Crónica Diaria

El origen del conflicto se remonta a una auditoría interna que reveló gastos irregulares por parte de Comín, quien habría utilizado 15.530 euros del Consell de la República para fines personales
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El núcleo de fugados independentistas en Waterloo, que en su momento se presentó como un frente unido contra el Estado español, ha terminado por desmoronarse. La última controversia de este grupo ha surgido tras unas declaraciones del rapero mallorquín Valtonyc, quien, desde su cuenta en la red social X , insinuó que Toni Comín, exconsejero de Sanidad de la Generalitat, es un corrupto. “Recomiendo alejarlo de cualquier organización. Lo que ha salido en los medios es solo la punta del iceberg”, afirmó Valtonyc, dejando entrever que conoce más irregularidades cometidas por Comín durante su tiempo en el Consell de la República.

El origen del conflicto se remonta a una auditoría interna que reveló gastos irregulares por parte de Comín, quien habría utilizado 15.530 euros del Consell de la República para fines personales. Entre estos gastos destacan alquileres de coches, tarifas de aparcamiento y pagos de multas de tráfico. Según el informe, Comín llegó a retirar hasta 6.000 euros en efectivo de la caja de la entidad, cuyos fondos provenían de aportaciones de ciudadanos independentistas destinados, en teoría, a combatir la “represión política”. Pese a las acusaciones, el actual candidato de Junts al Parlamento Europeo ha negado cualquier irregularidad, asegurando que estos pagos estaban relacionados con su labor de representación en el Consell.

En su mensaje, posteriormente eliminado, Valtonyc también criticó la candidatura de Comín para presidir el Consell de la República. En otro comentario, el rapero afirmó que había borrado el tuit porque “el mensaje había llegado a quien tenía que llegar”, mientras lanzaba una última pulla contra quienes, según él, “se quedan el dinero de las tietes” (en referencia a las mujeres de mediana edad que apoyan económicamente la causa independentista).

División creciente entre los líderes independentistas

Las tensiones entre los miembros del núcleo de Waterloo no son nuevas, pero lo sucedido refleja una fractura más profunda en el seno del independentismo catalán. Las rivalidades entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (Junts) han cruzado las fronteras hasta Bélgica, donde se refugian varios de los líderes independentistas. El caso de Toni Comín no es el único ejemplo de enfrentamientos dentro del grupo.

Uno de los primeros signos de división se produjo cuando Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura, decidió regresar a España para ponerse a disposición del Tribunal Supremo. Su vuelta marcó un alejamiento de la estrategia judicial de Junts y supuso un cambio de abogado: dejó de contar con Gonzalo Boye, cercano a Puigdemont, para ser representada por Íñigo Iruin, abogado vinculado a Bildu.

Clara Ponsatí, por su parte, también ha mostrado su descontento con Puigdemont y Junts. Criticó al expresidente de la Generalitat por pactar con el PSOE tras las elecciones generales de julio de 2023. Según Ponsatí, dicha decisión representó un “menosprecio” a la confianza de sus seguidores. Además, durante un discurso en el Tribunal General de la Unión Europea, aprovechó la retirada de inmunidad parlamentaria para lanzar un mensaje contra la cúpula de Junts.

Mientras las acusaciones y las disputas internas se acumulan, el Consell de la República ha confirmado oficialmente los gastos “injustificados” de Comín y denunciado presiones que este habría ejercido sobre el auditor encargado del informe. Según el Consell, el auditor Miquel Verdaguer habría recibido requerimientos verbales y escritos para modificar los hallazgos del documento.

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Un hombre de aproximadamente 40 años murió apuñalado y una mujer resultó herida en el mismo altercado, mientras que el presunto agresor, también lesionado, fue detenido en el lugar por agentes de la Policía Nacional
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El “hotel okupa” de San Blas, situado en el número 3 de la calle Lola Flores, vuelve a ocupar los titulares tras registrarse un nuevo homicidio. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó que, alrededor de las 18:00 horas del viernes, un hombre de aproximadamente 40 años murió apuñalado. Además, una mujer resultó herida en el mismo altercado, mientras que el presunto agresor, también lesionado, fue detenido en el lugar por agentes de la Policía Nacional.

