Crónica Diaria

Santiago Abascal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que Sánchez ha envalentonado a Hamás
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^{Abascal I Europa Press}

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, de “alargar” la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza por “envalentonar” y “legitimar” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así se ha pronunciado Abascal en una entrevista concedida a ‘La Mirada Crítica’ de Telecinco, recogida por Europa Press, después de que el Congreso diera luz verde el martes a la tramitación de una ley para establecer un embargo de armas a Israel y de que la Unión Europea vaya a revisar el Acuerdo de Asociación con el Estado hebreo a petición de España y otros 16 países.

Abascal ha reconocido que las imágenes que llegan estos días de la Franja de Gaza, en medio de una intensificación de la ofensiva israelí, son “absolutamente terroríficas” y “realmente impactantes”, pero ha recalcado que la culpa es de Hamás, por el atentado “con tintes satánicos” del 7 de octubre de 2023.

Así, ha garantizado que no va “a contribuir de ninguna manera a lavar la cara de los asesinos” de Hamás, como a su juicio ha hecho Pedro Sánchez, que es, junto a sus socios, “uno de los que les ha envalentonado, legitimado y está alargando esta situación de conflicto”.

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Ambas comparecencias buscan esclarecer presuntos casos de contratación fraudulenta y tráfico de influencias vinculados al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos
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Europa Press

El juez del Tribunal Supremo que instruye el llamado ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, interrogará este miércoles a dos nuevos testigos: Claudia Montes, quien fuera Miss Asturias +30 en 2017, y Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Ambas comparecencias buscan esclarecer presuntos casos de contratación fraudulenta y tráfico de influencias vinculados al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Montes declarará por videoconferencia desde los juzgados de Gijón tras no haber comparecido en una primera citación a comienzos de mayo por problemas en la notificación. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, su contratación en la empresa pública Logirail habría sido facilitada gracias a la “influencia” directa de Ábalos y a la intermediación de su asesor Koldo García. La UCO sostiene que Montes formaba parte del “círculo personal” del exministro.

Mensajes comprometedores y dudas sobre el currículo

Los investigadores aportan como prueba una conversación entre Ábalos y García del 8 de octubre de 2019, en la que el exministro pregunta: “¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”. A lo que Koldo respondió: “Lo arreglo”.

Posteriormente, Montes habría enviado su currículum a Koldo, quien lo remitió al entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas, precisando que el puesto debía estar ubicado en Gijón. La UCO sostiene que, aunque obtuvo el empleo, Montes no llegó a desempeñar ninguna función, al igual que otra exempleada vinculada a Ábalos, Jésica Rodríguez, quien admitió en febrero que cobró sin trabajar en dos empresas públicas.

En 2022, tras ser despedida, Montes habría manifestado su intención de tomar medidas legales y expresó preocupación por la veracidad del currículum presentado. Según los investigadores, temía estar implicada en un posible delito por falsedad documental. Sin embargo, en conversaciones recogidas por la UCO, Ábalos expresó sorpresa ante su actitud, alegando que ella misma fue quien falseó los datos.

Montes, en su defensa, emitió un comunicado previo a la difusión del informe de la Guardia Civil, negando cualquier relación personal con Ábalos y asegurando que consiguió el empleo a través del portal Infojobs.

Reunión sospechosa en Industria y posibles favores políticos

El juez también escuchará como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart para esclarecer si en su etapa como jefe de gabinete de Reyes Maroto participó o tuvo conocimiento de una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, socios del supuesto conseguidor Víctor de Aldama. El encuentro habría tenido como fin impulsar la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel, actualmente investigada en la Audiencia Nacional.

Además, los investigadores relacionan a Rivas y Pano con la compra de un chalet en Cádiz que Ábalos alquiló para vacaciones familiares en 2021, en lo que sospechan pudo ser una dádiva encubierta.

Ambos interrogatorios se enmarcan en la investigación abierta en el Supremo sobre el presunto cobro de comisiones por parte de Ábalos, Koldo García y De Aldama, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, incluidas adquisiciones de material sanitario durante la pandemia.

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La propuesta ha obtenido 176 votos a favor, aunque ha recibido la crítica del PP y Vox por considerarlo una medida de “censura”
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^{Imagen: sala de prensa del Congreso I El Confidencial}

El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para dotarse de un mecanismo que le permita retirar o suspender acreditaciones de prensa en caso de que los periodistas o los medios incurran en incumplimientos reiterados de las normas de conducta dentro del Parlamento. La decisión ha sido adoptada por la Mesa del Congreso, que ha aprobado tramitar una modificación del reglamento interno que rige el acceso y comportamiento de los profesionales de la información en la Cámara Baja.

