Crónica Diaria

Este retroceso responde principalmente al deterioro del sector manufacturero, que entró en zona de contracción, y a una pérdida de impulso en el crecimiento de los servicios
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Europa Press

La economía del sector privado español comenzó el segundo trimestre del año con una ralentización en su ritmo de expansión. Según el índice PMI compuesto, elaborado por S&P Global y publicado por Hamburg Commercial Bank, la actividad se moderó en abril hasta los 52,5 puntos, frente a los 54 registrados en marzo, marcando así el nivel más bajo desde comienzos de 2024.

Este retroceso responde principalmente al deterioro del sector manufacturero, que entró en zona de contracción, y a una pérdida de impulso en el crecimiento de los servicios. El PMI del sector servicios se situó en 53,4 puntos, frente a los 54,7 del mes anterior, lo que, aunque confirma que la actividad continúa expandiéndose, refleja su menor ritmo desde noviembre de 2024. Por su parte, el PMI manufacturero cayó hasta los 48,1 puntos, desde los 49,5 de marzo, alcanzando su nivel más bajo desde finales del año pasado y permaneciendo por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción.

Impacto desigual entre sectores

Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, explicó que el debilitamiento general de la economía privada en abril se debe a dos factores. “El crecimiento económico en los servicios se desaceleró y la producción en la industria manufacturera disminuyó”, señaló. Este comportamiento también se reflejó en los nuevos pedidos: mientras las empresas de servicios experimentaron un crecimiento más débil en la entrada de nuevos encargos, el sector industrial sufrió directamente una caída en la demanda.

Además, las empresas de servicios reportaron un entorno operativo más complejo, afectado por la creciente tensión en los mercados internacionales. Feldhusen indicó que estas presiones están provocando la cancelación o el aplazamiento de decisiones de inversión y consumo, debido, en parte, a la incertidumbre generada por posibles medidas proteccionistas, como los aranceles comerciales anunciados por Estados Unidos.

Presiones inflacionistas persistentes

Otro factor que ha lastrado la actividad es el aumento de los costes, tanto por materias primas como por el alza de los salarios. Las empresas han comenzado a trasladar estos incrementos a los precios finales, lo que podría generar nuevas presiones inflacionarias en los próximos meses.

“Los aranceles comerciales ya han empezado a tener efectos sobre las cadenas de suministro, elevando los precios de los insumos”, advirtió Feldhusen. Esta situación, sumada a los aumentos salariales, está incrementando los costes operativos para muchas compañías, en especial dentro del sector servicios, que lidera la creación de empleo en España.

Perspectivas moderadamente optimistas

A pesar del panorama más incierto, las empresas españolas del sector servicios mantienen una visión positiva de cara al futuro. No obstante, el índice de confianza empresarial registró en abril su nivel más bajo del año, reflejando la cautela derivada de las tensiones internacionales y su posible impacto en la economía global.

La evolución de los próximos meses dependerá, en buena medida, de la capacidad de los mercados para estabilizarse y del comportamiento de la demanda interna, especialmente en un contexto internacional donde las políticas comerciales proteccionistas pueden afectar seriamente al dinamismo exportador y a las cadenas de suministro.

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Miles de olivos centenarios ya han sido arrancados, autorizados por la Junta de Andalucía, y más de 100.000 están en peligro de ser talados en Lopera
The post El Gobierno sacrifica 10.000 olivos en Jaén para placas solares tras el apagón  first appeared on Hércules.  El Gobierno de la Junta de Andalucía quiere expropiar y talar más de 13.000 olivos centenarios en Lopera (Jaén) con el fin de comenzar un proyecto fotovoltaico. Empresas como Greenalia y FRV Arroyadas, con autorización de la Junta de Andalucía, pretenden arrancar hasta 100.000 olivos históricos para instalar paneles solares, sacrificando así no solo el medio ambiente, sino el modo de vida y el sustento de toda una comunidad rural.

Esta tala masiva de olivos centenarios se quiere hacer en árboles que son parte esencial del patrimonio cultural, económico y ecológico de Andalucía. La expropiación y tala de olivos en Lopera se quiere llevar a cabo para poder desarrollar un proyecto de energías renovables en concreto placas fotovoltaicas.

