Crónica Diaria

Esta medida del Gobierno publicada en el BOE afecta tanto a los usuarios finales como a las empresas distribuidoras que reciben el producto a granel
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Un empleado llena un depósito en una gasolinera de Barcelona. Fuente: El periódico

La Dirección General de Política Energética y Minas ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 120, resolución BOE-A-2025-9810) los nuevos precios de aplicación para los suministros de gases licuados del petróleo (GLP) por canalización, que entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas del 20 de mayo de 2025.

Esta medida afecta tanto a los usuarios finales como a las empresas distribuidoras que reciben el producto a granel.

Para los consumidores domésticos y comerciales que reciben GLP por canalización, se fija un término fijo mensual de 1,59 euros y un término variable de 80,8606 céntimos de euro por kilogramo. Por su parte, las empresas distribuidoras que reciben el suministro a granel deberán abonar 66,0368 céntimos de euro por kilogramo.

Estos precios se establecen antes de impuestos, por lo que deberán añadirse los tributos correspondientes según la ubicación geográfica del suministro. En la Península y Baleares se aplicará el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En el Archipiélago Canario se incluirá el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se añadirán los gravámenes específicos sobre producción, servicios, importación y carburantes.

El precio no ha logrado recuperar la EMA de 50 ($3.370)

Los precios han sido calculados considerando una cotización internacional del propano y butano de 480,00 y 480,80 dólares por tonelada métrica respectivamente, unos costes de flete de 16,80 dólares por tonelada y un tipo de cambio medio mensual dólar/euro de 1,121395.

Asimismo, la resolución establece que estos precios serán aplicables a todos los suministros que no se hayan ejecutado o que se encuentren en proceso de ejecución a las cero horas del día 20 de mayo de 2025, independientemente de la fecha en que se hubiesen cursado los pedidos.

En cuanto a la facturación, se establece un mecanismo de prorrateo proporcional del consumo para los periodos que incluyan el 20 de mayo, de modo que se apliquen correctamente los precios vigentes antes y después de esa fecha. Las empresas distribuidoras deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta asignación de consumos y aplicación de tarifas conforme a la normativa.

Actualmente, el gas natural está bajo evidente presión vendedora, cotizando a $3.241 y moviéndose bruscamente dentro de un canal descendente desde el 13 de mayo. El precio no ha logrado recuperar la EMA de 50 ($3.370), la cual ahora desciende y refuerza el impulso bajista.

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La organización deberá reducir su estructura en un 25% con un déficit salarias que se estima en 500 millones de dólares
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I AP Photo}

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfrenta una crisis financiera sin precedentes, que ha llevado a una reestructuración significativa y a una reducción de sus operaciones en todo el mundo. La salida de Estados Unidos del organismo y la consiguiente pérdida de financiación han dejado un déficit presupuestario estimado en 600 millones de dólares para el bienio 2026-2027.

Reorganización estructural y recortes de personal

En respuesta a la crisis financiera, la OMS ha anunciado una reestructuración que incluye la reducción de su equipo directivo y la consolidación de departamentos. El número de departamentos se reducirá de 76 a 34, y el equipo de liderazgo superior en la sede de Ginebra se reducirá de 12 a 7 miembros. Estas medidas buscan reducir los costos operativos y adaptarse a la nueva realidad financiera de la organización.

Impacto global en los servicios de salud

Los recortes financieros han tenido un impacto significativo en los servicios de salud a nivel mundial. Según la OMS, casi tres cuartas partes de sus oficinas en más de 100 países han reportado interrupciones en los servicios de salud, y una cuarta parte ha informado del cierre de centros de salud. Además, se han registrado despidos de personal sanitario y aumentos en los pagos directos por parte de los pacientes.

Llamada a la acción y nuevas estrategias de financiación

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los países miembros a aumentar sus contribuciones para garantizar la continuidad de los programas de salud esenciales. En la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros aprobaron un aumento del 20% en las contribuciones señaladas para el periodo 2024-2025. Además, ha lanzado una ronda de inversiones que ha recaudado 641.000 millones de euros para financiar su estrategia para el periodo 2025-2029.

La organización también está apoyando a los países para que logren una mayor autosuficiencia y reduzcan su dependencia de la ayuda externa. Países como Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Ghana han tomado medidas para aumentar su financiación nacional en salud y mitigar el impacto de los recortes.

