Crónica Diaria

El actual ministro de Política Territorial ya afirmó en 2022 que adquirió un total de 837.800 mascarillas “fake” facilitadas por una de las empresas de la trama
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Imagen: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres I EFE

En febrero de 2022, el Gobierno de Canarias informó a Hacienda sobre la adquisición de 4,7 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al denominado «caso Koldo». Esta compra, realizada en plena pandemia, fue confirmada por el Servicio Canario de la Salud, que respondió a un requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La respuesta reveló que, de las mascarillas adquiridas, 837.800 resultaron defectuosas y no cumplieron con los estándares de las FFP2.

Las condiciones de la compra y el contexto fiscal

Según el informe remitido por el Gobierno canario, las mascarillas fueron adquiridas en dos pedidos, realizados en abril y mayo de 2020, por un total de 11,85 millones de euros. En el primer pedido, por 6,8 millones de euros, se compraron 2,7 millones de mascarillas, de las cuales, como se mencionó, una porción significativa fue considerada no apta. Para subsanar la falta de calidad, la empresa contratada valoró las mascarillas defectuosas como quirúrgicas y completó el pedido con otro tipo de cubrebocas.

La compra fue recomendada por el Ministerio de Transportes, que ya había contratado con Soluciones de Gestión a través de Puertos del Estado y Adif. En aquel momento, el Gobierno de Canarias ya sabía que la Agencia Tributaria estaba investigando a la mercantil de Luis Cueto, aunque aún no se había iniciado una investigación penal formal.

La falta de documentación y las sospechas de la UCO

Las dudas sobre estos contratos se intensificaron cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió sobre la falta de documentación que justificara las condiciones de la adjudicación a la empresa en cuestión. Según un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2022, no se presentaron pruebas de que existiera una comunicación formal entre el Servicio Canario de la Salud y Soluciones de Gestión, lo que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.

Los investigadores señalaron que, si bien los contratos se realizaron bajo la figura de emergencia, que permite agilizar el proceso de adjudicación, las irregularidades eran evidentes. A pesar de que la firma de Zaragoza no contaba con experiencia previa en el sector sanitario, se le adjudicaron contratos millonarios, lo que generó interrogantes sobre la legalidad del proceso.

El vínculo con el Ministerio de Transportes y las investigaciones en la Audiencia Nacional

La investigación en la Audiencia Nacional ha ido despejando parte de las dudas. Los primeros contactos con el Ministerio de Transportes, liderado por José Luis Ábalos en ese momento, facilitaron la entrada de Soluciones de Gestión en el mercado de suministros para la pandemia, logrando contratos por valor de 54 millones de euros. Según los investigadores, la falta de documentación y las negociaciones informales explican la ausencia de pruebas sobre cómo se adjudicaron estos contratos, ya que las recomendaciones fueron verbales.

El magistrado Ismael Moreno, que dirige la investigación, ha señalado que existió un acuerdo previo entre los implicados para adjudicar el suministro de material sanitario a esta empresa, antes de que el proceso fuera oficializado. Además, los correos electrónicos incautados entre Puertos del Estado y ADIF evidencian que se recibieron mejores ofertas de otras empresas, pero que el contrato ya estaba dirigido a Soluciones de Gestión.

Las denuncias y las conversaciones con Torres

En una comisión de investigación del Senado, el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres negó cualquier vínculo con los investigados y rechazó las acusaciones de recibir sobornos. No obstante, los mensajes interceptados por la UCO entre uno de los empresarios de la trama, Ignacio Tapia, y Torres, sugieren que el mandatario canario estuvo al tanto de negociaciones relacionadas con la compra de test PCR durante la pandemia.

Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama, quien colabora con la Justicia, ha implicado a varios miembros de la trama en la entrega de sobornos relacionados con los contratos de emergencia. En su declaración, Aldama afirmó que Koldo García le pidió 50.000 euros para entregarlos a Torres, aunque este último negó haber recibido cualquier pago ilícito.