La iniciativa responde a una creciente preocupación por parte de algunos grupos parlamentarios ante lo que consideran comportamientos inadecuados o abusivos por parte de ciertos medios o periodistas, especialmente en relación con el respeto al trabajo parlamentario, el cumplimiento de horarios, la utilización de imágenes o audios obtenidos sin autorización, o la difusión de bulos desde espacios del Congreso.

Una medida sin precedentes en democracia

De aprobarse, esta reforma abriría la puerta a una medida sin precedentes desde la recuperación de la democracia: la retirada de credenciales de prensa por razones disciplinarias. Aunque todavía no se conocen los detalles exactos del nuevo procedimiento, fuentes parlamentarias indican que la modificación incluirá criterios objetivos y garantías jurídicas, para evitar arbitrariedades o conflictos con el derecho a la información.

Según las mismas fuentes, la intención no es limitar el acceso a la prensa, sino establecer un marco que garantice un ejercicio profesional responsable y respetuoso dentro del recinto parlamentario. La iniciativa busca equiparar el Congreso con otras instituciones democráticas europeas que ya disponen de mecanismos similares, como el Parlamento Europeo, que puede suspender temporalmente acreditaciones por razones justificadas.

División entre los grupos y advertencias de asociaciones de prensa

La propuesta ha generado distintas reacciones entre los grupos parlamentarios. Mientras PSOE y Sumar respaldan la medida como una forma de preservar el buen funcionamiento del Congreso, PP y Vox han expresado su preocupación por el riesgo de que se utilice como una herramienta de censura encubierta. Desde el grupo popular se advierte de que la reforma no puede convertirse en una excusa para “expulsar a periodistas incómodos” ni debe interferir con la libertad de prensa.

Organizaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han pedido máxima transparencia y participación en el proceso de elaboración de la nueva norma. “Cualquier limitación al ejercicio periodístico debe estar muy bien justificada, y sujeta a control judicial si es necesario”, ha señalado la APM en un comunicado.

El camino legislativo: comisión y votación en el pleno

Una vez aprobada la tramitación por la Mesa, la propuesta de reforma del reglamento será enviada a la Comisión del Reglamento, donde se debatirá su redacción definitiva. Después, deberá someterse a votación en el Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta para modificar normas internas de la Cámara.

Si se aprueba, el Congreso contaría por primera vez con una herramienta formal para sancionar a medios acreditados, algo que hasta ahora se ha gestionado de forma excepcional o caso por caso, y sin una base normativa clara.

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Hungría continua estrechando sus lazos de cooperación con China, estableciendo ahora la sede europea de la empresa de coches eléctricos ByD
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^{Coches ByD I Driving ECO}

El gigante chino de vehículos eléctricos BYD establecerá su sede europea y un nuevo centro de investigación y desarrollo en Hungría, según el presidente y consejero delegado de la compañía, Wang Chuanfu. El anuncio se hizo en Budapest en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Más sedes en Hungría

Esta nueva sede creará unos 2.000 puestos de trabajo en los sectores de ventas, posventa, pruebas, certificación y desarrollo de vehículos localizados. La nueva sede es el quinto sitio de BYD en Hungría, después de la fábrica de autobuses en Komárom, las instalaciones adicionales en Fót y Páty, y Szeged, la ubicación de su futura planta de fabricación de automóviles de pasajeros.

En palabras de Wang, magante de la empresa, dijo que la medida representa una profundización de la cooperación entre China y Hungría y un “paso natural hacia adelante” a medida que la compañía con sede en Shenzhen amplía sus operaciones europeas.

Hungría, productor de automóviles

Hungría, que ya es un centro clave de fabricación de automóviles en Europa, espera fortalecer su posición en el sector de los vehículos eléctricos.

“Nuestro objetivo es que los inversores extranjeros aporten capacidades de desarrollo a Hungría”, declaró Orbán. “Por eso, la reunión y el acuerdo de hoy son de suma importancia”.

El año pasado, BYD vendió más de 4,27 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, convirtiéndose en la marca de vehículos eléctricos más vendida del mundo. En Europa, BYD está ganando terreno rápidamente: vendió más de 11.000 vehículos en abril en 14 países, superando a Tesla.

