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El Gobierno ha amenazado a las comunidades autónomas con retirar fondos para las viviendas si no cumplen con la ley de alquileres
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Imagen: EFE
El Ejecutivo central ha vuelto a poner sobre la mesa la disputa con las comunidades autónomas en torno a la Ley de Vivienda, amenazando con cortar la financiación estatal a aquellas que no apliquen la normativa aprobada en la anterior legislatura por el PSOE y sus aliados. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lanzó ayer un contundente mensaje advirtiendo que las regiones que no cumplan con la ley no recibirán recursos del Estado para sus políticas de vivienda, en clara referencia a la Comunidad de Madrid y otras administraciones lideradas por el Partido Popular.
Durante una entrevista en TVE, Rodríguez afirmó que, aunque su intención es seguir apoyando a las comunidades en materia de vivienda, exigirá que estas cumplan con la Ley de Vivienda. De lo contrario, condicionará la financiación estatal a la aplicación de la normativa, recordando que entre el 70% y el 75% de las inversiones de las regiones provienen del dinero estatal. La ministra insistió en que no puede tratar por igual a aquellas comunidades que cumplen con la ley y a las que, según sus palabras, se oponen a ella por razones políticas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en responder a las declaraciones de Rodríguez. A través de la red social X , Ayuso criticó las políticas del Gobierno central y calificó de «inaceptable» la limitación de los precios de la vivienda, asegurando que no funciona y que atenta contra la propiedad privada. También acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber construido ninguna vivienda en seis años y de estar «obsesionado» con Madrid.
La postura de Ayuso fue respaldada por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Rocío Díaz, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, calificó las declaraciones de Rodríguez como un «chantaje» y acusó al Gobierno de tener un enfoque intervencionista. Por su parte, la Generalitat Valenciana también mostró su rechazo, argumentando que el Ejecutivo central se está inmiscuyendo en competencias autonómicas en lugar de ofrecer soluciones para mejorar la situación del mercado inmobiliario.
Aunque las comunidades del PP se han mostrado críticas con la Ley de Vivienda, otras regiones han adoptado una postura diferente. Cataluña ha sido la única autonomía que ha implementado un límite en los precios del alquiler, mientras que Navarra, el País Vasco y Asturias han mostrado interés en intervenir el mercado, aunque aún no han tomado medidas concretas. En contraste, comunidades como Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, tampoco han solicitado la declaración de zonas tensionadas, lo que refleja la falta de consenso en torno a la ley.
A pesar de la presión del Gobierno, la Ley de Vivienda no obliga a las comunidades a establecer límites en los precios del alquiler, sino que deja esa decisión en manos de las propias regiones. Hasta ahora, solo Cataluña ha adoptado esta medida, mientras que la mayoría de las comunidades, especialmente las lideradas por el PP, no han mostrado interés en hacerlo. Rodríguez no especificó qué puntos de la ley no están siendo cumplidos por las autonomías, pero su mensaje fue claro: la financiación estatal estará condicionada al cumplimiento de la normativa.
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Los colegios públicos y concertados que no aplican el 25% del castellano en sus aulas están a la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión
The post Solo 25 colegios en Cataluña aplican el 25% de horas lectivas en castellano first appeared on Hércules. Cataluña ha comenzado el curso académico y se ha conocido que solamente 25 colegios de toda la comunidad autónoma aplican el 25% de horas lectivas en castellano. Según datos a los que ha tenido acceso el medio The Objective, “de los 4.499 centros públicos y concertados que hay en la región, solo esta veintena de centros se ven obligados a cumplir con esta cuota de castellano al recaer sobre ellos sentencias en firme o medidas cautelares”.
La Generalitat de Cataluña agrupa sus centros en función de su titularidad, es decir, públicos o privados. Así, según datos que han transcendido, los 25 colegios que aplican el 25 % de castellano son centros públicos y algunos concertados. Los colegios privados, al no recibir fondos públicos, gestionan su propio modelo lingüístico y son los centros donde mayores cuotas de castellano y otros idiomas se pueden contar.
Los colegios públicos y concertados que no aplican el 25% del castellano en sus aulas están a la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto, debido a que se estarían saltando una norma establecida por la Justicia. Así, estaría haciendo caso omiso al Decreto-ley 6/2022 y la ley 8/2022, el cual formula el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en España en la enseñanza no universitaria que el Govern habría aprobado la pasada legislatura. Quien habrían intentado esquivar el 25% de castellano obligatorio en las aulas.
