Crónica Diaria

El gigante asiático confirmó la normalización de las relaciones con el Parlamento Europeo y espera un acercamiento entre ambas potencias
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^{Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping I El Economista}

Una delegación del Congreso de los Diputados de España emprenderá una visita oficial a China con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La misión, encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), incluye a los diputados Vicente Montávez (PSOE), Carlos Floriano (PP), Teslem Andala (Sumar), Francesc-Marc Álvaro Vidal (ERC) y Marta Madrenas (Junts). El letrado Manuel Alba acompañará al grupo en calidad de asesor jurídico.

La iniciativa recibió el respaldo unánime de la Mesa del Congreso, aunque fuentes del Partido Popular matizaron su apoyo, condicionándolo a que la delegación fuera de tamaño reducido. Vox declinó participar en la misión, alegando que su dirección nunca consideró su asistencia al viaje.

Contexto diplomático y económico

La visita se produce en un momento de creciente acercamiento entre España y China. En marzo de 2023, el rey Felipe VI y el presidente chino Xi Jinping intercambiaron mensajes de felicitación por el 50º aniversario de relaciones diplomáticas, destacando la consolidación de una asociación estratégica basada en el respeto mutuo. Posteriormente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una visita oficial a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping para reforzar los lazos bilaterales.

China se ha convertido en el principal proveedor de importaciones de España, superando a Alemania, y las inversiones chinas en sectores estratégicos españoles han aumentado significativamente en los últimos años. Este fortalecimiento de las relaciones económicas ha suscitado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien criticó el acercamiento de España a China en el contexto de la guerra comercial entre EE. UU. y el gigante asiático.

Agenda y actividades previstas

Aunque la agenda detallada de la delegación parlamentaria aún no se ha hecho pública, se espera que los diputados visiten las ciudades de Pekín y Shanghái. El objetivo principal es conmemorar el 50º aniversario de relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos institucionales entre ambos países. La visita también busca promover el entendimiento mutuo y la cooperación en áreas de interés común, como el comercio, la cultura y la educación.

La visita ha generado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático. Mientras que algunos sectores valoran positivamente el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, otros expresan preocupación por las posibles implicaciones geopolíticas, especialmente en el contexto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La delegación española busca equilibrar estos intereses, promoviendo una política exterior que favorezca tanto los vínculos económicos como el respeto a los compromisos internacionales de España.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado esta decisión, pero ha afirmado que lo importante es “respetar el proceso”
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^{Imagen: el presidente del BBVA, Carlos Torres I EFE}

El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, una iniciativa que ha generado una fuerte oleada de críticas entre entidades financieras, inversores y empresarios. La medida ha sido percibida como una forma de intervención impropia en una operación privada avalada ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El cuestionario, disponible en la web del Ministerio hasta el 16 de mayo, busca justificar una posible intervención del Gobierno en el proceso, a través de criterios distintos a los de competencia, como exige la ley. Sin embargo, tal como ha informado ABC, en el sector se interpreta como un intento de corregir el informe de la CNMC, que autorizó la fusión con condiciones consideradas asumibles por ambas partes.

El procedimiento despierta dudas sobre su validez y objetivos

La iniciativa gubernamental ha sorprendido por su formato: un formulario abierto al público, sin garantías de control riguroso, que permite emitir múltiples respuestas y que se basa en una herramienta tan genérica como Microsoft Forms. Las críticas se centran en el carácter inédito de la consulta y en el hecho de que una decisión de alto impacto económico quede, en parte, en manos de una participación ciudadana sin filtros técnicos ni jurídicos sólidos.

Desde distintos ámbitos del mercado financiero se cuestiona que se recurra a una especie de referéndum informal para tomar decisiones estratégicas, considerando que esta responsabilidad recae únicamente en el Ejecutivo, y no en la opinión pública sin marco regulatorio específico.

Rechazo en Madrid y en Barcelona: el malestar es generalizado

Aunque en Barcelona existe un respaldo institucional al Sabadell, fuentes cercanas al entorno del banco también manifiestan incomodidad ante este tipo de mecanismos. El procedimiento ha generado una sensación compartida de incertidumbre tanto en la capital como en el entorno financiero catalán, donde se considera que la consulta puede ser contraproducente para el mercado.

A través de seis preguntas, el cuestionario solicita que los participantes identifiquen posibles perjuicios para el interés general derivados de la fusión, e incluso propone que se formulen alternativas para minimizar esos impactos. El Gobierno defiende su legalidad y afirma que su objetivo es dar voz a sectores que no fueron tenidos en cuenta por la CNMC.

