Crónica Diaria

Un informe descarta fallos del tren y apunta a la falta de mantenimiento como causa del incidente que afectó a 12.000 pasajeros
The post Descubierto el motivo real de la avería sobre el tren de Iryo: el mal estado de la catenaria de Adif first appeared on Hércules.  Ya se conoce la causa real del incidente que paralizó el tráfico ferroviario entre Madrid y Sevilla en la madrugada del pasado lunes y que afectó a casi 12.000 personas en toda España. El tren de la operadora italiana Iryo, inicialmente señalado por el Ministerio de Transportes como responsable de un supuesto enganchón con la catenaria, ha quedado exonerado. La investigación revela que la causa fue el deterioro del hilo de contacto de la catenaria, infraestructura gestionada por Adif, que no habría recibido el mantenimiento preventivo adecuado.

El suceso se produjo en la zona de La Sagra, en Toledo. El ministro Óscar Puente aseguró que el incidente fue consecuencia de un fallo del tren de Iryo. Sin embargo, la compañía italiana negó desde el primer momento esa versión y presentó un informe técnico del fabricante Hitachi, responsable del tren, que descartaba cualquier error en el pantógrafo o en el sistema del convoy.

El Sindicato Ferroviario desmonta la versión oficial

El Sindicato Ferroviario, tras una investigación interna con acceso a imágenes y datos técnicos, ha confirmado la versión de Iryo. “La catenaria se rompió encima del tren, sin que el pantógrafo la enganchase, como había dicho el Gobierno”, asegura su portavoz, Rafael Escudero, en declaraciones exclusivas.

Según Escudero, el hilo de contacto —la parte de la catenaria que transmite la corriente eléctrica al tren— estaba excesivamente adelgazado por desgaste, lo que lo hacía vulnerable al aumento de temperatura que se produce en ciertas condiciones técnicas de circulación. “Un hilo de contacto en buen estado soporta el calor, pero uno deteriorado puede fundirse y romperse, como sucedió el domingo”, afirma el sindicalista.

Escudero también ha detallado cómo se produjo la explosión o “petardazo” que alertó al maquinista: al romperse el hilo de contacto, se liberó la tensión mecánica que lo mantenía firme, lo que provocó un golpe violento contra el tren y el suelo. El impacto fue tan intenso que el sistema de seguridad cortó automáticamente la electricidad desde la subestación, lo que paralizó toda la red ferroviaria de la zona.

El incidente se produjo en un punto técnico delicado: una zona de separación de circuito de corriente con un seccionador abierto. En ese contexto, el pantógrafo del tren demandó un consumo extra de energía —posiblemente por la reanudación de la marcha y el uso de sistemas como aire acondicionado— que generó un arco voltaico. Esta chispa eléctrica no habría sido problemática de no ser por el mal estado del hilo de contacto.

El Gobierno sigue sin asumir responsabilidades

Pese a los datos técnicos aportados, desde el Ministerio de Transportes insisten en que la catenaria había sido renovada “hace bien poco” y aseguran que se invirtieron 700.000 euros en su sustitución. Además, no descartan que el suceso pueda deberse a un sabotaje, manteniendo abierta esa hipótesis.

Sin embargo, la versión del Sindicato Ferroviario apunta directamente a una dejadez estructural en el mantenimiento de la infraestructura. “Llevamos tiempo denunciándolo”, remarca Escudero, quien exige explicaciones claras sobre por qué un sistema supuestamente renovado falló de manera tan grave.

Mientras el presidente de Renfe y el propio Óscar Puente aprovechan la crisis para criticar a operadoras privadas como Iryo y Ouigo, la evidencia técnica señala que el fallo fue del sistema público de mantenimiento ferroviario.

El incidente no solo interrumpió decenas de trayectos, sino que puso en riesgo la seguridad de los pasajeros. Ahora, con los datos en la mano, muchas voces reclaman una auditoría independiente sobre el estado real de la red ferroviaria y responsabilidades políticas por el caos generado.

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Carta escrita por Fernando da Silva Costa Rodríguez
The post Las cosas que se nos olvidan first appeared on Hércules.  España parece estar sumida en una de esas plagas que Egipto sufrió allá por los tiempos bíblicos y que nos enseñaban en las escuelas. Se encadenan una serie de eventos “fortuitos”, como apagones, inundaciones, fallos de infraestructuras y un conjunto de leyes que atentan contra los principios económicos y que son aprobadas con mayorías parlamentarias un tanto sospechosas.