Presupuesto de la OMS en su ejercicio actual

El presupuesto aprobado por la Organización Mundial de la Salud para el bienio 2024-2025 asciende a 6.830 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11% respecto al periodo anterior.

Sin embargo, la organización ha presentado un déficit proyectado de 600 millones de dólares y una reducción anticipada del 21% en la financiación para los próximos dos años, lo que disminuiría su presupuesto bienal a 4.200 millones de dólares

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El artista madrileño ha estrenado en Madrid su gira «Hola y Adiós» con la que se despedirá de los escenarios
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^{Sabina I Europa Press}

“Buenas noches, gracias por venir. Por fin en Madrid. Ya sabéis que esta es mi última gira, pero por suerte me quedan algunos conciertos más en Madrid. La ciudad, no donde nací, pero sí donde elegí vivir y a la que le debo absolutamente todo lo que soy, incluidas mis canciones. Muchas gracias”, ha dicho el artista tras comenzar cantando ‘Yo me bajo en Atocha’.

Poco más tarde, según fuentes de Europa Press, se ha proyectado en las pantallas del escenario el vídeo de una de sus últimas canciones, ‘Un último vals’ —dirigido por Fernando León de Aranoa— en el que le acompañan viejos amigos como Joan Manuel Serrat, Leiva, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Ariel Rot, José Tomás, Luis García Montero, Juan Gabriel Vásquez, Alejo Stivel o Jorge Drexler.

El renombrado Movistar Arena ha registrado una asistencia de 12.000 personas, colgando el cartel de “sold out”. A sus 76 años, Sabina ha brindado al público, durante algo más de dos horas, la oportunidad de despedir una selección de canciones que ya son clásicos en la trayectoria del artista como

‘19 días y 500 noches’ —que ha puesto en pie al Movistar Arena—, ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’ o ‘Por el bulevar de los sueños rotos’.

Tras el rugido y aplauso inicial, el artista ha llenado el escenario —sobrio y con detalles el rojo en el que se leía su nombre— con ‘Lágrimas de mármol’, ‘Lo niego todo’, ‘Mentiras piadosas’, ‘Ahora que…’ y ‘Calle Melancolía’, que han animado a un público que ha estado muy presente desde el inicio.

Aunque el artista ha estado sentado todo el concierto —y se ha ausentado en dos ocasiones varios minutos mientras su orquesta cantaba— ha llenado el escenario con su voz, mostrándose carismático, sonriente y asegurando que estaba acompañado de “demasiada gente” que quiere y conoce.

Precisamente, ha dedicado ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’ al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al escritor Benjamín Prado, mientras que ‘Calle Melancolía’ se la ha dirigido a, entre otras mujeres, la periodista Mónica Carrillo.

En la última parte del concierto ha sido el turno de himnos como ‘Y sin embargo te quiero’, ‘Noches de boda’, ‘Y nos dieron las diez’ o ‘Contigo’, tras los que el público pedía “otra” canción a gritos. El intérprete ha concluido con la rockera ‘Princesa’, despidiéndose entre aplausos de los asistentes que le han respondido con saltos y los brazos en alto coreando cada verso.

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Algunas autonomías aún no han cumplido con el requerimiento y han anunciado que lo harán a última hora, mientras que otras, como Aragón, mantienen una posición distinta.
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Europa Press

Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta este martes, 20 de mayo, para remitir al Gobierno central los datos actualizados sobre el número de menores migrantes no acompañados que atienden actualmente en sus territorios. Esta información ha sido solicitada por el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida autonómicos y avanzar en la aplicación del Plan de respuesta solidaria frente a situaciones migratorias extraordinarias que afectan a la infancia y la adolescencia.

Según ha informado Europa Press, algunas autonomías aún no han cumplido con el requerimiento y han anunciado que lo harán a última hora, mientras que otras, como Aragón, mantienen una posición distinta. La consejera de Bienestar Social y Familia de esta comunidad, Carmen Susín, ha afirmado que los datos están listos, pero que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien determine si deben entregarlos o no, a raíz del recurso presentado por su Gobierno solicitando la suspensión cautelar del requerimiento.

