Crónica Diaria

Ambos mandatarios han afirmado que las conversaciones marchan bien entre los dos
The post Zelenski y Trump liman asperezas en una llamada telefónica ” ha sido excelente” first appeared on Hércules.  El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “excelente” la conversación telefónica que mantuvo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el proceso de paz con Rusia. A través de su plataforma TruthSocial, Trump aseguró que la charla, que se prolongó durante una hora, se centró en “la reciente llamada de Vladímir Putin y los esfuerzos para coordinar los intereses de Rusia y Ucrania”.

Por su parte, Zelenski, en una rueda de prensa celebrada en Helsinki tras reunirse con el presidente finlandés, Alexander Stubb, confirmó que mantendría un nuevo contacto con Trump para discutir los próximos pasos. Además, el mandatario ucraniano subrayó la importancia de la reunión mantenida la semana anterior en Arabia Saudí entre delegaciones de EE.UU. y Ucrania, donde Kiev aceptó un alto el fuego global por tierra, mar y aire, propuesta que hasta el momento Moscú ha rechazado.

El principal punto de fricción en las negociaciones sigue siendo la postura de Rusia. Según Zelenski, “Moscú nunca está satisfecha cuando las cosas avanzan”, y afirmó que “el Kremlin no busca realmente la paz”. Esta declaración llega después de que Putin comunicara a Trump que, en lugar de un cese total de las hostilidades, solo detendría temporalmente los ataques a infraestructuras energéticas, siempre y cuando Kiev hiciera lo mismo.

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Güemes ha criticado la instrucción, afirmando que no «conocer con exactitud» que delitos se le imputan
The post El juez Peinado mantiene la imputación a Güemes por considerar la investigación todavía relevante first appeared on Hércules.  El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido mantener la imputación sobre el exconsejero madrileño y alto cargo del IE, Juan José Güemes, en la investigación por la contratación de Begoña Gómez en el IE África Center. En un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el juez rechaza archivar el caso en este punto del proceso, al considerar que no es el momento adecuado para acordar su sobreseimiento provisional.

La defensa de Güemes había solicitado en febrero que se cerrara la causa contra él, argumentando que la jefa de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Gil de Antuñano, nunca aseguró que la contratación de Gómez estuviera vinculada con su relación con el presidente del Gobierno. Según la versión de Gil de Antuñano, recibió la orden de formalizar el contrato por parte de Güemes, pero desconocía las razones detrás de esa decisión.

En su escrito, el abogado del exconsejero criticó el procedimiento seguido en la instrucción, subrayando que su cliente pasó abruptamente de testigo a investigado sin una explicación clara. Aseguró que “a día de hoy, sigue sin saber con exactitud cuál es el delito o los delitos que se le imputan”.

El cambio de estatus de Güemes se produjo durante su declaración en diciembre. El magistrado justificó la decisión en la “concordancia o discrepancias” con lo declarado por Gil de Antuñano, advirtiendo que su testimonio podría dar pie a una posible acusación por falso testimonio.

Paralelamente, el juez ha solicitado a la Fiscalía Europea que informe sobre la fecha en la que prevé remitir su informe, mientras que ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indique el plazo estimado para la entrega de los análisis pendientes en la causa.

Sin embargo, la Fiscalía se opone a que la investigación se prolongue seis meses más, dado que el plazo actual finaliza el 16 de abril, al cumplirse un año desde el inicio del proceso. En su informe, el Ministerio Público señala que “ya ha quedado clara su postura sobre la falta de un objeto definido en la instrucción”, y muestra su “asombro” ante la insistencia de la acusación popular en prorrogar el caso, más aún después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase la entrada y registro en la vivienda de Juan Carlos Barrabés, así como el análisis del material incautado.

Además, la Fiscalía ha opinado sobre la reciente decisión del juez Peinado de dejar la dirección de las acusaciones populares en manos de Vox. Aunque en un principio se mostró de acuerdo, ahora admite que “la querella de Hazte Oír fue la primera presentada”, lo que podría alterar ese criterio. No obstante, matiza que “es un asunto de escasa relevancia quién represente a la acusación”, por lo que no vería inconveniente en que Hazte Oír asumiera ese rol. Finalmente, ha solicitado que se rechace el recurso de apelación interpuesto por las acusaciones populares, con excepción del partido de Santiago Abascal.

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Pano ha remarcado su versión ante la Audiencia Nacional, cerrando el cerco del llamado «caso de los hidrocarburos»
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Carmen Pano y Leonor González Pano declaran como investigadas en el ‘caso Hidrocarburos’. – Alejandro Martínez Vélez – Europa Press

Carmen Pano, empresaria vinculada a la trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburos, ratificó este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama, presunto intermediario en el ‘caso Koldo’. Según su declaración, el dinero se entregó en dos ocasiones durante octubre de 2020 y fue recibido en la segunda planta del edificio por un hombre cuya identidad no pudo precisar.

Pano aseguró que la primera entrega fue de 45.000 euros, empacados en una bolsa de plástico dentro de otra de papel. Días después, tuvo que realizar una segunda entrega con la misma cantidad, aunque esta se retrasó debido a que inicialmente faltaban 10.000 euros, que fueron completados al día siguiente por Claudio Rivas, señalado como uno de los cabecillas de la red de fraude fiscal.

