Crónica Diaria

El 2025 se presenta arduo para el Ejecutivo español, cuya cúpula se encuentra investigada por diversos delitos
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Imagen: fotografía de Pedro Sánchez y su equipo

La agenda política de España estará fuertemente influenciada en 2025 por el avance de varias investigaciones judiciales que involucran a figuras clave del actual Gobierno. Los tribunales se preparan para abordar casos de corrupción política que podrían poner en el centro de la polémica a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la esposa del presidente, Begoña Gómez. Además, la lista de implicados podría ampliarse a lo largo del año.

El caso Koldo: epicentro de las investigaciones

Uno de los procedimientos más relevantes es el conocido como caso Koldo, investigado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Este caso involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, señalado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. Según el juez instructor Leopoldo Puente, existen «indicios cualificados» de que Ábalos, aprovechándose de su posición ministerial, habría influido en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19 para obtener beneficios económicos personales.

El próximo 13 de enero, Ábalos deberá presentar alegaciones ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que evaluará la solicitud de suplicatorio remitida por el Supremo. En paralelo, Koldo García, exasesor del exministro, sigue siendo una figura clave en el caso. Aunque ha negado las acusaciones en su comparecencia, los investigadores perciben su estrategia como una forma de proteger a Ábalos, generando sospechas sobre un posible pacto de no agresión.

Víctor de Aldama y nuevas revelaciones

Otro actor crucial es el empresario Víctor de Aldama, quien ha decidido colaborar con la Justicia, aportando pruebas que complican la situación de varios miembros del entorno gubernamental. Según sus declaraciones, figuras como Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, habrían recibido comisiones ilegales. Aldama también señala al ministro Ángel Víctor Torres, aunque asegura que este último no llegó a cobrar lo exigido.

De forma paralela, Aldama está implicado en la llamada trama de los hidrocarburos, donde se investiga a empresarios que habrían entregado dinero en efectivo al PSOE. Las pruebas aportadas sitúan al empresario como el «nexo conductor» de estas tramas.

El fiscal general del Estado y Begoña Gómez

El Tribunal Supremo también avanza en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Las investigaciones se centran en la supuesta filtración de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En enero, varias figuras clave, incluyendo periodistas y fiscales, han sido citadas a declarar, mientras que la posible imputación del fiscal general marcaría un hecho sin precedentes en la democracia española.

Por otro lado, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta una investigación por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional. La causa analiza su papel en contratos públicos durante la pandemia y su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Entre las diligencias destacadas, representantes de empresas como Indra, Google y Telefónica han sido llamados a declarar.

El hermano del presidente en el foco

El próximo 9 de enero, David Sánchez, hermano del presidente, declarará como investigado en una causa que estudia posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Aunque no se ha encontrado evidencia de enriquecimiento patrimonial injustificado, las pesquisas ahora se centran en determinar si obtuvo ventajas indebidas en contrataciones públicas en Extremadura.

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Dominique Pelicot, condenado por agredir sexualmente a su mujer bajo los efectos de los somníferos y ofrecerla a otros hombres para que hicieran lo mismo, no recurrirá su sentencia
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Imagen: Gisèle Pélicot-AFP

Dominique Pelicot, condenado a veinte años de cárcel por haber violado durante más de diez años a la que era su mujer bajo los efectos de somníferos y de haberla ofrecido a decenas de hombres para que abusaran de ella, no recurrirá su sentencia, aunque haya un nuevo juicio porque otros condenados sí han apelado.

Así lo ha comunicado la abogada del principal acusado, Béatrice Zavarro, que anunció que su cliente renunciaba a presentar un recurso contra su condena, en declaraciones a la emisora France Info. «Hay que pasar página y considerar este capítulo cerrado«, señaló Zavarro, que lo justificó señalando que el recurso supondría «nuevos enfrentamientos con su esposa», Gisèle Pelicot.

La abogada insistió en que, para su cliente, Gisèle Pelicot «no es una adversaria, nunca ha sido una adversaria», y avanzó que ahora sus esfuerzos se van a concentrar en intentar acondicionar la ejecución de la pena, a que se tenga en cuenta la edad del acusado y su estado de salud. Los jueces condenaron a Dominique Pélicot a 20 años de cárcel y a que al menos dos tercios de esa condena los pase en prisión antes de poder solicitar beneficios penitenciarios, como una liberación condicional.