En declaraciones a los medios, Susín ha insistido en que el Ejecutivo aragonés “no es un Gobierno insumiso”, y que respetará las leyes y las resoluciones judiciales. En cuanto al plazo para remitir la información, ha recalcado que este “acabará” cuando lo disponga el TSJM, y no antes.

Conflicto de competencias entre el Estado y Aragón

El conflicto ha escalado hasta el punto de que el Gobierno central ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional. La pasada semana, el Consejo de Ministros acordó presentar un conflicto positivo de competencias contra la Administración de Aragón, argumentando que su negativa a colaborar vulnera el deber de cooperación institucional, tal como establece el real decreto-ley que regula las medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia en contextos migratorios excepcionales.

El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, ya había solicitado esta información a las autonomías en marzo. Sin embargo, pasados diez días, algunas regiones, como Aragón, no facilitaron ningún dato, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, remitieron cifras de forma parcial o desestructurada. Esto motivó a la ministra a reiterar su solicitud tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado 5 de mayo.

Tensión política en torno al reparto y acogida de menores

La Conferencia Sectorial estuvo marcada por las críticas de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que calificaron los criterios del Gobierno central como “arbitrarios” y “forzosos”. Según Rego, durante la reunión no se presentaron propuestas constructivas por parte del PP, lo que bloqueó la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos.

“La reunión se centró en el bloqueo. No hubo aportaciones de ningún tipo por parte del Partido Popular. Lamentablemente, no pudimos abordar en profundidad el problema principal, que es la crisis humanitaria que se vive en Canarias y Ceuta”, lamentó la ministra al término del encuentro.

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El PP impulsa desde el Senado una batería legislativa para prohibir homenajes a etarras y vetar en las listas electorales a condenados por terrorismo no arrepentidos, medidas previamente rechazadas en el Congreso. La reforma incluye cambios en el Código Penal, la ley electoral y otras normativas clave
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Con su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular pondrá en marcha este martes en el Pleno varias proposiciones de ley destinadas a endurecer el marco legal contra los homenajes públicos a etarras —conocidos como ongi etorri— y a impedir que condenados por terrorismo no arrepentidos figuren en candidaturas electorales. Esta iniciativa llega después de que EH Bildu incluyera en sus listas para las elecciones municipales de 2023 a personas con condenas vinculadas a ETA.

El objetivo del PP es enviar al Congreso medidas que han sido previamente rechazadas por el PSOE y sus socios en la Cámara Baja, donde los populares no cuentan con mayoría.

Para vetar los ongi etorri, el PP propone reformar varias leyes orgánicas, como el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), la Ley Penitenciaria y la que regula el derecho de reunión. Según el borrador, se pretende evitar que “se cause una nueva victimización a través de actos públicos que humillen o perjudiquen la imagen de las víctimas del terrorismo”.

La propuesta también incluye el endurecimiento de las sanciones para quienes convoquen o celebren actos de homenaje que puedan constituir una forma de ensalzamiento del terrorismo o una humillación para sus víctimas.

En cuanto a los beneficios penitenciarios, el PP quiere que se impongan requisitos más estrictos: el condenado deberá demostrar de forma fehaciente que reniega de sus actos, muestra arrepentimiento, ha abandonado toda intención de reincidir y colabora activamente en la resolución de crímenes pendientes o en la prevención de otros similares.

Además, se exigiría que los reclusos salden la responsabilidad civil derivada de sus delitos, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la justicia de forma activa.

Respecto a la participación electoral de personas condenadas por terrorismo, el PP advierte de un incremento en su presencia en las listas durante la última década. Cita, como ejemplo, que “casi una decena de candidatos condenados por crímenes especialmente graves” fueron incluidos por EH Bildu en comicios municipales y autonómicos en el País Vasco y Navarra.

Este fenómeno, sostiene el PP, “ha generado un profundo rechazo social” y exige nuevas herramientas legales para evitar que se repita. Por ello, proponen modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para evitar que personas sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia puedan formar parte de instituciones públicas.

La iniciativa quiere obligar al Gobierno a revisar todas las candidaturas tras su publicación en los boletines oficiales para comprobar si alguno de los candidatos incurre en causas de inelegibilidad.

