Crónica Diaria

El sindicato pide a la Fiscalía que investigue quién filtró los mensajes entre Sánchez y Ábalos, al considerar que afectan a la institución de la Presidencia
The post Manos Limpias denuncia la filtración de los WhatsApp de Sánchez por vulnerar su intimidad first appeared on Hércules.  El sindicato Manos Limpias ha sorprendido con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue como delito la filtración de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El motivo: una posible vulneración de la intimidad del jefe del Ejecutivo, en un contexto especialmente tenso por las revelaciones que siguen emergiendo de la conocida trama Koldo.

La paradoja es evidente. Manos Limpias es el mismo sindicato que ha impulsado procesos judiciales contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y contra su hermano, David Sánchez, por presunta corrupción. Pero esta vez, el sindicato encabezado por Miguel Bernad asegura que actúa no para proteger al presidente como individuo, sino para salvaguardar la institución que representa.

Señalan a Ábalos como posible autor de la filtración

Según el contenido de la denuncia, a la que ha tenido acceso El Debate, las conversaciones filtradas no habrían sido autorizadas por Sánchez y su difusión afectaría al derecho constitucional a la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Carta Magna, que garantiza también el honor y la propia imagen.

El sindicato señala que José Luis Ábalos podría ser el filtrador, dada su implicación directa en los mensajes y su distancia creciente del núcleo del poder socialista. Piden por ello al Ministerio Público, dirigido por Álvaro García Ortiz, él mismo imputado por revelación de secretos en el Tribunal Supremo, que abra diligencias de investigación para esclarecer el origen de las filtraciones.

Ábalos, preguntado al respecto, ha optado por alimentar las especulaciones con una respuesta ambigua: “Prefiero que se queden con la duda de quién los ha filtrado”, añadió, con un gesto enigmático, “sí, porque sufre”, sin dar más detalles. Su antiguo asesor, Koldo García, ha arrojado más leña al fuego al asegurar en el programa de Ana Rosa Quintana que el disco duro donde estaban los datos del teléfono de Ábalos no le pertenecía a él, sino que era propiedad del exministro.

Bolaños habla de esclarecer los hechos, pero sin concretar

Desde el Gobierno, la reacción ha sido tibia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, declaró este martes en rueda de prensa que el Ejecutivo quiere “esclarecer el origen de las filtraciones”. Sin embargo, no anunció ninguna medida concreta ni mostró una hoja de ruta clara para afrontar una situación que mezcla lo privado con lo institucional, y que deja en evidencia la fragilidad del círculo de confianza de Pedro Sánchez.

En la denuncia, Bernad subraya que no se trata de defender al agraviado —en referencia a Sánchez— sino de proteger la legalidad vigente y el funcionamiento del Estado de Derecho. Aunque el Ejecutivo ha deslegitimado públicamente a Manos Limpias en múltiples ocasiones, calificándolo de “organización de extrema derecha”, esta acción judicial podría poner en aprietos a la Fiscalía, ya presionada por su propio descrédito y por el escándalo de la trama que salpica a varios antiguos altos cargos del PSOE.

Los mensajes filtrados revelan no solo una relación fluida y continua entre Sánchez y Ábalos, sino que se mantuvo incluso poco antes del estallido del caso Koldo y de la detención de varios implicados. Según se ha sabido, ambos se reunieron en los jardines de Moncloa en días clave, lo que refuerza la percepción de que el presidente tenía conocimiento directo o indirecto del ambiente en torno a su exministro.

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El ente aeroportuario busca forar el desalojo de los 500 indigentes que pernoctan en la T4 y que el Ayuntamiento de Madrid se haga cargo de ellos
The post AENA desata una ‘guerra silenciosa’ contra los sintecho en Barajas para dejárselos a Madrid first appeared on Hércules.  La terminal 4 del aeropuerto de Barajas se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria, social e institucional que ha estallado tras meses de inacción. AENA, responsable de la gestión del aeropuerto, ha pasado a la ofensiva para expulsar a los aproximadamente 500 sintecho que se han instalado en sus instalaciones y presiona para que el Ayuntamiento de Madrid asuma su atención. Lo que comenzó como un fenómeno marginal se ha transformado en una ‘ciudad oculta’ dentro del aeropuerto, con escenas de violencia, drogadicción, prostitución y condiciones sanitarias deplorables.

Trabajadores del aeropuerto, usuarios, azafatas y pilotos han levantado la voz ante una situación que afecta directamente a la operativa, la seguridad y la imagen internacional de España. AENA, desbordada y sin soluciones efectivas, ha iniciado una estrategia de presión indirecta para provocar la huida de estas personas y descargar la responsabilidad sobre las administraciones locales.

Fumigaciones, cortes de luz y restricciones: una estrategia de desgaste

La presencia masiva de personas sin hogar ha generado focos de insalubridad que se han traducido en plagas de chinches y otros insectos, lo que ha obligado a AENA a activar operativos de fumigación en varias zonas de la T4. Sin embargo, esta medida sanitaria es solo una parte de una campaña más amplia y deliberada de incomodidad y desgaste: cortes de suministro eléctrico en enchufes y tomas de carga, interrupción de la ventilación en zonas específicas, y restricciones de acceso a ONGs y asociaciones que asisten a estas personas.

