Las educadoras sociales exigen a las administraciones y entidades gestoras una serie de medidas para mejorar su seguridad como ratios adecuadas, más supervisión y apoyo y mayor dignidad laboral
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Imagen: El mensaje que Belén Cortés escribió a su novio antes de ser asesinada: “Están intentando largarse” | Agencia EFE
El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, a manos de tres menores que tutelaba ha puesto el foco en la precariedad laboral de este sector. Ocurrió en Badajoz el 10 de marzo como consecuencia de una agresión violenta por parte de estos menores, dos varones y una mujer, de entre 14 y 15 años. La fallecida era la única trabajadora que estaba a cargo de los adolescentes en este piso de cumplimiento de medidas judiciales, pero que no contaba ni con vigilantes ni con cámaras de seguridad. Recibió golpes y luego fue estrangulada con un cinturón.
La víctima ya había tenido problemas anteriormente con los presuntos implicados en su muerte, de nacionalidad española, a la que había denunciado en otras ocasiones, pero nadie hizo nada. Tras el asesinato, los menores huyeron, pero posteriormente fueron localizados y ya se encuentran en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad.
De hecho, uno de los menores detenidos por el asesinato volvió a protagonizar, días después, un altercado en el centro de menores donde cumple con las medidas judiciales. Fue el chico de 15 años el que intentó agredir a uno de los trabajadores del centro, aunque el intento fue sofocado por los vigilantes de seguridad, quienes lograron reducirlo.
No se trata de un caso aislado
El asesinato de Cortés ha puesto en el foco las reivindicaciones de las educadoras sociales, hasta ahora ignoradas, quienes denuncian que en su puesto de trabajo no están seguras. Este lunes, más de medio centenar de trabajadoras de centros de menores y pisos tutelados, junto con representantes de sindicatos, se concentraron en Badajoz para reclamar dos cuestiones fundamentales: más seguridad en sus puestos de trabajo y una actualización de la Ley del Menor, que data del año 2000, en la que establece la responsabilidad penal que afrontan los jóvenes de entre 14 y 18 años.
En la convocatoria, las trabajadoras han recordado que llevan “meses reivindicando con manifestaciones” que “cada vez los menores son más agresivos”. Otra de las educadoras que trabajaban en esta vivienda y que omite su identidad “por miedo”, sostuvo este lunes a Efe que “se vivía una situación muy difícil desde hace 15 días, con algunos robos y fugas” y apuntó que la tragedia “le podría haber ocurrido a cualquiera”.
Sheila Gómez, una de las compañeras de la trabajadora asesinada, sacó a relucir ambas cuestiones durante la concentración. Estaba “consternada” por una tragedia que, según dijo, “se veía venir”. “Los menores son cada vez más agresivos, y pedimos estar más protegidos, que haya más personal para el centro y más medidas de seguridad, porque así no podemos trabajar”, dijo.
La inseguridad a la que se ven expuestas las educadoras sociales se acentúa aún más si, como Cortés, conviven con menores en pisos de internamiento. “Ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos: no tienen vigilantes ni cámaras de seguridad, y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos”, denunció Gómez.
También en Bilbao, Vitoria y Donostia, las educadoras sociales salieron a las calles para protestar por el asesinato de su compañera. “Se ha dado una situación lo suficientemente grave como para salir a la calle y que el resto de la sociedad sea consciente de en qué condiciones estamos trabajando”, señaló Javier Blas, responsable del sector de educadores sociales en Comisiones Obreras Euskadi.
Blas aprovechó para denunciar la falta de recursos y seguridad en el sector. Además, criticó que, en muchas ocasiones, los profesionales se ven obligados a trabajar en condiciones inseguras, con ratios inadecuados y sin el apoyo necesario.
Las trabajadoras se sienten desprotegidas por el Estado
En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, organizadas por el sindicato Unidad Sindical Obrero, las educadoras sociales también salieron a la calle. Explicaron que se sienten abandonados por el Estado y lamentan que tenga que ocurrir un incidente como el de Badajoz para que las autoridades pertinentes no miren hacia otro lado.
Se sienten desprotegidos, con miedo constante y con inseguridad. Se ven envueltos en “situaciones violentas, de agresión física, verbal y psicológica” e incluso han llegado a sufrir “coacciones” tal y como afirmaba Javier Cedrés, un educador presente en esta protesta. Piden que, desde el Estado, se les “coloque” en donde deben estar, en una posición de autoridad, y añade: “no solo de cara a las instituciones, sino a la sociedad”. “Esta situación de agresiones constantes es el pan de nuestro día a día”, añadía.
¿De quién depende la gestión de los centros de menores?
