Crónica Diaria

El lehendakari busca aliados parlamentarios para abordar esta situación, la cual vinculó al modelo de vivienda de la izquierda abertzale
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Imagen: EP

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha comenzado a buscar apoyos en el Congreso de los Diputados para endurecer las medidas contra el incremento de la okupación en el País Vasco. El lehendakari Imanol Pradales vinculó este fenómeno con el modelo de vivienda promovido por la izquierda abertzale, mientras que la Policía vasca se enfrenta a limitaciones legales para hacer frente a la situación. Entre las propuestas del PNV se encuentra garantizar el desalojo de okupas en un plazo de 48 horas y establecer penas de hasta un año de cárcel para los responsables, medidas que coinciden con las ideas defendidas por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.

Reunión en Madrid para reafirmar la alianza con el PSOE

El PNV, que recientemente había mostrado discrepancias con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), parece haber limado asperezas durante un almuerzo en Madrid entre el ministro Félix Bolaños y los dirigentes nacionalistas Andoni Ortuzar y Aitor Esteban. «Mientras el Gobierno cumpla, ahí estaremos«, aseguró el portavoz del partido en el Congreso tras apoyar una moción del PP sobre Venezuela. Esta reunión ha sido vista como una forma de mantener la alianza entre el PNV y el PSOE, a pesar de las tensiones políticas.

El PP explora nuevos socios en el Congreso

El Partido Popular, por su parte, continúa su estrategia de captar apoyos como el de Junts en el Congreso de los Diputados, buscando una alternativa de centroderecha. En paralelo, se ha activado un plan para acelerar los desalojos de okupas, proponiendo que este proceso se realice en tan solo 24 horas. El PP ya había denunciado en su momento la visita de escolares a Errekaleor, un barrio ocupado en Vitoria, argumentando que se estaba promoviendo un modelo delictivo.

La propuesta del PNV: desalojos en 48 horas

El 29 de julio, el PNV presentó una enmienda en el Congreso para incluir sus propuestas en el proyecto de ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta iniciativa legislativa busca que los juzgados puedan ordenar desalojos en un plazo de 48 horas y contempla penas de hasta un año de prisión para los okupas. Aunque el PP propuso reducir este tiempo a 24 horas, ambas formaciones comparten un enfoque común en la lucha contra la okupación, especialmente en Euskadi, donde el fenómeno ha mostrado un crecimiento preocupante.

Aumento de la okupación en Euskadi

Los informes más recientes de la Policía vasca revelan un aumento significativo de esta práctica en Euskadi. En el primer semestre de 2024 se han registrado 202 denuncias, casi igualando el total de 2019, con 345 intervenciones policiales en casos de usurpación y ocupación ilegal de viviendas. Si la tendencia continúa, se estima un incremento del 40,7% para finales de año. En 2023, Euskadi fue una de las pocas comunidades donde la okupación aumentó, con un 11,8%, mientras que a nivel nacional se registró una disminución del 8,8%.

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Washington asegura que “calibrará” su política de sanciones para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y la Cancillería de Venezuela se muestra tajante
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Imagen: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro | Agencia EFE

Estados Unidos anunció este jueves sanciones a 16 autoridades venezolanas alienadas con el presidente Nicolás Maduro, por falsear el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Las sanciones afectan a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. 

También se extienden a los cargos militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura a raíz del revés de Maduro en las urnas, según ha anunciado el Departamento del Tesoro.

Se trata de hacerlos responsables por “cometer fraude electoral, falsificar los resultados electorales e intensificar la represión para extender ilegítimamente el mandato de Maduro”, ha indicado un alto cargo del Gobierno estadounidense bajo condición de anonimato.

Venezuela rechaza estas sanciones

La respuesta de Venezuela llegó pronto. La Cancillería ha rechazado “en los términos más enérgicos” estas sanciones contra los 16 funcionarios. Las ha calificado de “crimen de agresión”. “Las erróneamente llamadas ‘sanciones’, que ha sido vergonzosamente promovidas por la derecha fascistas, rompen y violan los acuerdos de Qatar y que pretenden imponer a todo un país sus intenciones políticas de ‘cambio de régimen’ como parte de la doctrina Monroe” señala en un comunicado.

En la declaración oficial, Caracas asegura que fracasarán en sus intentos de cercarlos diplomáticamente y que Venezuela continuará “consolidando su proceso democrático participativo y protagónico” y “afianzando sus lazos con otras naciones que sí entienden de diplomacia, respeto y cooperación”.

Las sanciones individuales implican congelamiento de bienes y suspensión de visas para 16 funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, corrupción y prácticas antidemocráticas. 