Entre estas causas, el PP plantea incluir a quienes, habiendo sido condenados por delitos de terrorismo, no acrediten documentalmente su arrepentimiento, su rechazo a la violencia, su solicitud de perdón a las víctimas y su disposición real a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los atentados aún sin resolver.

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El líder del PP ha vetado al presidente valenciano del encuentro y no formará parte de la organización ni tendrá opción de hablar
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^{Imagen: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Valencia, Carlos Mazón I Información}

A escasos minutos de comenzar la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, hizo su aparición en las inmediaciones de la sede del partido. Su presencia, tras varias ausencias anteriores, atrajo la atención de medios y simpatizantes. Mazón aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje de serenidad personal, criticar al Gobierno central y enfatizar la unidad del partido de cara al próximo congreso nacional.

El congreso, programado para los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid, tiene como objetivo principal fortalecer la cohesión interna del PP y preparar estrategias para futuras contiendas electorales. Sin embargo, la escasa representación del PP valenciano en la organización del evento ha generado inquietudes sobre el papel de Mazón dentro del partido.

El PP valenciano, con escasa presencia en la organización del congreso nacional

La estructura organizativa del próximo congreso del PP ha dejado a la Comunidad Valenciana con una participación mínima. Mientras que otras regiones cuentan con figuras destacadas en la comisión organizadora y en las ponencias, el PP valenciano apenas tiene representación, con Juanfran Pérez Llorca como único vocal. Esta situación contrasta con la presencia de líderes como Alfonso Serrano (Madrid), Sofía Acedo (Melilla) y José Manuel Rey (Ferrol) en roles clave de la organización.

Fuentes internas del partido han restado importancia a esta distribución, atribuyéndola a decisiones estratégicas sin intención de marginar a ninguna federación. Sin embargo, la exclusión del PP valenciano en un momento en que enfrenta desafíos internos y externos ha alimentado especulaciones sobre el futuro de Mazón al frente de la Generalitat y del partido en la región.

Feijóo aboga por la unidad y la renovación en el PP

Durante la Junta Directiva Nacional, Alberto Núñez Feijóo hizo un llamado a la unidad del partido, destacando la importancia de la cohesión interna para enfrentar los desafíos políticos actuales. El líder del PP enfatizó que el próximo congreso no será una mera formalidad, sino una oportunidad para debatir y consolidar propuestas que fortalezcan al partido y lo preparen para gobernar.

También abordó la necesidad de una “limpieza profunda” en la política española, criticando al Gobierno de Pedro Sánchez y posicionando al PP como la alternativa responsable y honesta que el país necesita. Enfatizó que la unidad no se impone, sino que se construye a través del respeto y la confianza mutua.

Desafíos internos: una candidatura alternativa desde Valencia

En medio de las tensiones internas, José Luis Bayo, exlíder de Nuevas Generaciones del PP valenciano, ha anunciado su intención de competir por el liderazgo del partido en el próximo congreso. Bayo propone una reforma profunda del PP, abogando por una mayor democracia interna, la eliminación del sistema de compromisarios y la implementación de listas abiertas. Su candidatura busca responder a la crisis del PP en la Comunidad Valenciana y promover una renovación en la dirección nacional.

La irrupción de Bayo añade una nueva dimensión al congreso de julio, que se perfila como un evento clave para definir el rumbo futuro del Partido Popular y su capacidad para consolidar liderazgos y estrategias de cara a los próximos desafíos electorales.

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Pedro Sánchez critica la presencia de Israel en Eurovisión apelando a la coherencia cultural, mientras mantiene acuerdos millonarios con su industria armamentística. La contradicción entre retórica política y acción gubernamental desata críticas por doble moral
The post La doble moral de Pedro Sánchez con Israel: sí a comprarles armas, no a que participen en Eurovisión first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez ha exigido públicamente que Israel sea excluido del Festival de Eurovisión, denunciando lo que considera un “doble rasero” cultural frente a la decisión de apartar a Rusia en 2022. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con los estrechos lazos económicos, en particular en el ámbito militar, que España mantiene con el Estado israelí.

Durante el cierre del acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España, el presidente del Gobierno aprovechó su discurso para lanzar una crítica directa a la inclusión de Israel en Eurovisión 2024. “No caben los dobles raseros en el terreno cultural”, afirmó Sánchez, rematando con un mensaje de solidaridad dirigido tanto a Ucrania como al pueblo palestino. A su juicio, es incoherente que se vetara a Rusia tras invadir Ucrania mientras se permite a Israel seguir en el concurso pese a su ofensiva sobre Gaza.