En noviembre, un ciudadano colombiano fue asesinado en el mismo lugar, un crimen cuyo presunto autor fue capturado recientemente en Barcelona. Además, el inmueble ha sido testigo de múltiples reyertas y detenciones, consolidándose como un foco de inseguridad en el barrio. Hace apenas unos meses, otra tragedia golpeó al “hotel okupa” con la muerte de una mujer por inhalación de monóxido de carbono.

Actuación de los servicios de emergencia

Tras la alerta de los hechos, una ambulancia del Samur-Protección Civil acudió rápidamente al lugar. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de un hombre de mediana edad debido a múltiples heridas de arma blanca localizadas en el tórax y el abdomen. Mientras tanto, en la misma calle, una mujer de aproximadamente 50 años fue atendida por una herida en el brazo izquierdo, también provocada por un arma blanca. Pese a la gravedad de la situación, la mujer permaneció consciente y fue trasladada al Hospital Ramón y Cajal con pronóstico moderado.

Cerca del lugar del homicidio, a unos 700 metros, otro hombre, de aproximadamente 30 años, también fue atendido por los equipos médicos debido a una lesión en la cabeza causada por un arma blanca. Este individuo, consciente y orientado al momento de la intervención, fue trasladado al hospital con heridas leves y posteriormente detenido como principal sospechoso del homicidio y de un intento adicional de asesinato.

El caso ha quedado en manos del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, que ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. Asimismo, miembros del DEVI de la Policía Científica se desplazaron al lugar para realizar un análisis exhaustivo de las pruebas y la escena del crimen. En las proximidades del edificio, se mantiene activo un puesto fijo de vigilancia de la Policía Municipal y Nacional, un esfuerzo que hasta ahora no ha conseguido disuadir los continuos episodios de violencia en la zona.

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12.000 euros como poco para cada año en prisión más todos los gastos de abogados e indemnizaciones
The post Una cuestión de dinero: los gastos de la familia Sancho tras la sentencia de Daniel first appeared on Hércules.  Desconozco quién organizó esta travesía del desierto que ha sido enfrascarse con una estúpida estrategia en un caso perdido de antemano en el que sólo valía pedir perdón y pagar la indemnización correspondiente utilizando el perfil más bajo posible hasta la lectura de la sentencia. Pero se hizo exactamente lo contrario, y la sentencia dijo claramente el pasado 29 de agosto que Daniel Sancho se ha salvado de la pena capital porque en los primeros días tras su detención reconoció los hechos, explicó con todo lujo de detalles cómo asesinó y descuartizó, y llevó a las autoridades siamesas a los lugares donde había desperdigado los trozos del cuerpo de su ex pareja Edwin Arrieta, esencialmente a la playa de Haad Salad, localizada en el norte de la paradisíaca isla de Phangan. 

Curiosamente, desde que se conoció la sentencia, el papá y los abogados han mantenido un perfil muy bajo que coincide con la extorsión de Alice, la supuesta asesora fiscal, que ha exigido varias veces a la parte de Sancho cantidades que, inicialmente, ascendían a 160.000 euros y que ya rozan los 200.000. 

Pero aunque Rodolfo haya conseguido facturar una gran cantidad de dinero gracias a su participación protagonista en el documental firmado por Cuarzo Producciones, y exhibido por HBO Max, cuando aún no sé sabe quién tiene el dinero que Edwin y sus socios colombianos querían invertir en España, la razón esencial de la ralentización de la supuesta apelación que deberían haber presentado hace ya demasiado tiempo Rodolfo y sus abogados tiene un motivo: la falta de líquido efectivo con el que afrontar todo lo que se les viene encima.

En realidad, a Rodolfo se le apelotonan demasiados pagos en los próximos meses, casi todos cuantiosos, cuando todo el mundo sabe que tampoco está pasando por su mejor momento como actor, falto de proyectos, en sí de inyecciones de dinero. 