Empresariado y oposición advierten sobre la inseguridad jurídica

El malestar no se limita al sector financiero. Representantes del empresariado y dirigentes políticos también han manifestado su preocupación por lo que consideran un precedente peligroso. Para muchos actores económicos, el mecanismo elegido deslegitima el papel de los organismos reguladores y refleja una renuncia del Ejecutivo a asumir su responsabilidad directa en una decisión de alcance nacional.

La consulta pública se interpreta, en algunos sectores, como una estrategia para diluir la responsabilidad política de una posible negativa a la opa o de una intervención restrictiva, con el riesgo añadido de generar desconfianza en los mercados y dañar la imagen de España como país receptor de inversión.

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El Gobierno reacciona con dureza ante la imputación de uno de sus delegados por parte del juez Peinado, acusándolo de parcialidad. Las críticas internas al magistrado reflejan una peligrosa tendencia política a desacreditar la labor judicial cuando esta afecta a cargos del Ejecutivo
The post El Gobierno carga nuevamente contra el juez Peinado por la imputación de Francisco Martín Aguirre first appeared on Hércules.  Una vez más, el Ejecutivo ha reaccionado con contundencia ante una decisión judicial adversa, alineándose en bloque contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez por supuestos delitos vinculados a la corrupción. En esta ocasión, el detonante ha sido la imputación formal de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y estrecho colaborador del ministro Félix Bolaños durante su etapa como secretario general de la Presidencia. Según el auto judicial, Martín habría intervenido en la contratación, con cargo a fondos públicos, de una asesora destinada a asistir a Gómez en asuntos de carácter privado.

Tras conocerse la resolución, Bolaños no tardó en pronunciarse, denunciando públicamente que el caso “ya no es motivo de preocupación para quienes tienen la conciencia tranquila”, sino que genera “una inquietud máxima para los defensores de la imparcialidad judicial”. Estas declaraciones, realizadas antes del inicio del Pleno del Senado, marcaron el tono con el que el Gobierno encaró la imputación de uno de sus altos cargos, en una estrategia que fue inmediatamente interpretada como un nuevo embate institucional contra el poder judicial.

La querella, inicialmente presentada por Vox, fue ampliada para incluir a Martín Aguirre por su presunta participación en la incorporación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. El juez ha citado a Martín a declarar el próximo 14 de mayo, abriendo así un nuevo frente de tensión entre la judicatura y el Ejecutivo.

Las palabras de Bolaños desataron una oleada de reacciones críticas desde distintos ámbitos, que calificaron su intervención como un ataque directo a la independencia judicial. Varios juristas y representantes políticos señalaron la gravedad de que un ministro de Justicia cuestione abiertamente la instrucción de un magistrado que, en cumplimiento de su labor, avanza en una causa penal.

Pese a las críticas, el discurso de Bolaños fue rápidamente respaldado por otras figuras del Ejecutivo. Óscar López, por ejemplo, publicó en la red social X una imagen con la definición de “prevaricación” según la RAE, acompañándola con un escueto mensaje: “Palabras de actualidad…”. Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa, se sumó al cierre de filas al declarar que no existe “nada” contra Martín Aguirre, y que todo forma parte de una operación de “bulos y mentiras” orientada a socavar la legitimidad del Gobierno.

Mientras tanto, el juez Peinado defendía la solidez jurídica de su decisión. En el auto que sustenta la imputación, recordó que el sistema penal español contempla una fase de investigación preliminar indispensable para esclarecer los hechos denunciados. Esta etapa, señaló, permite al juez instructor, dotado de imparcialidad y alejado de sesgos inquisitoriales, determinar con fundamento si se debe continuar el proceso, archivarlo o tipificarlo como delito leve.

La causa contra Begoña Gómez y ahora contra Francisco Martín Aguirre vuelve a evidenciar la creciente confrontación entre el poder judicial y el ejecutivo, alimentada por un discurso oficial que, en lugar de confiar en el desarrollo de las garantías procesales, opta por erosionar la credibilidad del instructor cuando el proceso se torna incómodo.

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La investigación del colapso ferroviario entre Madrid y Sevilla descarta el sabotaje y señala a bandas criminales especializadas en el robo de cobre. La versión inicial del Gobierno, sin respaldo policial, desata críticas por intentar eludir responsabilidades en seguridad ferroviaria
The post El Gobierno apunta al sabotaje, pero la Guardia Civil confirma el abandono de la seguridad en el AVE first appeared on Hércules.  La Guardia Civil ha descartado de forma casi definitiva la hipótesis de sabotaje en el incidente que paralizó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y que afectó a más de 10.000 pasajeros. Según las primeras investigaciones, el suceso responde a un robo de cobre en cinco tramos del cableado ferroviario a la altura de Los Yébenes (Toledo), cometido por bandas criminales con experiencia en este tipo de actividades, y no a un ataque premeditado con motivaciones ideológicas, como llegó a sugerir el Ministerio de Transportes.

