Crónica Diaria

Además, las formaciones sindicales avisan: si sus reclamaciones no se atienden, habrá una «huelga indefinida» a partir del 23 de diciembre. Es decir, en plenas Navidades
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Imagen: Camiones en una carretera. Juan Manuel Serrano Arce – Europa Press – Archivo

El transporte por carretera vuelve a la huelga general, tanto los que trabajan en el sector de mercancías como en el de viajeros, así como los de autobuses urbanos de titularidad pública están convocados a una huelga para los días 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre e indefinida a partir del 23 de diciembre si sus reclamaciones no se atienden. Así lo han anunciado representantes de CCOO y UGT en rueda de prensa, que aseguran que “no queda otra que la convocatoria de huelga”, aunque aún quedan días para “acordar y mediar”, han matizado.

Los sindicatos apuntan que la causa es el “bloqueo sistemático” del adelanto de la edad de jubilación del colectivo profesional de conductores. El sistema legal en España recoge el posible adelanto de la edad de jubilación mediante la jubilación parcial y el mecanismo de coeficientes reductores por razón de la actividad. Sin embargo, los trabajadores del sector del transporte denuncian que estas fórmulas no se están haciendo efectivas en su sector.

Ya se solicitó en 2011 -con la legislación anterior a la reforma de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo en 2022- la aplicación de coeficientes reductores para personas conductoras de vehículos pesados.

Francisco José Vegas, secretario general del sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), ha justificado los paros porque se trata de una profesión “que causa enfermedades, el envejecimiento prematuro y la reducción de la esperanza de vida”.

En total, han asegurado los representantes sindicales, están convocado más de medio millón de trabajadores, solo de transporte de mercancías. “Hay gran presencia de autónomos que creemos que deben de estar aquí, porque es relevante la edad y da igual que sea trabajador o autónomo”, ha indicado Diego Buenestado, secretario general del sector de Carreteras, Urbanos y Logística de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT). A ellos se suman los trabajadores de viajeros y de transporte urbano de titularidad pública.

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El Ministerio de Trabajo ha decidido contratar a una consultora privada para que rastree de manera masiva los registros de horarios
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p class=»MsoNormal»>El Gobierno ha firmado un contrato con la consultora Accenture para apoyar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la detección de fraudes laborales mediante el uso de sistemas avanzados de rastreo masivo de datos. Este acuerdo se inscribe en el marco de un conjunto de medidas que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, busca implementar para mejorar el control sobre el registro horario de las empresas, especialmente en el contexto del debate sobre la reducción de la jornada laboral.

Colaboración con una consultora con historial en la Administración

La consultora Accenture, conocida por su participación en otros proyectos con la Administración, fue seleccionada en un contrato formalizado en septiembre. La empresa ya había colaborado con el Gobierno en tareas similares durante la gestión de la exministra del Partido Popular, Fátima Báñez, y en la pandemia bajo la dirección de José Luis Escrivá, entonces al frente del Ministerio de Seguridad Social. En aquella ocasión, Accenture fue contratada para luchar contra el fraude en la afiliación y cotización a la Seguridad Social.

Modernización de los sistemas informáticos para la inspección

El contrato actual, valorado en casi un millón de euros por un periodo inicial de 12 meses, tiene como objetivo modernizar los sistemas informáticos de la Inspección de Trabajo. Accenture utilizará tecnologías avanzadas, como el análisis de datos y el procesamiento de información no estructurada, para mejorar la identificación de posibles irregularidades en el ámbito laboral. Esta modernización permitirá a la Inspección de Trabajo fortalecer sus capacidades de vigilancia y control sobre el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Insuficiencia de medios y necesidad de externalización

El Ministerio de Trabajo justificó la necesidad de externalizar estos servicios debido a la falta de medios internos para desarrollar las complejas herramientas informáticas necesarias para el rastreo y análisis de datos. Según el informe, la contratación externa no responde a una necesidad permanente de personal, sino a la insuficiencia de recursos propios en el organismo. La consultora aportará un equipo de profesionales especializados, incluyendo ingenieros en inteligencia artificial y consultores en fraude, para desarrollar aplicaciones y procesar grandes volúmenes de datos.

Inteligencia artificial y planificación estratégica

Uno de los aspectos clave del contrato es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para cruzar datos internos de la Inspección con información de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Esto permitirá identificar sectores y empresas con indicios de fraude, facilitando una planificación más efectiva de las inspecciones. Según el Ministerio, esta planificación es crucial para garantizar la efectividad de la Inspección, maximizando el uso de los recursos disponibles.

Este contrato no cuenta con financiación de los fondos europeos y es prorrogable hasta un máximo de 36 meses, con un presupuesto base de 1,2 millones de euros.

