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De esta manera, el PP de San Sebastián de los Reyes cierra dos espacios gratuitos que se habilitaron para que los pacientes del hospital pudieran aparcar sus coches gratis
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Imagen: Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes-Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
El Hospital Infanta Sofía lleva tiempo inmerso en la polémica por los testimonios de trabajadoras que han denunciado casos de abuso laboral. Ahora se suma una nueva polémica, ya que el Partido Popular ha decidido cerrar un parking que se había habilitado en las inmediaciones y de forma gratuita para los pacientes del hospital. Este hospital de la localidad de San Sebastián de los Reyes y que da servicio a la zona norte de la Comunidad de Madrid cuenta con un parking de pago, pero el anterior Gobierno en la localidad habilitó dos espacios gratuitos para que las personas que asistieran al hospital pudieran tener la posibilidad de aparcar su vehículo de forma gratuita.
Se trata, en primer lugar, de un parking en el paseo de Europa, en la parcela colindante con el hospital. Además, el consistorio dio uso a un terreno de arena en la otra acera del Paseo de Europa, entre la calle de María Moliner y la calle del Poeta Rafael Morales, con la misma finalidad. De esta forma, se habilitaron dos espacios de aparcamiento gratuito para el hospital.
Ahora, el ayuntamiento dirigido por el Partido Popular ha decidido cerrar este segundo parking, que se encuentra al lado de una finca de viviendas con piscina. Fuentes de la plataforma de Sanidad consultadas por ElPlural.com señalan estas viviendas con piscina que hay en frente, que son una cooperativa de viviendas a las que en su día accedieron militantes del PP. Sus quejas por tener un parking frente a sus pisos podrían haber llevado al ayuntamiento gobernado por el PP a tomar esta decisión.
El pasado 14 de junio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el Hospital Infanta Sofía con motivo de la inauguración de su cuarta torre, una infraestructura en la que la Comunidad de Madrid invirtió más de nueve millones de euros.
No obstante, trabajadoras del centro denunciaron entonces que esta visita se trató “de una completa farsa” y que escenificaron “un panorama para la foto”, que no se asemejaba nada a la realidad que vive el hospital en su día a día. Además, también denunciaron una serie de casos de abuso laboral. Precisamente por sufrir estas condiciones, que provocaron incluso algunas bajas por depresión, un grupo de trabajadoras decidió constituir un Comité Interno para organizarse.
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La victoria del republicano amenaza con poner fin al Acuerdo de París, un desastre que podría traducirse en una emisión extra de 4.000 millones de toneladas
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Imagen: Reuters
La hoja de ruta del Proyecto 2025, impulsada por grupos neoconservadores, adelanta varias de las medidas que Trump ha prometido aplicar en su segundo mandato. Entre ellas, destaca la salida definitiva del Acuerdo de París, el emblemático pacto global firmado por 196 países para frenar el cambio climático. Además, se espera que desmonte la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por Biden y clave para el crecimiento de las energías renovables en Estados Unidos.
Trump ha anunciado planes para llevar la producción de gas y petróleo a niveles inéditos, lo que incluye el desarrollo del Ártico y una apuesta por el fracking. De acuerdo con la ONG británica Carbon Brief, la eliminación de políticas ambientales podría generar 4.000 millones de toneladas métricas adicionales de emisiones de CO₂ hasta 2030, equivalente a las emisiones anuales de la Unión Europea y Japón combinadas.
En línea con su objetivo de reducir regulaciones, el Proyecto 2025 también sugiere un desmantelamiento parcial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y un recorte en la Agencia de Protección Ambiental (EPA). La prioridad, según este proyecto, es “alejarse de los objetivos climáticos” y “erradicar la influencia de activistas” en estas instituciones.
El abandono del Acuerdo de París podría ir acompañado, esta vez, de la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto pondría fin a tres décadas de cooperación internacional en materia ambiental y socavaría el multilateralismo. En contraste, Trump busca estrechar lazos con grandes productores de petróleo como Arabia Saudita y Rusia, consolidando una “alianza del petróleo” con ambos países, mientras se aleja de las colaboraciones climáticas con China.