La asociación Bokatas, que ofrece comida y apoyo social, ha denunciado que AENA impide su entrada al recinto, obligándoles a lavar la ropa de los sintecho en su sede del barrio madrileño de Tetuán. Esta estrategia ha aumentado la tensión en el aeropuerto, donde los enfrentamientos, hurtos y actos vandálicos son cada vez más frecuentes, generando alarma entre los pasajeros y dificultando el trabajo del personal de limpieza y seguridad.

Choque institucional: nadie quiere asumir la gestión de la crisis

El conflicto ha derivado en un cruce de acusaciones entre AENA, el Gobierno central y las administraciones madrileñas. Mientras la Delegación del Gobierno restó importancia al problema durante meses, negando incluso los episodios violentos que están documentados en denuncias internas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Almeida han evitado tomar la iniciativa. Solo recientemente, y tras el endurecimiento de las medidas por parte de AENA, han empezado a movilizarse ante la posibilidad de que el conflicto acabe trasladándose a la ciudad.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que “mientras haya una sola persona durmiendo en el suelo del aeropuerto, no podemos pensar que esto ha terminado”. No obstante, dejó claro que la Comunidad solo actuará si AENA realiza una petición formal de ayuda, algo que aún no ha ocurrido.

El sindicato ASAE, que representa a los trabajadores del aeropuerto, ha denunciado la precariedad de medios para hacer frente a esta crisis. “No tenemos más manos. AENA exige una limpieza imposible con los recursos actuales”, aseguran fuentes internas. Mientras tanto, los sintecho resisten, negándose a abandonar Barajas pese a las condiciones cada vez más hostiles, y amenazan con “aguantar todas las faenas que nos hagan”.

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La abstención de Junts y Podemos impide al Gobierno sacar adelante un pacto que el PP tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional
The post El Congreso tumba el Tratado con Francia por abstención de Junts y Podemos first appeared on Hércules.  El Tratado de Amistad entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, ha sido rechazado este miércoles en el Congreso de los Diputados. La abstención de Junts y Podemos impidió que el Gobierno de coalición y sus socios alcanzaran la mayoría necesaria para enviarlo al Senado, lo que ha supuesto una derrota parlamentaria clave para el Ejecutivo. El PP, Vox y UPN, con 171 votos, han logrado frenar su avance, frente a los 163 apoyos obtenidos por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y CC.

El tratado, recurrido por el PP ante el Constitucional, contemplaba que ministros de ambos países pudieran participar, al menos una vez cada tres meses, en los respectivos Consejos de Ministros. Esta medida inédita en la política española obligó previamente a modificar la Ley del Gobierno, una reforma que el PP considera inconstitucional y por la que presentó un recurso en el Senado que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

Un acuerdo con participación ministerial bilateral

El acuerdo, que había sido aprobado en comisión el pasado 6 de mayo con la abstención del PP, pretendía reforzar la cooperación política entre España y Francia. La novedad más polémica era la participación cruzada de ministros en los consejos de gobierno de ambos países, algo que según el PP vulnera el marco constitucional español. Por ello, los populares presentaron inicialmente una enmienda de supresión del artículo, que posteriormente retiraron al considerar más adecuado esperar al fallo del Constitucional.

“El Gobierno pretende sentar a ministros franceses en nuestro Consejo de Ministros sin garantías jurídicas”, denunció el diputado del PP Ricardo Tarno, que criticó las “prisas” del Ejecutivo por tramitar el tratado. “Se firmó hace 27 meses y ustedes han tardado dos años en modificar la ley. Ahora corren para aprobarlo sin esperar a que se resuelva la legalidad de fondo”, reprochó.

De vuelta a comisión y sin fecha para su ratificación

Tras el rechazo en el Pleno, el tratado vuelve ahora a la Comisión de Exteriores, lo que otorga más margen al Tribunal Constitucional para pronunciarse. No obstante, el Gobierno mantiene su intención de que el texto entre en vigor antes del verano, algo que a día de hoy parece complicado.

Desde el PSOE, el diputado Pepe Mercadal defendió el acuerdo como un paso positivo para “mejorar las relaciones con nuestro vecino del norte” y acusó al PP de seguir la agenda de Vox. “Se mueven a golpe de titular”, lanzó, equiparando la política exterior de los populares con la de la formación de Abascal.

Críticas de Vox y tensión en el bloque gubernamental

Por su parte, Vox mostró su oposición frontal al tratado. Su diputado José María Sánchez lo calificó de “vacuo e infumable”, atacando tanto su contenido como a sus impulsores. “Es un tratado a la bajura del microministro con la pareja cómica Macron-Sánchez como protagonistas. Contiene barbaridades como la diplomacia feminista y la participación de ministros extranjeros en órganos de soberanía nacional”, ironizó.