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La fiscalía liderada por Dolores ya en su momento presionó a los jueces para que admitieran a trámite una serie de querellas de represaliados del franquismo
The post Sánchez instará a los jueces para que disuelvan asociaciones como la Fundación Franco   first appeared on Hércules.  El Gobierno liderado por Pedro Sánchez quiere usar la fiscalía de Dolores Delgado para instar a los jueces para que disuelvan asociaciones como la Fundación Francisco Franco. Una cuestión que aparece en la proposición de ley orgánica que el PSOE defenderá el martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, iniciando así su tramitación parlamentaria con la toma en consideración.

El texto de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para modificar la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, “corresponderá al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos”. Esta cuestión aparece recogida en la nueva redacción de la “disposición adicional quinta”, relativa la “disolución de asociaciones”.

Recordemos que la persona que se encuentra al frente de la fiscalía de Memoria Democrática es Dolores Delgado, ex ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y ex fiscal general del Estado. Además, la fiscalía liderada por Dolores ya en su momento presionó a los jueces para que admitieran a trámite una serie de querellas presentadas por represaliados del franquismo, como en un caso de supuestas torturas o lesiones que han prescrito y que están afectadas por la Ley de Amnistía de 1977. De ahí que el juez finalmente acordara el archivo.

Cambios en la ley para reformar la Ley de memoria democrática

En la exposición de los motivos para justificar esta nueva proposición de ley que afecta a la memoria histórica, se señala que: “las asociaciones, como actores destacados de la sociedad civil organizada, no pueden ser ajenas a los procesos memorialistas”, con base a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

El PSOE justifica esta reforma en la ley del derecho de asociación para “establecer como causa legal de disolución de las asociaciones la consistente en realizar actuaciones públicas que supongan apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

La ministra Dolores Delgado creó en el 2018 la Dirección General de Memoria Histórica. Participó también en la confección de un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como en la reactivación de los procedimientos de declaración y reparación de víctimas y dirigió el expediente para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

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La ministra de Trabajo llevará al Consejo de Ministros una serie de medidas para garantizar los derechos del colectivo dentro del ámbito laboral
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Imagen: Europa Press

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p class=»MsoNormal»>El Ministerio de Trabajo presentará este martes al Consejo de Ministros un real decreto que establece las medidas que las empresas deberán adoptar para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI. Esta normativa, que llega cuatro meses después de alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronales, busca acelerar la entrada en vigor de la reglamentación vinculada a la ley trans, aprobada hace un año. Será de obligado cumplimiento para empresas con más de 50 empleados.

Detalles del decreto y plazos de implementación

El documento elaborado por el equipo de Yolanda Díaz define los plazos y requisitos mínimos que las empresas deberán cumplir para proteger a los trabajadores LGTBI. Las empresas que ya cuenten con convenios colectivos tendrán tres meses desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adaptarse. Por otro lado, aquellas que no dispongan de convenio colectivo tendrán un plazo extendido de seis meses. Las compañías con menos de 50 empleados, sin embargo, no estarán obligadas a implementar estos protocolos, aunque podrán hacerlo de manera voluntaria.

Si después de los plazos estipulados no se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, el decreto establece que deberán aplicarse medidas mínimas hasta que la negociación se resuelva. Entre estas propuestas se incluye la formación obligatoria para quienes realicen entrevistas o decidan ascensos, con el objetivo de evitar discriminaciones. También se implementarán reglamentos de prevención, detección y actuación ante casos de acoso discriminatorio, que deberán ser conocidos por toda la plantilla, incluidos mandos intermedios y directivos.

Igualdad en los procesos de selección y promoción

El decreto pone un énfasis especial en garantizar la igualdad en los procesos de selección y promoción profesional, priorizando las capacidades de los candidatos y dejando de lado su orientación sexual, identidad o expresión de género. Se presta particular atención a las personas trans, consideradas un colectivo especialmente vulnerable.

En caso de denuncia por discriminación, las empresas estarán obligadas a elaborar un informe vinculante sobre los hechos y, si se encuentran indicios de acoso, deberán abrir un expediente sancionador y tomar medidas correctivas. Además, se protegerá a la persona denunciante de posibles represalias.

Cálculo del número de empleados

El reglamento también establece cómo las empresas deberán calcular el número de trabajadores. Se tendrá en cuenta la plantilla total, independientemente del número de centros de trabajo y del tipo de contrato. Las personas con contratos temporales, fijos discontinuos o contratadas por medio de empresas de trabajo temporal se contabilizarán como cualquier otro trabajador. Igualmente, los empleados a tiempo parcial contarán como una persona trabajadora más en el cómputo total. Este recuento se realizará dos veces al año, en junio y diciembre.