En su testimonio, la empresaria también mencionó dos viajes a Canarias realizados por De Aldama, Rivas y Stella Dutarte, donde, según le contaron, se reunieron con el entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. El objetivo de estas reuniones, según relató, era gestionar la compra de un depósito fiscal en Tenerife para importar hidrocarburos desde Venezuela y Georgia. Aunque no pudo aportar más detalles, afirmó que dichos encuentros ocurrieron.

Durante la investigación, la Guardia Civil analizó una conversación de WhatsApp del 28 de noviembre de 2024 entre Pano y De Aldama. En ese intercambio, tras las declaraciones de Pano a un medio de comunicación sobre la entrega de dinero en Ferraz, De Aldama le escribió: “Espero que tengas pruebas, Carmen”, a lo que ella respondió proponiendo una reunión en presencia de su abogado. Los agentes señalaron que en este mensaje no hay una negación explícita por parte de De Aldama, lo que podría indicar su implicación en los hechos.

Además, Pano ha sido vinculada a la sociedad Combustibles Lucinala SL, utilizada, según informes de la UCO, dentro de la estructura diseñada para desviar fondos de origen delictivo. En esos mismos informes se señala que Rivas utilizaba un vehículo registrado a nombre de la empresa, lo que sugiere que tenía control sobre ella. Sin embargo, en su declaración, Pano minimizó su responsabilidad en la gestión de Lucinala y señaló a De Aldama y Rivas como los verdaderos responsables.

Por otro lado, su hermana, Leonor González Pano, también compareció ante el juez, ya que figura como administradora de Have Got Time SL, otra empresa relacionada con la trama. Según la UCO, esta mercantil acumulaba una deuda de 64,4 millones de euros con Hacienda por fraude en el sector de hidrocarburos y fue utilizada para obtener liquidez con la que los investigados habrían adquirido una propiedad inmobiliaria vinculada al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

En su testimonio, González Pano admitió que tenía las claves para realizar transferencias desde Have Got Time y que ninguna operación financiera podía llevarse a cabo sin su autorización.

Las investigaciones continúan con nuevas citaciones programadas. El 2 de abril, declararán Francisca de Santos, responsable de Casmar Hidrocarburos SL, y Francisco Javier Rodríguez, supuesto sucesor en la gestión de esa compañía, ambos señalados como testaferros de la trama. Un día después, el 3 de abril, será el turno de Jaime Salmerón e Iván Castañer, también presuntos testaferros, junto con un representante de Villafuel, la empresa en el centro de la investigación.

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La crisis del SMI continúa generando brechas en la coalición gubernamental
The post Sumar y PSOE en guerra abierta: el SMI divide al Gobierno en la mesa del Congreso first appeared on Hércules.  La disputa entre Hacienda y Sumar sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 sigue sin resolverse y se ha convertido en un pulso político dentro del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inició el conflicto al incluir en el Real Decreto de subida del SMI la obligación de que este tribute en el IRPF. En respuesta, Sumar presentó una proposición de ley para eximirlo, una medida que fue registrada el 18 de febrero y que ahora enfrenta un obstáculo clave: el veto del Gobierno.

El Ejecutivo se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución para bloquear la iniciativa, argumentando que reduciría los ingresos del Estado y, por tanto, necesita su aprobación para seguir adelante. No obstante, el veto parece más una jugada estratégica que una decisión inamovible, ya que existen otras propuestas similares impulsadas por el PP y Podemos, y ambas formaciones tienen suficiente peso en la Mesa del Congreso para desafiar al PSOE y avanzar con la tramitación.

Según fuentes citadas por Vozpópuli, la presión sobre el Ejecutivo no deja de aumentar. Mientras desde el entorno de Yolanda Díaz insisten en que Montero acabará cediendo —considerando la medida “injustificable”—, Hacienda parece manejar el asunto con una visión más pragmática. El medio apunta a que la tributación del SMI se ha convertido en una herramienta de negociación clave en un momento en el que el Gobierno necesita sumar apoyos parlamentarios. No es solo una cuestión fiscal: el PSOE afronta un escenario legislativo complejo, con un Congreso fragmentado y una creciente debilidad para aprobar medidas clave, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Más allá del choque entre Montero y Díaz, que ha tensado aún más las relaciones dentro de la coalición, Hacienda podría estar preparando una salida intermedia. La propuesta de eximir por completo el SMI del IRPF podría no prosperar, pero el Ministerio baraja la opción de ofrecer una reducción parcial como concesión política. Esta estrategia le permitiría al Gobierno recuperar margen de maniobra sin renunciar completamente a los ingresos que supone gravar el salario mínimo, que podrían alcanzar los 2.000 millones de euros, una cantidad clave en un momento en el que España enfrenta presiones internacionales para aumentar el gasto en Defensa.

Al mismo tiempo, la Mesa del Congreso se convierte en el centro de la batalla. PP y Sumar, que controlan la mayoría en este órgano, podrían dar un golpe inesperado al PSOE y obligar a que las tres propuestas —la de Sumar, la de Podemos y la de los populares— sigan su curso. Un movimiento de este tipo no solo representaría un desafío directo a Hacienda, sino que demostraría la fragilidad del Gobierno en esta legislatura.

Con el tiempo en contra, la cuestión ya no es si el SMI tributará o no, sino hasta qué punto el Ejecutivo podrá mantener su postura sin ceder ante la presión política. Mientras Sumar busca consolidar su propuesta como la más viable, el PSOE se enfrenta a una encrucijada: resistir el embate del Congreso o encontrar una fórmula que le permita salir del atolladero sin perder el control del debate fiscal.

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