Las pesquisas, lideradas por la Unidad de Policía Judicial de Toledo, apuntan a un grupo delictivo local, presuntamente integrado por individuos de etnia gitana con antecedentes por sustracción de metales. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que aún no se ha identificado de forma concluyente a los autores. Lo que sí se confirma es que la ejecución del robo, llevada a cabo de manera simultánea en varios puntos y con notable conocimiento técnico, encaja con el modus operandi típico de estas redes que operan en zonas con escasa vigilancia.

La versión inicial del Gobierno, que apuntaba a un posible sabotaje, ha sido interpretada en círculos judiciales y policiales como un intento político de desviar la atención de posibles deficiencias estructurales en la seguridad de la red ferroviaria. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sugirió públicamente que los hechos podrían haber sido intencionados. Sin embargo, esta teoría ha perdido solidez ante los indicios recabados por la Guardia Civil, que refuerzan la hipótesis de un robo técnicamente planificado para obtener beneficio económico mediante la reventa del cobre.

Los investigadores sostienen que, si hubiera existido una motivación política o ideológica, los autores habrían optado por sabotear la infraestructura sin sustraer el material, por ejemplo, mediante la simple interrupción de los cables. Pero el hecho de que se extrajeran 150 metros de cobre en cinco enclaves diferentes indica una clara intencionalidad lucrativa. El procedimiento, que implica cortar, enrollar y transportar el material en condiciones de riesgo eléctrico, exige conocimientos técnicos que estas bandas suelen poseer.

El robo se produjo en zonas carentes de cámaras de seguridad y de patrullas de vigilancia, lo que facilitó la acción coordinada. A pesar de que el valor del material sustraído no supera los 1.000 euros, su reventa en mercados internacionales, especialmente en Europa del Este o China, sigue siendo rentable. Según fuentes policiales, las bandas almacenan temporalmente el cobre en naves industriales y lo entregan a intermediarios encargados de su exportación.

Los informes internos de la Guardia Civil del 4 de mayo ya apuntaban a la sustracción de cobre como causa principal. A las 20:00 horas, se notificó el robo desde el centro de seguridad de ADIF; más tarde, a las 21:35, se confirmaron las consecuencias del sabotaje en Malagón (Ciudad Real), donde al menos cuatro trenes quedaron detenidos por averías derivadas del robo de catenarias.

El episodio se enmarca en una tendencia al alza: en lo que va de 2024, se han registrado 4.333 casos de robo de cobre y materiales conductores, un 87% más que hace cinco años. Solo en 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron o investigaron a 978 personas. Castilla-La Mancha lidera el ranking con 799 denuncias, seguida de Andalucía con 745, según datos del Ministerio del Interior.

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Vox ha llevado a Alvise Pérez a un acto de conciliación por acusaciones que consideran falsas y dañinas, relacionadas con tensiones internas del partido. De no haber rectificación, se formalizará una querella por calumnias e injurias con publicidad
The post Vox intenta silenciar a Alvise en los tribunales tras verse retratado por sus propias grietas internas first appeared on Hércules.  El Juzgado de Primera Instancia número 97 de Madrid ha convocado este miércoles a un acto de conciliación al presidente de Vox, Santiago Abascal, y al eurodiputado y líder del partido Se Acabó la Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, a raíz de unas manifestaciones públicas de este último que Vox califica de “mentiras manifiestas”.

Según consta en la resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, la cita está fijada a partir de las 10:30 horas. Abascal y Pérez no están obligados a asistir personalmente, ya que pueden estar representados legalmente por sus respectivos letrados.

Este acto es un trámite legal previo —salvo que Pérez se retracte— antes de que Vox formalice una querella por un presunto delito de calumnias e injurias vertidas con publicidad, como se desprende del escrito presentado por la abogada del líder de Vox.

La solicitud de conciliación parte del entorno legal de Abascal y tiene como origen unas declaraciones difundidas por Pérez el pasado febrero en su canal de Telegram, que cuenta con casi 700.000 seguidores. Las afirmaciones se basaban, presuntamente, en una entrevista concedida por el diputado Javier Ortega Smith.

Una de las frases que motivó la denuncia fue: “Abascal estudia apercibir a Ortega Smith por criticar públicamente la línea oficial de Vox en el conflicto de Ucrania-Rusia”, según publicó Pérez. Desde Vox insisten en que esto es “rotundamente falso” y que atenta directamente contra el honor y la imagen tanto del presidente del partido como del propio Ortega Smith.

