Crónica Diaria

“La alcaldesa impone más impuestos, pero no ofrece soluciones eficaces ni transparencia en la gestión”, el portavoz del PP, Roberto Marín Vergara
The post El abandono del reciclaje orgánico evidencia la falta de gestión del Gobierno de Candelaria Testa en Alcorcón first appeared on Hércules.  El municipio madrileño de Alcorcón sufre una alarmante carencia de contenedores marrones en numerosos puntos del municipio, una situación que está generando focos de insalubridad, malestar vecinal y serias dudas sobre la gestión del reciclaje por parte del equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Candelaria Testa.

A pesar de que la recogida selectiva de residuos orgánicos es obligatoria por ley desde abril de 2022, buena parte de los barrios más poblados, especialmente en el Distrito II, siguen sin disponer de los medios necesarios para cumplir con esta normativa ambiental básica.

La situación ha llevado al Grupo Municipal del Partido Popular a presentar una moción al Pleno del Ayuntamiento en la que se exige una respuesta inmediata. Los populares acusan al Gobierno municipal no solo de inacción, sino también de opacidad en la gestión, especialmente por el desconocido sistema de acceso restringido a los contenedores mediante tarjetas, del que la mayoría de vecinos ni siquiera tenía constancia.

Esta falta de información, sumada a la ausencia de infraestructura adecuada, está convirtiendo el reciclaje orgánico en una tarea imposible para muchos ciudadanos.

La moción del PP plantea una serie de medidas concretas, como la instalación urgente de contenedores marrones en todas las islas ecológicas que aún carecen de ellos, especialmente en barrios densamente poblados como San José de Valderas o Parque de Lisboa, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Alcorcón.

El Partido Popular de Alcorcón pide una política fiscal justa para los vecinos del municipio

Asimismo, se reclama la eliminación del sistema de tarjetas, campañas informativas más eficaces dirigidas a toda la población y bonificaciones fiscales para los barrios más comprometidos con el reciclaje. Todo ello acompañado de una evaluación detallada del estado actual de los puntos de recogida.

Desde el Partido Popular han denunciado además que las medidas de Candelaria Testa cuentan con una política fiscal injusta, con tasas de basuras elevadas y sin retorno tangible en la mejora del servicio.

“La alcaldesa impone más impuestos, pero no ofrece soluciones eficaces ni transparencia en la gestión. No es solo un problema de limpieza, es una cuestión de salud pública y de respeto a los ciudadanos”, ha subrayado el portavoz del PP, Roberto Marín Vergara.

En un contexto en el que la sostenibilidad ambiental debería ser prioridad, el caso de Alcorcón pone en evidencia un gobierno municipal que parece más preocupado por aplicar restricciones que por facilitar soluciones. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando una gestión responsable que les permita cumplir con su parte en el reciclaje sin obstáculos innecesarios.

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La convocatoria del paro, aunque limitada en alcance y duración, es una advertencia: el malestar va en aumento y, si el Gobierno no rectifica, las protestas podrían escalar
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Las principales asociaciones de jueces y fiscales han acordado realizar una parada de diez minutos el próximo 11 de junio como primera muestra de rechazo a las reformas legales impulsadas por el Ministerio de la Presidencia. Esta acción puntual se concibe como un medidor del respaldo que podría tener una eventual huelga, motivada por lo que consideran una amenaza a la independencia judicial y un intento de control político.

El conflicto gira en torno a un proyecto legislativo recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, que introduce modificaciones profundas en el acceso y desarrollo profesional de jueces y fiscales. El ministro Félix Bolaños ha defendido la reforma como un esfuerzo por ampliar oportunidades y mejorar el sistema, pero los colectivos profesionales ven en ella un riesgo evidente: la erosión del mérito como criterio principal de selección y el avance de la politización.

Entre los puntos más cuestionados está la supuesta vía para incorporar en el sistema a sustitutos judiciales y fiscales, una medida que —según sus críticos— abre la puerta a designaciones sin las garantías necesarias. Cinco asociaciones profesionales han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan el modelo propuesto y reclaman su retirada inmediata, así como la paralización de los cambios previstos en el estatuto del Ministerio Fiscal.