Para empezar, ha salido a la luz el que Nilson, aquel supuesto testigo venezolano, tenga abogado en España y este quiera querellarse contra el padre de Daniel. Si los audios son verídicos –lo cual ha quedado bastante claro– sería muy posible que antes de acceder al cuadrilátero judicial los abogados de Rodolfo trataran de llegar a un acuerdo, evitando que el pago fuera mayor, que sus abogados siguieran sacando más tajada, y sobre todo, que su imagen siguiera devaluándose. La cantidad sería, seguro, de decenas de miles de euros. Porque el tratar de influir en un supuesto testigo de cara a un juicio es algo gravísimo. 

Sumen que el peculio de su hijo, el cual residirá al menos en la próxima década en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, asciende a 12.000 euros anuales, que aunque parezca poca cosa, sumado a todo lo anterior, y unido a lo que después de este párrafo van a leer, suponen una inversión altísima para una persona que, tenga o no dinero, sabe que necesita realizar muchos pagos próximamente. Añadan que si deseara mejorar el bienestar y la seguridad de Daniel en prisión, deberá invertir en otros presos para que su hijo pase desapercibido y se encuentre arropado, algo habitual entre los ciudadanos extranjeros por las cárceles del mundo. 

Claro que la gran bomba será entregar –y en efectivo– los 200.000 euros –y subiendo– que Alice requiere para, en principio, cerrar el acuerdo que alcanzaron a principios de septiembre del año 2023. Aunque esta cantidad aún nadie sabe si podría ser aún mayor.

Por lo que, primer inventario: 12.000 euros como poco para cada año en prisión; el acuerdo al que lleguen con Nilson, si es que no es el juez el que decide cuándo hay que pagar como sanción por tratar de comprar a una persona para mejorar una sentencia judicial; cuando con los 200.000 euros a Alice, la totalidad del montante podría superar los 300.000 euros. Pero aún hay más. Bastante más. 

La indemnización que deberán pagar a la familia de Arrieta, salvo acuerdo de última hora con García Montes, oficialmente serían otros 110.000 euros, cuando si el juez elevara la cantidad gracias a la apelación que sí ha presentado el equipo de abogados de Ospina en Tailandia, triplicaría la suma hasta llegar a los 330.000 euros. O sea, que juntado a lo anterior los gastos alcanzarían, sin duda, los 600.000 euros. 

Pero aún hay más pagos pendientes para Rodolfo. Y me estoy refiriendo a la razón esencial de este texto: ¿por qué se han sobrepasado los cuatro meses, desde que el juez dictara sentencia el pasado 29 de agosto, y los abogados de Daniel siguen sin presentar la dichosa apelación? Y la razón, sin duda, tiene que ver con los intentos vanos de sus letrados tratando de buscar en Tailandia a las personas adecuadas. Al principio, les quedó claro que Aprichart Srinual, el abogado de oficio que ejerció de títere durante el juicio, no debía ser la persona elegida, cuando tras acercarse a otros despachos tailandeses han descubierto que tras el portazo y mala imagen que dejaron tras la brusca finalización del acuerdo con el equipo de Fernando Oca, a través de su anterior abogado Anan Chuayprabat, le han exigido o el dinero por adelantado –que habría alcanzado los 50.000 euros– o directamente le han negado la posibilidad. Debe saberse que, si finalmente Garcia Montes quisiera continuar con sus apelaciones y llegar hasta el Tribunal Supremo, podría obligar a Rodolfo, siempre que el abogado no fuera de oficio –en Tailandia está muy mal visto que un extranjero no gaste, cuando además es famoso y actor–, a pagar entre 50.000 y 100.000 euros. 

En otro orden de cosas, y para comprender todo lo que ya han leído, Rodolfo Sancho ha venido sufriendo negativas –hasta ahora– para ejercer en otro documental –se ofreció a Netflix–, cuando el libro donde Daniel da su versión de sus hechos aún no encuentra editor que se arriesgue a publicarlo. 

Sea como fuere, García Montes y Ospina podrían haber comenzado algún tipo de acercamiento para mejorar la economía a corto/medio plazo de Rodolfo, y sobre todo, para que el dinero que Edwin trató de invertir en España pueda regresar a Colombia. 