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El PP sigue aumentando la distancia con el PSOE, aunque Sánchez resiste a costa del trasvase de votantes de Sumar y la propia caída de la izquierda
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo I RTVE

A medida que el 2024 llega a su fin, las tendencias electorales parecen estar cada vez más claras. En un año sin grandes tensiones electorales, Pedro Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de agotar el mandato. Sin embargo, los últimos datos de la encuesta de NC Report muestran que no existen razones suficientes para que el presidente del Gobierno contemple un adelanto electoral. Si las elecciones generales se celebraran hoy, el PP no solo se consolidaría como la fuerza más votada, sino que Alberto Núñez Feijóo podría gobernar con una cómoda mayoría absoluta, gracias a la alianza con Vox.

El desplome del PSOE y el auge de Vox

En la encuesta, el PP alcanza un 35,1% de los votos, lo que le permitiría obtener entre 150 y 152 escaños. Aunque los populares experimenta un leve desgaste respecto al mes anterior, su ventaja sobre el PSOE sigue siendo amplia, con una diferencia de 35 escaños, lo que hace casi imposible que los socialistas puedan recuperar el poder. A pesar de un descenso en su representación, el PSOE mantiene su apoyo principalmente gracias a la absorción de votos de sus socios de coalición, Sumar.

Por otro lado, Vox se beneficia de la polarización política y aumenta su apoyo, alcanzando un 13,9% de los votos y entre 40 y 42 escaños. Este crecimiento le permite consolidarse como un socio clave en la posible formación de un gobierno con Feijóo, sin necesidad de otros aliados. Además, Vox muestra una fidelidad de voto creciente, con un 85,2% de sus electores manteniéndose leales al partido.

El retroceso de Sumar y la fragmentación de la izquierda

En el espacio político a la izquierda, el panorama es menos optimista. El PSOE sigue sufriendo un retroceso, cayendo al 28% de los votos y obteniendo entre 115 y 117 escaños. La gestión de la DANA y los escándalos de corrupción han contribuido a este desgaste, aunque los socialistas han logrado evitar un colapso total. La clave de su supervivencia radica en el voto prestado de sus socios de coalición, que ha permitido que el PSOE retenga entre cuatro y seis escaños.

El proyecto de Sumar, liderado por Yolanda Díaz, continúa su descalabro. Actualmente, el frente de la vicepresidenta segunda apenas conseguiría el 5,3% de los votos, lo que se traduce en entre 7 y 8 escaños. Esta caída es especialmente dramática en comparación con los 23 a 24 escaños que lograron en la coalición, ya que el Podemos de Irene Montero les ha «arrebatado» una parte considerable de su electorado.

La larga lucha entre los nacionalismos

El campo nacionalista también sigue marcado por una fuerte competencia. EH Bildu (6 escaños) mantiene su ventaja sobre el PNV (5 escaños), lo que deja claro que la negociación presupuestaria será decisiva para ambos en los próximos meses. Mientras tanto, en Cataluña, la batalla entre Junts y ERC también está tomando forma. Junts logra rentabilizar las cesiones de Sánchez y aumenta su representación en la Cámara, mientras que ERC pierde un escaño y retrocede a los 6 diputados.

Abstención y polarización en el electorado

Un factor para tener en cuenta en estas hipotéticas elecciones es la participación. En un clima de polarización y desafección, la abstención podría superar el 35%, lo que significa que casi 700.000 españoles se quedarían en casa. Este fenómeno refleja el descontento generalizado con el sistema político y la creciente desconexión entre los partidos y una parte importante del electorado.

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El gigante asiático lleva casi dos décadas utilizando en sus productos un logo que se asemeja a los de la UE en materia de salud y seguridad
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Imagen: representación de Europa y China

Durante casi dos décadas, productos de diversos sectores han llegado a Europa bajo la apariencia de cumplir con los estándares de calidad exigidos por la Unión Europea. Sin embargo, este engaño se ha sostenido gracias a la proliferación de un sello casi idéntico al oficial: el logo «China Export». Aunque los consumidores europeos han sido engañados, la Comisión Europea y el Parlamento aún no toman medidas efectivas para resolver la situación.

El falso sello CE y su proliferación

El sello CE, que significa «Conformité Européenne» (Conformidad Europea), es un símbolo de que los productos comercializados en la UE cumplen con los requisitos de seguridad y salud establecidos. Desde su creación en 2006, este distintivo ha sido obligatorio para los productos importados fuera de la Unión. No obstante, los fabricantes chinos han creado un sello falso, el «China Export», que se asemeja tanto al original que es difícil de detectar, a pesar de que la diferencia clave radica en el espaciamiento entre las letras C y E.