La cuestión es que este proyecto de energía fotovoltaica se quiere hacer en un momento en el que se está poniendo en duda la fiabilidad de las energías renovables, como es el caso del apagón que tuvo lugar el pasado lunes. Este afectó a toda la península ibérica, Portugal y Francia.

Mientras España sufre una crisis energética derivada de un exceso incontrolado de fotovoltaicas, más de diez mil olivos están en peligro de desaparición. Esta semana, la sobrecarga de plantas solares generó un colapso eléctrico que dejó a toda España sin electricidad. La asociación SOS Rural se ha posicionado en contra de la tala y eliminación de trece mil olivos situados en la provincia de Jaén, donde pretenden colocar placas fotovoltaicas. Una cuestión que puede hacer un profundo daño a los agricultores y en especial al campo español.

Este plan fotovoltaico en Jaén llega en plena crisis energética en España

Desde SOS Rural han mostrado su apoyo a la Plataforma Campiña Norte STOP Megaplantas Solares en su lucha contra la tala indiscriminada de olivos centenarios en Lopera (Jaén). La pasada noche se ha preestrenado el documental ‘Renovables forzosas’ en la Cooperativa La Loperana, que denuncia la amenaza que supone la instalación masiva de megaplantas solares en tierras fértiles, fundamentales para garantizar nuestra soberanía alimentaria.

Miles de olivos centenarios ya han sido arrancados, autorizados por la Junta de Andalucía, y más de 100.000 están en peligro de ser talados en Lopera (Jaén) y otras zonas cercanas para dar paso a proyectos fotovoltaicos sin planificación. Esta situación pone en riesgo no solo nuestro patrimonio natural y cultural, sino también el sustento de cientos de familias agricultoras.

SOS Rural estuvo presente, apoyando a la Campiña Norte y al pueblo de Lopera en su defensa de un modelo energético justo, que respete el medio rural y a quienes viven de él. Por este motivo, Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha iniciado la recogida de firmas para frenar este proyecto fotovoltaico y paralizar la extinción de trece mil olivos centenarios.

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Este incremento se produce incluso sin el impulso estacional que suele aportar la Semana Santa, que este año, además, estuvo marcada por lluvias intensas y generalizadas en todo el país.
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Europa Press

La Seguridad Social alcanzó en abril un nuevo máximo histórico de afiliación con casi 21,6 millones de personas registradas, según ha anunciado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Este incremento se produce incluso sin el impulso estacional que suele aportar la Semana Santa, que este año, además, estuvo marcada por lluvias intensas y generalizadas en todo el país.

“Contamos con 230.000 afiliados más que en marzo. Estos datos confirman que vamos en la dirección correcta”, ha afirmado Saiz, que ha atribuido esta evolución al efecto positivo de la reforma laboral y a las políticas implementadas por el Gobierno. “Las medidas puestas en marcha están dando resultados extraordinarios”, subrayó la ministra a través de un vídeo de valoración de los datos mensuales.

Uno de los aspectos que Saiz ha querido destacar especialmente es el aumento sostenido de la afiliación femenina, que ha alcanzado por primera vez los 10,2 millones de mujeres trabajadoras registradas, una cifra sin precedentes desde que existen registros. Además, el número de trabajadores autónomos también ha crecido, situándose por encima de los 3,4 millones.

España, líder en crecimiento del empleo en Europa

En un contexto internacional, la ministra ha subrayado que el mercado laboral español está creciendo a un ritmo más acelerado que el de otras grandes economías europeas. Con un aumento del 9,3% en el número de afiliados, España supera con claridad a países como Italia, con un crecimiento del 6,4%, y Alemania, que apenas ha experimentado un alza del 1,6%.

Este dato, según Saiz, “demuestra la solidez del modelo español de recuperación del empleo tras la pandemia” y respalda la estrategia adoptada por el Ejecutivo en materia laboral.

Avances en la calidad del empleo

Más allá de las cifras totales, la ministra ha puesto el foco en la mejora cualitativa del empleo. “Durante décadas, millones de personas estuvieron atrapadas en trabajos temporales y precarios”, ha señalado. Sin embargo, ha remarcado que la situación ha dado un giro significativo, ya que actualmente casi el 90% de los contratos son indefinidos. “Esto no es solo un dato, es una transformación estructural del mercado de trabajo”, ha añadido.