En la lista anunciada este jueves figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que condujo el supuesto peritaje de la Sala Electoral para convalidar los cuestionados resultados electorales con los que el Consejo Nacional Electoral dio ganador a Nicolás Maduro. Además, se han incluido a los otros magistrados de esa sala Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo y Fanny Márquez. También se incluye a la rectora principal del CNE, Rosalba Gil, y al secretario general de este organismo, Antonio Meneses.

En un segundo grupo de sancionados con medidas como el congelamiento de bienes y la suspensión de visas para entrar a Estados Unidos están cinco militares que son parte del brazo represivo del Gobierno de Maduro, como el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Johan Hernández Lárez y Elio Estrada de la Guardia Nacional, además de Asdrúbal Brito, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y Miguel Muñoz, director adjunto del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

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este 2023 va en camino de igualar los datos de 2021, año en el que se registraron 16 suicidios de agentes pertenecientes a la Guardia Civil
The post Los suicidios en la Guardia Civil sigue en ascenso: el fracaso de Marlaska  first appeared on Hércules.  El número de muertes por suicidios en la Guardia Civil continúa creciendo, a pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó un plan en 2020 con el que prendía reducir esta tasa. Una iniciativa que ha fracasado de manera indudable, y que desde las asociaciones le han pedido que haya una intervención psicológica de forma urgente.

La tasa de suicidios en la Guardia Civil es el triple que el de la población general. En lo que va de año, once agentes pertenecientes a dicho cuerpo se han quitado la vida. Los datos revelan que este 2023 va en camino de igualar los datos de 2021, año en el que se registraron 16 suicidios de agentes pertenecientes a la Guardia Civil. Según los psicólogos y confirmado por fuentes próximas al Cuerpo, señalan que en invierno surge un repunte de los datos de suicidios, y que es una de las fechas en las que una tendencia suicida más alta en comparación con el resto de épocas del año.

Además de los 11 agentes que se han suicidado de la Guardia Civil, hay que añadir cinco agentes de la Policía Nacional, es decir, 16 agentes que dependen del Ministerio del Interior y de Marlaska se han quitado la vida. A pesar del plan que presentó el ministro hace cuatro años para revertir esta situación y darles un apoyo mayor a los agentes, las cifras se han duplicado.

Jucil ha denunciado en varias ocasiones una mejora de la atención psicológica dentro del Cuerpo

Este aumento de las cifras se debe principalmente al fracaso de la iniciativa de Marlaska y su plan antisuicidios, que pretendía favorecer la salud mental de los agentes. Pero después de cuatro años de aplicación, los datos no engañan y el fracaso de Marlaska se cifra en 95 suicidios entre policías y guardias civiles desde 2020.

Jucil, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, ha denunciado en varias ocasiones la falta de recursos que tienen en el Cuerpo para acabar con los suicidios y, sobre todo, el estigma que rodea a la salud mental dentro de este cuerpo de seguridad. Esta asociación aboga por la creación de un plan que prevenga el suicidio y un acceso rápido y confidencial a un servicio de psicólogos que estén especializados en su ámbito.

Las causas que se dan como motivo principal de los suicidios son el estrés laboral, los traslados que se hacen de manera frecuente y el estar expuesto constantemente a situaciones consideradas como de alto riesgo.

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El Gobierno ha propuesto esta región virtual para convocar a los gobiernos autonómicos en una conferencia con la finalidad de reducir la burocracia
The post ¿Es posible crear una nueva comunidad autónoma? first appeared on Hércules.  El Ministerio de Economía ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a simplificar la obtención de licencias para operar en todo el territorio español. El objetivo es establecer una especie de «licencias únicas» consensuadas con las comunidades autónomas, con la intención de reducir la burocracia y facilitar el desarrollo económico en distintas áreas del país. Para avanzar en este proyecto, el Ministerio ha convocado a una conferencia sectorial, buscando colaboración con los gobiernos regionales para identificar posibles áreas en las que se puedan aplicar estas medidas.

Inspiración en el modelo europeo para un «distrito 18»

La idea del Ministerio está inspirada en el «informe Letta» sobre el mercado único europeo, que propone la creación de un Estado ficticio dentro de la Unión Europea, donde las licencias se obtengan de forma rápida y con validez en todos los países miembros. Esta misma fórmula es la que se busca replicar en España, un país con una estructura descentralizada en la que muchas competencias regulatorias recaen en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez es establecer un «distrito 18» que permita a las empresas obtener permisos válidos en todas las comunidades, respetando sus competencias.