Juan Rubén de la Cruz, abogado especializado en derecho mercantil de Legálitas, explica que las autoridades europeas no realizan controles de calidad previos. Son las propias empresas las que certifican que sus productos cumplen con la normativa, asumiendo la responsabilidad de su conformidad. A pesar de este sistema, la UE no tiene la potestad para impedir la venta de productos con un sello CE, siempre que este sea presentado, incluso si es falso.

La vigilancia inexistente y la competencia desleal

El logo «China Export» ha sido utilizado por fabricantes chinos para burlar los controles europeos y vender productos que no cumplen con los estándares. Este engaño afecta a una variedad de artículos, desde juguetes hasta electrodomésticos y material de oficina. Aunque la legislación europea estipula que las autoridades deben asegurar que el marcado CE se use correctamente, en la práctica los controles aduaneros y las inspecciones son inadecuados, lo que permite que estos productos lleguen a los bazares chinos en Europa.

Según De la Cruz, este fraude representa una competencia desleal para los fabricantes europeos y pone en peligro la seguridad de los consumidores. Productos como juguetes y artículos de belleza, que podrían estar mal fabricados o contener piezas peligrosas, son un riesgo para la salud y la seguridad.

La respuesta de la Comisión Europea

A pesar de las múltiples ocasiones en que tanto el Parlamento como la Comisión Europea han sido cuestionados sobre el uso indebido del logo «China Export», las respuestas han sido limitadas. En 2008, la Comisión sugirió que los Estados miembros intensificaran su vigilancia, pero hasta ahora, esto no ha dado resultados. En 2017, el eurodiputado Matteo Salvini planteó el problema nuevamente, obteniendo como respuesta que la protección de la propiedad intelectual es una prioridad en las relaciones de la UE con China.

El abogado no sabe por qué la Comisión no ha tomado medidas más enérgicas, aunque sospecha que el temor a una guerra comercial con China podría ser la razón detrás de esta inacción. Sin embargo, el panorama político ha cambiado. En 2024, con la creciente confrontación comercial entre la UE y China, podría haber una oportunidad para abordar este fraude.

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El temporal en Valencia se ha posicionado como uno de los más destructivos y costosos de este año, con una cifra de 4.000 millones en costes financieros
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Imagen: daños causados por la DANA en Valencia I EFE

Este año, el mundo ha sido testigo de fenómenos climáticos extremos que han golpeado cada rincón del planeta. Huracanes, ciclones, olas de calor, sequías y lluvias torrenciales han provocado estragos a nivel global, y España no ha sido una excepción. De hecho, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó el país el pasado 29 de octubre se encuentra entre los diez desastres más costosos del año a nivel mundial, con pérdidas que superan los 4.000 millones de euros, según la organización británica Christian Aid.

Un coste desorbitado: 4.000 millones de euros

El informe anual ‘Counting the Cost 2024’ de Christian Aid coloca a España en el décimo lugar de la lista de desastres climáticos más devastadores económicamente. Las inundaciones provocadas por la DANA han causado, además de los daños materiales, la pérdida de 227 vidas humanas. En su análisis, la organización apunta que el calentamiento global ha jugado un papel crucial en la magnitud de estos eventos. Estudios como los de World Weather Attribution y Climameter destacan que el aumento de la temperatura del Mediterráneo ha duplicado la probabilidad de que fenómenos como la DANA ocurran, además de intensificar las precipitaciones entre un 12% y un 15%.

Los desastres más caros del año

Aunque la DANA en España ha sido devastadora, otras catástrofes en 2024 han dejado pérdidas financieras aún mayores. Encabezando la lista están las tormentas en Estados Unidos, que entre junio y septiembre causaron un coste de más de 57.500 millones de euros. Estas tormentas, que incluyeron tornados y lluvias intensas, afectaron a gran parte del país y dejaron 88 muertos.