Aceleración de la reglamentación tras denuncias de retraso

El Ministerio de Trabajo ha defendido la necesidad de acelerar la implementación de esta normativa, después de que sindicatos denunciaran retrasos en su despliegue. A pesar de estas críticas, fuentes del ministerio han afirmado que se ha buscado «acelerar los plazos al máximo». La ley trans, formalmente conocida como Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, fue aprobada en febrero de 2023, y el nuevo decreto desarrollado por el Ministerio de Trabajo da forma al artículo 15.1 de dicha ley.

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El que fuera el principal mandatario de Downing Street publicará este 10 de octubre su primera autobiografía, en la que abordará los entresijos que rodearon al Ejecutivo británico durante su mandato
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Imagen: La reina Isabel II de Gran Bretaña da la bienvenida al recién elegido líder del partido conservador Boris Johnson en una foto de archivo. EFE

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson publicará este 10 de octubre su primera autobiografía, en la que abordará los entresijos que rodearon al Ejecutivo británico durante su mandato. Unleashed (Desatado), publicado por Harper Collins, es un libro que “rompe el molde del género memorialista moderno de los primeros ministros”, dice la editorial.

La autobiografía del exministro se prolonga en cerca de 800 páginas compuestas por secretos, anécdotas e historias que prometen no dejar indiferente al público y sacudir, en cierta medida, el escenario político británico. Entre sus líneas, tal y como han avanzado medios británicos, se vislumbran bromas y anécdotas que retratan la figura política que fue Johnson.

El ex mandatario británico reconoce que, para sacar adelante el Brexit, firmó un Protocolo de Irlanda en el que no creía. Un órdago basado en la convicción de que la UE miraría para otro lado y no obstaculizaría el comercio entre las dos Irlandas. Tal torpeza provocó una de las crisis más agudas entre Londres y Bruselas.

Del mismo modo que el ex primer ministro afirma ahora que se equivocó al pedir perdón por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. Fueron disculpas “patéticas” y “humillantes” que dieron la impresión de “que éramos más culpables de lo que realmente éramos”, dice Johnson.

Secretos de Buckingham

Pero es sin duda la revelación de que Isabel II padecía cierto tipo de cáncer de huesos durante sus últimos meses de vida, un secreto a voces que el palacio de Buckingham nunca confirmó ni desmintió, lo que revela el carácter de un personaje como Johnson. Isabel II quiso expresamente que su enfermedad desapareciera de la versión oficial, para presentar su larga edad como la única razón de la despedida.

El ex primer ministro, al incluirlo como un chascarrillo más de su libro, deja claro que, como siempre ha sido su caso, las normas que someten al resto de los mortales no le obligan nada a él.

Desveló los planes contra Países Bajos durante la pandemia

Estas revelaciones llegan pocos días después de conocer una de las cruzadas que estuvo a punto de acometer Johnson durante su mandato en Downing Street. También en sus memorias, desvela que se planteó hacer una “incursión acuática” hacia Países Bajos para robar vacunas contra el covid ante la crisis en plena pandemia.

Según su argumento, la UE habría hecho un uso “malicioso” de las dosis de AstraZeneca en 2021, motivo por el que ordenó “trabajar en lanzar una incursión acuática sobre un almacén de Leiden, Países Bajos, y llevarse lo que era legalmente suyo y que tanto necesitaba Reino Unido”.

El ‘número dos’ del Ministerio de Defensa británico, el teniente general Doug Chalmers, explicó al primer ministro que el plan era «ciertamente factible» y que se utilizarían lanchas hinchables para entrar en los canales holandeses navegables. «Se reunirían en el objetivo, entrarían, conseguirían la mercancía retenida, saldrían en un camión articulado y llegarían a los puertos del canal» de la Mancha, según Johnson.

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José Manuel Albares ha respondido en una entrevista en RTVE a las acusaciones del ministro israelí, que denunció que España es “un paraíso para sembrar el odio”
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Imagen: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores-El Periódico.com

«España es un país de tolerancia, donde uno puede por supuesto vivir en libertad y tener libertad de expresión y donde cualquier forma de incitación al odio, por supuesto el antisemitismo, no solamente son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal», ha reivindicado el ministro de Exteriores.

Esta respuesta se produce después de que el ministro de Exteriores israelí criticase a través de su cuenta en X que España se haya convertido en “un paraíso para sembrar el odio y alentar a la destrucción del Estado de Israel”, tras haber permitido la delegación de gobierno en Madrid la celebración del congreso de Masar Badil, una organización a la que Israel acusa de estar “vinculada con grupos terroristas”.

En declaraciones a ‘RTVE’, Albares asimismo ha recordado que «España tiene una Fiscalía y tiene unos jueces» y «si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio, de antisemitismo, puede acudir a la Fiscalía». «Para eso existen esos delitos y tenemos un plan por primera vez en nuestra historia contra el antisemitismo», ha añadido.

