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El partido independentista catalán, Junts, obtiene un 8,33% de apoyo, mientras que el Partido Popular apenas obtendría un 6,25%
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Fuente: lasvocesdelpueblo
Según el barómetro publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalidad de Cataluña, el PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de entre 41 y 43 escaños, seguido de Junts, que obtendría entre 27 y 29 diputados, y ERC se quedaría en tercer puesto con 21 y 23.
Según recoge La Gaceta, uno de sus datos más relevantes es la intención de voto entre los jóvenes catalanes, especialmente en el segmento de nuevos votantes (de 18 a 21 años).
Las cifras publicadas por el CEO señalan que el partido liderado por Santiago Abascal se sitúa como a primera fuerza política en Cataluña como primera fuerza política con un 17,71% de apoyo, seguido de ERC con un 14,58% y el PSC con un 12,50%.
El partido independentista catalán, Junts, obtiene un 8,33% de apoyo, mientras que el Partido Popular apenas obtendría un 6,25%. Los comuns, CUP y Aliança Catalana registran un 5,21%, 4,17% y 3,13%, respectivamente. Además, un 12,50% de los encuestados afirma que no votaría, un 4,17% lo haría en blanco y un 11,46% no ha decidido su voto, según La Gaceta.
En febrero, se publicó una nueva encuesta del Barómetro 40dB que reveló que VOX se consolidaba especialmente entre los jóvenes. Un 27,4% de los menores de 25 años respaldan a la formación liderada por Santiago Abascal, frente al 15% que opta por el PSOE y el 11% que elige al PP, según La Gaceta.
Uno de los principales problemas de Cataluña es el incremento de robos e inseguridad derivado del aumento de inmigración ilegal y menores extranjeros no acompañados.
Debido a esta problemática, Junts y PSOE firmaron un acuerdo con el que pretenden reformar el artículo Ley de Extranjería para el reparto de menores inmigrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria. Según han informado diversas fuentes de Junts, Cataluña recibiría entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían 700.
Entre los criterios establecidos para el reparto de menas se ha tenido en cuenta el peso poblacional, pero también el “esfuerzo” que ha hecho Cataluña en los últimos años, según señalan fuentes de La Gaceta.
Cataluña no es la única región que tiene un grave problema de acogida de menas, destacan, sobre todo, Canarias y Ceuta. Ambas ciudades han denunciado que los centros de acogida se encuentran colapsados y que no pueden garantizar la seguridad de los menores dentro de dichos centros debido a que no tienen la capacidad suficiente para esta materia.
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Génova busca unidad dentro de su partido, independientemente del apoyo de los de Abascal, para hacer frente a Sánchez
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Imagen: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo I EP
El Partido Popular ha aprovechado la reunión Interparlamentaria de Sevilla para reforzar su imagen de unidad y alejar del debate público los asuntos más espinosos de la formación. Ni la situación de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y señalado por algunas voces internas como un factor de inestabilidad, ni los presupuestos autonómicos fueron mencionados oficialmente. Sin embargo, en los corrillos se abordaron estas cuestiones, que continúan marcando la agenda del partido y desviando la atención de su estrategia de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes del PP han confirmado que la dirección nacional quiere cerrar este capítulo cuanto antes y ha fijado abril como plazo para que las negociaciones autonómicas lleguen a una solución. De no lograrse un acuerdo, la instrucción es pasar página y evitar que el tema siga restando protagonismo a otros mensajes políticos.
Según ha informado ABC, la cúpula ha trasladado a sus barones autonómicos la orden de presentar sus proyectos de presupuestos, incluso si no han alcanzado un acuerdo con Vox. La estrategia busca mantener coherencia con la exigencia que la formación hace al Ejecutivo central para que no prorrogue las cuentas sin consenso parlamentario.
No obstante, señala que dentro del partido hay quienes cuestionan esta estrategia, recordando que la situación de las comunidades no es equiparable a la del Gobierno. Mientras el Ejecutivo nacional intenta extender unos presupuestos elaborados en una legislatura anterior con un Parlamento disuelto, los gobiernos autonómicos del PP operan con cuentas propias aprobadas en la actual etapa.