Para Saiz, este cambio refleja un “éxito colectivo como país”, fruto del esfuerzo de trabajadores, empresas y de las reformas legislativas que han apostado por la estabilidad laboral. “Un mes más, debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido”, concluyó.

Este nuevo récord en afiliación se suma a una tendencia sostenida de crecimiento del empleo que se ha mantenido durante los últimos meses, pese a las incertidumbres económicas globales y las condiciones climáticas adversas que han afectado puntualmente a sectores como el turismo y la hostelería.

El Gobierno ve en estos datos una señal de que las políticas de impulso al empleo y modernización del mercado laboral están funcionando, al tiempo que se afianza una recuperación económica con mayor equidad y estabilidad.

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Claudia Montes, ex de Ábalos, fue contratada en una empresa pública gracias a la intermediación directa del exministro y su asesor Koldo, según revela la UCO. Su caso forma parte del esquema de clientelismo político bajo investigación en el «caso Koldo»
The post ¿Quién es Claudia Montes, la expareja sentimental de Ábalos que se niega a declarar en el TS? first appeared on Hércules.  Ábalos y Claudia Montes/El Debate

Claudia Montes, expareja del exministro José Luis Ábalos, comparecerá este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo que dirige la causa del llamado ‘caso Koldo’. Está citada en calidad de testigo en la investigación que vincula al antiguo titular de Transportes con el supuesto cobro de comisiones irregulares durante la gestión de contratos públicos, especialmente en el contexto de la pandemia. Su testimonio se suma al de otra expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, quien ya reconoció ante el tribunal que fue contratada en empresas públicas sin haber desempeñado función alguna, aunque cobró el salario mínimo.

Tal y como apunta OKDIARIO, Claudia Montes, no comparecerá este martes ante el Tribunal Supremo como testigo en la causa que investiga su contratación en Logirail, presuntamente facilitada por el exministro y su asesor Koldo García. Pese a que el juez instructor, Leopoldo Puente, había fijado la cita para el 6 de mayo a las 10:00 horas de forma presencial, Montes no ha recibido notificación alguna que la obligue legalmente a presentarse.

Acordada la citación el pasado 23 de abril, sigue vigente. Sin embargo, ni la testigo ni su equipo legal han recibido la notificación de manera oficial. Según afirma su entorno, no se ha producido ningún contacto por parte de la Policía Judicial ni se ha entregado el requerimiento en su domicilio de Gijón. Tampoco ha recibido notificación escrita por correo postal.

Montes permanece en su vivienda asturiana y no se desplazará a Madrid. Alegan que no tiene obligación de hacerlo, ya que no ha sido citada conforme a los protocolos legales. En estos casos, el incumplimiento de una citación como testigo puede derivar en sanción económica, pero sólo si se ha entregado el aviso correctamente, lo que no ha ocurrido.

Además, su defensa ya había adelantado que Montes no cuenta con medios económicos suficientes para costear el desplazamiento a la capital. Por ello, habían previsto solicitar una declaración por videoconferencia o que el juzgado asumiera los gastos del viaje. Esa gestión, sin embargo, quedó en suspenso al no materializarse la citación.

A todo esto se suma que Claudia Montes ha manifestado sentirse acosada, tanto mediáticamente como en el plano personal, desde que su nombre apareció vinculado al caso Koldo.

Montes fue mencionada en informes de la UCO como integrante del “entorno personal” del exministro. Según los documentos remitidos al Supremo, fue contratada por Logirail SME S.A., sociedad dependiente del Grupo Renfe y, por tanto, del propio Ministerio de Transportes. Los informes apuntan a que su incorporación fue fruto de la influencia directa de Ábalos, canalizada a través de su entonces mano derecha, Koldo García. El relato arranca el 8 de octubre de 2019, cuando Ábalos pregunta a Koldo por la posibilidad de colocar a una mujer en Renfe, ADIF o alguna de sus filiales. Koldo respondió con un escueto “Sí. Lo arreglo”.