El partido de Salvador Illa, PSC, quiere blindar el modelo de la inmersión lingüística que llaman “las injerencias” de los tribunales. Fuentes oficiales de Educación hablan de “25 centros afectados” por la sentencia del TSJC que les obliga a mantener esta cuota de castellano.
Recordemos que durante los años que se ha ido fraguando el ‘procés’ y posteriormente, el partido socialista catalán se ha mostrado abierto a la idea de reformar el modelo de única lengua de enseñanza, con el fin de adaptarlo a la “realidad socioeconómica” de cada centro educativo. Donde ahora se ha añadido la hipotética realidad de que el catalán está en peligro de desaparecer. En esta línea, han creado una nueva Consejería de Política Lingüística y están impulsando un plan para “afrontar el reto demográfico y de mejorar el sistema de educación de catalán a adultos”.
El dato de 25 colegios es inferior al del curso pasado, cuando eran 26 el total de centros que impartían el 25% de castellano. El hecho de que haya uno menos se debe a que el alumno de la familia que exigió poder estudiar en ambas lenguas ya ha terminado su escolarización y el equipo docente ha decidido volver al modelo de inmersión en catalán, según publica el medio The objective.
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Sting, Donatella Versace, Emily Blunt o Cate Blanchett, acompañada de su hijo, fueron algunos de los invitados a los Premios The Albies de la Clooney Foundation for Justice celebrados en la New York Public Library.
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La vicepresidenta del Gobierno defiende parar las rebajas a las grandes rentas y patrimonios con el fin de armonizar impuestos
The post Hacienda limita la economía de las comunidades first appeared on Hércules. La capacidad normativa de las comunidades autónomas en tributos como el IRPF genera notables diferencias en la tributación, que pueden llegar a ser de hasta 45.000 euros anuales en el caso de una renta de 600.000 euros. Este desfase es el que el Ministerio de Hacienda busca corregir mediante la futura reforma del sistema de financiación autonómica, impulsada tras el acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular.
Durante el debate en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la necesidad de reducir la competencia fiscal entre autonomías y garantizar que se exija el mismo esfuerzo tributario para iguales niveles de renta. Sin embargo, desde Hacienda aseguran que no pretenden eliminar las facultades normativas de las autonomías, sino simplemente limitar las grandes diferencias en la tributación de las rentas y patrimonios más altos.
El pacto fiscal que afecta a Cataluña, además de varios aspectos aún por definir, plantea que la Generalitat contribuya a la solidaridad con el resto de los territorios siempre que estos asuman un esfuerzo fiscal similar. Aún no está claro cómo se implementará esta idea o qué ocurrirá si una comunidad autónoma decide reducir sus impuestos. Todo indica que el Gobierno podría centrarse en limitar las rebajas fiscales que se aplican en los tramos altos de impuestos sobre el patrimonio y la renta, algo que podría enfrentarse a otros puntos del pacto, que promueven un aumento de la capacidad normativa de las comunidades para avanzar hacia un modelo federal.
La posibilidad de limitar la capacidad de las autonomías para modificar impuestos contradice otro aspecto del acuerdo catalán que aboga por aumentar la capacidad normativa de las regiones, según defendió la propia Montero. Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Pública, destaca que es contradictorio impulsar la autonomía fiscal de las comunidades al mismo tiempo que se busca armonizar los impuestos. Para él, la autonomía fiscal significa que cada territorio puede decidir libremente sobre sus impuestos, aunque reconoce que lo que haga una comunidad puede tener repercusiones en las demás, sobre todo en impuestos sobre la riqueza.
Durante el debate parlamentario, Montero defendió el pacto fiscal y cuestionó si el Partido Popular está de acuerdo con la idea de que debe existir un esfuerzo fiscal similar en todo el país. También hizo referencia a las grandes diferencias que existen en materia tributaria entre las comunidades, especialmente en el impuesto de sucesiones y en la tributación de grandes patrimonios. Montero calificó estas divergencias como una «injusticia fiscal» y un atentado contra la igualdad, cuestionando si no es necesario corregirlas para exigir el mismo esfuerzo a quienes tienen igual capacidad de renta.