El ciudadano de a pie parece olvidar, entre las jugadas del Congreso, cuáles son las funciones del Gobierno, muy alejadas de aquel cuadrado de Nolan. Un gobierno es, ante todo, una infraestructura que permite el desarrollo económico y la representación de la nación.

El desarrollo económico es aquel que permite que las inversiones fluyan y que se cree un escudo donde prevalezca el imperio de la ley. Por mucho que duela, las libertades económicas no son un sistema de bienestar en bancarrota desde que la pirámide poblacional colapsó. Las libertades económicas son aquellas que permiten al empresario y al inversor —que son lo mismo— expandir su riqueza. ¿Y cómo se puede atraer inversión con un esfuerzo fiscal un 17 % superior al de la media de la zona económica europea? Yo mismo me lo pregunto. Parece ser que alimentamos a una bestia, una bestia de acero y plomo que crece cada día con un déficit galopante, un déficit clientelar y malsano, sustentado por intereses políticos y parlamentarios. También debo resaltar, como parte de la función económica de un gobierno competente, el mantenimiento de una serie de infraestructuras necesarias para la actividad económica. Todos hemos sido testigos de cómo fallaron el pasado 28 de abril o durante la crisis de trenes de este lunes.

La representación nacional es algo que solemos asociar a la Corona y a esa pompa de fracs y chaquetas bonitas, pero eso no es cierto. La verdadera representación nacional consiste en proyectar una imagen de integración e incorruptibilidad del Estado y de sus instituciones. Esto parece haber quedado en el baúl de los recuerdos, ya que presenciamos debates en el Congreso donde se utilizan argumentos como “tú has robado más”. Vemos cómo cuestiones como la amnistía —la cual comentaré en breve— no se someten a la consulta ciudadana, y otras, como las relacionadas con el Sáhara, ni siquiera se explican a la ciudadanía. La imagen del Estado se ve difamada por la corrupción, algo a lo que el lector de este medio probablemente ya esté acostumbrado, ya que observamos cómo la línea entre los negocios personales y las actividades del Estado está cada vez más borrosa.

La amnistía ha sido un ejemplo de esa imagen de un Estado roto. Si uno rebobina la cinta de la historia de España, verá que en octubre de 2017 no se detuvo aquel vergonzoso sarao del “procés”. Todo el mundo vio cómo los policías cargaban contra los sublevados. Todo el mundo presenció una escena que se pudo haber evitado y que, tras una década, ha terminado en el levantamiento del castigo, como si perdonásemos a un niño. Pero, en realidad, perdonábamos a unos golpistas y nos castigábamos a nosotros mismos.

Muchos se preguntarán, después de leer este artículo —que parece una serie de acontecimientos sazonados con una crítica algo innovadora—, a qué viene todo esto. La respuesta está en un libro llamado ¿Por qué fracasan las naciones?. No es un libro de mi agrado, ya que peca de ser algo keynesiano y haría que el mismo Carl Menger sufriera un episodio depresivo. Sin embargo, este libro plantea que los países fracasan debido a la ruptura de sus instituciones públicas, algo con lo que estoy plenamente de acuerdo.

Hoy los ciudadanos deben hacer un ejercicio de valor y de coste de oportunidad: deben plantearse si están dispuestos a ceder, a cambio de su sistema de bienestar, una libertad económica real. Deben tener el coraje de juzgar por sí mismos si las instituciones son pulcras y útiles para sus vidas, ya que estas siempre deben rendir pleitesía a los españoles. Y, por último, deben usar la balanza de las libertades, unas libertades que vienen acompañadas de un contrapeso llamado obligaciones y deberes. Esto no es malo, ya que es algo intrínseco al ser humano y que forma parte de su filosofía.

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Concluye que, aunque la decisión del presidente del Gobierno «puede ser discutible jurídicamente», no es «groseramente ilegal»
The post El Supremo rechaza abrir una investigación contra Pedro Sánchez por sus ataques al juez Peinado first appeared on Hércules.  El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una investigación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por recurrir a la Abogacía del Estado para presentar una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de una causa contra su esposa, Begoña Gómez. La Sala de lo Penal ha considerado que, aunque la actuación del jefe del Ejecutivo puede resultar jurídicamente discutible, no alcanza los umbrales de ilegalidad exigidos para una imputación penal.

En su resolución, el alto tribunal ha acordado archivar las tres querellas presentadas por Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, al no apreciar indicios de delito de prevaricación ni de malversación. También ha desestimado investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al abogado del Estado, David Vilas Álvarez, también señalados en una de las querellas.

Los magistrados sostienen que la decisión de Sánchez de recurrir a los servicios jurídicos estatales no fue arbitraria ni careció de razonabilidad, a pesar de su carácter inusual. Según el Supremo, la actuación no fue “groseramente ilegal” ni “absolutamente irracional”, y tampoco responde a una “resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia”.