Pocos días después, Claudia envió su currículum a Koldo, quien, tras revisarlo, afirmó tener suficiente con lo recibido. En cuestión de una semana, fue contactada desde Logirail y ofrecida una vacante. Koldo ya había prometido que ese desenlace llegaría, y así fue. Claudia le notificó su contratación, agradecida, mientras Ábalos y Koldo mantenían conversaciones sobre su progreso. El exministro parecía estar al tanto de los detalles laborales de la mujer, desde su formación hasta sus quejas sobre las vacaciones de Navidad.

Posteriormente, surgieron fricciones laborales. En febrero de 2020, un responsable de Logirail abrió un expediente contra Montes con la intención de despedirla. La respuesta fue inmediata: Isaías Táboas, presidente de Renfe, acudió ese mismo día al Ministerio de Transportes para mantener una reunión con Koldo. Pocas horas más tarde, Claudia fue informada de que su situación se resolvería y agradeció tanto a Koldo como a Ábalos la gestión. Le ofrecieron un nuevo contrato, y al poco tiempo, Táboas enviaba un mensaje tranquilizador: “El problema de Gijón arreglado”. Claudia siguió en Logirail, esta vez como “supervisora” con base en Oviedo.

Pero el idilio no duró. En 2021, la relación entre Claudia y Koldo se enfrió. Ella comenzó a transmitirle inquietudes sobre su puesto y solicitó contactos para resolver su situación. Quería contactar de nuevo con Isaías y dejó entrever que poseía información que podría ser perjudicial. A pesar de su insistencia, fue finalmente despedida. Frustrada, intentó contactar con Ábalos, pero no obtuvo respuesta. Solicitó un nuevo empleo y pidió copia de su currículum original, el cual —según los mensajes— fue retocado para aumentar su nivel formativo.

A esas alturas, todo había cambiado. Ni Ábalos ni Koldo ocupaban ya cargos públicos ni mantenían relación con Claudia. Sin poder ni vínculos personales, dejaron de intervenir. En una conversación posterior entre ambos, el malestar era evidente. Koldo se lamentó de los favores prestados durante tres años sin que estos le reportaran gratitud: “Le ayudas durante tres años…”, dijo, visiblemente frustrado.

Este caso destapa una dinámica de clientelismo donde las relaciones personales, más que el mérito, definían contrataciones públicas. Claudia Montes no es la única figura implicada, pero su recorrido en Logirail ilustra cómo operaba la red de favores bajo el mando de Ábalos. Las contrataciones a dedo, la manipulación de currículos y el uso instrumental de empresas públicas son patrones que ya han salido a la luz en otros casos similares. Pero lo que agrava esta situación es que toda esta cadena de favores estuvo amparada por la estructura del Estado y orquestada por cargos públicos, hoy bajo investigación judicial.

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El paro desciende hasta las cifras más bajas desde 2008, registrando unas altas cifras de creación de empleo en el sector servicios
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^{Europa Press}

La cifra de parados registrada en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 67.420 personas en abril, suponiendo un descenso del 2,6% respecto al mes anterior. El sector servicios fue el gran impulsor de este descenso, concentrando casi tres cuartas partes del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Datos por años, sectores y género

Según recoge Europa Press, tras la caída de abril, el número total de desempleados se situó en 2.512.718 personas, su menor cifra en cualquier mes desde julio de 2008, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída de abril de 2024 (-60.503 parados), pero no las registradas en 2023 (-73.890 desempleados) y 2022 (-86.260).

La diferencia respecto al año pasado se encuentra en las fechas de la Semana Santa, que el año pasado se celebró en marzo. El mes de abril de este año sí se ha beneficiado de los efectos en el empleo habituales en esa época del año.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 153.782 personas, lo que supone casi un 5,8% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.351 mujeres (-5,4%) y una caída del desempleo masculino de 66.431 varones (-6,2%).

Paro por Comunidades

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-24.119 desempleados), Cataluña (-6.048 parados) y la Comunidad Valenciana (-5.271 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 51, encabezadas por Sevilla (-5.629 desempleados), Málaga (-4.810) y Cádiz (-4.756), y sólo aumentó en la ciudad autónoma de Ceuta, que sumó 40 parados respecto a marzo.

44,5% contratos fijos

En abril de este año se registraron 1.140.733 contratos, un 10% menos que en el mismo mes de 2024.