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Las organizaciones creen que la ILP quedaría en “papel mojado” porque la propuesta del PP es la misma que el mecanismo de arraigo social en vigor
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Imagen: Regularización.Ya celebra que el Congreso haya desbloqueado la ILP para regular a medio millón de migrantes. Ricardo Rubio. Europa Press
Una vez desbloqueada la tramitación sobre la regularización de 500.000 inmigrantes que trabajan y viven en España y presentadas las enmiendas al texto, los grupos políticos de la Cámara deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del articulado. Todos, a excepción de Vox, que fue el único partido que no apoyó en abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La propuesta del PP, que mantiene como fecha de corte para la regularización a aquellos inmigrantes que se encontraran en España antes del 1 de noviembre de 2021, amenaza con dejar en papel mojado el procedimiento extraordinario, según denuncian partidos y asociaciones. Junts, además, condiciona en su enmienda la regularización al traspaso de las competencias en materia migratoria, lo que complica más el acuerdo.
El texto lo registró a última hora de este miércoles el PP, quien reclama que esta nueva regularización se haga de manera “individualizada”. La fecha que defiende es la que figuraba en el texto original, porque fue entonces cuando se registró ante la Junta Electoral Central y comenzó el proceso para la recogida de firmas. Su propuesta excluiría a los inmigrantes que tengan antecedentes penales —requisito que se ya contemplaba en anteriores regularizaciones—, a los que sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español.
El PSOE y Sumar pactaron esta semana ampliar la regularización a los extranjeros que se encontrasen en España hasta antes del 31 de diciembre de 2023, aunque establecieron que para concederla se usarían criterios “laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”, lo que delimitaría los posibles beneficiarios.
La intención es que, una vez aprobada la iniciativa, en unos seis meses se apruebe un decreto para esa regulación. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, en su propia enmienda, reclaman extender aún más el período, de forma que la ley beneficie a todas las personas que estén en España antes de “la entrada en vigor” de la norma, tal y como pide Regularización Ya, una de las principales organizaciones impulsoras de la ILP.
Las organizaciones promotoras de la iniciativa llaman la atención sobre la iniciativa del PP. El sistema actual de regularización por arraigo social ya exige tres años de estancia en España, una oferta de trabajo en firme y no tener antecedentes, por lo que la propuesta del PP no añadiría nada al procedimiento actual, denuncian.
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Además de los paros, hay convocada una manifestación a las 19:00 en Madrid, cuyo recorrido abarca de Atocha a Callao
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Imagen: Manifestantes en apoyo al pueblo palestino-Levante
El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado para este viernes 27 de septiembre una huelga general de 24 horas a nivel estatal en solidaridad con Palestina para dejar de «normalizar el genocidio» y exigir al Gobierno de España que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Desde que se iniciase la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 41.534 personas han sido asesinadas y más de 96.000 han resultado heridas en los incesantes bombardeos israelíes contra la Franja, que han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.
A la convocatoria también se han adherido colectivos sociales: organizaciones palestinas y plataformas de solidaridad con Palestina de todos los territorios, grupos antirracistas, de defensa de derechos humanos, ecologistas y de defensa medioambiental, de defensa de la vivienda, redes de profesores, colectivos feministas y diversas organizaciones estudiantiles, las cuales, tras las acampadas de algunos campus, animan a dejar las aulas vacías este viernes y salir a la calle.
La huelga de hoy pretende ser, según CGT, “un grito colectivo contra el genocidio y la impunidad que está ocurriendo en Palestina y el Líbano, de la que nos negamos a ser colaboradores por la inacción de la comunidad internacional”. En su comunicado, la CGT asegura que el reconocimiento por parte de España de Palestina como Estado «no deja de ser un acto simbólico cuyo fin es desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales retrasando así la implantación de medidas reales». Asimismo, el sindicato denuncia la actuación del gobierno español al no haber interpuesto sanciones comerciales contra Israel y de haber incrementado la compraventa de material armamentístico con este país.
De esta manera, el objetivo de esta jornada de huelga es «que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la ocupación por parte de Israel».
Además del paro general y de las convocatorias estudiantiles, la CGT ha convocado en Madrid una concentración a las 13.00 horas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y una manifestación que partirá desde Atocha a las 19.00 horas y finalizará en la plaza de Callao. Aunque la manifestación de Madrid es la más destacada, hay convocadas concentraciones en otras muchas ciudades españolas como Barcelona, Bilbao o Granada.
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Los famosos nos ofrecieron sus mejores poses en la alfombra roja de la gala.
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Una iniciativa con la que el Partido Popular pretende trabajar de manera conjunta con las comunidades para mejorar el sistema educativo
The post Feijóo quiere extender a toda España las guarderías gratis first appeared on Hércules. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere que en toda España las guarderías sean gratis, aunque sean públicas, privadas o de iniciativa social. Una cuestión que ya tiene detallada y estructura debido a que cuando se encontraba al frente de la Xunta de Galicia la intentó impulsar.
Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no ha escuchado la propuesta de los populares. Es más, ha decidido subvencionar con 400 euros un servicio privado de guarderías para el personal que trabaja en los ministerios. Hay que destacar que el propio ministerio abona también una parte del precio de las guarderías de sus trabajadores.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de licitar por medio millón de euros un contrato, al que ha accedido OKDIARIO, con el siguiente objeto: “Servicio educativo de la Escuela de Educación Infantil sita en la calle José Abascal nº 39 de Madrid, sede central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por procedimiento abierto, con tramitación urgente del expediente para un período de 24 meses, prorrogable hasta 24 meses”.
Pero la propuesta de Feijóo pretende extender las guarderías gratis por todo el territorio nacional. Esta cuestión ha sido destacada por el PP dentro del contexto de la proposición de ley de Conciliación, la cual tienen previsto registrar la próxima semana en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Durante su discurso en la clausura del Campus FAES, el líder de los populares mencionó esta propuesta de su partido y señaló que el principal objetivo de esta proposición de ley era mejorar la conciliación familiar y laboral: “Los españoles tienen que recuperar la capacidad de tener planes de vida y ser libres para desarrollarlos. Estoy convencido de que no podemos permitirnos, como país, tener a generaciones enteras de ciudadanos frustrados o resignados ante el porvenir”
Así mismo señaló que: “España necesita futuro. Necesitamos niños y niñas. Necesitamos a mujeres y hombres que puedan plantearse formar una familia. Y necesitamos a madres y padres que puedan atenderla. Esto no lo lograremos con el ‘más de lo mismo’ de estos años. Esto nos exige reformas en todos los ámbitos. En el educativo, el laboral y en el económico”.
Una iniciativa presentada por el PP dentro del ámbito educativo destaca el compromiso que tiene Feijóo con trabajar de manera conjunta con las diferentes comunidades para implantar un sistema en el que las guarderías puedan ser accesibles para todos los españoles.
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Es la conclusión de una investigación de Save the Children sobre desinformación y exposición de los menores a discursos de odio en el entorno digital
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Imagen: Adolescente utilizando el teléfono móvil- Rafa Arjones (Levante)
La encuesta señala que el 72,6% de los adolescentes recurren a sus padres o amigos para informarse sobre una noticia, seguido de las redes sociales (60,2%) y la televisión (60,6%), la prensa online (32,1%), la radio (9,4%) y el papel (5,5%). Asimismo, el informe confirma que 16,3% de los jóvenes encuestados cree que las redes sociales y los creadores de contenido son una fuente fiable de información.
Conclusiones que, si bien confirman el cambio de paradigma generacional en cuanto a la manera de acceder a información, pueden constituir un peligro. Por un lado, porque si la persona a la que los jóvenes acuden no está bien informada, o no tiene recursos para contrastar la información, puede generar un efecto bola de nieve y así ampliar el espectro de información falsa. Y, por otro lado, porque internet está plagado de mensajes fake y que promueven modelos y estereotipos dañinos para los menores. En este sentido, se confirma un dato preocupante, y es que el 51 % de los niños y adolescentes no sabría identificar siempre cuándo una noticia es falsa y, aunque sospechen que lo es, el 25 % de los adolescentes no la contrasta.
En la investigación, que incluye encuestas a 3.315 adolescentes e información de cinco grupos de debate entre menores de entre 10 y 17 años, los jóvenes reconocen estar expuestos a contenidos en redes que promueven el odio y estereotipos raciales y de sexualidad.
Los chicos son más vulnerables a discursos que niegan la violencia de género y otros mensajes machistas, racistas u homófobos. Las chicas son mayormente las destinatarias de esos discursos, recibiendo mensajes agresivos y ofensivos, lo que convierte el entorno digital en un espacio más hostil para ellas. Además, ellas se ven más afectadas por la exposición constante a representaciones idealizadas de vida y estándares de belleza, lo que puede repercutir en su salud mental.
Para la directora de Incidencia Política y Social de Save the Children, Catalina Perazzo, «Internet ha democratizado el acceso a la información, pero también ha facilitado la proliferación de contenido erróneo y perjudicial, que perpetúa estereotipos negativos, modelos irreales de vida y fomenta discursos de odio».
Asimismo, la ONG destaca la vulnerabilidad de los menores ante el contenido que se puede observar en el mundo digital: “la deshumanización caracteriza a menudo las relaciones en el mundo digital y provoca comportamientos que no se tendrían en el entorno físico”.
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