Pakistán endurece su política migratoria: crisis humanitaria para los refugiados afganos
Se ha visto una intensificación de la campaña masiva de deportación de ciudadanos afganos. En marzo de este año Pakistán anunció que comenzaría a expulsar a partir del 1 de abril a los poseedores de tarjetas de ciudadanía afgana (ACC), que hasta ahora podían vivir en suelo paquistaní de forma legal
The post Pakistán endurece su política migratoria: crisis humanitaria para los refugiados afganos first appeared on Hércules. Aunque la ONU le ha pedido a Pakistán que no expulse a los solicitantes afganos de asilo indocumentados, esto no ha evitado que deporten a más de un millón de afganos, entre migrantes y refugiados. De acuerdo al gobierno paquistaní, no tienen derecho a permanecer en el país.
En octubre de 2023, 60.000 afganos ya habían salido del país el 15 de octubre, de los cuales el 78% dijo que temían ser arrestados si se quedaban en suelo paquistaní, de acuerdo a la ONU.
Nueva política nacional para los refugiados afganos en Pakistán
En julio de 2013 el Gobierno de Pakistán acordó una nueva política nacional para los refugiados afganos que se redactó en sinergia con la Estrategia de Soluciones para los Refugiados Afganos (SSAR, por sus siglas en inglés) centrada en la repatriación voluntaria en condiciones seguras y dignas, en la reintegración sostenible en Afganistán y en asistencia a las comunidades de acogida de refugiados.
Sin embargo, el éxito de los talibanes puso a Pakistán en una situación complicada en 2021, por lo que se ha visto una intensificación de la campaña masiva de deportación de ciudadanos afganos. En marzo de este año Pakistán anunció que comenzaría a expulsar a partir del 1 de abril a los poseedores de tarjetas de ciudadanía afgana (ACC), que hasta ahora podían vivir en suelo paquistaní de forma legal.
“Se recomienda a todos los extranjeros ilegales y titulares de ACC que abandonen el país voluntariamente antes del 31 de marzo de 2025. La deportación comenzará a partir del 1 de abril de 2025”, dijo en un comunicado el Ministerio del Interior.
800.000 afganos tienen esta tarjeta
Según datos de la ONU, más de 800.000 afganos son titulares de una de estas tarjetas, que hasta ahora les permitían residir legalmente en Pakistán.
Alrededor de 1,45 millones de afganos viven en Pakistán con otra clase de tarjetas conocidas como “Prueba de Registro” (PoR), que les permitirá permanecer en el país como mínimo hasta el 30 de julio, después de que las autoridades extendieran recientemente el plazo.
El Gobierno paquistaní comenzó a emitir las tarjetas ACC en 2017, en lugar de la categoría PoR, que sobre todo fueron entregadas a refugiados que huyeron de Afganistán tras la invasión soviética en 1979. A ambos grupos, que hasta ahora vivían de manera legal, se suman más de 1,7 millones de afganos indocumentados a los que Pakistán comenzó a deportar en noviembre de 2023.
Ataque a una base militar en Pakistán
El anuncio del Gobierno se produce después de que el asalto de un grupo insurgente a una base militar en el noroeste del país el pasado martes costase la vida de 34 personas, incluidos 16 atacantes, 13 civiles y cinco soldados.
La oficina de medios del Ejército dijo que los informes de inteligencia «confirmaron inequívocamente» la participación física de ciudadanos afganos en el asalto. El ataque fue reivindicado por el grupo Jaish Al-Fursan, afiliado de los talibanes paquistaníes.
Islamabad ha acusado reiteradamente a los talibanes paquistaníes de utilizar territorio afgano para perpetrar ataques contra Pakistán.
Los talibanes instan a Pakistán en considerar la deportación forzosa
El Gobierno de facto de los talibanes instó el 18 de marzo de esta año a Pakistán a reconsiderar la deportación forzosa de migrantes afganos presentes en suelo paquistaní, después de que Islamabad anunciase una nueva ola de expulsiones a partir del 1 de abril, pidiendo antes un diálogo que garantice un regreso digno.
«No nos oponemos al retorno de los migrantes a su patria; más bien apoyamos la idea de que ya es hora de que los afganos regresen a su país. Sin embargo, para que esto suceda, es esencial establecer un entendimiento mutuo entre ambos países»
«No nos oponemos al retorno de los migrantes a su patria; más bien apoyamos la idea de que ya es hora de que los afganos regresen a su país. Sin embargo, para que esto suceda, es esencial establecer un entendimiento mutuo entre ambos países», dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Refugiados y Repatriación de los talibanes, Abdul Mutalib Haqqani.