De todos ellos, 507.903 fueron contratos indefinidos, un 9,2% menos que en abril de 2024. En total, el 44,5% de todos los contratos realizados en abril fueron indefinidos, porcentaje cuatro décimas superior al del mismo mes de 2024.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 216.550 contratos a tiempo completo, un 8,7% menos que igual mes del año anterior; 117.371 a tiempo parcial (-10,9%) y 173.982 fijos-discontinuos (-8,6%).

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El robo del cableado en Toledo produjo retrasos y cancelaciones que afectaron a la comunicación entre la capital y el sur de España
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^{Imagen: un tren en Santa Justa I EP}

.Un robo perpetrado la madrugada del 5 de mayo en varios puntos de la provincia de Toledo desencadenó una grave crisis en la red ferroviaria española. Este hecho paralizó durante horas la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a más de 11.000 pasajeros en una de las fechas con mayor volumen de desplazamientos: el final del puente de mayo.

Trenes detenidos durante más de seis horas

Uno de los casos más llamativos fue el del Alvia Cádiz-Madrid con salida a las 16:15 del domingo. El convoy, que debía llegar a Puerta de Atocha a las 20:55, sufrió una detención prolongada por la falta de señalización provocada por el sabotaje. Los pasajeros permanecieron varados más de seis horas, y la llegada a Madrid no se produjo hasta pasadas las 3:00 de la madrugada, en una situación de incomodidad generalizada, falta de información y escasos recursos a bordo.

Esta escena se repitió en distintos servicios a lo largo del domingo y lunes, con miles de viajeros atrapados en estaciones como Sevilla, Córdoba o Ciudad Real. En redes sociales, numerosos afectados denunciaron la falta de información clara por parte de Renfe, mientras que otros compartían imágenes de andenes colapsados y trenes vacíos esperando autorización para reanudar la marcha.

Afectaciones generalizadas en ambas direcciones

Durante la mañana del lunes, los trenes que conectan Cádiz con Madrid seguían sufriendo consecuencias del sabotaje. Según la aplicación de Renfe, el Alvia de las 6:35 salió a su hora desde Cádiz y llegó puntualmente a Sevilla. No obstante, en esta ciudad andaluza los viajeros se enfrentaron a una espera de más de 80 minutos antes de poder continuar el trayecto. La avería eléctrica en la catenaria, producto de la manipulación de instalaciones ferroviarias, retrasó la llegada final del tren a Madrid hasta las 12:34, casi una hora y media más tarde de lo previsto.

La situación fue similar para el Alvia Madrid-Cádiz con salida prevista a las 7:05, que no pudo iniciar su recorrido hasta las 10:45. El tren debía llegar a Cádiz a las 11:45, pero lo hizo a las 15:29. Otro tren, programado para salir de Madrid a las 12:05, circuló con una demora de 111 minutos y llegó a su destino a las 18:32.

Atención y servicio a los viajeros

Renfe activó un protocolo de emergencia que incluyó la cancelación de varias salidas de alta velocidad desde la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes. El objetivo fue liberar andenes y facilitar el retorno ordenado de los trenes detenidos. Según explicó el presidente de la operadora pública, Álvaro Fernández Heredia, se movilizaron taxis, se habilitaron trenes de Cercanías desde Atocha y se abrieron las Salas Club, donde los pasajeros encontraron comida, bebida, mantas y asistencia personalizada.

La empresa también anunció la reubicación de los viajeros afectados en trenes especiales, a partir de las 7:00 del martes 6 de mayo. En paralelo, se enviaron mensajes SMS y correos electrónicos con instrucciones para facilitar los nuevos trayectos, especialmente para familias, personas mayores y pasajeros con movilidad reducida. Se reservaron, además, más de 200 habitaciones de hotel en ciudades clave para alojar a quienes no pudieron completar su trayecto el mismo día.

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Aunque el reglamento europeo obliga a ofrecer asistencia ante retrasos de más de 60 minutos, Renfe puede evitar indemnizar si demuestra que el problema se debió a un robo de cables o sabotaje.
The post El “sabotaje”, la coartada de Renfe y del Gobierno para no indemnizar a los pasajeros afectados por los retrasos first appeared on Hércules.  Más de 10.000 pasajeros atrapados, trenes parados entre Madrid y Andalucía y la posibilidad real de no recuperar ni un euro de sus billetes. Ese es el saldo del nuevo caos ferroviario que el Gobierno ya ha etiquetado como “sabotaje”. Una definición que no es solo semántica: bajo esa excusa, Renfe puede negar devoluciones e indemnizaciones por las interrupciones del servicio.

