Crónica Diaria

El gobierno estudiará el encaje legal de esta medida propuesta por el presidente canario, Fernando Clavijo, para aliviar la situación en el archipiélago
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Imagen: Fernando Clavijo, presidente de Canarias-Europa Press

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha anunciado este lunes una propuesta de decreto para aprobar la distribución extraordinaria de una parte de los 5.700 menores extranjeros no acompañados que están siendo tutelados por el archipiélago, como una medida alternativa a la reforma de la ley de extranjería, que es la fórmula por la que apuesta el Gobierno central.

La propuesta del presidente canario no parece convencer al gobierno central, que duda del encaje legal de una norma que podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y que tendría que ser igualmente convalidada por el Congreso por los mismos grupos con los que, hasta ahora, no ha conseguido alcanzar un acuerdo.

Según explicó Clavijo en una entrevista en la radio autonómica canaria, su Ejecutivo está trabajando en un decreto con un artículo único en el que se plantea la reubicación de casi 4.000 niños y adolescentes inmigrantes, que es la cifra aproximada que necesitaría Canarias para aliviar un sistema de acogida que se encuentra desbordado, pues sólo tiene capacidad para albergar a 2.000 menores. Se trataría de una alternativa a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería negociada entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno canario, que no consiguió reunir los apoyos suficientes para que fuera tramitada en el Congreso debido a la negativa de PP y Junts.

Tras varias reuniones infructuosas con el PP, todo apunta a que los esfuerzos se están redirigiendo a convencer al partido de Puigdemont, a quien el Gobierno se plantea conceder competencias en materia migratoria. La clave del acuerdo con los independentistas estaría en excluir a Cataluña de ese reparto extraordinario.

El gobierno analizará la propuesta

El gobierno ha asegurado que estudiará la viabilidad legal de la propuesta del presidente canario, aunque no es la fórmula preferida por el Ejecutivo. En primer lugar, porque aprobar ese reparto «puntual» por la vía del decreto no aporta la estabilidad necesaria para una medida de este calado. En segundo lugar, porque puede ser recurrida al Constitucional; y, finalmente, porque aunque se apruebe en Consejo de Ministros, posteriormente tendría que recibir el refrendo de una mayoría del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo central sigue defendiendo que la solución más estable y duradera para aliviar el problema migratorio pasa por la modificación de la ley de extranjería, aunque comprobarán si es factible esta petición puntual del presidente canario.

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Víctor de Aldama confesó al juez que le pidieron 25.000 euros, y que se lo habría entregado a Koldo García, en un sobre en un bar
The post Koldo confirma que sí se encontró en un bar con Aldama y el jefe de gabinete de Montero  first appeared on Hércules.  El exasesor del exministro de Transportes, Koldo García, ha reconocido en su declaración ante el juez que sí pudo “encontrarse en un bar” con el empresario Víctor de Aldama y con el número 2 de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, a quien el mencionado Aldama habría pagado una mordida de 25.000 euros a cambio de “unos favores”.

Este pago, según relató Víctor de Aldama en su declaración el pasado 21 de noviembre, se habría efectuado en un bar. El empresario confesó al juez que le pidieron 25.000 euros, y que se lo habría entregado a Koldo García, en un sobre en un bar a cambio de gestionar el aplazamiento de unos pagos.

Ahora, es el propio Koldo el que ha reconocido la posibilidad real de que coincidieran “en un bar” los tres protagonistas de esta gestión: Aldama, Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, y él mismo. Montero sostuvo, antes de la revelación de hoy de Koldo, que ponía “la mano en el fuego” por su número dos, porque “es un magnífico servidor público”.

Este martes, Koldo García ha negado que formara parte de la trama de las comisiones ilegales, pero sí que ha reconocido que existe la posibilidad de que asistiera a un encuentro en un bar con Víctor de Aldama y Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra socialista María Jesús Montero.

Carlos Moreno, Víctor de Aldama y Koldo García se reunieron en un bar para efectuar el pago de varias comisiones ilegales

Sobre ese mencionado pago, Koldo aseguró que “no es cierto” que se produjera, pero sí ha situado, “a lo mejor”, a los tres implicados en un bar, el mismo escenario que puso sobre la mesa Víctor de Aldama en su declaración. Según el relato de Aldama, ese sobre con dinero se entregó en un bar cercano al Ministerio de Transportes.

