Crónica Diaria

La investigación comenzó en el verano de 2024 tras la detección de un punto activo de venta de drogas en la localidad sevillana de Guadalcanal
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La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la distribución de drogas en la Sierra Norte de Sevilla, en el marco de la Operación Achale. El dispositivo, liderado por el Grupo de Investigación de Cazalla de la Sierra, se ha saldado con diez personas detenidas y una más investigada, todas ellas vinculadas a una compleja red de distribución de estupefacientes en la zona.

La investigación comenzó en el verano de 2024 tras la detección de un punto activo de venta de drogas en la localidad sevillana de Guadalcanal. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes descubrieron otro foco de distribución, también en Guadalcanal, con lazos familiares con el primero y una estructura bien organizada para la comercialización de diversas sustancias.

Se encontró cocaína, MDMA, LSD, anfetaminas, marihuana, hachís y cocaína rosa

Entre los estupefacientes que distribuía la red se encontraban cocaína, MDMA, LSD, anfetaminas, marihuana, hachís y la denominada cocaína rosa o Tussi, una sustancia sintética que combina varios componentes psicoactivos y cuya elaboración fue rastreada hasta Sevilla capital y Dos Hermanas. Según ha informado la Guardia Civil, algunos de los miembros de la organización fabricaban artesanalmente esta peligrosa droga en un laboratorio casero sin ningún tipo de medida de seguridad higiénico-sanitaria.

El grupo aprovechaba eventos, discotecas y otros espacios de ocio para vender sus productos directamente al consumidor final, extendiendo su actividad desde Sevilla capital y Dos Hermanas hasta distintas localidades de la Sierra Norte. Para estas operaciones utilizaban a individuos que pasaban desapercibidos entre el público, dificultando así la labor policial.

Durante los registros domiciliarios realizados en el operativo se han incautado 124 gramos de cocaína, 182 gramos de hachís, 35 gramos de MDMA, 22 dosis de LSD, 3 gramos de Tussi, 12 gramos de anfetamina, 12 gramos de marihuana y casi 2.000 euros en efectivo. También fueron halladas básculas de precisión, cámaras de videovigilancia, teléfonos móviles, armas blancas y un arma de aire comprimido.

Receta detallada para la fabricación de Tussi

Uno de los hallazgos más relevantes fue un pequeño laboratorio clandestino donde, además de utensilios y sustancias, se encontró una “receta” detallada para la fabricación del Tussi. Esta guía incluía fórmulas químicas, pasos a seguir y proporciones exactas de cada componente, lo que indica un proceso deliberado y sistemático de producción.

En el operativo participaron diversas unidades de la Guardia Civil, entre ellas los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), el Servicio Cinológico con perros detectores, la Policía Judicial, patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de la 4ª Compañía con sede en Cazalla de la Sierra.

Los arrestados e investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra, que instruye las diligencias por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil destaca la importancia de esta operación, que ha permitido desarticular un entramado con ramificaciones urbanas y rurales, así como interrumpir la producción artesanal de una sustancia de alto riesgo como el Tussi.

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El PP acusa al Gobierno de actuar por motivos ideológicos y presentará una denuncia por el coste de rescindir un contrato ya adjudicado
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El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas como respuesta a la cancelación del contrato para la compra de munición a una empresa israelí, al considerar que se trata de una decisión “caprichosa” y motivada exclusivamente por razones políticas. La formación critica que se haya anulado una adjudicación ya formalizada y publicada incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes del PP han expresado su desacuerdo con la decisión del Gobierno de rescindir de manera unilateral el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior con la compañía israelí IMI Systems, tras las presiones del socio menor de la coalición. Para los populares, esta actuación constituye un nuevo ejemplo del “abuso de poder” que, según ellos, ejerce Pedro Sánchez.

“Los contratos que se firman deben cumplirse, porque es lo que garantiza el interés general. No se puede permitir que los intereses personales del presidente primen sobre los compromisos firmados, y mucho menos cuando se trata de dinero público”, han señalado estas fuentes.

Critica al cambio de postura

También han cuestionado el cambio de postura del Ejecutivo en apenas un día, pasando de afirmar que era inviable cancelar el contrato ya suscrito, a ordenar su rescisión sin importar las consecuencias económicas. En este sentido, el PP advierte que, aunque se anule la compra, el Estado deberá abonar igualmente el importe a la empresa proveedora, lo que supondría un gasto sin contraprestación.