Estas organizaciones, que han optado por mantenerse al margen de asociaciones de perfil progresista que no se han sumado a la protesta, han intensificado su coordinación y planean reunirse con representantes parlamentarios para frenar el proyecto durante su tramitación. A su juicio, las medidas propuestas ni resuelven los verdaderos problemas del sistema judicial ni cuentan con el respaldo necesario de la profesión.

Más allá del plano nacional, los firmantes del comunicado prevén trasladar sus preocupaciones a organismos europeos como el GRECO o la Comisión de Venecia. Temen que las reformas puedan debilitar los principios de separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal, sobre todo ante el creciente protagonismo que se pretende otorgar al fiscal general sin mecanismos adecuados de control interno.

La posible asunción de la instrucción penal por parte de los fiscales, sin suficientes garantías de independencia, es otro de los puntos sensibles. Para los colectivos profesionales, la reforma propuesta pierde una oportunidad crucial de establecer un modelo que proteja a los fiscales de presiones externas.

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Durante una comparecencia reciente, María Jesús Montero calificó la situación como una “persecución” impulsada por sectores de la extrema derecha
The post El Gobierno carga contra la justicia por el caso de David Sánchez “Estamos viendo una estrategia reiterada de presentar mentiras” first appeared on Hércules.  El Gobierno ha adoptado una postura abiertamente crítica hacia la juez Beatriz Biedma, responsable de la instrucción del llamado “caso David Sánchez”, donde se investiga al hermano del presidente Pedro Sánchez. Los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero han tomado la delantera en esta ofensiva institucional, cuestionando públicamente la imparcialidad del proceso judicial.

Durante una comparecencia reciente, María Jesús Montero calificó la situación como una “persecución” impulsada por sectores de la extrema derecha, los cuales —según la vicepresidenta primera— estarían detrás de denuncias infundadas con el objetivo de erosionar la imagen del presidente. “Estamos viendo una estrategia reiterada de presentar mentiras y bulos ante los tribunales”, declaró. Montero también comparó este caso con el de Begoña Gómez, alegando que existe un patrón de ataques dirigidos al círculo cercano del jefe del Ejecutivo.

En palabras de la ministra de Hacienda, se trata de un intento por parte de ciertos sectores políticos de “desprestigiar y deshumanizar al adversario mediante mecanismos judiciales que distorsionan la realidad”. Las críticas incluyeron una condena de lo que ella denominó como “pseudo-investigaciones y pseudo-informaciones” con fines políticos.

Por su parte, Félix Bolaños, responsable de la cartera de Presidencia y Justicia, se mostró también escéptico ante la decisión de la jueza de abrir juicio oral. “Resulta inusual proceder sin esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial”, afirmó durante su intervención en el Senado. Bolaños lamentó la rapidez con que se ha tomado esta medida, señalando que ‘las prisas no ayudan cuando se trata de decisiones judiciales relevantes’, y apeló a que el procedimiento respete todas las garantías legales.

No todos en el Ejecutivo han compartido esta línea de ataque. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, optó por desmarcarse: “No me pronuncio sobre causas judiciales; que la justicia haga su trabajo”, dijo durante un acto en Madrid.

Mientras tanto, la jueza Biedma sigue adelante con el proceso. Esta semana, desestimó el recurso de la defensa de David Sánchez y confirmó los cargos de prevaricación y tráfico de influencias. En su auto, la magistrada lamentó el enfoque de los recursos recibidos, argumentando que algunos de sus contenidos serían más propios de una sentencia que de una fase de instrucción. “Nos encontramos aún en la etapa en la que se buscan indicios, no en la de pruebas definitivas”, aclaró.

Además de David Sánchez, también enfrentarán juicio Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz —quien recientemente provocó dimisiones para poder aforarse— y otras nueve personas presuntamente implicadas. El caso gira en torno a la creación y adjudicación presuntamente irregular de un puesto en los conservatorios de la Diputación que acabó ocupando el hermano del presidente del Gobierno.