El caso se originó tras la presentación en julio de 2024 de una querella por parte de la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el juez Peinado, quien previamente había citado a Sánchez como testigo en el Palacio de La Moncloa en el marco de una investigación a Begoña Gómez. Las acusaciones sostenían que el uso de recursos públicos para esta acción legal podía constituir un delito.

No obstante, el Tribunal ha recordado que la presentación de una querella no constituye, en sí misma, un delito de prevaricación administrativa. Además, ha reiterado que no le corresponde juzgar el contenido de la querella presentada por Sánchez ni valorar su conveniencia, sino únicamente evaluar si su tramitación a través de la Abogacía del Estado fue conforme a Derecho.

En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había inadmitido esa querella, al entender que las resoluciones adoptadas por el juez Peinado no podían considerarse arbitrarias o prevaricadoras. Según ese órgano, las decisiones del magistrado se basaron en sospechas o conjeturas, pero no excedieron los márgenes legales.

El Supremo ha concluido que, dado que la querella no es ilegal, tampoco se configura el delito de malversación por la utilización de recursos públicos para su presentación.

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Las energías renovables se consolidaron con un consumo del 71% en toda la eurozona, con una gran reducción de combustibles fósiles
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^{Imagen: gasoducto ruso I Ara}

En cuanto a la dependencia del gas ruso, la UE logró reducir su proporción en las importaciones totales de gas al 11% para 2024, en comparación con el 45% registrado en 2021. No obstante, las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso aumentaron en algunos países, siendo España el segundo mayor importador de GNL ruso en la UE, representando el 35% de sus importaciones de GNL.

Estos datos reflejan los esfuerzos continuos de la Unión Europea por diversificar sus fuentes de energía y avanzar hacia una matriz energética más sostenible y menos dependiente de fuentes externas, especialmente en el contexto geopolítico actual.

Consumo energético europeo

En 2024, la Unión Europea experimentó una transformación significativa en su consumo energético, destacando una notable reducción en la dependencia de combustibles fósiles y un avance en la adopción de fuentes renovables. Las energías renovables representaron el 24,5% del consumo energético total de la UE, marcando un récord, aunque aún por debajo del objetivo del 32% establecido para 2030. En términos de generación eléctrica, las fuentes renovables alcanzaron el 46,9% de la producción neta de electricidad, con la energía eólica y la hidroeléctrica como principales contribuyentes.

A nivel nacional, algunos países miembros sobresalieron en su transición energética. Portugal, por ejemplo, logró que el 71% de su consumo eléctrico proviniera de fuentes renovables, alcanzando las emisiones de CO₂ más bajas desde 1990. España también mostró avances significativos, con un consumo eléctrico de 248.811 GWh en 2024 y una generación de 262.247 GWh, de los cuales el 56% provino de fuentes renovables. Sin embargo, a pesar de estos progresos, las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 1% en 2024, debido principalmente al incremento en el consumo de petróleo en el sector del transporte.

Principales importadores de gas ruso en la UE en 2024

• Francia: se convirtió en el mayor importador de gas natural licuado (GNL) ruso en la UE, con compras por valor de 2.680 millones de euros.
• España: fue el segundo mayor comprador, importando GNL ruso por un valor de 1.840 millones de euros.
• Bélgica: ocupó el tercer lugar, con importaciones por valor de 930 millones de euros.
• Hungría: importó gas ruso por un valor de 1.600 millones de euros, a pesar de una reducción en las compras.
• Italia: realizó importaciones por un valor de 1.300 millones de euros.
• Grecia: importó gas ruso por un valor de 919 millones de euros.
• Eslovaquia: realizó compras por un valor de 800 millones de euros.
• Países Bajos: importó GNL ruso por un valor de 1.300 millones de euros.
• Suecia: realizó importaciones por un valor de 1.000 millones de euros.
• Finlandia: importó gas ruso por un valor de 800 millones de euros.

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La Oficina de Recuperación de Bienes propone vender coches de lujo incautados en el fraude del IVA vinculado al ‘caso Koldo’. Aún no se conoce el paradero de varios vehículos y cuentas bancarias clave ya estaban vacías o canceladas
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La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, ha aconsejado a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco de la causa en la que se investiga un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en la que está imputado también el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama.

Así consta en un oficio remitido al instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que habla de que 13 de los vehículos requisados, “aparentemente en buen estado de conservación”, alcanzarían en el mercado, según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla La Mancha, un valor aproximado de 635.700 euros.