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En la pugna por prometer subidas de pensiones, nadie se atreve a decir lo evidente: perpetuar este sistema insostenible no es generosidad, es hipotecar el futuro de un país entero
The post No hay coraje político first appeared on Hércules.  La derogación del decreto ómnibus ha desatado una tormenta política, con los partidos culpándose mutuamente de que no se hayan subido las pensiones. El debate se ha centrado en el espectáculo, en la eterna competición por exhibir quién es el más generoso con el dinero público. Pero ¿ha habido alguien que se atreva a decir lo que nadie parece dispuesto a admitir? ¿Es lógico, es responsable, es siquiera justo subir las pensiones indiscriminadamente, sin importar las consecuencias para el futuro del sistema o la economía del país?

No hay coraje político. Ningún representante, ni de la derecha ni de la izquierda, se ha plantado para decir lo evidente: no podemos seguir aumentando las pensiones como si el dinero creciera en los árboles. Nadie cuestiona si es sensato subirle la pensión máxima a alguien que ya cobra una cantidad considerable. Nadie se plantea si es sostenible o si es justo cargar a las generaciones futuras con una factura imposible de pagar. En lugar de eso, todos han corrido a pelearse por la medalla del populismo, por demostrar que ellos son los que «más cuidan» de los pensionistas.

El problema es doble. Por un lado, tenemos un sistema de pensiones insostenible que funciona como una bomba de relojería. Por otro lado, está el tabú político. En España, hablar de reformar las pensiones es poco menos que un suicidio electoral. Cuestionar las subidas automáticas es considerado herético, aunque todos sepamos que la realidad económica no soporta el modelo actual.

Hablemos claro: aumentar las pensiones no siempre es un acto de justicia social. ¿Es equitativo subir la pensión máxima en las mismas proporciones que las mínimas? ¿Es razonable beneficiar a quienes ya cuentan con ingresos cómodos mientras el resto del país sigue ahogándose en impuestos y deuda? Este tipo de medidas no sólo son regresivas, sino que ignoran por completo el concepto de esfuerzo contributivo y la necesidad de priorizar a los más vulnerables.

El otro gran problema es el coste. El gasto en pensiones ya representa más del 12% del PIB español, y las previsiones indican que esta cifra seguirá aumentando en los próximos años. En 2024, el sistema público de pensiones cerró con un déficit de miles de millones de euros, y la situación no parece mejorar. Subir las pensiones de forma generalizada no hace más que agravar esta crisis. No es que el sistema vaya a colapsar, es que ya ha colapsado.

Los partidos políticos lo saben. Saben que las matemáticas no cuadran, que la caja de la Seguridad Social no da para tanto. Pero prefieren mirar hacia otro lado. Es mucho más rentable prometer subidas que explicarle a la gente que, si seguimos así, en unas décadas no habrá dinero para pagar ni las pensiones más bajas.

Lo más preocupante es que este problema no es nuevo. Algunos llevamos avisando desde hace años, y las soluciones están sobre la mesa: retrasar la edad de jubilación, congelar de inmediato ciertas pensiones, rebajar otras, fomentar los planes de pensiones privados, ajustar las prestaciones a la esperanza de vida y empezar a implantar un sistema de capitalización. Pero ninguna de estas propuestas tiene cabida en el discurso político.

El debate se reduce, una vez más, al cortoplacismo. Los partidos no piensan en el futuro del país, sino en las próximas elecciones. Algunos aplauden las subidas sin pensar en las consecuencias para nuestros hijos y nietos. Porque, al final, el precio de esta irresponsabilidad no lo pagará la generación actual, sino las futuras. La solución no pasa por seguir inflando el globo hasta que explote. Pasa por abrir un debate honesto, valiente, sobre cómo queremos que sea el sistema de pensiones del mañana. Pasa por asumir que los recursos son limitados y que no todo es financiable. Pasa por dejar de tratar a los ciudadanos como niños a los que hay que contentar con caramelos y empezar a hablarles como adultos, explicándoles que algunas cosas, por difíciles que sean, simplemente no se pueden mantener.