De las seis comunidades donde el PP gobierna en minoría, solo la Comunidad Valenciana ha conseguido cerrar un pacto presupuestario. En el resto, la situación varía. En Extremadura, María Guardiola presentó un proyecto de cuentas para 2026 que fue debatido durante semanas. Aunque no logró aprobarlo, consiguió prorrogar los presupuestos de 2025 con una reducción fiscal respaldada por Vox.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco elaboró un anteproyecto presupuestario en octubre, pero no prosperó. Su caso es singular, ya que su mandato concluye en febrero de 2026, mientras que los demás presidentes autonómicos del PP apenas comienzan sus legislaturas. Este lunes, Mañueco convocó una nueva ronda de contactos con los grupos para intentar desbloquear la situación. Sin embargo, Vox ha condicionado su apoyo a una “declaración institucional” contra la acogida de menores inmigrantes, lo que ha generado tensiones dentro del propio partido.
En Aragón y la Región de Murcia, las negociaciones con Vox avanzan y, según fuentes citadas por Europa Press, se espera que los acuerdos se cierren en los próximos días. No obstante, el desenlace depende en gran medida de la dirección nacional de Vox, que toma las decisiones clave desde su sede en la calle Bambú de Madrid. El PP busca que los pactos se anuncien simultáneamente para evitar una escalada de críticas cada vez que se alcanza un acuerdo con la formación de Abascal.
En Baleares, la situación sigue abierta. La presidenta Marga Prohens descongeló la semana pasada las relaciones con Vox con el objetivo de desbloquear los presupuestos de 2024, que son esenciales para la estabilidad del gobierno autonómico. Prohens se ha dado hasta después de Semana Santa para cerrar un acuerdo que le permita gobernar con tranquilidad el resto de la legislatura.
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Esta ayuda está siendo canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras el terremoto de Birmania
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Los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes a Birmania ascendieron a más de 2.000 este lunes, según cifras de la junta militar y de la oposición pro democrática, entre dificultades por las tareas humanitarias en el país por el conflicto.
Frente a esto, España ha movilizado dos millones de euros, canalizados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para ayuda humanitaria. Se espera que cubra las necesidades de 100.000 personas.
Así lo ha informado AECID y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha trasladado su apoyo al pueblo de Birmania en los “difíciles momentos” que está atravesando el seísmo registrado el viernes de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter que ha dejado más de 2.000 muertos y cerca de 4.000 heridos.
De acuerdo a Europa Press, España ha aportado 500.000 euros al Llamamiento de Emergencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la respuesta al terremoto y otros 1,5 millones de euros al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (FICR-DREF).
El llamamiento está orientado a cubrir las necesidades humanitarias inmediatas de 100.000 personas (20.000 hogares) afectadas por el terremoto, con un fuerte enfoque en la recuperación y rehabilitación durante un período de 24 meses, centrándose especialmente en los sectores de asistencia multipropósito; salud; WASH (agua, saneamiento e higiene); protección, prevención y reducción de riesgos.
Igualmente, los Reyes han trasladado su apoyo y solidaridad al pueblo de Birmania y Tailandia: “Nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Myanmar y de Tailandia tras el terrible terremoto que han sufrido”, ha expresado la Casa del Rey en un mensaje en X, que ha recogido Europa Press, en el que Zarzuela también se ha unido “al dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos”. “Expresamos nuestros deseos más sinceros para la recuperación de los heridos por esta tragedia”, han añadido Don Felipe y Doña Letizia.
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Aunque no otorga credibilidad a su testimonio, el juez sostiene que, cuando el correo salió de Moncloa, el contenido ya se había revelado a los medios de comunicación
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Imagen: La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera (2d) a su llegada al Tribunal Supremo | EFE/ Mariscal
El magistrado Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha descartado la participación de la ex asesora de Moncloa y actual número dos del PSOE de Madrid Pilar Sánchez Acera, en la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pese a ello, el juez considera que su declaración como testigo el pasado 12 de marzo “deja mucho que desear” y tiene “importantes fisuras”.
El juez Hurtado tiene claro que el documento salió de la fiscalía general al palacio de la Moncloa (él mismo lo plasmó en otras resoluciones y lo volvió a hacer este lunes) aunque sigue sin tener una prueba sólida de ese hecho. En el auto, el instructor desestima una serie de diligencias solicitadas por Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, y de la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
En este sentido, el instructor concluye que debe descartarse la participación de Sánchez Acera en el delito investigado. Primero, porque no concurre en la testigo la cualidad de ser el funcionario público que conoce los secretos que se revelan por razón de su propio cargo, único sujeto que podría cometerlo como autor. Y, segundo, porque desde el momento en el que recibe la información reservada a la que ha dado publicidad otro, ella no hizo público secreto alguno.