Antecedentes y obstáculos legales

No es la primera vez que se intenta una armonización regulatoria en España. Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, se creó un sistema de pasaporte único que permitía que una licencia concedida en una comunidad autónoma fuera válida en otras. Sin embargo, este modelo fue anulado por los tribunales al considerar que vulneraba las competencias autonómicas. En lugar de ello, los tribunales recomendaron armonizar la regulación entre las regiones.

La Comisión Europea ha criticado a España en repetidas ocasiones por la fragmentación del mercado, destacando los problemas que enfrentan las empresas al operar bajo 17 normativas diferentes. Un ejemplo frecuente es la producción y venta de ascensores, que debe cumplir con requisitos distintos dependiendo de la comunidad autónoma. Esta situación afecta especialmente a sectores como la distribución y las grandes superficies.

Un nuevo enfoque para superar la fragmentación

El actual Ministerio de Economía busca retomar este esfuerzo de manera dialogada, intentando encontrar áreas en las que se puedan implementar requisitos básicos aceptados por todas las comunidades autónomas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta iniciativa durante una intervención en el Consejo General de Economistas, subrayando la importancia de identificar barreras regulatorias y fomentar el entendimiento entre las diferentes administraciones.

La conferencia sectorial, programada para el 18 de octubre, incluirá en su agenda la identificación de nuevas líneas de actuación y la eliminación de obstáculos económicos. Economía es consciente de que se trata de un tema sensible para las comunidades autónomas, que siempre han mostrado reticencias a este tipo de propuestas, por lo que se ha comprometido a respetar estrictamente sus competencias.

Aplicación del «distrito 18» a los ayuntamientos

Además de las comunidades autónomas, el Ministerio también quiere incluir a los ayuntamientos en este proceso. La Federación Española de Municipios y Provincias ya participa en la conferencia sectorial sobre regulación, y un ejemplo de la aplicación de esta armonización sería la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos, una infraestructura clave que depende de la gestión municipal.

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El republicano considera que las encuestan muestran claramente que “ganó el debate”, por lo que ni es necesario otro cara a cara
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p class=»MsoNormal»>El exmandatario estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha descartado participar en un nuevo debate frente a la vicepresidenta Kamala Harris. Tras el encuentro presidencial de mediados de semana, Trump ya había señalado que no estaba interesado en una nueva confrontación. Este miércoles, reiteró su decisión a través de un mensaje en la red social Truth Social.

Negativa tras la propuesta de los demócratas

A pesar de que la campaña de Harris había propuesto un segundo cara a cara el martes, Trump fue tajante en su negativa. «No habrá un tercer debate«, afirmó el magnate, refiriéndose al primer enfrentamiento que tuvo con el actual presidente, Joe Biden, antes de que éste renunciara a la reelección y dejara el camino despejado parala vicepresidenta. Según el republicano, las encuestas reflejan que fue él quien salió vencedor en su encuentro con Harris, a quien calificó como «la candidata de la izquierda radical de los demócratas».

Críticas a los resultados del debate

El encuentro entre Trump y Harris, celebrado a mediados de semana, fue ampliamente cubierto por la prensa estadounidense, que mayoritariamente dio como ganadora a la vicepresidenta. Sin embargo, ha denunciado que el debate no fue justo, señalando que el evento perjudicó su imagen. Pese a ello, el republicano aprovechó sus redes sociales para criticar la gestión de Biden y Harris en los últimos cuatro años, acusando a los demócratas de haber «destruido» el país al permitir la entrada de «millones de criminales y personas con trastornos mentales».

Ataques a la administración demócrata

Trump no perdió la oportunidad de arremeter nuevamente contra los demócratas, recordando lo que, a su parecer, son los problemas que han causado durante su mandato. «Todo el mundo sabe esto, y se discutió en gran detalle durante el primer debate con Joe y el segundo con la camarada Harris«, afirmó el expresidente. Además, insistió en que su rival demócrata evitó participar en debates organizados por otras cadenas de televisión.

Finalmente, concluyó su mensaje subrayando que Kamala Harris debería haberse centrado en sus responsabilidades durante los últimos años. Con esta afirmación, reafirmó su rechazo a cualquier nuevo enfrentamiento: «No habrá un tercer debate«.

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El Ejecutivo central ha criticado esta decisión y ha recurrido a la financiación autonómica para tildar de insolidaria a la oposición
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Imagen: EFE

El debate sobre la solución a la crisis migratoria ha avivado las tensiones políticas. Tras la visita de Alberto Núñez Feijóo a Canarias, donde pactó un documento sobre inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió la medida frente a las críticas del Gobierno central. Clavijo subrayó que el acuerdo no es un ataque a nadie, sino una invitación al «diálogo y entendimiento». El pacto, según Clavijo, cuenta con el apoyo de 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP, lo que garantiza respaldo al mecanismo de distribución de menores migrantes.