Hace falta un cambio de narrativa. No se trata de demonizar a los pensionistas ni de negarles sus derechos, sino de ser realistas. No es una cuestión de generosidad, sino de sostenibilidad. Si seguimos gastando más de lo que tenemos, terminaremos rompiendo el sistema. Es hora de que alguien diga la verdad. Las pensiones no se pueden seguir subiendo sin más. Es injusto, es irresponsable y, lo que es peor, es insostenible. Hace falta coraje político para romper con el discurso dominante, para mirar a los ciudadanos a los ojos y decirles lo que no quieren oír. Porque, a veces, la verdadera responsabilidad no está en dar lo que se pide, sino en explicar por qué no se puede dar. Esa es la batalla que nadie quiere librar, pero que alguien, tarde o temprano, tendrá que afrontar.

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Los populares avanzan una nueva propuesta de un fondo estatal de garantía de alquiler y avales para jóvenes para resolver la crisis de la vivienda
The post El PP avanza en su plan de vivienda para apoyar a los jóvenes first appeared on Hércules.  El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a conocer este viernes en Barcelona las principales medidas de su plan de vivienda, dirigido a abordar lo que considera «uno de los problemas más urgentes de España: el acceso a la vivienda». Durante un encuentro con agentes sociales, Feijóo presentó un conjunto de propuestas que incluyen un fondo estatal de garantía de alquiler, avales para jóvenes y bonificaciones fiscales para incentivar el alquiler.

Inquilinos, propietarios y jóvenes

Feijóo destacó que su plan se centra en garantizar la seguridad tanto para inquilinos como para propietarios, con un enfoque especial en facilitar el acceso de los jóvenes al mercado del alquiler. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un fondo estatal de garantía de alquiler, que funcionará como un seguro de impago para propietarios que alquilen a menores de 40 años. Este mecanismo busca aumentar la confianza en el mercado y eliminar barreras para los jóvenes inquilinos.

Además, el líder popular propuso avales financiados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir las fianzas de alquiler, ayudando a los jóvenes a afrontar este coste inicial y facilitando su emancipación.

Por otro lado, el PP plantea bonificaciones fiscales para aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Los propietarios que pongan en el mercado viviendas desocupadas durante más de dos años podrán beneficiarse de una reducción del 75% en el IRPF durante el primer año de contrato.

Contra el intervencionismo y la okupación

Feijóo atribuyó la crisis habitacional al «modelo intervencionista» impulsado por el Gobierno actual, que ha generado un aumento del precio del alquiler en 400 euros de media y una caída de la oferta del 15%. También criticó la tolerancia del Ejecutivo con las ocupaciones ilegales, señalando que Cataluña concentra el 40% de los casos en España, afectando directamente la confianza de los propietarios.

«Cada año, un 25% de los propietarios enfrentan impagos del alquiler, lo que supone un calvario para ellos. No se puede proteger al okupa y, al mismo tiempo, pedir que se alquilen viviendas», subrayó el presidente del PP, quien se comprometió a implementar una ley antiokupación si su partido llega al Gobierno.

El plan del PP también contempla medidas para fomentar la compra de viviendas entre jóvenes. Una de las iniciativas más relevantes es la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4% para jóvenes que adquieran viviendas de segunda mano, frente a los actuales tipos de hasta el 10%.

Asimismo, el partido propone recuperar las deducciones en el IRPF por la compra de primera vivienda, eliminadas a nivel nacional en 2013, y extenderlas a jóvenes, familias numerosas y colectivos vulnerables en las regiones gobernadas por el PP.

Para aumentar la oferta de alquiler a precios asequibles, el PP impulsará la construcción de viviendas protegidas mediante concesiones administrativas sobre suelo público. Estas viviendas tendrán precios hasta un 30% inferiores al mercado y estarán gestionadas como alquiler protegido durante 75 años.

Además, el plan busca ampliar el suelo disponible para vivienda asequible mediante la transformación de parcelas dotacionales y la colaboración con ayuntamientos para rediseñar el desarrollo urbano en zonas con alta demanda.

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