La palabra “sabotaje” se ha convertido en el comodín del Ejecutivo. Ya se pudo apreciar con el apagón energético nacional, en el que se insinuó un ciberataque sin indicios concluyentes, y ahora lo vemos repetido con el corte en la línea del AVE del pasado lunes. Según el relato oficial, no fue un simple robo de cobre —habitual en áreas rurales y en el radar de los equipos ROCA de la Guardia Civil—, sino una acción planificada para dañar el sistema ferroviario.

La diferencia no es menor: calificarlo como sabotaje tiene consecuencias legales y económicas. Según las condiciones de transporte de Renfe, el viajero puede reclamar una indemnización si su trayecto se cancela o se retrasa por deficiencias del servicio. Pero hay una lista de excepciones, avalada por el Reglamento europeo 2021/782, que exime a las operadoras de responsabilidad en caso de fenómenos como condiciones meteorológicas extremas, crisis sanitarias, actos terroristas… y, claro, sabotaje.

El artículo 20 del Reglamento (UE) 2021/782 garantiza a los pasajeros una serie de derechos en caso de cancelaciones o retrasos superiores a 60 minutos en trenes europeos. En concreto, obliga a las compañías ferroviarias a proporcionar asistencia gratuita durante la espera.

Según el punto 2 de dicho artículo, si el tren se cancela o se retrasa al menos una hora, la empresa está obligada a ofrecer a los pasajeros comida y bebida de forma gratuita, siempre que sea posible servirlos en el tren, en la estación, o que puedan facilitarse de forma razonable. Esto incluye valorar la distancia del proveedor, el tiempo que lleva obtenerlos o el coste que implican.

Además, cuando la situación requiere que el pasajero pase la noche fuera de casa, la empresa ferroviaria debe proporcionar alojamiento en un hotel (u otro lugar) y asumir el transporte desde la estación hasta el sitio donde se hospede el afectado, siempre que sea factible físicamente. Estas obligaciones son parte de los derechos básicos del viajero ferroviario en Europa.

La normativa también prevé la opción de organizar un plan alternativo de viaje. Si la compañía no informa a los usuarios en un plazo de 100 minutos sobre opciones de transporte alternativas, estos tienen derecho a buscar por su cuenta una solución usando otros medios públicos —como trenes, autobuses o autocares— sin tener que esperar la aprobación de la operadora. En ese caso, la empresa deberá reembolsar posteriormente los gastos “necesarios, apropiados y razonables” que el pasajero haya asumido.

No obstante, el mismo reglamento exime a las compañías ferroviarias de pagar indemnizaciones si el origen del problema está fuera de su control directo. En concreto, menciona que no hay obligación de compensar si el retraso, la interrupción o la cancelación del servicio se debe al comportamiento de terceros, incluyendo expresamente actos como el sabotaje o el robo de cables.

En situaciones como la vivida recientemente, Renfe puede acogerse a esta cláusula de exención para no abonar compensaciones económicas. Esto significa que si demuestra que el incidente fue provocado por una acción externa, como el robo de cobre que paralizó la línea de alta velocidad, no estaría obligada a pagar indemnizaciones, aunque sí debe cumplir con las obligaciones de asistencia básicas previstas por la normativa europea.

Así, bajo esa categoría, Renfe puede evitar compensar a los afectados por las demoras del domingo. Aunque el robo de cable suele formar parte de los “imprevistos” ferroviarios —algo para lo que ya existen protocolos—, la rapidez con la que el Gobierno adoptó la versión del sabotaje deja entrever un interés claro: ganar tiempo y frenar las reclamaciones. Más aún si el caso entra en vía judicial, lo que alargaría cualquier proceso de devolución hasta que haya una conclusión oficial.