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Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, manifestó públicamente que solo consideraría un viaje a Washington si existiera una base sólida para retomar el diálogo
The post Trump amenaza a la Unión con aranceles del 50%: “barreras comerciales desleales” first appeared on Hércules.  Las bolsas europeas sufrieron fuertes retrocesos tras una nueva ofensiva verbal del presidente estadounidense, Donald Trump, quien propuso aplicar aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio. Las caídas fueron casi inmediatas: el índice madrileño perdió un 1,7%, mientras que los mercados de Fráncfort y París descendieron un 1,6% y un 2%, respectivamente. Incluso los futuros de Wall Street reflejaron preocupación, registrando un retroceso del 1% antes de abrir la sesión.

Trump, utilizando su plataforma Truth Social, volvió a cargar contra Bruselas. En un mensaje plagado de acusaciones, criticó lo que denominó “barreras comerciales desleales”, políticas impositivas injustas, sanciones a empresas y manipulaciones económicas por parte de la UE. “El resultado es un déficit comercial de más de 250.000 millones de dólares anuales, una situación intolerable”, escribió, antes de proponer el nuevo gravamen.

Estas declaraciones se suman a otras medidas anunciadas por la Casa Blanca en los últimos meses. A comienzos de abril, Trump decretó un arancel del 20% para las importaciones europeas, aunque más tarde postergó su aplicación por tres meses, manteniendo mientras tanto una tarifa del 10%. Además, impuso un arancel del 25% sobre vehículos y repuestos provenientes del bloque europeo.

La reacción institucional en Bruselas fue medida pero firme. Aunque la Comisión Europea evitó pronunciarse de inmediato sobre el nuevo anuncio, confirmó una conversación próxima entre el comisario Maros Sefcovic y el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, inicialmente programada antes de que salieran a la luz los últimos comentarios de Trump.

Paralelamente, la UE avanzó en una estrategia de defensa comercial. En mayo, Bruselas presentó una propuesta para aplicar represalias por valor de aproximadamente 100.000 millones de euros a bienes estadounidenses, como respuesta a los aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, insistió en que su objetivo principal sigue siendo alcanzar un entendimiento negociado con Washington.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, manifestó públicamente que solo consideraría un viaje a Washington si existiera una base sólida para retomar el diálogo. “Estoy dispuesta a conversar si hay una propuesta clara sobre la mesa”, declaró, subrayando que cualquier solución debe ser mutuamente aceptable.

Este intercambio de amenazas y gestos diplomáticos se enmarca en una relación comercial cada vez más tensa entre Estados Unidos y la Unión Europea, en la que los intentos de negociación conviven con amenazas de represalia y medidas unilaterales.

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Aunque Bolaños aboga públicamente por respetar la independencia judicial, sus declaraciones se inscriben en una estrategia comunicativa del Ejecutivo central que, desde 2020, ha mantenido la gestión de las residencias madrileñas como un vector de desgaste político contra el Gobierno del PP
The post Bolaños desvía la atención de los escándalos del PSOE volviendo atacar a Ayuso con la gestión de residencias first appeared on Hércules.  El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes respetar la labor de la Justicia tras conocerse que un juez ha citado como investigados a dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su papel en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola del COVID-19. Bolaños ha calificado de “trágicos” los fallecimientos ocurridos en estos centros y ha defendido que la investigación debe seguir su curso sin interferencias políticas.

“Hay que dejar que el juez adopte las diligencias que correspondan para esclarecer lo que fue una tragedia en la Comunidad de Madrid”, ha dicho el ministro tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado. Sin embargo, estas declaraciones se producen en un contexto en el que el propio Gobierno central ha mantenido una estrategia prolongada de señalamiento hacia la Comunidad de Madrid por este asunto, especialmente desde 2020.