Pese a las intenciones de Trump de reducir el apoyo a energías limpias, expertos dudan que pueda revocar completamente la Ley de Reducción de la Inflación, que ha impulsado tanto la economía como el empleo en el sector de renovables. En estados como California, donde la transición ecológica ya está en marcha, es probable que el mercado actúe como un freno a sus iniciativas. La mudanza a Texas de Elon Musk, otro de los triunfadores de las elecciones, podría ser indicativa de un nuevo enfoque: Trump ha prometido ponerlo al frente de una comisión de eficiencia energética, en un posible acercamiento a la industria de vehículos eléctricos, siempre que no interfiera con su reticencia a los coches fabricados en China.
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Íñigo Errejón confirmó su demisión de todos sus cargos políticos el pasado 24 de octubre después de haber sido denunciado en redes sociales
The post Rita Maestre sentencia a Errejón: “Ninguna persona sabía que era una depredador” first appeared on Hércules. La expareja de Íñigo Errejón y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha cargado contra el exportavoz de Sumar y le ha acusado de ser “un misógino, un depredador y un manipulador patológico”. Unas declaraciones que ha confesado durante una entrevista este domingo.
Durante esta entrevista, Maestre se ha defendido en televisión de las acusaciones que se han vertido sobre ella a raíz de las acusaciones sobre las presuntas agresiones sexuales de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá. Así ha señalado que: ¿Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja? Una defensa que ha hecho después de que Errejón haya dimitido de todos sus cargos políticos, y hay abandonado el mundo de la política.
Maestre ha señalado que está segura de que: “ninguna persona sabía que era un misógino, que era un depredador y que era un manipulador patológico, como lo que hemos sabido. ¿Pero cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?”. Por otro lado, ha destacado que estos comportamientos son los que “hablan de relaciones de maltrato y de abuso psicológico, incompatibles con ser una buena persona”. En cambio, a su juicio, ha habido una “frivolización” con esa “mezcla de amarillismo y de oportunismo”.
La portavoz de Más Madrid ha reconocido que se siente orgullosa de lo que ha pasado a pesar de que es una situación dolorosa y muy negativa para las víctimas: “Lo que ha pasado es muy doloroso, pero no se habría resuelto así si no fuera por el feminismo y eso es reconfortante porque las cosas cambian, duramente, pero cambian y cambian a mejor”.
Rita Maestre ha hecho estas declaraciones durante una entrevista grabada el pasado 30 de octubre, emitida este domingo en el espacio Salvados de laSexta, días antes de que Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta violencia sexual. Por su lado, Elisa Mouliaá tenía que presentarse ante el juez este martes para ratificar el contenido que denunció ante la Policía Nacional.
Íñigo Errejón confirmó su demisión de todos sus cargos políticos el pasado 24 de octubre después de haber sido denunciado en redes sociales a través de mensajes anónimos, de violencia machista. Además, dos mujeres han presentado ante la policía dos denuncias contra el político, quienes han señalado ser víctimas de presuntos delitos sexuales por parte de Errejón.
Por el momento, el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados no ha querido hacer ningún tipo de declaración tras salir a la luz estas denuncias. Aunque lo más destacado es que en el comunicado que anunciaba su dimisión, admití las agresiones sexuales.
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El empresario Alberto González Amador, que confesó haber cometido dos delitos fiscales, emprende una ofensiva judicial contra cargos del Gobierno, el PSOE y Más Madrid por supuestas “difamaciones”
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Imagen: Alberto González Amador en imagen de archivo. (EFE/Rodrigo Jiménez)
El comisionista Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, amenaza con reclamar en los juzgados 415.000 euros a una decena de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid a los que acusa de difamarle tras pronunciarse públicamente sobre el fraude fiscal que él ha reconocido.
En la nómina de demandados por González Amador figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco ministros —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López—; el diputado socialista Javier Zaragoza; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También ha denunciado a dos formaciones políticas: el PSOE y Más Madrid.