En segundo lugar, se encuentra el huracán Milton, que golpeó Florida en octubre, con un coste estimado de 57.500 millones de euros, seguido por el huracán Helene, que impactó a Estados Unidos, México y Cuba, con pérdidas de 52.725 millones de euros. Las inundaciones en China, entre junio y julio, también ocupan un lugar destacado con daños por 15.000 millones de euros y 315 muertes.

El Tifón Yagi y otras grandes catástrofes

El tifón Yagi, que azotó el Sudeste Asiático en septiembre, es otro de los desastres más costosos, con un impacto de 12.000 millones de euros y más de 800 víctimas mortales. Este supertifón, equivalente a un huracán de categoría 5, provocó desprendimientos de tierra e inundaciones graves en varios países, como Filipinas, Laos y Tailandia. Otros desastres como el huracán Beryl, la borrasca Boris en Europa Central, y las inundaciones en Brasil, Alemania y España, completan el ranking de los diez desastres más costosos.

Más allá de los números: los costes humanitarios

El informe de Christian Aid destaca que los costos financieros podrían ser aún mayores si se incluyen factores como las pérdidas en la producción agrícola o los retrasos comerciales. Además, muchas de las catástrofes más devastadoras han afectado a países en desarrollo, donde los bienes no están asegurados, lo que dificulta la cuantificación precisa de las pérdidas económicas. No obstante, la magnitud de la destrucción en estos países, como los deslizamientos de tierra en Filipinas, la sequía en el sur de África y las inundaciones en Afganistán y Pakistán, es igualmente alarmante.

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Según el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, el objetivo es tener la línea operativa en 2030
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Imagen: Óscar Puente-EFE

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el pasado viernes el desbloqueo del trazado del AVE Madrid-Lisboa, con una nueva línea por Toledo y Talavera de la Reina, lo que recortaría el tiempo de viaje con los trenes con origen o destino Extremadura. «Antes de fin de año tenía que estar esto despejado por lo civil o por lo militar», ha asegurado el ministro.

El jefe del departamento ministerial ha explicado que han aprobado la publicación de los estudios informativos y que el año que viene tendrán definido el trazado para comenzar los proyectos de construcción. “Hemos tirado por la calle de en medio”, ha confesado en una entrevista en el programa “Más de Uno” de la emisora Onda Cero, admitiendo que no han llegado a un acuerdo definitivo con las administraciones territoriales.

En relación con los territorios afectados, el ministro ha detallado que en Talavera han optado por una integración en superficie y en Toledo han planteado una estación pasante ubicada en el lugar actual, con un trazado sobre el río. «Yo creo que está bien resuelto, aunque con alguna discrepancia», ha manifestado.

«La línea de alta velocidad en Extremadura está prácticamente finalizada»

Según Puente, el objetivo es tener completamente operativa la línea en 2030, centrándose especialmente en los 160 kilómetros pendientes. “Estaremos en condiciones de cumplirlo, sobre todo porque todo el trazado extremeño está hecho”, ha confirmado. El ministro también ha destacado que la línea de alta velocidad en Extremadura está prácticamente finalizada, con tramos como el de Plasencia a Badajoz ya construidos y en fase de pruebas. “Los extremeños llevan mucho tiempo esperando que llegue el AVE”, ha finalizado, comprometiéndose a la finalización del proyecto.

«Yo creo que el objetivo de hacerlos en los próximos cinco años es un objetivo alcanzable. Vamos a tener que apretar, esto es indudable, pero yo creo que se puede conseguir», explicó el ministro.

Page se opone al proyecto

Esta iniciativa ha estado paralizada durante años por la negativa del presidente castellanomanchego, García Page, de levantar un puente sobre el río Tajo para el nuevo trazado ferroviario. El mandatario regional criticó que «algunos ingenieros se están empeñando no solo en hacer puentes, sino en hacer un scalextric, que además seguramente los toledanos le pondrían el nombre de puente».

Bajo su punto de vista, este ‘scalextric’ solo puede afectar «y mucho» a la cercanía de «cientos y cientos» de ciudadanos a sus viviendas, sino también al patrimonio, a la arqueología o al impacto visual «en una ciudad que está protegida». «Hay ingenieros que se dedican a hacer muy difícil lo fácil», aseguró García-Page, para quien «es indispensable que venga el AVE, pero tiene que venir con el mejor proyecto posible», exclamó.