Este no es el primer choque diplomático entre Israel y España desde que Israel desató su cruenta ofensiva militar en la Franja de Gaza hace ahora un año: el Gobierno israelí ha llegado a acusar al presidente español, Pedro Sánchez, de “recompensar el terrorismo” y criticó duramente la decisión española de reconocer al Estado palestino.

Albares ha condenado de nuevo los ataques de Hamás

En el aniversario del ataque de Hamás, el ministro ha reiterado la condena de España a los atentados del 7 de octubre, de los que hoy se cumple un año, así como el llamado a un alto el fuego y la apuesta por la solución de los dos Estados como vía para la paz entre Israel y Palestina.

En esta línea, y coincidiendo con el primer aniversario de los ataques de Hamás, el Gobierno español ha emitido un comunicado oficial ​en el que «recuerda y reitera su más tajante condena a los atroces atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y traslada su solidaridad a los familiares y allegados de las víctimas, recordando especialmente a Maya Villalobo e Iván Illaramendi, los dos ciudadanos españoles asesinados».

«Transcurrido un año, el Gobierno expresa su solidaridad con los familiares de los rehenes que aún siguen secuestrados y exige su inmediata liberación. Es necesario un alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles y el fin de la violencia», continúa la nota de Exteriores, en la que el Ejecutivo asimismo «reitera su determinación de combatir contra el antisemitismo y toda forma de odio y discriminación».

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La líder popular ha defendido los ataque y bombardeos de Israel sobre Gaza y el Líbano en un discurso por el aniversario del 7-O
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Imagen: Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado implícitamente los bombardeos de Israel en Gaza y Líbano al declarar que “no se puede pedir que acaben con Hamás o Hezbolá con flores”.

A un día de conmemorarse el primer aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás asesinó a más de 1.200 personas y tomó a cientos de rehenes, Ayuso ha defendido el derecho de Israel a defenderse, pese a la crisis humanitaria y los más de 42.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, desde el inicio de las ofensivas israelíes. “Nadie quiere la guerra, pero no se puede pedir que con flores acaben con Hamás”, expresó la líder madrileña en un acto en Madrid.

Defensa de Israel como modelo democrático

Durante un evento con las nuevas generaciones del Partido Popular (PP), Ayuso resaltó a Israel como un ejemplo democrático para España, a pesar de las acusaciones del fiscal del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes contra la humanidad. En su diálogo con Ignacio Dancausa, líder de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Ayuso criticó que se le pida a Israel no defenderse de ataques terroristas y advirtió que otros países mediterráneos podrían ser los próximos objetivos. “Es injusto pedirle a Israel que se deje aniquilar”, afirmó.

Además, Ayuso cuestionó cómo reaccionaría España si sufriera crímenes similares, como el secuestro y tortura de mujeres. “Eso es abrirle la puerta al mal. El mal toma la medida y decide hacer lo que quiera”, sentenció la presidenta madrileña. También subrayó que Israel enfrenta ataques diarios con misiles, y destacó la importancia de la «cúpula de hierro», un sistema defensivo que evita mayores tragedias.

Relación histórica con Israel

Ayuso ha mostrado su apoyo a Israel mucho antes de los atentados del 7 de octubre de 2023. La presidenta ha realizado viajes oficiales a Jerusalén y participa anualmente en actos conmemorativos del Holocausto. Además, este año visitó los campos de concentración de Auschwitz, donde pidió recordar las atrocidades cometidas contra millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, su respaldo no ha sido solo comunicativo, sino también institucional. El gobierno de Ayuso ha criticado a los rectores de las universidades madrileñas por sus protestas a favor de Gaza y ha calificado como “insensato” el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de España.

Críticas a la política exterior de Pedro Sánchez

Durante el acto, Ayuso también lanzó críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. “Mañana es un aniversario clave, el primer año después del mayor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto”, afirmó. La presidenta madrileña advirtió que los atentados del 7 de octubre tenían como objetivo desestabilizar los esfuerzos de paz en Oriente Próximo y destruir el Estado de Israel, algo que, en su opinión, también pone en peligro a Occidente. “Somos lo mismo”, insistió, refiriéndose a los vínculos entre Israel y el mundo occidental.

Además, Ayuso elogió el funcionamiento democrático de Israel, señalando que antes de este conflicto, el país vivía un intenso debate interno por una reforma judicial. Comparó esta situación con lo que, según ella, es un deterioro institucional en España, criticando al gobierno de Sánchez por intentar colonizar el Estado de derecho sin permitir críticas. “Israel es tan democrático que incluso su ejército tiene sus discrepancias políticas internas”, concluyó.

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