Al hilo, la ORGA recalca que dado que los vehículos “son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso” y dado que su depósito conlleva gastos, lo conveniente es vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.

Respecto a otros coches y motocicletas requisados a la trama, la ORGA entiende que procede ponerlos a disposición de las financieras que tienen reserva de dominio. Y sobre el Audio A8 blindado, propiedad de De Aldama y que le fue devuelto en su día por el juez, indica que no procede ninguna acción. La ORGA informa también al juez de que desconoce la ubicación de varios vehículos que venían relacionados por Pedraz en autos anteriores, por lo que no puede proponer ninguna actuación al respecto hasta que se dé con su paradero.

Por otro lado, Pedraz ha recibido ya información de varias entidades bancarias sobre la orden de bloqueo de determinadas cuentas. Así, Bankinter informa de que una cuenta de Villafuel –la operadora que estaría en el epicentro del presunto fraude– fue cancelada el 10 de abril de 2024, seis meses antes de que se ordenara el bloqueo; y Caixabank le señala que también tiene otra cuenta cancelada y una segunda totalmente vacía. Quien sí informa de una cuenta con saldo es Unicaja Banco, que le dice a Pedraz que le consta un montante de 182.646 euros.

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Una instrucción del Ministerio del Interior impide sancionar el consumo de drogas en vehículos privados estacionados, lo que ha provocado duras críticas de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil por poner en riesgo la seguridad ciudadana y vial
The post Interior desarma a la Policía ante el consumo de drogas en coches aparcados y enciende la alarma por seguridad y siniestralidad first appeared on Hércules.  Una instrucción del Ministerio del Interior impide sancionar el consumo de drogas en vehículos privados estacionados, lo que ha provocado duras críticas de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil por poner en riesgo la seguridad ciudadana y vial.

La reciente instrucción 7/2025 emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad ha desatado una fuerte reacción entre los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil. Denuncian que el Ministerio del Interior está “normalizando” el consumo de estupefacientes en vehículos estacionados, debilitando con ello la autoridad policial y comprometiendo tanto la seguridad en las calles como en las carreteras.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, excluye de la aplicación de la conocida como ‘ley mordaza’ —la Ley de Seguridad Ciudadana— el consumo y la tenencia de drogas dentro de vehículos privados aparcados. Esta decisión se apoya en fallos recientes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, según Interior, lo que implica que no podrá imponerse sanción administrativa si no hay transporte colectivo ni movimiento del vehículo.

El sindicato Jupol ha emitido un comunicado en el que advierte que esta nueva doctrina “traslada una imagen de permisividad peligrosa” y que puede derivar en más accidentes de tráfico, aumentar el riesgo para terceros y dañar la percepción general de seguridad. “Lejos de controlar el problema, puede amplificarlo”, subrayan.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha ido más allá, calificando la medida como una “enorme irresponsabilidad” que desoye la experiencia de los agentes en el terreno. Advierten que permitir el consumo de drogas dentro de un vehículo aparcado podría facilitar que un conductor bajo los efectos reanude la marcha, poniendo en peligro su vida y la de otros. “Después de dos porros y cuatro rayas, puedes irte a casa tranquilo. Si matas a alguien por el camino, que le pidan cuentas a Interior”, ha sido la demoledora crítica recogida por sus representantes.

Además, el SUP denuncia que esta nueva interpretación legal desacredita los esfuerzos de la Dirección General de Tráfico y de los agentes que trabajan en campañas de prevención, formación y control de sustancias al volante.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) recuerda que en los diez años de vigencia de la ley de seguridad ciudadana nunca se cuestionó el artículo que sanciona el consumo de drogas en espacios públicos. Acusan al Gobierno de aplicar una interpretación “hiperactiva y selectiva” de la ley para contentar a sus socios parlamentarios, mientras se deja desprotegida a la ciudadanía: “Abren la puerta a que cualquier persona consuma drogas en plena vía pública, delante de menores, sin repercusiones”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su rechazo frontal. Argumentan que esta instrucción crea un vacío legal al considerar el coche un espacio protegido por el derecho a la privacidad, lo que impide a los agentes actuar eficazmente salvo que se trate de transporte colectivo o el vehículo esté en circulación.

Según AUGC, se está legislando desde los despachos “de espaldas a la realidad diaria” y sin tener en cuenta el sentido común. “Esta instrucción convierte los coches aparcados en refugios de impunidad”, denuncian, advirtiendo que la falta de herramientas legales para intervenir ante la tenencia o consumo de drogas en esos contextos solo sirve para favorecer a los infractores y deteriorar aún más la seguridad pública.

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