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Los independentistas rechazan la integración de la Policía y la Guardia Civil en el sistema de emergencias, ya que lo consideran una “españolización”
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Imagen: trabajadores del servicio de emergencia 112 I EP

El anuncio de la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema de Emergencias de Cataluña ha desatado un debate político y operativo. A pesar de las críticas del independentismo, que considera que esta medida supone una «españolización» del servicio, la propuesta busca mejorar la eficiencia del sistema de atención de emergencias. Una fuente del 112 explicó que esta integración permitirá liberar a los operadores y agilizar la atención a nuevas llamadas.

El rechazo del independentismo: acusaciones de «españolización»

La crítica más fuerte provino de partidos como Junts y ERC, quienes acusaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «descatalanizar» el servicio de emergencias. El expresidente catalán Carles Puigdemont calificó la medida de «desmantelamiento» de los logros alcanzados por los gobiernos de la Generalitat, mientras que Jordi Turull, secretario general de Junts, lamentó la «intervención» de las instituciones catalanas con el apoyo de Salvador Illa, presidente de la Generalitat. La diputada de ERC, Ester Capella, también tachó la integración de «españolización».

La historia de las negociaciones y la necesidad de mejorar la coordinación

A pesar de las críticas actuales, los gobiernos catalanes anteriores, bajo los mandatos de Puigdemont, Torra y Aragonès, ya habían iniciado negociaciones para integrar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema 112. Esta integración ha sido vista como un paso positivo para mejorar la gestión de emergencias y la coordinación entre los cuerpos policiales, siempre que se respeten las competencias de cada uno, según indicó Imma Viudes, portavoz del sindicato de Mossos Sap-Fepol.

La mejora en la atención: liberación de operadores y mejor coordinación

Los críticos consideran que la nueva medida es beneficiosa, ya que permite una mayor eficiencia en la activación de recursos y la atención de llamadas. Al integrar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el sistema, los operadores del 112 podrán atender nuevas emergencias de forma más rápida, sin perder tiempo realizando llamadas adicionales a otros cuerpos. Esta mejora es vista como fundamental para garantizar una atención más eficaz, especialmente en situaciones críticas.

La implementación aún pendiente por cuestiones tecnológicas

A pesar de la aprobación de la medida, su implementación aún está pendiente debido a desafíos tecnológicos. Como explicaron fuentes del 112, integrar a un usuario externo en una infraestructura crítica como esta requiere ajustes técnicos complejos. Sin embargo, ya en 2017 y 2018 se realizaron pruebas para comenzar con el proceso de integración. Tanto los gobiernos de Puigdemont como el de Aragonès participaron en las negociaciones previas.

La reacción de la Guardia Civil ante los nuevos acuerdos

La Guardia Civil ha criticado la cesión de competencias en la última Junta de Seguridad, especialmente la reducción de las funciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que ahora se encuentra en una posición secundaria. Los guardias civiles consideran que esta cesión de competencias obedece más a razones políticas que operativas, y advierten que esta situación podría dar lugar a acuerdos «perjudiciales» para el Cuerpo en futuras reuniones.

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El 2024 deja en las islas españolas un total de 46.000 llegadas ilegales con la entrada de 34 cayucos desde el comienzo de la Navidad
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Imagen: varios migrantes tras ser rescatados por Salvamento Marítimo I Europa Press

En apenas seis días, Canarias ha sido testigo de una nueva avalancha de migrantes a bordo de cayucos, con un total de 1.933 personas alcanzando las costas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro entre el 25 y el 28 de diciembre. Estas cifras se suman a los 45.277 migrantes que llegaron al archipiélago a lo largo de 2024, a través de la peligrosa ruta africana occidental, una de las más mortíferas del mundo. Con las últimas llegadas, el número total de migrantes superaría las 46.000 personas.

Récord histórico de llegadas en 2024

Este diciembre comenzó con un aumento significativo de los flujos migratorios. Desde enero hasta noviembre de 2024, un total de 41.425 personas arribaron a las islas, superando el récord de 39.910 migrantes registrado en todo 2023, y las 31.678 llegadas durante la crisis de los cayucos en 2006. Este aumento ha puesto en jaque los servicios de urgencias de las islas, que han tenido que hacer frente a un aumento de la presión hospitalaria y de atención de emergencia.