En su declaración, Koldo García ha destacado que que había “quedado con Aldama” en “algún bar” y “algún piso”. Preguntado por si en esos encuentros había más personas, Koldo respondió que “nunca los tres en una casa”, refiriéndose a Ábalos como esa tercera persona, y sin referirse al encuentro en un bar con Aldama y Moreno, cuya posibilidad sí reconoció.

En su declaración, Koldo ha defendido la honorabilidad del ex ministro José Luis Ábalos. El ex asesor ha rechazado categóricamente las acusaciones sobre supuestos pagos al PSOE, calificando de “mentira” otro de los pagos que declaró Víctor de Aldama, el de 15.000 euros a Santos Cerdán. También ha negado que se hubieran producido repartos de dinero en el despacho de Ábalos, como había afirmado el empresario.

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El asesor del exministro de Transportes no ha sido capaz de aclarar al juez de dónde procedían todos los ingresos que detalló en un informe
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Imagen: exasesor de Ábalos, Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, interrogó este martes a Koldo García, investigado en un caso de presunta corrupción, sobre el incremento de 1,5 millones de euros en su patrimonio entre 2020 y 2022. García, exasesor personal del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, no pudo detallar «de cabeza» el origen de estos fondos, argumentando que ya había presentado un informe patrimonial en la causa de la Audiencia Nacional.

El caso se originó tras la adjudicación de contratos por 53 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia, destinados a la compra de mascarillas. Estos acuerdos, en los que Víctor de Aldama representaba a la empresa, habrían sido gestionados desde instituciones dependientes del Ministerio de Transportes, donde García tenía un papel clave.

Adquisiciones y transacciones bajo la lupa

Las autoridades investigan diversas operaciones financieras realizadas por García, su esposa Patricia Úriz, y su hija menor, incluyendo la compra de un piso en Benidorm por 115.000 euros a nombre de la niña, sin recurrir a una hipoteca. En sede judicial, García afirmó que los 11.500 euros iniciales para la vivienda provenían de sus cuentas, pero la UCO señaló que el origen de los fondos no estaba claro.

El investigado aseguró que los recursos procedían de aportaciones de familiares, incluyendo su hermano Joseba, también investigado, quien realizó depósitos en cuentas de García y su esposa. Sin embargo, no supo justificar por qué dividió los ingresos en varias cuentas.

Explicaciones sobre ingresos extraordinarios

Entre las fuentes de ingresos declaradas por García destaca una pensión de invalidez anual de 80.000 euros debido a un problema en los dedos del pie, así como una indemnización por accidente de tráfico de 74.000 euros. Según su relato, estos fondos habrían sido utilizados para préstamos personales que le devolvieron más adelante. También mencionó ahorros acumulados de 70.000 euros durante su etapa como escolta.

Cuando fue detenido en febrero, la Guardia Civil encontró 24.000 euros en efectivo en su domicilio, una cantidad que él justificó como una «costumbre familiar» de guardar dinero en casa. Declaró que en 2018 llegó a acumular hasta 37.000 euros en efectivo por la misma razón.

Relación con Ábalos y presuntas mordidas

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO han señalado que el incremento patrimonial de García podría estar vinculado al presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con Víctor de Aldama. Según el empresario, estas mordidas habrían alcanzado los 650.000 euros, divididos entre el exministro Ábalos y su asesor. Sin embargo, García negó estas acusaciones, exculpando a Ábalos.

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El país caribeño ha sido el lugar donde, a través de varios testaferros, se blanqueaba dinero de las comisiones ilegales
The post Las UCO sospecha que los bancos de República Dominicana “no darán datos de sus clientes“ first appeared on Hércules.  La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, considera que los bancos de República Dominicana no van a responder a las comisiones rogatorias emitidas por el juez Santiago Pedraz. Estas peticiones se enmarcan en la investigación de la trama de los hidrocarburos, que llevó a prisión a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, las autoridades judiciales dominicanas han transmitido a las españolas, de manera extraoficial, que “colaborarán en todo lo posible, pero las entidades bancarias no facilitarán datos de sus clientes”.