Pélicot podrá volver a sentarse en el banquillo

Sin embargo, que Dominique Pélicot no recurra la sentencia no significa que no tenga que volver a sentarse en el banquillo, pues la Fiscalía podría plantear un recurso general por el que se vería afectado. Lo que sí es seguro es que habrá un nuevo juicio, ya que al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que tienen intención de recurrir sus sentencias y hay tiempo para que otros se sumen.

Por lo que respecta a la víctima, Gisèle Pelicot, decidió que todas las vistas fueran públicas y sus abogados ya anunciaron tras la sentencia que Gisèle “no tiene miedo” a que haya un segundo juicio. Después de la lectura de la sentencia, la mujer declaró que no se arrepentía de haber dado la cara durante meses, confiada en que su caso pudiera ayudar a otras víctimas y a cambiar la percepción social de estos abusos. Así, afrontaría ese segundo juicio con la misma entereza y valentía con que ha enfrentado el primero.

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El nuevo líder ha anunciado que necesitará al menos cuatro años para poder reconstruir las estructuras políticas y sociales del país
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Imagen: el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, con el líder de Hayat Tahrir al-Sham I AFP

El líder de la nueva Siria, Ahmed al Shara, presentó este domingo su plan para la transición política del país, coincidiendo con el tercer aniversario de la caída del régimen de Bachar Al-Assad. En un anuncio que marca un hito en la historia siria, el rebelde confirmó que las elecciones no se celebrarán hasta dentro de cuatro años y que el proceso para redactar y aprobar una nueva Constitución llevará al menos tres años, un plazo más largo del que inicialmente se esperaba.

Desde la caída de la dictadura de la familia Al-Assad, que gobernó durante 53 años, Siria ha sido liderada por un Gobierno interino nombrado por Hayat Tahrir al Sham (HTS), la milicia islamista que encabezó la ofensiva final contra el régimen.

Promesas de inclusión y diálogo nacional

En una extensa entrevista concedida al canal Al Arabiya, Al Shara aseguró que no pretende monopolizar el poder y subrayó la importancia de respetar los derechos de las minorías en el país. Como gesto de apertura, anunció que HTS será disuelto durante la Conferencia para el Diálogo Nacional, prevista para dentro de tres meses. Este evento reunirá a las principales facciones sirias y tendrá como objetivo la formación de un Gobierno de transición que dirigirá el país hasta las elecciones.

El líder, conocido anteriormente como Abu Mohamed al Julani, afirmó: «No me considero el liberador de Siria; la liberación fue posible gracias a los sacrificios de todos«. Desde su llegada a Damasco, ha intentado distanciarse de su pasado como dirigente de una milicia vinculada a Al Qaeda, un hecho que sigue generando recelo en parte de la población.

Debate sobre el periodo de transición

El prolongado calendario de la transición ha generado un intenso debate en las redes sociales. Al Shara defendió la necesidad de un periodo más largo para reconstruir el tejido político y social del país. Entre los desafíos que enfrentará Siria está la realización de un nuevo censo antes de organizar elecciones.

Además, prometió avances concretos en la mejora de los servicios públicos, un tema crucial en un país donde muchas regiones apenas tienen cuatro horas de electricidad al día. «En un año habrá mejoras palpables«, aseguró el líder interino.

Ammar Abdulhamid, analista político refugiado en Estados Unidos, considera razonable el plazo de cuatro años, siempre que el Gobierno de transición sea inclusivo, acepte críticas y respete los derechos humanos. Según él, acelerar la redacción de la Constitución podría polarizar aún más a una sociedad devastada por más de 13 años de guerra y sanciones económicas internacionales.

Relaciones con potencias regionales

El nuevo líder adoptó un tono conciliador al referirse a las potencias que influyen en la región, incluidas Rusia e Irán, aliados históricos del régimen de El Asad. Reconoció la importancia de los intereses comunes entre Damasco y Moscú, así como el rol estratégico de las bases militares rusas en Tartús y Jmeimim.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el futuro de estas bases no es solo cuestión de su permanencia, sino también de las condiciones bajo las cuales operarán. «Es legítimo que las nuevas autoridades renegocien el estatus de estas instalaciones«, afirmó Lavrov, subrayando su importancia para la influencia de Rusia en Oriente Próximo y África.

