Crónica Diaria

El Gobierno francés lanza nuevas medidas regulatorias y financieras para desmantelar redes ligadas al islamismo político y los Hermanos Musulmanes
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En un contexto marcado por la discreción, el presidente Emmanuel Macron presidió el pasado 7 de julio una reunión clave del Consejo de Defensa, centrada en la lucha contra el islamismo político y los Hermanos Musulmanes. Este segundo encuentro, tras el realizado el 21 de mayo, deja atrás los discursos y entra en una fase operativa. La sesión contó con la participación del ministro del Interior Bruno Retailleau, la titular de Educación Élisabeth Borne y la ministra de Deportes Marie Barsacq.

Aunque las medidas no fueron espectaculares, según fuentes del Elíseo, se dirigen con precisión a actores islámicos organizados y discretos, que han adaptado su estrategia para esquivar la acción del Estado. Marine Le Pen, desde la Agrupación Nacional, calificó las acciones como simples “medidas administrativas”, restándoles peso político.

Tácticas legales ante el islamismo camuflado

Un informe publicado en mayo por el think tank Fondapol y firmado por el prefecto de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, alerta sobre el uso de taqîya (la práctica de disimulo religioso) como escudo legal. Según el documento, algunas mezquitas hacen revisar sus sermones por abogados para evitar que se consideren delitos perseguibles. En este escenario de dobles discursos, la administración debe actuar con prudencia y precisión.

El arma: el acoso normativo

Frente al islamismo legalista, las autoridades están empleando el acoso regulatorio. En Nièvre, el Instituto Europeo de Ciencias Humanas de Saint-Léger-de-Fougeret —vinculado a la Hermandad Musulmana— fue sometido a inspecciones que revelaron graves fallos de seguridad. A ello siguió un registro en diciembre de 2024 y, en junio de 2025, un decreto de congelación de activos que también alcanzó a sus directivos.

Acciones similares se tomaron contra el Instituto Lissen, una escuela coránica de Colombes, cerrada en mayo tras detectarse violaciones “muy graves” en materia de seguridad contra incendios. Aunque los informes oficiales no mencionan su contenido doctrinal, el enfoque apunta claramente a estructuras asociadas al islamismo radical.

Fondos de dotación bajo la lupa

Uno de los focos centrales es la supervisión de los fondos de dotación, mecanismos pensados para el mecenazgo cultural o religioso, que han sido manipulados por redes islamistas para captar financiamiento —incluso desde el extranjero—. Aunque la ley de separatismo de 2021 aumentó los controles, la disolución de estos fondos solo puede decretarse judicialmente. El Gobierno quiere introducir ahora la disolución administrativa, lo que acortaría los plazos y daría ventaja al Ejecutivo.

Los fondos afectados podrían apelar ante tribunales administrativos, pero la carga de la prueba recaería en ellos, no en el Estado. Según fuentes oficiales, ya se han iniciado 18 procesos judiciales, con nueve disoluciones efectivas.

Sanciones económicas y control fiscal a asociaciones

Además, el Ejecutivo anunció castigos financieros a asociaciones que violen el contrato de compromiso republicano. También se intensificará el control sobre el régimen fiscal de la filantropía, cuya laxitud ha permitido que organizaciones islamistas se beneficien de deducciones fiscales, incluso con la etiqueta de “interés general”.

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2021 denunció ya este problema. Las donaciones que se canalizan hacia entidades sospechosas pueden reducir hasta dos tercios del ingreso imponible de quien las hace, sin un control adecuado.

Congelación de activos y control patrimonial

La normativa vigente solo obliga a declarar donaciones extranjeras superiores a 15.300 euros, umbral que el Gobierno planea reducir. También se está diseñando un régimen coercitivo que permita incautar los bienes de asociaciones disueltas, para evitar su reaparición bajo otra identidad jurídica en el extranjero.

Casos como Barakacity y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, disueltos en 2020, muestran cómo estructuras similares pueden emerger en Londres o Bruselas con los mismos recursos económicos que se buscaba neutralizar.

Cambios en la legislación sobre publicaciones islamistas

El Consejo de Defensa también explora ampliar el plazo de prescripción de publicaciones que incitan al odio religioso. Actualmente, el periodo legal es de solo un año desde la publicación de una obra, lo que deja margen para la distribución digital de textos radicales. Ejemplo de ello es la obra “Las Reglas de la Legislación Islámica Iluminada por la Tradición Profética”, de Sayed Sabiq, aún disponible en línea.

Aunque útil, esta ampliación tendría implicaciones constitucionales, ya que afectaría a todo tipo de publicaciones y no solo a las religiosas.

Educación: vigilancia reforzada a la formación islámica

En el frente educativo, el Gobierno lanzará un plan para controlar más de cerca a las organizaciones de educación a distancia. Desde 2022, el modelo de educación en el hogar ya requiere autorización previa. También están en el radar las escuelas musulmanas privadas, algunas de las cuales se presentan bajo nombres como “escuelas Montessori” para eludir inspecciones.

Macron confirmó además la creación de una estructura estatal específica contra el islamismo, que trabajará junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT).

Las Clir: un modelo que se expandirá

Esta nueva unidad coordinará esfuerzos con las Células Departamentales de Lucha contra el Islamismo y el Repliegue Comunitario (Clir), una iniciativa que ha dado frutos en varias regiones. Su función: detectar, prevenir y desmantelar redes islamistas locales, actuando de forma discreta pero eficaz.