La mayor cuantía, un total de 100.000 euros, es la que González Amador amenaza con exigir al jefe del Ejecutivo, a quien le ha reclamado que se retracte tras haberle llamado “delincuente”. Si no lo hace, interpondrá contra él una querella por injurias y calumnias en la que le reclamará la citada cantidad, según la solicitud de conciliación presentada por el comisionista en los juzgados de Madrid, revelada por El Mundo. La solicitud de acto de conciliación es un acto previo a la presentación de una querella.
Las declaraciones que motivan la iniciativa del empresario se produjeron el pasado 17 de octubre, cuando Sánchez defendió al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una investigación por la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario. Sánchez afirmó que Álvaro García Ortiz había hecho su trabajo: “Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. González Amador considera que esas declaraciones son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
La ofensiva judicial del empresario contra los políticos de izquierda que se pronuncian públicamente sobre sus problemas con la Justicia se inició con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que el empresario reclama 40.000 euros; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que exige 20.000 euros. Los hechos se remontan al pasado marzo, días después de que elDiario.es revelara la existencia de la denuncia de la Fiscalía y que Ayuso y su pareja viven en un piso de un millón de euros que él compró tras el fraude fiscal.
El 12 de marzo, la vicepresidenta Montero fue preguntada por este asunto en el Senado y afirmó que esa revelación periodística requería que Ayuso diera “explicaciones” y actuara con transparencia “respecto a si está viviendo en un piso que se pagó con fraude de la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas”. Por su parte, la ministra Rodríguez afirmó el 19 de marzo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda”.
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El príncipe Pablo ha aumentado su presencia en la vida pública de Grecia desde que el año pasado sucedió a su padre al frente de la casa real griega.
El príncipe Pablo ha aumentado su presencia en la vida pública de Grecia desde que el año pasado sucedió a su padre al frente de la casa real griega.
Pedro Sánchez ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este lunes un nuevo Real Decreto con 110 medidas más para dar respuesta a la crisis de la DANA
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Imagen: Pedro Sánchez-Europa Press
El presidente ha afirmado que se trata de un plan que consta de tres fases, siendo el paquete aprobado hoy de la segunda fase, la reconstrucción, con medidas aprobadas con carácter de urgencia. También ha aprovechado la rueda de prensa para informar sobre los avances de la última semana: el número de militares ha pasado de 15.000 efectivos a 18.200, se ha visto reforzado con nuevos equipos con la búsqueda submarina, atención psicológica y labores de desescombro. «Se han desplegado 3.800 vehículos terrestres y acuáticos», afirma Sánchez.
«Este colosal despliegue logístico y humano ha llevado 406 nuevos rescates, 118 detenciones y retirado 550 vehículos, inspeccionado más de 600 garajes y sótanos. Se han distribuido 151.000 botellas de agua», detalla. Asimismo, en la última semana los técnicos han reestablecido a la práctica totalidad de los hogares afectados y el 95% de las líneas de telefonía dañadas, y además se ha recuperado el suministro de medicamentos.
«El esfuerzo titánico de vecinos, voluntarios y tercer sector unido a los servidores públicos de todas las administraciones ha permitido retirar fango, enseres dañados y cientos de negocios han vuelto a abrir poco a poco sus puertas», ha añadido Sánchez.
«Este nuevo real decreto ley se suma al anterior en un esfuerzo que llega a más de 4.373 millones de euros en total. Ambos forman parte de la primera fase del plan de respuesta inmediata y avanza en la segunda y nos llevará a la normalización de la zona», insiste Sánchez. Estas medidas se organizan en reconstruir el escudo social y otro a ayudar al tejido productivo de las zonas afectadas. «Esta política de respuesta a diferencia de la crisis financiera estamos convencidos de que tendrá su trasladación en un breve espacio de tiempo».
Asimismo, los hogares afectados por la DANA podrán congelar sus hipotecas durante doce meses adicionales, que se suman a los doce meses pasados recogidos en el primer real decreto ley. «Este primer real decreto ley permitía pasar a cero euros durante los seis primeros meses, luego a la mitad en los seis próximos. Lo que hacemos con la extensión de este código es, una vez pasado ese periodo si hay riesgo de vulnerabilidad, se pagará el importe a la mitad durante doce meses más. Un alivio hipotecario sustancial y extendido, hasta noviembre de 2026».