Y el tiempo juega a favor de Renfe. Según fuentes sindicales de ADIF, la mayoría de usuarios reclama en las primeras 24 horas tras la incidencia. Pasado ese periodo, el número de quejas se desploma y, tras tres meses —el límite legal para pedir una devolución—, casi nadie persiste. Resultado: menos reclamaciones, menos pagos, menos ruido.

Los hechos son estos: la tarde del domingo y la madrugada del lunes, un robo de cables en la línea Madrid-Sevilla inutilizó el sistema de señalización en la provincia de Toledo. Más de 30 trenes quedaron bloqueados, incluyendo servicios AVE, Alvia, Avlo e Iryo. Se registraron retrasos de hasta seis horas, y 10.700 pasajeros se vieron afectados. Aunque el material robado apenas tenía valor económico, el impacto sobre la red fue enorme, justo en el regreso del puente del 1 de mayo.

El lunes, la circulación se fue restableciendo poco a poco, con importantes demoras acumuladas. El Ministerio de Transportes no tardó en hablar de un acto deliberado. Sin embargo, la Guardia Civil —especialmente los agentes habituados a este tipo de robos rurales— cuestiona esa versión. Para ellos, no hay indicios reales de una intención política o estratégica: todo apunta al clásico robo para la reventa del cobre. “Si fuera un sabotaje, bastaría con atacar una sola subestación. Aquí fueron cinco, lo que indica que buscaban maximizar beneficios, no provocar el mayor caos”, explican fuentes del cuerpo.

La diferencia entre un sabotaje real y un robo común puede parecer técnica, pero marca la frontera entre indemnización o no para miles de usuarios. Mientras tanto, el discurso oficial gana tiempo, el sistema ferroviario vuelve a tambalearse y los viajeros —una vez más— pagan las consecuencias.

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El ministro de Transportes se desplazó a la región para conocer los hechos de primera mano, alegando que podrían existir intereses económicos
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^{Imagen: un tren en el andén I Rail Ninja}

El puente de mayo concluyó con un grave incidente en la red ferroviaria que dejó a más de 10.700 pasajeros varados o sufriendo largas demoras. Al menos 30 trenes se vieron afectados este domingo por el robo de cable en varios tramos de la provincia de Toledo, lo que generó interrupciones importantes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Algunos convoyes registraron retrasos de hasta siete horas, mientras que otros quedaron completamente detenidos.

Sin embargo, el robo de cables en las líneas ferroviarias de Toledo es una problemática recurrente que ha afectado en varias ocasiones tanto a la infraestructura como al servicio de los trenes.

Un hurto con planificación

El 5 de mayo de 2025, un sabotaje coordinado en la provincia de Toledo provocó el robo de 150 metros de cable de cobre, afectando a más de 11.000 pasajeros y causando retrasos significativos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El robo se produjo en cinco puntos distintos entre Yeles y La Sagra, zonas sin vigilancia por cámaras, lo que sugiere una planificación meticulosa. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como un “sabotaje deliberado”, destacando que los autores sabían exactamente cómo causar el máximo daño con un mínimo de esfuerzo, ya que el cable sustraído, aunque de escaso valor económico, es crucial para la seguridad ferroviaria.

El incidente coincidió con el final del puente de mayo y el inicio de la Feria de Abril en Sevilla, afectando a 30 trenes y generando retrasos de hasta siete horas. La estación de Atocha en Madrid vivió momentos de caos, con pasajeros sin información clara sobre sus viajes. El servicio se restableció parcialmente a partir de las 8:45 h, pero las demoras continuaron durante varias horas.

Diversos arrestos por el robo del cableado

Este no es un caso aislado en la región. En noviembre de 2023, la Guardia Civil detuvo a tres individuos sorprendidos robando cableado eléctrico de la línea del AVE en Yepes, vinculados a más de 60 delitos similares. Además, en agosto de 2023, siete personas fueron arrestadas por sustraer 3.000 kilos de material ferroviario en Consuegra, en el marco de la Operación Gomera, que desmanteló una red responsable de 30 delitos en la zona sur de la provincia.