La ex asesora de Moncloa declaró ante el instructor que había recibido la información sobre el contenido del correo electrónico de periodistas, aunque no los identificó. El juez Hurtado podría imputarla por falso testimonio, pero prefiere que lo haga el tribunal correspondiente en este caso si finalmente llega a juicio. El instructor asegura que Sánchez Acera siempre se podrá acoger al Código Penal, donde se establece que “no se aplicará pena a quien se retracte de un falso testimonio en un juicio, lo que debe hacerse en tiempo y forma, y antes de que se dicte sentencia”.
El magistrado no acaba de darle credibilidad al testimonio de Sánchez Acera, que para él ofrece “importantes fisuras”. Para el juez, la actuación de Pilar Sánchez Acera es un elemento más que apunta a que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía.
La número dos del PSOE madrileño declaró que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp y que no recuerda quién se la envió.
Respecto a esta cuestión, el auto añade lo siguiente: “Se trata de un documento al que da no poca importancia la propia Sánchez Acera, en la medida que, desde que le llega, lo pone en conocimiento de Juan Lobato, para que haga uso de él en la Asamblea de la Comunidad. No es, por lo tanto, explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento”.
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El futbolista ha sido absuelto de la condena de cuatro años y medio de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Barcelona por la presunta violación de una joven en una discoteca
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Imagen: Dani Alves, con su abogada. AFP
El exjugador del FC Barcelona Dani Alves ha sido absuelto del delito de agresión sexual por el que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. La Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de la defensa de Alves y ha desestimado los de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los 9 años de prisión, y el de la acusación particular, que pedía aumentarla hasta los 12 años. La abogada de la joven recurrirá ante el Supremo.
La sentencia señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable y precisa que ante “las insuficiencias probatorias” se acuerda la revocación de la sentencia, una resolución absolutoria y dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. Ello, a pesar de que la joven denunció a Alves a los pocos minutos de salir de la discoteca y nunca cambió de versión. Además, renunció a los 150.000 euros de indemnización para que la opinión pública no pensase que lo había denunciado por el dinero. En cambio, el que sí que cambió en reiteradas ocasiones de versión fue el futbolista, e incluso se encontró semen en la vagina de la denunciante.
Los jueces argumentan que la sentencia utiliza el término de credibilidad como sinónimo de fiabilidad “y no lo es”, puesto que la credibilidad responde a una creencia subjetiva, que no se puede contrastar, asociada a quien presta declaración, mientras que la fiabilidad, en cambio, afecta a la declaración en sí misma. Los jueces no creen que el relato de la joven sea fiable, aunque sí admiten que es “persistente” a lo largo del tiempo. Aseguran además que la corroboración con las demás pruebas que hizo la Audiencia de Barcelona es “insuficiente” e incluso “contradictoria”.
Los magistrados basan la falta de credibilidad de la denunciante en que lo ocurrido antes de la agresión sexual y lo grabado por las cámaras del local (aparecen ambos bailando sin preocupación aparente) “no coincide” y omiten la falta de consentimiento de la víctima. Para la Audiencia de Barcelona, esto no invalidaba la credibilidad de la joven sobre la agresión. Lo consideró “un desajuste” que pudo deberse a motivos como el miedo a no ser creída y señaló que su testimonio incardinado con otras pruebas periféricas “apuntala su versión”.
El TSJC ve, sin embargo, todo lo contrario. “La divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”, zanja la nueva sentencia absolutoria, que añade que la declaración “está huérfana de corroboraciones periféricas”, es decir, de otros elementos usados por los tribunales para ratificar o no la versión de las denunciantes.
La argumentación que sigue el TSJC se basa también en que las huellas dactilares del baño “permitían establecer una coincidencia” con la versión de Alves, es decir, que hubo sexo consentido. Además, los magistrados afean a la Audiencia que vinculara la herida que presentaba la joven en la rodilla con la agresión sexual y con una felación.
Respecto al consentimiento, el tribunal lo justifica alegando que “puede modificarse el consentimiento para mantener la relación sexual en cualquier momento” y aventura posibles razones por las cuales la denunciante ha podido faltar a la verdad para explicar los desajustes de su relato.