Pese a los intentos tanto por parte del gobierno central como del gobierno autonómico por eludir sus respectivas responsabilidades por la nefasta gestión de la DANA, Pedro Sánchez ha afirmado en la rueda de prensa que no es el momento de la confrontación política: «Ya vendrá el debate político sobre lo que debemos mejorar y la asunción de responsabilidades políticas que tendrán que ser sustanciadas en las Cortes y el Parlament valenciano», asegura.
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Esta querella presentada por Iustitia Europa recoge la cronología sucedida el pasado 29 de octubre en relación a la gestión de las alertas de la DANA
The post Iustitia Europa presenta una querella contra Teresa Ribera por su gestión de la DANA first appeared on Hércules. La formación política, Iustitia Europa ha ampliado su querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha incluido a Teresa Ribera por su gestión de la DANA.
Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Superior que investigue a la ministra socialista por los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro. Así mismo, incluyen en la querella que no informó de caudal del barranco del Poyo hasta casi las siete de la tarde del martes 29 de octubre. Hay que destacar que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene responsabilidad a la hora de planificar y gestionar los recursos hídricos en la cuenca del Júcar.
La ampliación de la querella señala que la CHJ reconoció en 2023 a través de un informe titulado ‘Plan General de Riesgo de Inundación’ “la falta de adecuación, encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo”. Es debido a esta inacción que se agravaron los efectos de la riada, la cual ha dejado 214 fallecidos en la provincia de Valencia. La querella
Esta querella presentada por Iustitia Europa recoge la cronología sucedida el pasado 29 de octubre en relación a la gestión de las alertas de la DANA. Así denuncia que a pesar del incremento del agua en un 23% a las 12:09 horas, la CHJ “no actualizó la alerta ni informó” al CECOPI. Posteriormente, a las seis de la tarde, el caudal de la riada de barraco se desbordó. Aunque no fue hasta las 18.43 horas cuando la CHJ informó oficialmente de un caudal de 1.686 m³/s en el Poyo.
Hay que señalar que este es el primer partido político que ha presentado una querella por la gestión de la DANA por parte del gobierno, incluyendo a sus ministros socialistas. También añaden en el escrito que la CHJ “eliminó datos críticos del caudal del Poyo” alegando que se habían destruido los dispositivos de medición.
La gestión del Gobierno socialista ha generado mucho descontento entre los valencianos debido a que por su tardanza a la hora ya no de mandar las alarmas, también en el envío de recursos y efectivos. Incluso el Ejército, gestionado por el Ministerio de Defensa, ha tardado más de tres días en enviar militares. Aunque el Rey a los tres días de conocerse las consecuencias de la DANA, envió a la Provincia de Valencia a la Guardia Real. Quienes continúan allí trabajando para sanear las infraestructuras valencianas.
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El detenido fue capturado haciendo el saludo nazi a las afueras de un tribunal en Melbourne, donde compareció por otro asunto, el 27 de octubre de 2023
The post Australia impone por primera vez una pena de cárcel por hacer el saludo nazi en público first appeared on Hércules.
Imagen de archivo de una manifestación neonazi. AP
Un tribunal australiano ha condenado este viernes al supremacista Jacob Hersant a un mes de prisión por hacer el saludo nazi en público, en la primera sanción de privación de libertad por este delito en el país oceánico.
El juez Brett Sonnet, del Tribunal de Magistrados de la ciudad de Melbourne, ha sentenciado que “en Australia, como en la mayoría de los países democráticos liberales del mundo, la libertad de expresión no es un concepto absoluto. (Por tanto), las limitaciones a la libertad están justificadas para proteger el bien común de los pueblos de un Estado”, según la transcripción del fallo.
El magistrado le ha comunicado además al condenado que «el ‘hombre blanco’ no es superior a ninguna otra raza». Hersant se enfrentaba a una pena máxima de un año de cárcel y multas de más de 16.000 dólares estadounidenses (14.832 euros) que contemplan las leyes del estado australiano de Victoria, donde ha tenido lugar el proceso.