Además, el texto presentado por la representación legal de Abascal asegura que Alvise atribuyó a Ortega Smith expresiones que nunca fueron pronunciadas durante dicha entrevista. Entre ellas, una supuesta confesión de sentirse “traicionado y engañado” por la dirección de Vox, aunque —según Pérez— el diputado habría asegurado que no dejaría el partido. También esta frase, sostienen, es inventada.

La defensa de Abascal sostiene que las declaraciones de Pérez constituyen una “manipulación intencionada” de la realidad, difundida de forma deliberada a través de su canal en Telegram, con el objetivo de inducir al lector a creer que dichas afirmaciones provienen de Abascal, Ortega Smith o de la Fundación Disenso.

Esta manipulación, a juicio de la abogada, va más allá del simple error: “Alvise da a entender que existen fracturas internas irreconciliables en Vox, e incluso llega a insinuar conductas que podrían implicar delitos económicos graves”, afirma. Por este motivo, se considera que la actuación del eurodiputado genera un “daño reputacional significativo” y que será objeto de acciones judiciales en el ámbito penal.

El canal de Telegram en cuestión —remarca el texto legal— tiene un alcance masivo, y sus publicaciones han generado numerosas reacciones y comentarios, lo que amplifica el posible perjuicio. Se aporta como prueba un pantallazo de la publicación en cuestión. Cabe recordar que, en un precedente reciente, el Tribunal Supremo archivó otra querella de Vox contra Pérez. En aquel caso, el eurodiputado insinuó que Abascal podría haber recibido fondos de una empresa de criptomonedas que supuestamente entregó 100.000 euros en efectivo al propio Alvise Pérez.

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India ha optado por un giro simbólico al nombrar la reciente ofensiva como «Operación Sindoor», en homenaje a las víctimas de un ataque terrorista, alejándose de los tradicionales nombres militares con tono bélico. Esta elección marca una nueva dimensión emocional y política en su estrategia comunicacional
The post Los precedentes de la Operación Sindoor, un modus operandi ya usado por India en anteriores ocasiones first appeared on Hércules.  Al designar su reciente ofensiva contra infraestructuras terroristas en Pakistán y la Cachemira ocupada como “Operación Sindoor”, el aparato militar indio ha introducido un giro significativo en su lenguaje estratégico: ha pasado de enfatizar la potencia de fuego a poner el foco en la memoria de las víctimas del atentado en Pahalgam. Según fuentes oficiales, el propio primer ministro Narendra Modi eligió el nombre, buscando rendir tributo a las mujeres que perdieron a sus esposos en el ataque del 22 de abril en la pradera de Baisaran, donde murieron 26 turistas y un habitante local.

Esta elección de nombre contrasta con la tradición india, que generalmente recurre a títulos militares convencionales para generar moral interna y proyectar una imagen de poder hacia el exterior. En ocasiones, los nombres se han mantenido deliberadamente genéricos o criptográficos para proteger el sigilo operativo, y otras veces han tomado inspiración de referencias mitológicas. Pero “Sindoor”, el polvo rojo que usan las mujeres casadas en India, representa una fuerte carga simbólica vinculada al luto, la pérdida y el sacrificio.

Históricamente, las operaciones indias contra Pakistán han portado nombres que transmiten fuerza y resolución. Por ejemplo:

Operación Riddle (1965): Fue la contraofensiva india tras las incursiones paquistaníes bajo los planes Gibraltar y Grand Slam. El 6 de septiembre de 1965, las fuerzas indias lanzaron ataques sobre Lahore y Kasur. El resultado fue devastador para las fuerzas paquistaníes y acabó en el Acuerdo de Tashkent, mediado por la URSS.

Operación Ablaze (1965): Concebida como una movilización preventiva en abril de ese año, se desarrolló tras crecientes tensiones en la frontera occidental, especialmente en la región de Rann of Kutch. No derivó en enfrentamientos inmediatos, pero sí en una clara demostración de capacidad disuasiva.

Operación Cactus Lily (1971): En el marco de la Guerra de Liberación de Bangladesh, esta operación aérea permitió a las tropas indias cruzar el río Meghna y cercar una importante posición paquistaní en Ashuganj, con el objetivo de avanzar hacia Daca.

Operaciones Trident y Python (1971): Ambas fueron ofensivas navales contra el puerto de Karachi durante la guerra indo-pakistaní. En la noche del 4 al 5 de diciembre de 1971, la Marina india usó misiles antibuque por primera vez en la región, causando graves daños a barcos e instalaciones paquistaníes.

El cambio de tono con la Operación Sindoor no solo refleja una estrategia de comunicación más emocional, sino que también puede interpretarse como una forma de reforzar el relato de víctima frente al terrorismo, incluso cuando India actúa con contundencia militar. El simbolismo de este nombre busca conectar con la ciudadanía desde el duelo, no solo desde el orgullo bélico.

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