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Sánchez tiene un doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela, una universidad privada fundada en el año 2000
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Pedro Sánchez y María Jesús Montero charlan durante el pleno del Congreso. Fuente: EFE
La ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, al igual que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expresado críticas hacia los estudiantes que optan por formarse en universidades privadas. Además, ha intentado establecer una distinción entre los alumnos de instituciones públicas y privadas, desvalorizando el esfuerzo de estos últimos.
Montero ha decidido atacar a la universidad privada señalando que la existencia de estas es una “amenaza” para la clase trabajadora y ha acusado a los alumnos de estos centros de “comprarse el título”.
“La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora”, espetó Montero en el acto socialista, destacando que la universidad pública supone “un horizonte de esperanza” para esas familias que “solo a través del esfuerzo, del conocimiento y de la capacitación van a subir escalones en la escala social”.
“No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar”, añadió la vicepresidenta recibiendo los aplausos de todos los socialistas presentes en el acto. “No lo podemos consentir”, reiteró.
“No podemos consentir que una joven que tiene un 13 de nota para entrar en Medicina se quede en la puerta y luego resulte que el que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar Medicina con mucha menos nota en una universidad privada. No lo vamos a permitir y la clase media no lo puede permitir”, destacó Montero, de nuevo recibiendo los aplausos de todos los asistentes.
Una cuestión que Montero ha olvidado es que cuarto ministros del PSOE, e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen títulos “comprados” en las universidades privadas que tanto critica y menosprecia.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, obtuvo su título universitario de licencia en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina (ADE) de El Escorial (RCUMCE). Este centro privado se fundó en 1892 y está adscrito a la Universidad CEU San Pablo desde 2024.
En el momento en que Sánchez obtuvo su título, el RCUMCE estaba adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además de ello, Sánchez tiene un doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela, una universidad privada fundada en 2000 en Villanueva de la Cañada (Madrid), según señala información publicada en La Moncloa.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estudió la carrera de Derecho por la por la Universidad de Deusto, una universidad privada fundada en 1886 por la Compañía de Jesús en Bilbao. Este no es el único ministro socialista que decidió estudiar su carrera en la universidad privada.
El socialista José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, también obtuvo su título de licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, al igual que Marlaska.
Aunque menos conocida que los dos anteriores, la socialista Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, obtuvo su título de licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, una universidad privada fundada en 1952 por el Opus Dei en Pamplona. Saiz también tiene un Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la misma universidad.
El cuarto ministro socialista que estudió en una universidad privada es Jordi Hereu i Boher, ministro de Industria y Turismo, obtuvo su título de licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y actualmente adscrita a la Universidad Ramon Llull, una universidad privada fundada en 1990 en Barcelona. Hereu también tiene un Máster of Business Administration MBA por el ESADE.
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Digámoslo con claridad: el señor Conde Pumpido no es nadie para dar órdenes a ningún juez español
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Querido lector, como supongo que no sabes latín, te traduzco la anterior frase: “No obedeceré”. La pronunció Lucifer al sublevarse contra el Altísimo. Hoy día se usa como eslogan de rebeldía. Pero, ¿Qué tiene de encomiable rebelarse contra la autoridad divina?
Quizás el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, se figure que los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla sean unos diablillos togados. Y todo porque se han atrevido a iniciar los trámites para plantear una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el celebérrimo asunto de los “ERE” (expedientes de regulación de empleo). Como es sabido, el Tribunal Supremo confirmó la condena por prevaricación que dicho órgano jurisdiccional había impuesto a los expresidentes de la Junta de Andalucía Griñán y Chaves, si bien terminó siendo declarada en muy buena medida contraria a la Constitución, por lo que tan ilustres acusados vieron aliviada su condición de reos por corrupción. Ahora los integrantes de la Audiencia sevillana abren la vía para que las instancias supranacionales europeas determinen si la Corte de Garantías del Reino de España se excedió en sus funciones. ¿Se creerá Conde Pumpido Dios?
Lo digo porque se rumorea que, indignado ante tamaña osadía, acariciaría la idea de querellarse contra los jueces que lo cuestionen. Parece, sin embargo, que está encontrando mayor resistencia de la esperada, pues los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional no han encontrado obstáculo legal en acudir a la justicia europea. Es más, el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla no ha accedido a entregarle copia de la documentación procesal que le reclamaba.
