad del índice y la supuesta comprensión por parte del consumidor. Sin embargo, la Audiencia desmontó estos argumentos, afirmando que la legalidad del índice no exime a la entidad de cumplir su deber de transparencia.

La entidad fue condenada a recalcular el préstamo, lo que puede suponer la devolución de entre el 25% y el 50% del capital amortizado, dependiendo del caso concreto. “Esta sentencia refuerza la posición de los consumidores, aunque no sea vinculante”, aclara Sánchez. “Se espera que muchas otras Audiencias Provinciales sigan este camino”.

Reacciones y futuro judicial

Hasta ahora, Unicaja no ha anunciado si recurrirá el fallo. Por su parte, entidades como Kutxabank ya han manifestado su intención de impugnar sentencias similares. Desde asociaciones de consumidores y despachos como Asoban, se insiste en la importancia de actuar: “Es el momento de reclamar”, subraya Ángel Sánchez.

En cuanto al perfil del cliente afectado, Sánchez indica que no hay un patrón único. “Lo que une a todos es la voluntad de defender sus derechos frente a cláusulas que no fueron explicadas con la claridad debida. Muchos bancos siguen alegando que lo hicieron todo bien, pero la realidad judicial demuestra lo contrario”.

El camino judicial está lejos de cerrarse. Con unos dos millones de hipotecas referenciadas históricamente al IRPH, el fallo de la Audiencia de Soria puede marcar un antes y un después en la defensa de los consumidores frente a las malas prácticas bancarias.

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