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La Unión ha decidido revisar el Acuerdo de Asociación para poder frenar cualquier vínculo en caso de violación de los derechos humanos
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^{Imagen: la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen I EFE}

La Unión Europea ha lanzado una señal diplomática sin precedentes al iniciar el procedimiento para revisar el Acuerdo de Asociación con Israel, en virtud del artículo 2, que permite suspender ciertos compromisos bilaterales en caso de violaciones graves de los derechos humanos. Esta decisión, tomada durante el Consejo de Asuntos Exteriores del 20 de mayo de 2025, refleja una creciente indignación por parte de los Estados miembros ante el deterioro de la situación en Gaza, donde más de 14.000 niños corren riesgo de morir por inanición, según UNICEF y la ONU.

Una mayoría amplia exige revisar las relaciones bilaterales

Por primera vez desde que el acuerdo entró en vigor en el año 2000, una mayoría significativa de países ,17 de los 27 Estados miembros, solicitó formalmente a la Comisión Europea que evalúe si Israel está incumpliendo sus compromisos fundamentales en materia de derechos humanos. El artículo 2 del acuerdo establece que “las relaciones se basan en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos”, lo que convierte esta cláusula en una herramienta política de presión.

No obstante, el impulso definitivo llegó de la mano del Gobierno neerlandés, históricamente alineado con Israel. Esta vez, Países Bajos lideró el llamamiento a una revisión de las relaciones, rompiendo con su postura habitual. Según fuentes diplomáticas, este cambio refleja un punto de inflexión moral ante lo que consideran una “violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario”. Incluso aliados tradicionales como Alemania o Italia, que solían oponerse a medidas de presión, quedaron en minoría.

Ayuda bloqueada, tensiones al límite

Organismos internacionales como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) han advertido que solo una fracción mínima de la ayuda solicitada ha logrado entrar en Gaza desde el cruce de Rafah, actualmente bajo control israelí. Mientras tanto, más de 1,1 millones de personas, la mitad de la población de Gaza, se enfrentan a niveles críticos de inseguridad alimentaria, según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Kallas fue clara al exigir a Israel “levantar inmediatamente el bloqueo y permitir el flujo de ayuda sin condiciones”.

Reacciones internacionales y presión global

Este movimiento europeo se suma a una ola de críticas internacionales. El Reino Unido, por ejemplo, ha congelado las negociaciones comerciales con Israel y ha convocado a su embajadora para expresar una queja formal. Por su parte, Francia, Canadá y otros países han instado conjuntamente a poner fin al sufrimiento civil en Gaza, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin alcanzar consensos vinculantes por el bloqueo de miembros permanentes.

Netanyahu, entre la ofensiva militar y la presión diplomática

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado decidido a continuar su campaña militar contra Hamás, pese al creciente coste humanitario y al aislamiento diplomático. Fuentes comunitarias sugieren que Bruselas podría condicionar la intensidad de las medidas a la evolución del acceso humanitario. En otras palabras, si Israel permite la entrada masiva de ayuda, el impacto de una eventual suspensión podría atenuarse.

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Miguel Ángel Revilla asegura estar sereno y sin miedo ante la demanda de Juan Carlos I, tras no retractarse de sus declaraciones sobre la supuesta corrupción del monarca
The post Revilla asegura tener la conciencia tranquila pese a la demanda del rey emérito first appeared on Hércules.  El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que “respeta la justicia” y que tiene “la conciencia tranquila” ante la demanda que presentará el rey emérito, Juan Carlos I, contra él en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander.

“Soy un hombre que respeta la justicia, voy con el ánimo de la conciencia tranquila, que es lo más importante. Sé que la gente está agradecida que haya alguien que diga lo que muchos no pueden decir”, ha declarado en una entrevista en ‘El Hormiguero’ de ‘Antena 3’, recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de conocer que el rey emérito presentará una demanda contra él en los juzgados de Madrid, tras un acto de conciliación que concluyó sin avenencia y al que Juan Carlos I no se presentó ,sí su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador y en donde Revilla no se retractó en sus palabras sobre el monarca.

El expresidente cántabro ha recalcado que, si bien tiene “la conciencia tranquila” y “un muy buen abogado”, “nunca” ha tenido “ningún privilegio” puesto que no es “un aforado” como sí lo es, según ha citado, el exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo al no renunciar a su escaño en el Congreso. “He querido pasar por esa prueba del juzgado de a pie, como van los demás, porque yo nunca me he saltado una cola, porque yo nunca he tomado ningún privilegio”, ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que “está convencido” de que no ha mentido, alegando que el hecho de no tener una sentencia judicial “no excluye” a tener “la convicción” de que una persona “es corrupta”. Asimismo, y preguntado por si pensó que el rey emérito acudiría al acto de conciliación, Revilla ha respondido que su abogado le trasladó que Juan Carlos I no iba a ir.