Digámoslo con claridad: el señor Conde Pumpido no es nadie para dar órdenes a ningún juez español. Él ni siquiera es juez en sentido propio, pues los miembros del Tribunal Constitucional no pertenecen al Poder Judicial, sino que son elegidos directamente por el Parlamento. Por eso es tan encomiable la dignidad de los magistrados sevillanos que no ceden ante las presiones. Y, no lo olvidemos, también de la letrada de los servicios jurídicos que emitió su dictamen con libertad de conciencia.
Los delirios de grandeza son síntomas de la fase terminal de algunas enfermedades mentales. ¿Le recomendaremos al señor Conde Pumpido una temporada en un psiquiátrico? Bueno, quizás se trate de otra cosa, de un deseo de emular el pasado clásico, ya que los emperadores romanos se convertían en dioses cuando el Senado así lo reconocía en una ceremonia denominada “apoteosis”. Eso sí, después de la muerte. En realidad, no siempre, ahora que me acuerdo, Caligula fue adorado en vida. Con tan egregios precedentes, quien sabe si nos aguarda un futuro de equinos togados.
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El pasado 5 de marzo un grupo de personas que forman parte de “El Colectivo Guerreros Buscadores”, colectivo que busca a sus desaparecidos (hay decenas en México), encontró restos óseos humanos, así como indicios de que se hubieran realizado incineraciones en ese lugar (hornos crematorios y fosas)
The post El crematorio clandestino de Teuchitlán aflora los 196.216 homicidios y 126.000 desaparecidos sin esclarecer en México first appeared on Hércules. El recién iniciado mandato de Claudia Sheinbaum Pardo que sucede al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ambos del pertenecientes al partido político “Movimiento Regeneración Nacional” (MORENA), parte de unas cifras rotundas, 196.216 víctimas de homicidio doloso de acuerdo con los datos aportados por el Gobierno y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y más de 116.000 desaparecidos por todo el país, desde 1962. Son cifras conocidas pero que han golpeado a la opinión pública, tras el hallazgo de un crematorio clandestino en el rancho conocido como “La Estanzuela” o “Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco. El pasado 5 de marzo un grupo de personas que forman parte de “El Colectivo Guerreros Buscadores”, colectivo que busca a sus desaparecidos (hay decenas en México), encontró restos óseos humanos, así como indicios de que se hubieran realizado incineraciones en ese lugar (hornos crematorios y fosas).
Decenas de zapatos encontrados en el Rancho
El rancho ha albergado un centro de adiestramiento del crimen organizado y el lugar en el que hacer desaparecer a un número personas, sin cuantificar pero que se atisba al ver la pila de zapatos, de prendas de ropa, objetos de aseo e incluso juguetes que se han hallado. Es una muestra más de la impunidad con la que operan los grupos criminales en ese país y que se traduce a victimas encuadradas en dos categorías: desaparecidos y/o muertos. El grupo de buscadores de desaparecidos que actúa en las instalaciones utilizadas por los “narco” ha informado que el Rancho Izaguirre era empleado como sitio de reclutamiento del crimen organizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que encandila a los jóvenes con supuestas ofertas de empleo, con sueldos elevados, pero que no son mas que una forma de atraerlos para terminar en lugares con el de Teuchitlán.
“Desaparecer a los desaparecidos”
En junio del año pasado, antes de abandonar la presidencia de México, AMLO anunció la elaboración de un nuevo censo de desaparecidos y el pasado mes de diciembre, el gobierno declaró que solo 12,377 de las 110,964 personas registradas estaban definitivamente desaparecidas. Algo que provocó las críticas de los colectivos de familiares “Están desapareciendo a los desaparecidos”, denunciaron. La realidad es que en el sexenio al frente del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se registraron 16.903 desapariciones, con Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubo 32.532. En los seis años de gobierno de AMLO, la cifra de desapariciones asciende a 53.261. Desde 2018, se han encontrado al menos 2710 fosas clandestinas en México, casi todas descubiertas por los familiares de los desaparecidos.