Distribución de menores y responsabilidades económicas

El documento pactado incluye nueve puntos clave, entre ellos los criterios para la redistribución de los menores no acompañados que llegan a Canarias y Ceuta, así como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La propuesta establece que las comunidades autónomas financiarán y gestionarán hasta el 100% de su capacidad de acogida. Si se supera ese límite, el Estado asumirá la financiación del exceso, y si se sobrepasa el 150%, tanto la gestión como la financiación de los menores recaerán completamente en el Estado. Esta solución económica, según el PP, busca resolver las disputas sobre la financiación de la acogida de menores, un tema que provocó el rechazo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería el pasado verano.

Críticas desde el Ejecutivo

El Gobierno no ha recibido con buenos ojos esta propuesta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó al PP de instrumentalizar la crisis migratoria en Canarias. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más contundente, criticando a los populares por alimentar discursos xenófobos y negarse a cumplir con sus responsabilidades. Montero también señaló la contradicción del PP al reclamar solidaridad en temas como la financiación autonómica, pero no aplicarla en la gestión de menores migrantes.

Feijóo busca apoyo internacional

Mientras tanto, Feijóo continúa con su ofensiva en materia migratoria. Hoy tiene previsto reunirse con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, y el ministro de Migración y Asilo, Nikos Panayotópulos, para discutir políticas migratorias ante la situación que enfrentan ambos países. De enero a julio de este año, Grecia ha recibido 23.204 migrantes en situación irregular, en comparación con los 29.031 que han llegado a España en el mismo período.

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Francisco Martos Ortiz, llevó al extremo el acoso al trabajador público que derivó en daños a la salud mental, según el juzgado de primera instancia
The post El miembro del PSOE que defiende al hermano de Pedro Sánchez fue procesado por “acciones humillantes” first appeared on Hércules.  El diputado del PSOE por Badajoz, Francisco Martos Ortiz, ha formado parte de la defensa activa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ante el juez que investiga a este por un presunto delito de corrupción dentro de la Diputación de Badajoz. Ahora se ha conocido que Martos Ortiz fue procesado por “acciones humillantes” y “hostigamiento reiterado” contra un empleado público, durante su etapa como alcalde de Castuera, localidad de Extremadura.

Unos hechos que fueron denunciados por el propio empleado y que le supuso la imputación directa al diputado socialista. A día de hoy estos hechos están pendientes de pronunciamiento por parte del Supremo. Un delito grave por el que se le llegó a condenar a tres años de cárcel y otros más de inhabilitación para cargo público, en primera instancia.

En segunda instancia, hubo un cambio en la valoración de pruebas y salió absuelto, aunque este caso todavía no está cerrado. El empleado público que lo denunció por acoso y lesiones ha mandado una apelación al Supremo, la cual está pendiente del resultado de este recurso de casación. Aunque este caso fue mandado para segunda instancia, el primer tribunal que juzgó el caso sentenció que el diputado socialista por Badajoz, Francisco Martos Ortiz, llevó al extremo el acoso al trabajador público que derivó en daños a la salud mental.

El juzgado de primera instancia probó el acoso continuado del socialista al empleado público

El Juzgado de lo Penal de Don Benito, Badajoz, describió como “hechos probados” que el hoy diputado provincial estuvo años acosando a ese arquitecto municipal. “Al menos durante el período comprendido desde diciembre de 2010 a mayo de 2011 y desde junio de 2015 hasta enero de 2019, realizó acciones, comportamientos y actitudes humillantes y vejatorias para el arquitecto municipal, así como actos hostiles que han supuesto un hostigamiento reiterado hacia el querellante en el ámbito de su relación laboral, con la finalidad de que abandonase su puesto de trabajo”, según ha publicado OKdiario.

En esa misma primera instancia se consideró un hecho probado que Martos había llevado el acoso al trabajador de manera continuada, lo que le provocó “un estado de desasosiego y, como consecuencia, una lesión psíquica consistente en un síndrome ansioso depresivo y trastorno depresivo reactivo mayor (…), necesitando tratamiento psicológico y psiquiátrico” y prolongado.

Otro hecho que fue probado durante esta primera instancia es que el acosado “vio afectada su integridad moral y dignidad como trabajador en la relación laboral de forma sistemática y prolongada por parte del acusado a través de desvalorizaciones de su trabajo, menosprecio y acciones encaminadas a que abandonase su puesto de trabajo en un primer momento y, posteriormente, a aislarlo y vaciarle de funciones ante la negativa [del empleado público] a marcharse de su puesto de trabajo”.

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