Compromiso de los servicios de salud y rescates marítimos

La entrada de más de 1.800 migrantes en las últimas fiestas navideñas ha desbordado los servicios de urgencias insulares. El 25 de diciembre, de las personas que llegaron, nueve necesitaron traslado hospitalario, y cinco fueron evacuadas en helicóptero debido a su grave estado de salud. Uno de los migrantes evacuados falleció durante la travesía. Entre los hospitalizados en El Hierro, dos fueron trasladados a Tenerife al empeorar su estado de salud.

Un flujo constante de llegadas desde Navidad

Desde la madrugada del 25 de diciembre, la ruta canaria ha experimentado una llegada continua de cayucos. Ese día, seis embarcaciones arribaron al puerto de Los Cristianos, mientras que otras dos llegaron a Gran Canaria y El Hierro. En total, se registraron al menos 387 migrantes a bordo de estas ocho embarcaciones. Al día siguiente, Salvamento Marítimo rescató a los ocupantes de cinco cayucos, tres de los cuales arribaron al puerto de La Restinga y dos al puerto de Los Cristianos.

El viernes y sábado, más rescates y llegadas

El viernes 28 de diciembre, un total de 300 migrantes llegaron a Canarias en siete cayucos, uno de los cuales sufrió un fatal accidente durante la travesía. Entre los rescatados había dos menores. Ese mismo día, cinco cayucos llegaron a Lanzarote y dos a El Hierro, con un total de 293 migrantes a bordo, incluyendo más menores.

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La lentitud en la llegada de las ayudas prometidas por la DANA es una de las principales quejas de los afectados por la catástrofe
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Imagen: Manifestación contra Mazón-La Sexta

Casi dos meses después de que la tragedia de la DANA azotara a la Comunitat Valenciana dejando más de 220 muertos, los afectados ponen el acento en la falta de agilidad a la hora de recibir las ayudas prometidas tanto por el gobierno central como el autonómico. Muchos vecinos de la zona denuncian precisamente no recibir las ayudas.

Más de 33.000 personas han solicitado alguna de las ayudas que hay disponibles, tanto de la Generalitat como del Gobierno central. Sin embargo, para muchos de ellos, por el momento, no hay nada. Las quejas se repiten constantemente en los pueblos afectados con miles de solicitudes que se están gestionando muy lentamente.

El gobierno central se comprometió a conceder ayudas de hasta 16.000 millones de euros. Han pasado dos meses y hasta ahora han llegado poco más de 900 millones. Es decir, ha llegado solo un 5,48%. Por su parte, en la Generalitat Valenciana se comprometieron a dar 1.324 millones, pero no se sabe cuántas ayudas han sido entregadas porque no hay datos todavía sobre el reparto.

«Estamos trabajando para que vaya mucho más rápido. Si lo comparamos con otras catástrofes, cuando el volcán de la Palma, por ejemplo, para alcanzar el 20% pasaron más de seis meses y eran 7000 peticiones. Aquí estamos hablando de 230.000 peticiones”, ha tratado de justificar Pilar Bernabé, delegada del gobierno en Valencia, en una entrevista en Telecinco.

Solo el 30% de las solicitudes han finalizado su tramitación

Según la última actualización del gobierno central, de las 338.773 solicitudes registradas se han tramitado 283.655, de las cuales se han finalizado sólo 94.634, es decir, menos de un 28%, aunque de ellos, solo el 5% ha recibido el dinero. En cuanto a las ayudas directas para daños personales, materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, gastos de corporaciones locales y por prestaciones de bienes o servicios (de las que se registraron 35.000 solicitudes), se han abonado menos de 32 millones, por lo que de media apenas se han distribuido 914 euros. Incluso peor es que, de los 227 muertos, solo 11 familias han recibido ayudas por fallecimiento.

Empresarios, asociaciones y entidades han manifestado en numerosas ocasiones que las cantidades aprobadas son escasas y apenas cubren un 20% de lo perdido por empresas y hogares, ya que el criterio determinante del importe de las ayudas depende del volumen de operaciones del ejercicio 2023.

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