Victoria Salinas, una educadora social de 31 años que el año pasado dejó su trabajo en un centro de menores porque no se sentía segura, empezó entonces una recogida de firmas en change.org para pedir más seguridad y unas condiciones laborales dignas que no permitan sentir miedo a las educadoras sociales en su puesto de trabajo.
Tras el asesinato de Cortés, en menos de una semana, 100.000 personas han firmado la petición de Salinas, que ya ha entregado en la sede del Ministerio del Interior, aunque también está destinado a Justicia e Infancia. “Esperamos que tras la entrega nos expliquen qué medidas van a tomar y cuándo”, manifestaba la educadora.
Los encargados de dictar la medida judicial para los menores infractores son las fiscalías de menores y los jueces, pero la normativa no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad de los empleados. Son las comunidades autónomas las que lo estipulan y deciden las partidas presupuestarias, aunque, en la mayoría de los casos, lo gestionan empresas privadas con licitaciones que salen cada cuatro años.
“Sé que desde el Ministerio de Interior se escudarán en que no tienen potestad, pero yo sí opino que la tienen en materias de seguridad ciudadana. La gestión autonómica está siendo a todas luces nefasta, así que espero que Interior, Justicia e Infancia decidan meterse para intentar arreglar las cosas que están mal”, aseguró Salinas.
Reformar la ley del menor
La reivindicación de las trabajadoras sociales ya ha obtenido una primera respuesta del Gobierno. El ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy se comprometió a defender una mejora generalizada de las condiciones laborales en el sector del trabajo social y de los cuidados”. “En todas las profesiones vinculadas a los servicios sociales hay un problema estructural de precarización y de infravaloración social“, reconoció el ministro.
En este sentido, el Gobierno ya se encuentra preparando un decreto para reforzar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogidas. Su tramitación se ha acelerado precisamente tras el asesinato de Cortés. El objetivo, según precisan desde el departamento que dirige Sira Rego, del Ministerio de Juventud e Infancia, es acabar con los “macrocentros” estableciendo unos estándares mínimos en cuanto al número de niños y de trabajadores.
La iniciativa fija unas “normas de calidad mínimas” en estos centros en cuanto a la gestión, inspecciones y situación laboral de los empleados. “Busca que no haya educadores solos”, dicen desde el Ministerio. Según subrayan, esta medida acabará repercutiendo en una mejora de la situación de los cerca de 50.000 niños y adolescentes que se encuentran actualmente en los sistemas de acogidas residenciales (23.000) y familiares (26.000).
El documento establece también “mecanismos de control” para las inspecciones de las autonomías, que tendrán la obligación de informar al Ministerio de Juventud e Infancia del resultado de cada control. Asimismo, el texto fijará unas ratios determinadas de niños por trabajador, unificadas en todo el país para que no haya 17 modelos diferentes.
Sin embargo, los trabajadores sociales reivindican más cosas, entre las que se encuentra la necesidad de actualizar la Ley del Menor para reforzar la responsabilidad penal a la que se enfrentan los menores más cercanos a la mayoría de edad. “Menores con 16 años son más que conscientes, ellos tienen otra mentalidad, tienen más conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Es muy barato matar, les sale muy barato y no hay consecuencias“, zanjó el lunes entre lágrimas Gómez.
En la actual ley, en casos tan extremos como puede ser el asesinato cometido hace poco más de una semana, se diferencian dos grupos: los menores de 14 y 15 años y los de 16 y 17. Para los del primer grupo, cuando se trata de delitos graves, se establece un internamiento en régimen cerrado que va de uno a cinco años, al que le pueden seguir medidas de libertad vigilada. Para los del segundo grupo, las medidas de internamiento van de uno a ocho años. En cuanto a los menores de 14 años, no se les aplica ni la una ni la otra, sino que se les deriva al sistema de protección de menores.
Con todo, el número de menores condenados por homicidio en España ha aumentado sensiblemente en los últimos años. En 2023, se alcanzó el récord de 114 homicidios, mientras que antes de 2021 nunca había traspasado los 53, según datos del INE. Sin embargo, el número de condenas totales sí se ha mantenido relativamente estable, con cifras que han oscilado entre las 11.238 condenas de 2020 y las 15.048 de 2014.
¿Cuáles son los datos?
En los últimos años se ha incrementado el número de centros. En 2019 se sumaron 124 residencias más, hasta alcanzar las 1.228 en toda España; la mayoría de ellas gestionadas por entidades colaboradoras (922, el 80%) y el 20% restante (224), de titularidad pública. Es decir, es un sector muy subcontratado, con mucho peso de agentes privados, aunque sea sin ánimo de lucro. En total, se gestionan en España 18.145 plazas. La mayoría son centros ordinarios pero también hay 1.076 plazas para menores de edad con problemas de conducta. En cuanto a la capacidad, los centros de menores en España ofrecen un total de 20.057 plazas, con una media de 15 plazas por centro.
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