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Es el peor accidente aéreo sufrido por el país asiático en su historia. Dos personas lograron sobrevivir
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Imagen: Restos del avión siniestrado en Corea del Sur-EFE

Al menos 179 personas han muerto, según el último balance oficial, tras el siniestro de un avión ocurrido este domingo en el suroeste de Corea del Sur, donde un vuelo de la compañía Jeju Air con 181 personas a bordo se ha estrellado contra un muro durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Muan, a unos 240 kilómetros al suroeste de la capital del país, como ha adelantado Europa Press.

El servicio de Bomberos ha cerrado su balance oficial después de que horas antes las autoridades dieran por fallecidas a 179 de las 181 personas que iban a bordo de la aeronave, un Boeing 737-800 procedente de Bangkok (Tailandia). Solo dos personas, miembros de la tripulación, han conseguido sobrevivir al impacto. Según las primeras investigaciones, y tal como avisó la propia tripulación del avión, el impacto se produjo por la colisión con una bandada de pájaros que causó daños en uno de los motores del aparato, incapaz de abrir su tren de aterrizaje, aunque no se descartan otras teorías, como un fallo mecánico.

En cualquier caso, el aparato tocó tierra sobre su panza en torno a las 09:03, hora local, y se salió de la pista hasta estrellarse con el muro exterior causando una bola de fuego extinguida por los bomberos 43 minutos después, con el avión prácticamente destruido. A bordo viajaban 175 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, según el manifiesto de vuelo (82 hombres y 93 mujeres, con edades comprendidas entre los 3 y los 78 años). El último balance detalla que 22 de los fallecidos ya han sido identificados.

«Las posibilidades de supervivencia eran extremadamente bajas»

“Después de que el avión chocara contra el muro, los pasajeros salieron despedidos. Las posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas”, indicó un funcionario del cuerpo de Bomberos tras el balance anterior recogido por la agencia estatal surcoreana de noticias Yonhap.

La mayoría de los fallecidos se encontraban en la parte trasera del avión, en el que la mayor parte de los pasajeros, salvo dos tailandeses, eran de nacionalidad surcoreana. Los dos supervivientes están siendo atendidos en el hospital de Mokpo, y su vida en principio no corre peligro, aunque uno de ellos ha sufrido fracturas en la columna vertebral que hacen temer a los médicos la posibilidad de que quede paralítico.

El presidente en funciones del país, Choi Sang Mok, que se ha desplazado al lugar del accidente tras ordenar a las autoridades que realizasen “todos los esfuerzos posibles” en las operaciones de rescate, ha prometido que el Gobierno no va a escatimar en el apoyo a las familias. Asimismo, ha declarado un periodo de luto nacional de siete días, que durará hasta la medianoche del próximo sábado. Durante esta semana, las autoridades locales establecerán altares conmemorativos en el lugar del accidente, así como en 17 ciudades y provincias.

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El PP se niega a rendir homenaje a los represaliados por la derecha radical, mientras que EH-Bildu quiere ensalzar a presos etarras
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Imagen: el Lehendakari Íñigo Urkullu

Desde que Euskadi instauró el Día de la Memoria el 10 de noviembre de 2010, dedicado a las víctimas del terrorismo y la violencia política, la conmemoración no ha logrado consenso político. Mientras EH-Bildu apoya el acto organizado por Etxerat, la asociación de apoyo a los presos de ETA, el PP y Vox rechazan el homenaje a víctimas de abusos policiales y del terrorismo de la derecha radical. Laura Garrido, portavoz del PP vasco, reafirmó recientemente que su partido reconoce únicamente a las víctimas del terrorismo etarra.

Esta postura del PP se intensificó en 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido, enfrentó en su discurso a las víctimas de ETA con las del franquismo durante el debate parlamentario sobre la Ley de Memoria Democrática. Este enfoque recibió críticas en Euskadi, incluso por parte de asociaciones como Covite y la Fundación Fernando Buesa, que respaldaron a las víctimas del franquismo en contra de la estrategia divisiva de Feijóo.

La memoria de las víctimas: entre consensos rotos y nuevos memoriales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente la creación de un memorial contra ETA en Madrid, ignorando la existencia desde 2011 del Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, dependiente del Gobierno central. Este anuncio marcó una ruptura con el consenso PSOE-PP sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011.