El Gobierno quiere presentar una ley en otoño para permitir la plena ejecución de estas medidas. Si el calendario legislativo se cumple, el arsenal legal de Francia contra el islamismo político se ampliará de forma significativa antes de que finalice 2025.

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La política de Trump sobre medicamentos amenaza el suministro europeo, presiona a subir precios y pone en riesgo la salud pública y la industria farmacéutica
The post Trump presiona a Europa con su cruzada farmacéutica first appeared on Hércules.  La ausencia de un CONTROL ESTATAL DE PRECIOS en Estados Unidos ha convertido al país en el mayor generador de beneficios para la Industria farmacéutica mundial. Los precios de los medicamentos allí triplican el promedio de los países de la OCDE, favoreciendo los márgenes de las grandes compañías. Sin embargo, la política sanitaria de Trump apunta ahora a redibujar ese escenario y, en el proceso, desestabilizar el equilibrio global.

El decreto de Trump: más que una promesa

A mediados de mayo, el expresidente Donald Trump firmó un decreto que promete reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80%. Su estrategia no contempla control estatal, sino aplicar en EE.UU. el precio más bajo disponible en otro país industrializado. Si un fármaco cuesta 6 euros en Italia y 20 dólares en EE.UU., ese será el nuevo tope.

Aunque parezca una victoria para el consumidor, el sector farmacéutico ve riesgos. “Los precios bajos no garantizan el suministro, pueden generar colapsos en las cadenas de distribución”, alerta Dorothee Brakmann, directora general de Pharma Deutschland. Para ella, sin un precio justo no hay innovación ni producción local.

Redistribuir la carga: el verdadero objetivo

Trump medicamentos no busca intervenir el mercado, sino obligar a Europa a asumir más costes. Según su lógica, EE.UU. asume gran parte de los gastos de investigación. Su propuesta: Europa debe pagar más. La idea ha encontrado eco en ejecutivos de Sanofi y Novartis, quienes reclaman un reajuste en los precios europeos por la presión de las regulaciones locales.

Riesgo de importar la crisis estadounidense

Expertos advierten que seguir el modelo de precios de EE.UU. sería perjudicial. “El sistema de salud europeo depende de precios regulados para equilibrar innovación y acceso”, afirma Jo Seldeslachts, economista de la Universidad de Ámsterdam. Subir precios en Europa para igualar a EE.UU. desestabilizaría ese equilibrio y sobrecargaría los presupuestos públicos.

Trump amenaza con introducir los precios farmacéuticos en las negociaciones comerciales con Europa. El acuerdo podría cerrarse antes del 9 de julio. Si Europa no cede, podrían llegar aranceles punitivos. A corto plazo, los laboratorios ganarían más; los ciudadanos pagarían la diferencia. Alemania exportó medicamentos por valor de 28.000 millones de euros a EE. UU. en 2024, Irlanda incluso más. El impacto sería generalizado.

El “tsunami farmacéutico” que se avecina

Los especialistas anticipan retrasos en la llegada de nuevas terapias a Europa, así como un endurecimiento de las evaluaciones de coste-beneficio. Menos fármacos, más restricciones. Esto no solo golpearía a los pacientes, también a la industria farmacéutica europea, que perdería competitividad y confianza social.

Ya hoy, en Alemania faltan cientos de medicamentos esenciales, desde fármacos para el corazón hasta tratamientos para el TDAH. “Si los mecanismos de mercado fallan, el Estado debe intervenir”, advierte Seldeslachts. Propuestas como almacenamiento estratégico, incentivos o compras anticipadas podrían evitar desabastecimientos.

Ingredientes activos bajo amenaza

Algunos ingredientes clave, como el salbutamol para el asma, se importan desde EE. UU. o Asia. Una alteración arancelaria afectaría a toda la cadena de producción. En 2018, el cierre de una planta de BASF en Texas ya generó una crisis mundial de ibuprofeno. Solo seis empresas fabrican su principio activo; dos están en EE. UU.

Los medicamentos innovadores, como los oncológicos, cuestan más de 1.500 euros por unidad. Aunque representan el 1% de las ventas, suponen el 40% del gasto en Alemania. En EE. UU., los precios son aún más altos. Igualar precios elevaría su coste o retrasaría su llegada a Europa.

Genéricos: el eslabón débil

Los medicamentos genéricos, más del 80% del mercado alemán, son especialmente sensibles. Las compañías de seguros presionan sus precios a la baja, haciendo poco rentable su producción. “Si un antibiótico cuesta menos que un café, es difícil que haya fabricantes”, apunta Thomas Preis, presidente de ABDA.

Trump medicamentos y su posible arancel podrían afectar tanto a exportaciones europeas como a empresas locales. Algunas tendrían que producir menos o subir precios. Incluso si se excluyen los ingredientes activos, los componentes y envases seguirán sujetos a tarifas. Eso afectaría directamente a los consumidores.

Europa busca independencia, pero a largo plazo

La UE quiere repatriar la producción farmacéutica, pero el proceso llevará años. Mientras tanto, es vital fortalecer el papel de las farmacias. Preis destaca que estas necesitan más autonomía para sustituir medicamentos escasos por equivalentes. Hoy dedican más de 20 horas semanales a gestionar faltantes, tiempo que se resta a la atención directa.

La dependencia farmacéutica de EE. UU. y Asia, agravada por crisis y tensiones comerciales, se ha convertido en un problema estructural. La estrategia de Trump, con sus aranceles farmacéuticos, podría desatar una tormenta perfecta: escasez, precios al alza y un golpe al corazón del sistema de salud europeo.

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