Durante los peores meses de la pandemia, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya apuntó públicamente a las comunidades autónomas, y en particular a Madrid, como responsables de la gestión de las residencias, afirmando que “las competencias son de las autonomías”, mientras el Ministerio de Sanidad emitía directrices comunes a todas ellas. A su vez, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, encargado del área social, compareció en reiteradas ocasiones para desvincularse de la gestión directa, pero subrayando errores en Madrid. Además, desde el PSOE de Madrid y el Gobierno central se han sucedido intervenciones en medios y comparecencias parlamentarias donde se ha mantenido la crítica a Ayuso por los protocolos de derivación hospitalaria, a pesar de que un informe del propio Congreso, fechado en julio de 2021, reconocía que todas las comunidades autónomas tuvieron dificultades similares y que la mortalidad fue alta en residencias de prácticamente todo el territorio nacional.

En esta nueva fase judicial, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid ha citado como investigados a Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, exgeriatra responsable de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles. Ambos participaron en la implementación de los protocolos de no derivación hospitalaria en los primeros meses de la crisis sanitaria. Mur fue el encargado de firmar dichos documentos, que indicaban criterios médicos para priorizar el ingreso hospitalario ante el colapso del sistema.

A pesar de que estos protocolos fueron revisados, modificados y discutidos públicamente desde 2020 —incluso por la Fiscalía—, el Gobierno central y el PSOE han seguido utilizándolos como argumento contra la presidenta madrileña, tal como volvió a suceder durante la reciente campaña electoral de 2023.

Este enfoque, sin embargo, ha sido cuestionado por expertos y asociaciones. La Fundación Edad&Vida y el Consejo General de Trabajo Social reclamaron ya en 2020 una investigación global del sistema de residencias a nivel estatal, advirtiendo contra su uso político parcial.

Pese a ello, el Gobierno ha evitado promover comisiones de investigación en otras comunidades con cifras comparables o superiores de fallecimientos en residencias, como Cataluña o Castilla-La Mancha, ambas entonces gobernadas por el PSOE.

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Los movimientos realizados han sido localizados en Singapur y en República Dominicana a través de un entramado societario
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^{Imagen: el eurodiputado Alvise Pérez I Huffpost}

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el paradero de millones de euros presuntamente estafados a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest Club (MIC), que habría financiado con 100.000 euros en metálico la campaña del eurodiputado y líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez. Las pesquisas se centran en una compleja red de sociedades con ramificaciones en República Dominicana y Hong Kong, donde se sospecha que se canalizó parte del dinero defraudado.

Un entramado internacional bajo sospecha

El sumario de la causa, al que ha accedido Europa Press, revela que la Audiencia Nacional ha solicitado información bancaria, fiscal y patrimonial a las autoridades dominicanas sobre al menos 13 sociedades vinculadas al caso, sin descartar la existencia de más estructuras opacas. El presunto cerebro de la estafa es Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’, junto a Borja Lara y varios familiares, quienes habrían viajado en numerosas ocasiones a República Dominicana a lo largo de 2024 para gestionar el entramado societario.

En Hong Kong también se rastrean movimientos de fondos, aunque hasta la fecha la Guardia Civil ha recibido documentación principalmente de Singapur, Portugal y Bélgica. En Singapur, una cuenta bancaria controlada por sociedades ligadas a Álvaro y Domingo Romillo recibió más de 29 millones de euros desde empresas portuguesas entre julio y agosto de 2024, fondos que fueron bloqueados por las autoridades locales al detectarse una operativa sospechosa.

El modus operandi del MIC

La investigación judicial sostiene que el MIC operaba como un club privado de inversiones, prometiendo rentabilidades mínimas del 20% anual a cambio del pago de una cuota. La Guardia Civil calcula que la plataforma ofertó al menos 44 obras por un valor total de 261 millones de euros y captó entre 5 y 7 millones de euros en tres fases de admisión entre 2023 y 2024. Sin embargo, el MIC colapsó en septiembre de 2024, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.

El juez instructor investiga delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. El MIC no estaba autorizado para operar como institución de inversión colectiva y, según la UCO, simulaba inversiones en arte digital para eludir la regulación financiera. Ofrecía contratos que garantizaban la devolución del capital más intereses, llegando a prometer rentabilidades superiores al 30% en algunos casos.

