¿Está sentenciada Beatriz Corredor tras el gran apagón?
El informe interno de Red Eléctrica contradice a su presidenta y expone riesgos clave que explican el colapso del sistema
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Beatriz Corredor Sierra, presidenta de Redeia y del Consejo de Administración // Redeia
El futuro de Beatriz Corredor como presidenta de Redeia (Red Eléctrica de España) está en entredicho tras el apagón más grave de la historia democrática reciente. Aunque ella insiste en que “todo funcionó bien”, su posición se debilita por momentos, especialmente tras conocerse el informe de auditoría interna elaborado por Ernst & Young. El documento, lejos de respaldar la tesis oficial, detalla una larga lista de vulnerabilidades estructurales que explican lo ocurrido y que desmontan el discurso de Corredor y del propio Gobierno.
El texto de auditoría correspondiente al ejercicio 2024 identifica con claridad una serie de riesgos operativos, técnicos y de transición energética que se ajustan a los fallos vividos durante el apagón. Bajo el epígrafe “Riesgos de transición”, se advierte de problemas como la insuficiente información para operar en tiempo real debido al aumento de instalaciones renovables de menos de 1 MW, que escapan al control del operador del sistema. También se señala el riesgo de desconexiones por alta penetración de renovables sin la preparación técnica adecuada ante perturbaciones, y se menciona la pérdida de generación firme por el cierre de centrales convencionales.
Estos puntos no son meras hipótesis: reflejan con exactitud lo que vivió el país durante el colapso eléctrico. La contradicción entre lo que dice el informe y lo que defiende Corredor ha generado un malestar profundo tanto en Moncloa como en el sector. La presidenta, con un sueldo de 546.000 euros anuales, mantiene una versión que ni sus propios técnicos respaldan.
El Gobierno, contra las cuerdas
Pedro Sánchez colocó a Beatriz Corredor al frente de REE como un perfil político de confianza. Jurista y exministra de Vivienda, su trayectoria estaba ligada al partido y no al sector eléctrico. Su designación se entendió como una decisión estratégica para mantener el control institucional sobre un operador clave. Sin embargo, la falta de experiencia técnica pesa ahora como un lastre.
Durante el apagón, Corredor tardó 48 horas en comparecer públicamente, un retraso que ha sido interpretado como falta de liderazgo y reacción. El Gobierno, atrapado entre defender a una figura de confianza y responder a la presión social —el 73% de los españoles pide dimisiones, según Hamalgama Métrica—, espera un informe técnico oficial que señale con claridad las responsabilidades del suceso.
¿Puede mantenerse en el cargo?
Aunque Corredor insiste en que “no hubo fallo” en Red Eléctrica, la auditoría interna la deja sin coartada. El documento no solo advierte del riesgo de cortes de suministro —lo llama “posible afección al suministro”—, sino que detalla impactos operativos, reputacionales y estructurales derivados de una transición energética “mal planificada y sin mecanismos de control adecuados”.
Además, el informe incluye un apartado sobre “riesgos físicos” que agravan aún más el escenario: disminución del recurso hídrico para generación hidroeléctrica y falta de disponibilidad para el bombeo, clave para la estabilidad del sistema. Estas alertas no son anecdóticas: están firmadas por Ernst & Young y forman parte del balance oficial de la compañía.
Moncloa ya ha activado sus propios análisis. Según fuentes del Gobierno, “sería irresponsable cesarla sin informe concluyente”, pero reconocen que mantenerla si se confirma la implicación de REE será políticamente insostenible. La frase “quien controla las redes tiene responsabilidad”, pronunciada por un alto cargo del Ejecutivo, deja entrever el destino de Corredor.
La situación de Corredor es crítica. Si el informe técnico encargado por el Gobierno confirma lo que ya señala la auditoría interna, su cese será casi automático. Su lealtad al presidente y su papel político ya no bastan para sostenerla. Y con la opinión pública mayoritariamente en contra, su continuidad podría convertirse en un coste político demasiado alto para el Ejecutivo.
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