A través del diálogo entre ambos países se garantizaría «que los afganos regresen a su patria con dignidad», agregó el portavoz.
En este sentido, Haqqani enfatizó que las decisiones unilaterales sobre la deportación no benefician ni a Pakistán ni a Afganistán y dijo que para gestionar la afluencia prevista de retornados, el Gobierno talibán ha formado varios comités para otorgarles el apoyo necesario durante su reasentamiento.
A la deportación de estos grupos de afganos podrían sumarse próximamente alrededor de 1,45 millones de afganos que viven en Pakistán con otra clase de tarjetas conocidas como ‘Prueba de Registro’ (PoR). Islamabad extendió recientemente hasta el 30 de junio el plazo para que permanezcan en suelo paquistaní.
Pakistán relaciona la presencia de afganos en su país con el alza de la violencia armada que experimenta el país, sobre todo desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021.
Los pakistaníes acusan a los talibanes de albergar en su territorio a grupos armados que posteriormente atacan Pakistán , un extremo que los fundamentalistas rechazan.
Informe de Amnistía Internacional
El 10 de noviembre de 2023, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Pakistán: Alto a las detenciones y deportaciones masivas de personas refugiadas afganas.
En el, la organización denunció que “Si el gobierno paquistaní no suspende las deportaciones de inmediato, estará privando de acceso a seguridad, educación y medios de vida a miles de personas afganas en situación de riesgo.”
El mismo informe aclara que hay más de 170.00 personas afganas, muchas de las cuales llevaban décadas en Pakistán. Estas han tenido que marcharse del país desde el 17 de septiembre debido al ultimátum dado por el gobierno a todas las “personas extranjeras sin registrar” para que se vayan de Pakistán. Desde que el 1 de noviembre expiró el plazo señalado por el gobierno de Pakistán, la policía ha pasado de registrar los casos en aplicación de la Ley de Extranjería de 1946 —que penaliza la entrada ilegal en Pakistán, entre otras cosas— a recluir directamente a las personas refugiadas consideradas “ilegales” en centros de deportación.
Amnistía Internacional tiene motivos de preocupación relacionados con la ausencia total de transparencia, debido proceso y rendición de cuentas en las detenciones y deportaciones practicadas la semana pasada. Los episodios cada vez más frecuentes de acoso y hostilidad hacia las personas refugiadas afganas en Pakistán no hacen sino empeorar la situación.
49 nuevos centros de detención
Según el gobierno, se han abierto 49 centros de detención —también denominados centros de “internamiento” o de “tránsito”— en todo Pakistán, y es posible que se abran más. Estos centros de deportación no se han establecido en aplicación de una ley concreta y funcionan en paralelo al sistema oficial. Amnistía Internacional ha verificado que en al menos siete centros de detención no se respetan los derechos de las personas detenidas, como el derecho a asistencia letrada y a establecer comunicación con familiares.
Tales centros conculcan el derecho a la libertad y el derecho a un juicio justo. Además no se hace pública ninguna información, lo que dificulta a las familias la localización de sus seres queridos.
Maryam*, activista afgana en Islamabad, contó a Amnistía Internacional que, el 2 de noviembre, varias personas refugiadas afganas fueron recluidas en la comisaría de policía de Shalimar y “las que no tenían documentación fueron enviadas a centros de deportación sin que sus familias recibieran ninguna información sobre el lugar al que las trasladaban ni cuándo serían deportadas”.
Amnistía Internacional ha confirmado con periodistas de todo Pakistán que los medios de comunicación tampoco tienen permiso para acceder a estos centros, lo que suscita dudas en cuanto a la transparencia.
La repatriación forzada de refugiados afganos desde Pakistán refleja una profunda crisis humanitaria que enfrenta a dos países atrapados entre la inseguridad, la falta de diálogo y el colapso de los derechos fundamentales. A pesar de los llamados de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables, las deportaciones continúan en un clima de creciente hostilidad, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías jurídicas. Mientras miles de afganos se ven obligados a regresar a un país devastado por la violencia, queda claro que, sin cooperación efectiva y respeto a los derechos humanos, esta situación solo perpetuará el sufrimiento y la inestabilidad en la región.
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