La tensión fue palpable durante la gala, con la retransmisión de RTVE generando roces con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen. A pesar de que la cadena pública expresó su respaldo al pueblo palestino y a la paz en un comunicado oficial, el televoto español acabó otorgando la máxima puntuación, 12 puntos, a Israel.

Más allá de lo simbólico, la realidad comercial entre España e Israel revela otra dimensión. Desde el estallido del conflicto en Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha cerrado 46 acuerdos con compañías israelíes por un total que supera los 1.000 millones de euros, según el Centre Delàs de Estudios por la Paz. Diez de estos contratos aún no han sido firmados, pero se estima que rondan los 800 millones y se centran en armamento avanzado como el sistema de lanzacohetes SILAM o los misiles Spike, desarrollados por Rafael y Elbit.

El Ministerio de Defensa sostiene que esta tecnología no tiene reemplazo viable dentro del mercado europeo o internacional, lo que justificaría su adquisición. Aun así, las críticas de sus socios de coalición, especialmente desde Sumar, llevaron a Sánchez a cancelar un contrato específico con IMI Systems LTD para dotar de munición a la Guardia Civil por valor de 5,4 millones de euros. Un gesto que no disipa la contradicción entre discurso y práctica.

Sánchez ha defendido que la cultura no debe ser neutral, sino comprometida con valores democráticos y de paz. Según él, “quienes piden una cultura equidistante están equivocados”. No obstante, sus palabras resultan debilitadas cuando se intenta hacer de Eurovisión una plataforma política mientras se mantienen negocios armamentísticos con el país cuya exclusión se reclama. Analistas como Antonio Maestre han criticado esta actitud, apuntando que el presidente exige a Eurovisión lo que él mismo evita hacer desde el Ejecutivo. “Puede actuar como Gobierno, incluso promoviendo sanciones a nivel europeo”, concluye el periodista.

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El presidente de EE.UU. ha mantenido una llamada con Putin, aunque también prever hablar con Zelenski y miembros de la OTAN
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^{Imagen: el presidente de EE.UU., Donald Trump I Getty Images}

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este lunes una prolongada conversación telefónica de dos horas, en la que abordaron temas clave sobre la guerra en Ucrania. Se trata del tercer contacto directo entre ambos líderes desde el inicio del mandato de Trump, y se produce en un contexto de tensiones crecientes por la falta de avances en las negociaciones de paz.

Putin calificó el intercambio como “franco y sustantivo”, y agradeció a Trump su papel en reimpulsar el diálogo directo entre Moscú y Kiev. Según la agencia rusa TASS, el líder del Kremlin expresó su respaldo a una salida pacífica al conflicto, subrayando la necesidad de identificar “las rutas más eficaces hacia la paz”.

Trump impulsa negociaciones inmediatas

Tras la llamada, el presidente americano anunció en su red Truth Social que Rusia y Ucrania se comprometieron a iniciar de inmediato conversaciones hacia un alto el fuego, con el objetivo final de poner fin a la guerra. Destacó que serán ambas partes quienes definan las condiciones, al ser quienes mejor conocen los pormenores del conflicto.

El mandatario estadounidense aseguró que el clima de la conversación fue “excelente” y adelantó que, una vez terminada la llamada, se comunicó con líderes europeos y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para informarles del contenido del diálogo. Entre los líderes contactados figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Zelensky: “Sin retirada de nuestras tropas”

Desde Kiev, el presidente ucraniano fue claro al responder a las novedades: Ucrania no retirará a sus tropas de las regiones ocupadas por Rusia. En una declaración pública, señaló que cualquier exigencia en ese sentido sería una muestra de que Moscú no tiene un verdadero interés en alcanzar la paz.

Insistió en que las sanciones internacionales deben endurecerse, especialmente en los sectores bancario y energético rusos. Además, adelantó que ya se está negociando una sede para una nueva ronda de conversaciones, cuyo primer objetivo sería lograr un cese efectivo de las hostilidades.