Desde la sede del partido en Génova sostienen que esta decisión podría constituir una “responsabilidad contable” por el posible perjuicio al erario público, infringiendo las normas presupuestarias que requieren que todo pago tenga una justificación en bienes o servicios recibidos.

Por último, el PP ha exigido al Gobierno que aclare quién asumirá el coste de lo que califican como una decisión tomada por “capricho personal”, y advierten que impulsarán el seguimiento de cada paso en esta resolución que consideran arbitraria, además de exigir responsabilidades en todas las instancias pertinentes.

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El hombre, buscado por Rusia, fue detenido en Alicante tras ser acusado de estafa con terrenos valorados en millones de rublos
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^{Europa Press}

La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a un ciudadano reclamado por las autoridades rusas, sospechoso de haber participado en un caso de fraude inmobiliario. Según las investigaciones, el individuo habría conseguido apropiarse ilegalmente de tres parcelas utilizando documentación falsificada, cuyo valor supera los 28 millones de rublos.

Agentes de la Comisaría Provincial de Alicante, tras recibir información de la Oficina Central Nacional de Interpol, lograron ubicar al prófugo en la ciudad. El detenido, sobre quien pesaba una orden internacional de búsqueda, estaría vinculado a varios delitos, entre ellos estafa.

Estafa de terrenos

De acuerdo con las autoridades rusas, el implicado habría actuado con fines lucrativos dentro de una red organizada que planeó la adquisición fraudulenta de terrenos situados en el distrito de Vsevolozhskiy, en la región de Leningrado. El grupo utilizó documentos falsificados para engañar a las autoridades locales y así lograr inscribir las propiedades a su nombre, según detalla el comunicado de la Policía.

Los terrenos pertenecían al gobierno local de Vsevolozhskiy y su valor estimado asciende a más de 28 millones de rublos. El hombre, de 52 años, fue finalmente localizado y detenido por los agentes tras una exhaustiva labor de investigación. Está acusado de tres delitos distintos, que podrían suponerle hasta una década de prisión.

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El Ejecutivo no consigue elaborar un plan que pueda convencer a todos los socios, a pesar de que es uno de los temas clave de la legislatura
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^{Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz I Levante}

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reafirmó su compromiso con la abolición de la prostitución en su 41º Congreso Federal, proponiendo una ley integral que prohibiera el proxenetismo en todas sus formas, tal como informó ABC. Sin embargo, en mayo de 2023, la proposición de ley fue rechazada en el Congreso con 184 votos en contra, 122 a favor y 36 abstenciones. Este revés evidenció la falta de consenso incluso dentro del propio Gobierno de coalición.​

Divisiones internas en la izquierda

La coalición Sumar, socio minoritario del Gobierno, no logró una posición unificada respecto a la propuesta abolicionista. Mientras que formaciones como Izquierda Unida apoyan el abolicionismo, otras, como los comunes y Compromís, defienden un enfoque “pro-derechos” que aboga por la regulación del trabajo sexual y la protección legal de las personas que lo ejercen. Esta diversidad de posturas impidió un apoyo conjunto a la iniciativa del PSOE.​

Podemos, por su parte, se abstuvo en la votación de la proposición de ley, argumentando que la iniciativa tenía un carácter electoralista. El partido ha manifestado su apoyo a un horizonte abolicionista, pero insiste en la necesidad de garantizar medidas de apoyo social y programas de reinserción para las mujeres que abandonen la prostitución.​

El PP y la posibilidad de acuerdos

El Partido Popular (PP) presentó en 2024 una propuesta alternativa para combatir el proxenetismo, que fue rechazada por el PSOE. A pesar de las diferencias, ambos partidos han mostrado interés en encontrar puntos de consenso para abordar el problema. El PSOE espera retomar las negociaciones con el PP para impulsar una legislación que persiga el proxenetismo, aunque las posturas sobre la abolición de la prostitución siguen siendo divergentes.​

Actualmente, el Ministerio de Igualdad aspira a incluir en esta ley medidas como la penalización de la tercería locativa y sanciones a los proxenetas, aunque reconoce que no hay consenso parlamentario suficiente para ello.​