A pesar de estas divisiones, el Gobierno vasco ha tratado de garantizar un tratamiento igualitario a todas las víctimas. Desde el fin de la actividad armada de ETA en 2011, se han reconocido violencias diversas, incluyendo las perpetradas por grupos de ultraderecha y abusos policiales. Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea y director del Instituto Valentín de Foronda, subraya que “Euskadi tuvo una violencia central, la de ETA, pero también hubo otras que generaron víctimas igualmente necesitadas de reconocimiento”.

La complejidad del reconocimiento histórico

Entre 1976 y 1982, durante la Transición, hubo 480 víctimas mortales de diversas violencias en España: 340 de ETA, 73 de ultraizquierda, 62 de grupos de ultraderecha y parapoliciales, y 130 causadas por abusos policiales. Según Rivera, este periodo desmiente el mito de una transición pacífica, y un amplio porcentaje de estas víctimas se concentró en Euskadi.

A partir de 1983, las violencias disminuyeron, aunque los GAL dejaron 27 asesinatos hasta 1987. Entre 1988 y 2011, ETA continuó casi en solitario, con un total de 853 asesinatos desde 1968. Rivera señala que, tras el cese de ETA, era necesario abordar las otras violencias, incluyendo las condenas que España recibió en Estrasburgo por no investigar adecuadamente casos de tortura.

Leyes y memoria institucional

El Gobierno vasco ha promulgado dos leyes clave para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales y violencia política. La primera, en 2012, abarcaba desde 1960 hasta 1978, y la segunda, en 2016, extendió el periodo hasta 1999. Desde entonces, se han reconocido 427 víctimas en Euskadi, según datos oficiales.

En paralelo, Euskadi cuenta con dos instituciones dedicadas a la memoria: el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que se centra en el terrorismo de ETA, y Gogora, el Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, que prioriza la Guerra Civil y la represión franquista. Alberto Alonso, director de Gogora, busca ahora ampliar el enfoque hacia las víctimas menos visibilizadas, como las de grupos parapoliciales y ultraderechistas, a las que se dedicará 2025.

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El bloqueo de Israel ha provocado el aumento de los precios de alimentos como el pollo o el azúcar, cuyo valor ha alcanzado los 130 euros el kilo
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Imagen: cientos de palestinos esperan por comida en la Franja de Gaza I EFE

En plena temporada navideña, la ONG británica Christian Aid ha expuesto la dramática situación en Gaza comparando el costo de los alimentos en el territorio palestino asediado con el precio de una típica cena de Nochebuena en el Reino Unido. Según sus datos, un pollo congelado en el sur de Gaza alcanza los 40 euros, una cifra similar a las 32 libras (38 euros) que cuesta de media una cena navideña para cuatro personas en Reino Unido. Mientras que en Europa esa comida incluye pavo, coles de Bruselas y hortalizas económicas, como patatas y zanahorias, en Gaza un kilo de azúcar cuesta 130 euros, uno de café 104 y uno de tomates o cebollas 15.

El norte de Gaza, una zona sin carne y en riesgo extremo

La situación en el norte de la Franja es aún más grave. Antes de la ofensiva israelí que comenzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, un pollo costaba apenas cuatro euros, diez veces menos que el precio actual.

Aunque solo alrededor de un millar de los más de dos millones de gazatíes son cristianos, muchos musulmanes participaban tradicionalmente en las celebraciones navideñas, no como un acto religioso, sino como una tradición cultural. “La Navidad solía ser un tiempo de alegría para todos. Este año será diferente, lleno de recuerdos de lo que solíamos hacer”, comentó un consultor de Christian Aid.

Precios inalcanzables en un contexto de crisis humanitaria

Katie Roxburgh, directora de Christian Aid para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, describió un panorama desolador: “En Gaza casi no hay comida disponible, y lo poco que se encuentra tiene precios exorbitantes”. En Beit Lahia, en el norte, una familia necesita 20 euros para comprar un litro de aceite, 18 para un kilo de espinacas y 12 euros para apenas tres huevos, si tienen suerte de encontrarlos.