Posible encuentro cara a cara entre líderes

Durante la llamada también se habló de una posible reunión directa entre Putin y Zelensky, según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Aunque no se ha acordado una fecha ni una sede concreta, se reconoció la propuesta del Vaticano como anfitrión neutral, algo que cuenta con el respaldo de Trump.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yury Ushakov confirmó que no se discutió un cronograma específico para el alto el fuego, aunque ambos mandatarios expresaron interés en que un eventual encuentro personal no sea meramente simbólico, sino que genere avances reales.

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Hazte Oír lanza una lona contra Pedro Sánchez que reabre el debate sobre el uso político de estos soportes en Madrid. Las pancartas polémicas han sido empleadas tanto por la izquierda como por la derecha, generando denuncias cruzadas y resoluciones de la Junta Electoral
The post La “guerra de las lonas”, un fenómeno nada nuevo en la política española first appeared on Hércules.  Lona del Frente Obrero usada en la campaña de las elecciones generales de 2023/El independiente

Este lunes, la organización católica radical Hazte Oír desplegó frente al Congreso una lona de grandes dimensiones en la que acusa de “corrupto” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una acción que ha sido denunciada por el PSOE al considerar que incurre en posibles delitos de injurias y calumnias.

No es, sin embargo, la primera vez que se utiliza la vía de las lonas con carga política en edificios icónicos de Madrid. También Isabel Díaz Ayuso ha sido blanco de estos montajes, especialmente por parte de formaciones de izquierda. Una de las acciones más controvertidas fue la protagonizada por Podemos, que en plena campaña para las autonómicas de 2023 colocó una pancarta con la imagen del hermano de Ayuso, Tomás, en la calle Goya. El cartel incluía una frase del expresidente popular Pablo Casado, que cuestionaba el contrato de mascarillas adjudicado durante la pandemia, sugiriendo beneficios personales en medio de la crisis sanitaria.

El PP llevó entonces el caso a la Junta Electoral, que si bien rechazó retirar la lona, sí obligó a Podemos a incluir en ella su logotipo de manera visible para no inducir a error. Poco después, los populares respondieron con mayoría absoluta el 28M, la salida de Podemos de la Asamblea y su propia lona con Ayuso y un escueto: «Gracias Madrid», en el mismo edificio.

Más Madrid también ha recurrido a esta práctica. En abril de 2023 desplegó una lona que denunciaba el número de muertes en residencias durante la primera ola del covid, cifrándolas en 7.291. El mensaje fue: “No. No se iban a morir igual”, en alusión a la gestión regional. El Gobierno autonómico corrigió la cifra a 4.100, y tras una denuncia, la Junta Electoral obligó a su retirada por vulnerar el artículo 53 de la Ley Electoral, que prohíbe expresamente la propaganda durante el periodo previo a la campaña.

Dicho artículo impide contratar soportes publicitarios con fines electorales entre la convocatoria oficial y el día 37 posterior. Este marco legal se ha convertido en el argumento habitual para la retirada de este tipo de cartelería, aunque las formaciones lo desafían con regularidad para marcar posiciones.

El PSOE, ahora denunciante, también recurrió en su día a esta táctica. Antes de los comicios madrileños de 2021, instaló una lona en Callao con los lemas “Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?” y “Paremos el Gobierno de Colón”, en referencia a la imagen conjunta de Casado, Abascal y Rivera, insinuando la inclusión ideológica de Ayuso. Aunque ella no figuraba en esa instantánea, su figura aparecía en la lona.

El PP también denunció entonces ese cartel, alegando que incumplía el mismo artículo de la LOREG, y la Junta Electoral provincial le dio la razón, obligando a su retirada por considerarla propaganda electoral anticipada.

Otras formaciones como Vox, Junts o colectivos como Desokupa, Greenpeace, el Frente Obrero o Avaaz han hecho uso de este tipo de acciones visuales para sus campañas políticas o activistas. La utilización de lonas como herramienta de impacto mediático y político se ha consolidado en la capital, pese a las reiteradas sanciones e intervenciones de la Junta Electoral.

Por ahora, Hazte Oír ha anunciado que su polémico cartel contra Sánchez permanecerá instalado durante al menos un mes en un edificio situado en la Carrera de San Jerónimo, número 44, esquina con Santa Catalina, frente al Congreso de los Diputados, lo que garantiza su visibilidad mediática y política durante semanas.

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