Con ello, ha aclarado que nadie de la Casa Real se ha puesto en contacto con él, y ha indicado que está “preparado” para un juicio que, en su opinión, “no es normal”, aseverando eso sí que va a “acatar” lo que dicte la justicia. “A mí no me hace ninguna gracia, yo no he originado esto, aunque algunos lo piensen. Es más, yo he llevado siete meses sin hablar de esto. No sé qué le ha pasado por la cabeza”, ha sentenciado.

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El Tribunal Supremo interroga a testigos clave en la trama de presuntos enchufes y contratos simulados ligados al exministro Ábalos y su entorno más cercano. Las investigaciones apuntan a un esquema de dádivas, influencias y favores políticos disfrazados de empleos públicos
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El magistrado Leopoldo Puente, responsable del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, tiene previsto interrogar este miércoles a dos personas implicadas como testigos en una presunta red de enchufes y favores en empresas públicas: Claudia Montes, Miss Asturias +30 en 2017, y Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto. Según la investigación, Montes habría conseguido un puesto en Logirail por la influencia directa del exministro José Luis Ábalos.

La primera citación de Montes estaba fijada para el pasado 6 de mayo, pero fue pospuesta por problemas de notificación. El juez reprogramó su comparecencia para el 21 de mayo, autorizando que declare desde los juzgados de Gijón por videoconferencia, prevista para las 10 de la mañana.

Montes es la segunda mujer próxima a Ábalos que comparece en este proceso. Ya el 27 de febrero lo hizo su expareja, Jésica Rodríguez, quien admitió que cobró sin trabajar en dos entidades públicas: Ineco y Tragsatec. Según la Guardia Civil, Montes habría sido contratada de forma fraudulenta en Logirail con la mediación del asesor Koldo García, considerado pieza clave en la estructura de favores del exministro. La UCO señala que Montes era parte del entorno personal de Ábalos.

Entre los mensajes incautados por los investigadores figura un chat de octubre de 2019, en el que Ábalos pregunta a Koldo si “la de Gijón” puede ser incorporada a Renfe o alguna filial. Koldo responde: “Lo arreglo”. A los pocos días, Montes remite su currículum a García, quien lo reenvía al entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas, detallando que la ciudad de destino debía ser Gijón. Pese a obtener el empleo, Montes, al igual que Rodríguez, tampoco llegó a presentarse a trabajar.

En febrero de 2022, tras ser despedida, Montes pidió ayuda a Koldo para frenar la baja laboral. Mostró su temor por las implicaciones legales de un currículum con datos académicos falsos. Aun así, solicitó copia del CV que la había hecho entrar en Logirail. Koldo le respondió: “Lo siento, no tengo nada”. Posteriormente, él mismo advirtió a Ábalos de que ella consideraba denunciar por la falsedad documental. “Pero si lo falseó ella…”, contestó sorprendido el exministro.

Según los informes, Montes volvió a contactar con Ábalos en busca de otro empleo, a pesar de que ya no mantenían una relación ni él ostentaba cargo público. Ábalos, cansado de las peticiones, escribió a Koldo: “Que se deje de líos y busque otras ayudas”.

Antes de que se conociera el contenido del informe de la UCO, Montes emitió un comunicado negando cualquier vínculo personal con Ábalos, salvo una fotografía conjunta durante un acto del PSOE. Aseguró además que el puesto en Logirail lo obtuvo a través del portal Infojobs.

Por su parte, Díaz Bidart ha sido citado por petición de las acusaciones populares. Estas buscan esclarecer si hubo una reunión en el Ministerio de Industria con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, socios del presunto intermediario Víctor de Aldama, para gestionar la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Esta empresa, epicentro de una investigación en la Audiencia Nacional por fraude en el mercado de hidrocarburos, aparece también en el sumario del ‘caso Koldo’ no solo por dicha reunión, sino también por una vivienda vacacional en Cádiz que habría sido adquirida como prebenda para Ábalos. El chalet de La Alcaidesa fue alquilado por el exministro para pasar allí el verano de 2021 con su familia.

Los investigadores sostienen que la firma Have Got Time, registrada a nombre de Pano pero dirigida de facto por Rivas, fue la que compró el inmueble como parte de las supuestas dádivas recibidas por Ábalos a cambio de favores administrativos. El magistrado considera que la declaración de Díaz Bidart es clave para determinar si la citada reunión ocurrió y quién la facilitó.

Ambas testificales se enmarcan en una investigación que apunta a una red de cobros en efectivo y en especie a cambio de adjudicaciones públicas y contratos de emergencia durante la pandemia. El foco sigue puesto en Ábalos, García y De Aldama.

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