Vínculos con Alvise y la financiación política

La investigación ha revelado que el líder político Luis ‘Alvise’ Pérez recibió 100.000 euros en metálico de manos de Álvaro Romillo, procedentes del remanente de la sociedad Sentinel, también vinculada a la presunta estafa. Según Romillo, este dinero tenía como objetivo facilitar la campaña electoral de Alvise y obtener favores futuros, así como beneficiarse de su influencia en redes sociales.

Estado de la investigación

El magistrado de la Audiencia Nacional está a la espera de un informe actualizado de la UCO sobre la documentación recibida de los países implicados. Las autoridades de Singapur han bloqueado fondos a la espera de que España acredite el origen fraudulento del dinero. En Bélgica también se han identificado cuentas bancarias receptoras de fondos de los perjudicados, relacionadas con Domingo Romillo.

La causa, que estuvo bajo secreto hasta principios de mayo, se inició tras la admisión a trámite de tres denuncias por estafa, entre ellas la presentada por el despacho Aránguez Abogados.

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Según consta en la web de la Oficina del Historiador de la Ciudad, uno de los sitios web con los que trabaja es la “Emisora Habana Radio”
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Imagen de Habana Radio

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, envió en 2022 a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una subvención de 200.000 euros a Cuba para financiar el medio de comunicación “Habana Radio”, tal y como denuncia el exdiputado Pablo Cambronero a través de su cuenta de “X”.

Esta ayuda económica, que se otorga sin contraprestación, forma parte de la segunda fase de la iniciativa “Convocatoria Instrumental Cuba 2021 Ciudadanía OHC”, enfocada en la Ciudadanía y la Oficina del Historiador de la Ciudad. Los beneficiarios elegibles para esta convocatoria son exclusivamente personas jurídicas que no desarrollen actividad económica.

Según consta en la web de la Oficina del Historiador de la Ciudad, uno de los sitios web con los que trabaja es la “Emisora Habana Radio”. Esta radio es una emisora internacional más conocida de Cuba, que comenzó a emitir el 1 de mayo de 1961 bajo el nombre de “Onda Corta Experimental de Cuba”.

Su nombre cambió a “Emisora Habana Radio” durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en mayo de 1961. Actualmente, transmite en español, inglés, portugués, francés, árabe, guaraní, esperanto, quechua y creole haitiano. La emisora transmite noticias, informaciones y “reportajes sobre Cuba y su desarrollo, así como de América Latina y el mundo”.

Las ayudas del Gobierno de España a través de AECID para financiar cuestiones sociales y políticas en Cuba no es una novedad desde que gobierno Pedro Sánchez. En 2019, destinó 1,1 millones de euros de los impuestos de los españoles para construir una serie de edificios en Cuba “edificios energéticamente sostenibles”.

España financia la construcción de edificios energéticamente sostenibles en Cuba

El título de la convocatoria de este proyecto fue “Convocatoria Instrumental EUROCLIMA EC Cuba 2019 edificios energéticamente eficientes CEDAI”, lo que indica que el objetivo del proyecto se centra en la mejora de la eficiencia energética de edificios en Cuba, en el marco del programa EUROCLIMA, siendo CEDAI la entidad asociada al proyecto.

La empresa de Automatización Integral (CEDAI) se dedica a brindar servicios integrales de ingeniería en las áreas de la automatización, electricidad especializada, redes de comunicaciones, además de consultoría, asistencia técnica y servicios afines, según publican en su web oficial.

La empresa tiene la aprobación del Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de la República para actuar como contratista, constructor, proyectista, consultor, administrador de proyectos, realizar investigaciones ingenieras, ejecutar o participar en la ejecución de cualquier proyecto o servicio relacionado con la construcción.

El proyecto está financiado por la UE, a través de su programa de cooperación regional, Euroclima plus, y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su primer objetivo es transformar los sistemas en la sede central de CEDAI, en el Vedado habanero, con la aplicación de medidas de eficiencia energética.

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