El bloqueo israelí: una barrera para la ayuda humanitaria

Según Oxfam Intermón, el asedio israelí ha sido el principal factor detrás de esta carestía extrema. En los últimos dos meses y medio, solo 34 camiones con alimentos y agua han recibido autorización para entrar en el norte de Gaza, y de ellos, apenas 12 lograron distribuir la carga. La ONG denunció que incluso la distribución de alimentos en una escuela en Beit Hanun terminó en tragedia, cuando el ejército israelí bombardeó el edificio poco después.

Antes de la ofensiva israelí, entre 500 y 600 camiones entraban diariamente en Gaza, permitiendo a la población mantener huertos y explotaciones agrícolas, hoy destruidos por los bombardeos.

El impacto de la inseguridad alimentaria

La ONU advirtió en junio que el 96% de la población gazatí enfrentaba inseguridad alimentaria aguda. En noviembre, ese panorama empeoró, con señales de hambruna en zonas del norte donde aún viven entre 65.000 y 75.000 personas. La desesperación obliga a muchos a buscar alimentos entre la basura, exponiéndose a enfermedades y peligros como explosivos sin detonar. Gaza, según Oxfam, tiene ahora el mayor número de niños amputados del mundo, agravado por un sistema sanitario colapsado.

Acusaciones de crímenes de guerra

El 21 de noviembre, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra por “matar de hambre a civiles”. La devastadora combinación de bombardeos, bloqueo y destrucción agrícola ha dejado a Gaza al borde del colapso humanitario.

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Kiev ha conseguido sobreponerse a su invasor tras cuatro años de contienda y recela de un posible acuerdo de paz planteado por EE.UU.
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Imagen: calle de Ucrania devastada por la guerra

El conflicto en Ucrania, que ha devuelto a Europa la pesadilla de una guerra abierta, llega al final de 2024 en un estado crítico. La superioridad militar y numérica de Rusia ha permitido avances territoriales significativos, aunque sin grandes victorias estratégicas. Ucrania, en tanto, enfrenta el desafío de reponer a unas tropas exhaustas tras casi tres años de invasión a gran escala.

La dependencia de Kiev respecto al armamento estadounidense es absoluta, mientras la sombra de Donald Trump, próximo a asumir la presidencia, añade incertidumbre. El presidente Volodímir Zelenski, quien enarbolaba la consigna de recuperar todo el territorio perdido, se prepara ahora para negociar, aunque exige garantías de seguridad duraderas para su país.

Un año de desgaste militar y social

El 2024 ha sido un año especialmente duro para Ucrania. Según el analista en defensa Mykola Bielieskov, la guerra de desgaste depende de recursos materiales, financieros y humanos, tres frentes en los que Rusia supera ampliamente a Ucrania. “En lo social, la frustración, la ansiedad y la confusión van en aumento”, señala. Aunque Moscú no ha logrado su objetivo de ocupar por completo la región de Donetsk, ha consolidado avances en el este, ejerciendo una presión constante con una relación de fuerzas que, en algunos sectores, llega a ser de 10 soldados rusos por cada ucranio.

Estrategias y operaciones en el frente

El balance militar de 2024 ha generado debates sobre la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, que algunos consideran un error. Sin embargo, expertos como Oleksii Melnik del Centro Razumkov defienden estas tácticas como una forma de desgastar a Rusia en su propio terreno. “Rusia está gastando bombas en su territorio y lidiando con desplazados internos. Son acciones necesarias para Ucrania”, sostiene.

La llegada de Trump y la incertidumbre estratégica

Con la toma de posesión de Trump programada para enero, ambos bandos intensifican sus operaciones. El futuro presidente estadounidense ha prometido replantear la estrategia, lo que genera incertidumbre en Kiev, ya afectada por el bloqueo republicano de la ayuda militar en el Congreso. Algunas figuras cercanas a Trump han sugerido congelar la línea del frente y ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, una propuesta que Zelenski rechaza sin garantías reales de cumplimiento por parte de Rusia.

El desenlace sigue en el aire

Con Rusia controlando más del 19% del territorio ucraniano y las perspectivas de un acuerdo duradero todavía lejanas, Ucrania enfrenta el nuevo año con incertidumbre. Aunque algunos expertos confían en que la economía rusa, debilitada por la caída del precio del petróleo, pueda inclinar la balanza, la lucha por la supervivencia de Ucrania continúa. “Mucha gente está agotada, pero seguimos siendo fuertes en el fondo”, concluyen desde Kiev, mientras el país aguarda que 2025 traiga una paz justa y duradera.

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