Un problema estructural y de género

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se identificaron 543 víctimas de trata con fines de explotación sexual, un incremento del 135% respecto al año anterior. El 95,7% de las víctimas eran mujeres migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana. Estos datos reflejan la dimensión estructural y de género del problema, y la necesidad de políticas públicas que aborden las causas profundas de la prostitución y la trata de personas.​

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha adjudicado por la vía de urgencia un contrato para que Palantir desarrolle un nuevo sistema de vigilancia masiva y a tiempo real
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Imagen: Getty Images

La política antiinmigración de EE.UU. se ha basado en la tecnología de control digital desde hace más de una década. Ahora, según adelantó 404 Media, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha firmado un contrato de 29,8 millones de dólares con la empresa informática Palantir para desarrollar un programa informático que rastree la información de los inmigrantes sin permiso de estancia o con este caducado con el fin de facilitar las deportaciones. Este programa desarrollará un nuevo sistema de vigilancia masiva y en tiempo real de los inmigrantes y se denominará “Sistema Operativo del Ciclo de Vida de Inmigración) o InmigrationsOS.

Con “ciclo de vida de la inmigración”, el ICE se refiere a tener acceso a toda información registrada desde que esas personas pusieron un pie en el país, como las bases de datos de la Seguridad Social, Sanidad, Vivienda o las policiales. También, a los datos disponibles online (como los extraídos de perfiles de redes sociales) así como a cualquier referencia sobre el físico o apariencia de los migrantes, desde su raza o etnia al color de ojos, cicatrices o vestimenta. En suma, un sistema que permita “una mayor eficiencia en la logística de deportación, minimizando el tiempo y el gasto de recursos”, resume el ICE en el informe oficial de contratación.

El prototipo del programa encargado a Palantir se espera que sea entregado el próximo 25 de septiembre, tendrá una vigencia de dos años y responde a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que considera a la inmigración irregular como una amenaza significativa para la seguridad nacional. Palantir ha colaborado anteriormente con las Fuerzas Armadas, con los servicios de recaudación de impuestos, el FBI y con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encargado inicialmente a Elon Musk.

Acceso a todos los registros públicos

InmigrationsOS se nutrirá de una amplia base de datos para cubrir ese “ciclo de vida de la inmigración” que debe terminar con la deportación o la “autodeportación”. Además, la Casa Blanca está trabajando para que el ICE tenga acceso a todos los registros públicos relacionados con la persona que perfila. Se trata de información proveniente del Departamento de Trabajo, de Salud o de Vivienda y Desarrollo Urbano, según 404 Media.

Por su parte, The Washington Post ha informado de que DOGE e ICE están colaborando para acceder a los datos de Medicare, el protosistema de sanidad pública de EE.UU,; mientras que Wired ha revelado que el equipo de Musk está trabajando en la creación de una base de datos integrada que incluiría también registros de votación en elecciones y datos biométricos con los que rastrear inmigrantes.

El ejecutivo de Palantir, que tiene unos 4.000 empleados y tiene su oficina central en Denver (Colorado), anima a los desarrolladores e ingenieros interesados en trabajar con ellos a ir a las entrevistas con propuestas concretas: bocetos de cómo su tecnología puede ayudar a cumplir las misiones que tiene encomendadas. Además de las deportaciones masivas y la lista que enumera Mabrey, esas misiones también incluyen la colaboración con el ejército israelí para seleccionar objetivos a abatir en Gaza.  

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El secretario general, Mark Rutte considera insuficiente los esfuerzos de los miembros por elevar las inversiones al 2%
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^{Imagen: el secretario general de OTAN, Mark Rutte I AP}

El neerlandés Mark Rutte lanzó este jueves un mensaje contundente a los países aliados: el tradicional objetivo del 2% del PIB en defensa ha quedado desfasado ante los desafíos estratégicos actuales.  Rutte abogó por un incremento sustancial del esfuerzo financiero colectivo, proponiendo incluso un nuevo umbral que supere “con creces” el 3%, respaldado en una planificación detallada de capacidades aún por desarrollar. Esta propuesta busca anticiparse a los crecientes riesgos geopolíticos, particularmente desde el este europeo, y preparar a la Alianza para un entorno de seguridad más volátil.

España y otros países aceleran sus compromisos

Esta aparición del dirigente se enmarca en la cuenta atrás hacia la cumbre de líderes de la OTAN prevista para junio en La Haya. En ese contexto, celebró el compromiso asumido por varios Estados miembros que han prometido alcanzar el umbral del 2% antes de la cita.