La tragedia que supone la desaparición o el homicidio de un familiar sacude México desde hace décadas, pero se acentúa cuando se comprueba que las autoridades no buscan el esclarecimiento de esos delitos. Uno de los que ha trascendido las fronteras es la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de Escuela Normal Rural ubicada en esa localidad del Estado de Guerrero (México). Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en 2018, y parte de su campaña electoral se apoyaba en reclamar una investigación profunda de lo sucedido con los estudiantes. De hecho, cuando era aún presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con padres y familiares de las víctimas de la tragedia de Ayotzinapa, y se comprometió a esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición, a través de la creación de una Comisión de la Verdad.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Los 43 estudiantes formaban parte de un grupo más grande de una escuela de formación docente “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución educativa de nivel superior para varones que se encuentra en la población de Ayotzinapa, una aldea de 84 habitantes en el estado de Guerrero, y viajaban a la ciudad cercana de Iguala, en el trayecto fueron confrontados por la policía municipal, que abrió fuego contra los autobuses en los que viajaban. A partir de ese momento las autoridades dieron varias versiones contradictorias sobre la investigación del delito, sin que se llevara a cabo el esclarecimiento de lo sucedido. Los seis años de mandato de López Obrador no sirvieron para que se supiera lo que había sucedido con los normalistas de Ayotzinapa cuyas familias mostraron su frustración por la falta de respuesta del presidente a quien denunciaron en manifestaciones y concentraciones en diferentes lugares. Han pasado 10 años desde que los hicieron desaparecer y se siguen celebrando manifestaciones masivas en las que se corea un lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Forenses, investigadores y expertos de ámbito internacional han tratado de avanzar en las investigaciones sobre la autoría del crimen, sin que las autoridades facilitaran una colaboración plena. La Organización de las Naciones Unidas elaboró en 2018, un informe sobre el caso Ayotzinapa que pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. “Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación“, declaró el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein. Asimismo, el informe, según la ONU, rinde tributo a los familiares que han buscado a sus desaparecidos en los últimos tres años y busca “contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones“.
La ultima columna antes de su asesinato
Fredid Román, periodista y columnista mexicano, fue asesinado el lunes 22 de agosto de 2022, en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. El periodista se encontraba dentro de su coche cuando fue atacado a balazos. La UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) condenó el homicidio de Fredid Román a quien dispararon tras publicar una información sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Su directora general, Audrey Azoulay realizó un llamamiento a las autoridades “para que investiguen este asesinato y garanticen que sus autores comparezcan ante la Justicia“. Román, que editaba y dirigía el periódico La Realidad, tenía un programa de noticias que transmitía en las redes sociales.
En su última columna, publicada dos horas antes de ser asesinado, el periodista ironizaba sobre el manejo del Gobierno de la República al Caso Iguala-Ayotzinapa. “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, era el título de la columna,
La falta de implicación y coordinación de las autoridades en la investigación sobre el caso Ayotzinapa fue aparentemente disimulada por informes que se daban a conocer pero que nunca se consideraron veraces. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tiene una especial implantación en México, por lo que tenia grabadas las conversaciones entre los grupos criminales y sus interlocutores.
The New York Times tenía las pruebas
El día 2 de septiembre de 2023 The New York Times reveló miles de mensajes de texto que esclarecían el “caso Ayotzinapa“, el trágico final de 43 estudiantes de Escuela Normal Rural ubicada en esa localidad del Estado de Guerrero (México). De los mensajes se deduce que policías, militares y otros funcionarios se coludieron con un cartel para acabar con los 43 estudiantes que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014. Las conversaciones fueron interceptadas por la DEA y demuestran que las autoridades ayudaron al grupo criminal en la desaparición masiva de los normalistas.
The New York Times obtuvo 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación obtenidos, que permiten comprobar que todas las ramas del gobierno de esa zona del sur de México trabajaban para el cártel, lo que permitió que este hiciera uso de la maquinaria del Estado y neutralizar cualquier contingencia que pudiera producirse. Se documenta que los comandantes de la policía obedecían órdenes directas de los narcotraficantes, según muestran los mensajes de texto. Uno de los comandantes dio armas a los integrantes del cártel, mientras que otro acató la orden de perseguir a sus rivales. Por otra parte, un forense también prestaba servicios al grupo criminal enviando fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes. Tras el asesinato de algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense y un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.
Las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la DEA, como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Durante años, México trató de acceder a los mensajes de texto, pero las autoridades estadounidenses solo entregaron los 23.000 mensajes el año pasado. El ejército estaba enterado de todas las comunicaciones gracias a una herramienta espía fabricada en Israel, conocida como Pegasus, para vigilar a los miembros del grupo.
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