La abstención de Junts y Podemos ha puesto en evidencia una vez más las fisuras del bloque que sostiene al Gobierno, en un asunto de política exterior especialmente sensible. Ambas formaciones decidieron no apoyar el acuerdo, pese a que su aprobación no habría tenido efectos prácticos inmediatos debido a la paralización en el Senado provocada por el recurso del Constitucional.

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El juez ha impuesto al exministro medidas como la retirada del pasaporte y la imposición de comparecer cada 15 días en el juzgado
The post Los delitos de Ábalos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación first appeared on Hércules.  José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el marco del llamado “caso Koldo”. La investigación se centra en una presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID-19. En este caso también están implicados su exasesor Koldo García y varios empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

Varios delitos con diferentes penas

A Ábalos se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. El delito de organización criminal implica formar parte de una estructura estable y coordinada para cometer delitos, y está penado con entre 4 y 8 años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. El tráfico de influencias consiste en utilizar la posición o relaciones personales para influir en decisiones de funcionarios o autoridades en beneficio propio o de terceros, y conlleva penas de entre 6 meses y 2 años de prisión, así como multas que pueden duplicar el beneficio obtenido.

El cohecho, en su modalidad pasiva, sanciona a los funcionarios que aceptan o solicitan dádivas a cambio de favores o decisiones favorables, y está castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, multas de hasta el triple del valor recibido y la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por último, la malversación de caudales públicos, que castiga la apropiación indebida o el uso fraudulento de fondos públicos, puede conllevar penas de entre 2 y 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad y del valor de lo sustraído, además de la inhabilitación absoluta de 6 a 20 años y la obligación de devolver el dinero.

Medidas establecidas durante la investigación

Actualmente, el juez instructor del Tribunal Supremo ha impuesto a Ábalos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Estas medidas se consideran proporcionales a la gravedad de los hechos investigados y al posible riesgo de fuga. La Fiscalía ha advertido que, si detecta cualquier intento de eludir la acción de la justicia, podría solicitar su ingreso en prisión preventiva.

La investigación sigue en curso y, por ahora, Ábalos mantiene la condición de investigado, no de acusado formalmente. El Tribunal Supremo y la Fiscalía consideran que existen indicios razonables de la posible comisión de estos delitos, aunque Ábalos ha negado en todo momento cualquier implicación en la trama. Si finalmente es procesado y condenado, las penas acumuladas podrían suponer varios años de prisión, cuantiosas multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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El Gobierno quiere que las causas penales sean instruidas por la fiscalía otorgándole una mayor autonomía, aunque esto podría generar controversia
The post ¿Qué podría ocurrir si los fiscales sustituyen a los jueces? first appeared on Hércules.  España se rige actualmente por un modelo mixto, en el que un juez de instrucción dirige la fase de investigación y decide sobre medidas cautelares, mientras que el fiscal ejerce como parte acusadora. El paso a un sistema donde el fiscal instruye la causa penal supone acercarse al modelo acusatorio, común en la mayoría de las democracias europeas, donde la Fiscalía dirige la investigación y el juez garantiza los derechos fundamentales de las partes como juez de garantías, interviniendo solo para autorizar medidas que afectan a derechos fundamentales (registros, prisiones provisionales, etc.).

Concentración de funciones en un órgano jerárquico

El Ministerio Fiscal es una institución jerarquizada, lo que implica que los fiscales están sujetos a instrucciones de sus superiores. Esto plantea preocupaciones sobre la independencia de la investigación penal, especialmente en causas que afecten al poder político o económico. Si el fiscal general del Estado (nombrado por el Gobierno) puede influir directa o indirectamente en una investigación, la imparcialidad del proceso podría verse comprometida.

Con este modelo, el juez deja de ser el instructor y pasa a ser un juez de garantías, como ocurre en países como Francia o Italia. Su función es asegurar el respeto a los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación del fiscal durante la investigación. Es decir, actúa como árbitro imparcial que supervisa el trabajo del fiscal sin dirigirlo. Este modelo exige una gran especialización judicial y un fuerte compromiso institucional con la separación de poderes.

Mayor eficacia y especialización en la investigación

Los defensores del nuevo modelo argumentan que permitir a los fiscales dirigir las investigaciones agiliza los procesos, evita duplicidades y favorece una mayor especialización, ya que el Ministerio Fiscal puede organizar unidades temáticas, coordinar con policía judicial de forma más directa y adoptar estrategias investigativas a medio plazo. Además, se considera que, al tener una visión de conjunto del caso, el fiscal puede decidir con mayor racionalidad qué causas tienen base sólida para llegar a juicio.

Reorganización del sistema judicial

La transferencia de la instrucción a la Fiscalía implica una reestructuración profunda del funcionamiento de los juzgados y de los órganos de investigación. Será necesario redefinir competencias, dotar de medios técnicos y humanos a las fiscalías, formar a los nuevos fiscales instructores y redefinir el papel de la policía judicial. Es una reforma costosa, compleja y de largo recorrido que exige consenso político y compromiso institucional.

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