En el caso español, el Gobierno ha anunciado recientemente un incremento progresivo del presupuesto en defensa para cumplir con los estándares de la OTAN, después de años ocupando posiciones rezagadas en la tabla de inversión relativa. Según el Ministerio de Defensa, el gasto militar español en 2023 rondó el 1,3% del PIB, por debajo de la media de los aliados, lo que ha generado presiones tanto internas como externas para acelerar el ajuste.

Rusia como amenaza estructural

La persistencia de la guerra en Ucrania, tras más de dos años desde la invasión a gran escala lanzada por Rusia en 2022, continúa siendo un eje central en la agenda de seguridad transatlántica.

El secretario general conoce de primera mano a Vladímir Putin, con quien trató durante sus años como primer ministro de Países Bajos (2010-2024). Esa experiencia le permite ahora adoptar una visión realista sobre las intenciones del Kremlin, en línea con las advertencias emitidas en los últimos meses por expertos y gobiernos europeos. De hecho, varios servicios de inteligencia, como el Bundesnachrichtendienst (BND) alemán o el MI6 británico, han alertado sobre una posible escalada híbrida en el flanco oriental de la Alianza durante los próximos cinco años.

Hacia una OTAN más cohesionada

Con una visión ambiciosa de cara a la próxima cumbre, Rutte reivindicó una OTAN “más fuerte, más justa y también más letal”. Su liderazgo, que ha comenzado con una firme voluntad de transformación, apunta a reforzar tanto la disuasión militar como la cohesión interna entre los 32 miembros de la Alianza. El debate sobre el gasto ya no se reduce a porcentajes, sino a la capacidad real de respuesta frente a amenazas concretas y sostenidas.

En este sentido, analistas del International Institute for Strategic Studies (IISS) coinciden en que la Alianza necesita adaptar sus estructuras y capacidades a un contexto marcado por la competencia entre grandes potencias, las guerras híbridas y la creciente vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. El discurso de Rutte, lejos de ser simbólico, busca galvanizar el consenso necesario para afrontar una nueva etapa en la seguridad euroatlántica.

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La norma, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo
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Imagen: La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz. Juanma Jiménez / Europa Press

La ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. Esta es, según ha asegurado, “la política más difícil” que ahora “va a tocar defender”, y se trata de “la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten”.

En la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, la titular de Trabajo ha sostenido que el anteproyecto ya cuenta con “todos los informes” preceptivos previos, por lo que “el próximo martes se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros y seguiremos trabajando en la negociación con todas las fuerzas políticas”, ha añadido Yolanda Díaz.

“Hay que hacer ver al conjunto del Parlamento y de la sociedad que trabajando menos se vive más”, ha asegurado la ministra, que ha señalado asimismo como objetivo la “tarea sin precedentes de repartir la productividad” de las empresas “entre el conjunto de España”.

La norma, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, del que se descolgó la patronal, será aprobada así dos días antes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando las centrales trabajadoras habían anunciado que insistirían al Gobierno a que mandara la ley al Parlamento.

Díaz necesita apoyos parlamentarios

La productividad que, según los datos de Díaz, ha crecido un 53% desde 1995, no se ha repartido entre la “gente trabajadora”. Ahora, la norma regula cambios importantes para reforzar el control horario, que busca dificultar los abusos como las horas extraordinarias no pagadas, y concreta también algunas cuestiones del derecho a la desconexión digital. Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de la norma.

Con todo, el proyecto de ley tendrá que contar con los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE). Todas las miradas apuntan a Junts, el único socio de investidura que ha expresado que, de momento, el Gobierno no cuenta con su apoyo para esta regulación y, además, tiene mucha relación con el mundo empresarial.

Estas dificultades han retrasado hasta la fecha que el Gobierno de coalición llevara al Parlamento la regulación, una demora que se ha acrecentado también debido a la irrupción de la guerra arancelaria de Donald Trump, que ha centrado la actuación del Gobierno en las últimas semanas.

El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está “insuficientemente fundamentado e incompleto”.

La patronal CEOE ha manifestado su “profundo rechazo” ante el anuncio de Díaz, pues consideran que ha llegado con “evidente oportunismo político” al producirse en la “antesala” de la celebración del Día del Trabajador.

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