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El Gobierno anuncia una inversión récord en infraestructuras durante el 2024, pero persisten los problemas en el sistema ferroviario y el deterioro de las carreteras. Renfe acumula retrasos, reclamaciones e indemnizaciones mientras crece la presión por mejorar el transporte público
The post El Ministerio de Transportes de Óscar Puente, un pozo sin fondo plagado negligencias y desastres first appeared on Hércules.  El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció a comienzos de año una inversión de 10.000 millones de euros llevada a cabo durante el año 2024, la mayor en 13 años, con el transporte ferroviario como principal beneficiario. Según Puente, esta cifra refleja el esfuerzo del Gobierno por revertir el déficit heredado en infraestructuras y reactivar la actividad sin descuidar la justicia social. Sin embargo, los problemas acumulados en la red de transportes continúan generando críticas y malestar ciudadano.

A pesar de los anuncios, los incidentes en el sistema ferroviario se han multiplicado en los últimos meses, mientras el estado de las carreteras españolas sigue dejando mucho que desear. Un informe elaborado por la patronal de grandes constructoras, Seopan, estima que serían necesarios 78.000 millones de euros solo para resolver la congestión actual. De esa cantidad, 24.067 millones se destinarían a renovar carreteras y otros 2.868 millones a la construcción de terceros carriles. El resto se distribuiría entre diversas áreas del transporte ferroviario: 16.408 millones para líneas convencionales, 14.394 millones para Cercanías, 9.494 millones para Alta Velocidad, 9.144 millones para el Metro y 1.875 millones para tranvías.

El deterioro del sistema viario, según diversas fuentes del sector, se remonta a los recortes presupuestarios aplicados durante la crisis económica, que afectaron tanto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como al de Mariano Rajoy. Desde entonces, el mantenimiento ha sido insuficiente. La Red Nacional de Carreteras depende del Ministerio de Transportes, mientras que el resto está en manos de comunidades autónomas y diputaciones, muchas de las cuales se ven obligadas a subcontratar estos trabajos con empresas que, en muchos casos, no ejecutan actuaciones efectivas. La Asociación Española de la Carretera (ACE) alerta de que el 94 % de los accidentes de tráfico están relacionados con el mal estado de la vía.

Un estudio publicado por esta asociación en 2022 cifraba en 20.000 millones de euros el déficit en conservación vial, lo que impacta no solo en la seguridad, sino también en la economía: circular por carreteras en mal estado puede aumentar el consumo de combustible en más de un 10 %.

En paralelo, el sistema ferroviario arrastra incidencias constantes. El ministro Puente ha argumentado que se deben a una remodelación en marcha y que son de carácter “coyuntural”. También ha aludido a la complejidad técnica de la red, que en parte aún no está electrificada, lo que obliga a operar con material rodante muy específico, como los trenes Avril suministrados por Talgo. Estos trenes, sin embargo, han protagonizado múltiples fallos, desde el colapso en el verano de 2023 hasta fallos informáticos y robos de cobre que han afectado al servicio.

Incluso antes de la incorporación de estos trenes, Renfe ya era la operadora con mayor porcentaje de retrasos en alta velocidad. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2023 el 6,95 % de los trenes de Renfe sufrieron retrasos de más de 15 minutos, frente al 4,95 % de Iryo y el 4,89 % de Ouigo. Además, ese año las demoras aumentaron un 21 % respecto a 2019 y las reclamaciones casi se duplicaron. En total, Renfe recibió 353.665 quejas, un 87 % más que antes de la pandemia, y tuvo que abonar 42 millones de euros en indemnizaciones. De haberse reclamado todos los retrasos indemnizables, la cifra podría haber alcanzado los 60 o 70 millones.

La compañía también ha endurecido recientemente su política de puntualidad. Hasta julio de 2023, compensaba con el 50 % del billete por retrasos superiores a 15 minutos y con el 100 % si superaban los 30. Desde entonces, aplica los mínimos legales: 50 % de devolución a partir de 60 minutos de retraso y 100 % desde los 90 minutos.

A lo largo de su gestión, Óscar Puente ha dedicado parte de sus intervenciones públicas a justificar la situación actual por la falta de inversiones previas, además de enfrentarse a un proceso de reorganización interna con múltiples ceses en su ministerio y en organismos como Renfe, Adif y Puertos del Estado. Todo ello en un contexto marcado por el malestar creciente entre los usuarios del transporte y el escepticismo sobre si los recursos prometidos se traducirán en mejoras efectivas.

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