La defensa legal de este australiano de 25 años, quien es la primera persona en ser declarada culpable en el estado de Victoria por hacer el saludo nazi, sopesa apelar la decisión, ha agregado una portavoz del Tribunal de Magistrados de Victoria.
Hersant fue captado haciendo el saludo nazi a las afueras de otro tribunal en Melbourne, donde compareció por otro asunto, el 27 de octubre de 2023, unos seis días después de que entrara en vigor la ley que ilegalizaba los saludos nazis en Victoria.
En aquel momento, él dijo frente a las cámaras de televisión «casi lo hago, ¿ahora es ilegal?» y después agregó «Australia para el hombre blanco, Heil Hitler«.
La defensa de Hersant ha asegurado durante el proceso judicial que este extremista no realizó el saludo nazi y ha argumentado que, aunque lo hubiera hecho, la acusación era constitucionalmente inválida porque ese gesto supone una forma legítima de expresión política.
El Gobierno de Victoria propuso la ley para ilegalizar el saludo nazi después de que en marzo de 2023 un grupo de personas que marchó por las calles de Melbourne realizó este gesto, en el marco de los encuentros acalorados entre manifestantes a favor y en contra de los derechos de los transexuales a las afueras del Parlamento estatal.
En Nueva Gales del Sur, donde también se ilegalizó el saludo nazi en 2022, un tribunal condenó a tres hombres en junio pasado a pagar sendas multas de unos 338 dólares estadounidenses (308 euros) por hacer este gesto durante un partido en el oeste de Sídney.
Tras haberlo hecho en varios estados, Australia criminalizó a nivel nacional a principios de año el saludo nazi en público, así como a quienes exhiban o comercialicen símbolos nazis como banderas o insignias del Tercer Reich o exalten actos terroristas y de odio supremacista, con una pena de cárcel de hasta de 12 meses.
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La Xunta quiere intervenir la venta de energía y las empresas han pedido ayuda al Gobierno para llevar la situación a los tribunales
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La Xunta de Galicia ha lanzado su propuesta para un nuevo Plan Eólico que obligará a desmantelar alrededor de 100 parques y reemplazar 3.000 aerogeneradores antiguos por equipos más modernos. Además, el Gobierno autonómico activará próximamente un mecanismo que forzará a las empresas energéticas a vender la mitad de la energía generada a precios regulados para pequeñas y medianas empresas gallegas. Este anuncio ha generado fuerte rechazo entre las principales empresas del sector, que tildan las medidas de «expropiatorias e ilegales» y han instado al Gobierno central a frenar el plan en los tribunales.
La normativa incluida en la ley de medidas fiscales, que acompaña al presupuesto regional, establece que las empresas propietarias de parques con más de diez molinos deberán cambiar los aerogeneradores cuando estos hayan alcanzado el final de su vida útil, calculado en unos 25 años. Según datos de la Xunta, unos 3.000 aerogeneradores cumplirán esta antigüedad en los próximos cinco años, y el objetivo es reducirlos en un 80%, dejando la región con unas 600 turbinas renovadas en un plazo estimado de ocho años.
Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con mayor potencia eólica instalada en España, con 3.863 MW, un 13% del total nacional, solo superada por Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Sin embargo, el crecimiento de nuevos MW en Galicia ha sido significativamente más lento en comparación con estas regiones, lo que ha incrementado las presiones para renovar el sector.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a compañías como Acciona, Endesa, y Naturgy, ha manifestado su rechazo a las nuevas medidas, advirtiendo que una repotenciación obligatoria comprometería la viabilidad de los proyectos y sobrecargaría los trámites burocráticos en una región ya afectada por procesos judiciales que mantienen paralizados más de 2.300 MW. La AEE ha solicitado al Gobierno central que frene la normativa autonómica y ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ante WindEurope, la patronal eólica europea.
Otro de los puntos polémicos del plan es la exigencia de que las energéticas vendan el 50% de la electricidad a empresas gallegas a precios fijados en contratos a largo plazo. Desde el sector consideran esta medida una «expropiación de facto» que podría vulnerar la normativa de libre mercado de la Unión Europea y advierten sobre posibles sanciones y conflictos legales, además de un encarecimiento de la electricidad.
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