República Dominicana es un punto clave para la trama de corrupción liderada por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. Esta trama ha salpicado a una docena de ministros y altos cargos procedentes del gobierno de Pedro Sánchez. El país caribeño ha sido el lugar donde, a través de varios testaferros, se blanqueaba dinero de las comisiones ilegales obtenidas por los contratos adjudicados en España.

La UCO está centrando su trabajo en la isla en averiguar cuánto dinero ha movido allí la trama corrupta y qué personas relevantes tienen intereses en aquel país. Como ha desvelado The Objective, en República Dominicana hay al menos 14 empresas dadas de alta en diferentes registros por miembros de la trama. El papel fundamental de estas sociedades pantalla, algunas con sedes en solares, sería el blanqueo del dinero.

La trama de los hidrocarburos es solo la «punta del iceberg» del total del fraude

El dinero de la trama que llegaba a la República Dominicana a través de diferentes vías se desviaba a empresas de otros países. Pero, según ha podido saber este periódico, fuentes judiciales han transmitido a los agentes de la UCO encargados de la investigación que los bancos no colaborarán. Aunque las mismas fuentes señalan que sobre los bienes inmuebles adquiridos en este país y la titularidad de estos sí podrá averiguar “con mayor facilidad”.

La trama de los hidrocarburos es apenas una parte del entramado de fraude del IVA sobre el precio final de la venta de este producto. Incluye el cobro de comisiones ilegales “en todas las fases de producción del combustible desde su origen”.

La “organización criminal” en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se centró en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero “nunca antes vistas”.

Una “trama milmillonaria” en palabras de las fuentes consultadas, consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea imponen desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro.

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Pese a que la norma lleva más de un mes en vigor, los pacientes de ELA denuncian no haber recibido todavía las ayudas económicas prometidas
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Imagen: Jordi Sabaté-Redes sociales

Más de un mes después de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado la Ley ELA, la norma por la que se regulaban las medidas de atención a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes denuncian que todavía no les están llegando las ayudas económicas prometidas.

En este sentido, el Congreso debatió en el día de ayer una proposición no de ley presentada por el PP para “asegurar el pleno cumplimiento de la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible”, por la que insta al Gobierno a garantizar la dotación presupuestaria para que se ponga en marcha la ley.

Entre los rostros más conocidos de esta enfermedad destaca Jordi Sabaté, quien ha lamentado a través de su perfil en X que la ley lleve más de un mes y medio en vigor pero que todavía no cuente con la financiación adecuada, lo que, en la práctica, deja a los enfermos sin las ayudas que necesitan para sus cuidados. “Pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación de la Ley ELA y su puesta en vigor antes de acabar este 2024. Me siento responsable de no haber sido cauto, por mis emociones y mi euforia”, ha publicado el activista.

Asimismo, en una entrevista en el programa Espejo Público, Sabaté afirmaba que la ELA es “cuestión de vida o muerte” y que cada día mueren en nuestro país tres personas diagnosticadas con esta enfermedad. “El Estado nos ofrece únicamente el derecho a morir con la eutanasia, pero lo justo sería que también nos ofreciera el derecho a vivir”, ha sentenciado.

Feijóo muestra su apoyo a los enfermos de ELA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Sabaté asegurando que «comparte» su «indignación». «Una ley aprobada no está en marcha por la negativa del Gobierno que no pone los recursos económicos. Desde el PP volveremos a pedir esta semana en el Congreso que cumplan con su obligación y pongan la financiación ya», ha afirmado.

El texto presentado por el PP en el Congreso defiende aprobar la dotación económica necesaria para que se aplique la ley y las ayudas que contempla la norma “se materialicen” y “sean accesibles en condiciones de equidad en toda España”, con independencia de si salen o no adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Hay que tener en cuenta que los costes que los pacientes deben asumir para ser cuidados ascienden a unos 70.000 euros en los casos más avanzados de la enfermedad y pueden alcanzar incluso los 100.000 euros. Así lo confirma un reciente estudio elaborado por la Fundación Luzón sobre el coste de esta enfermedad para las familias en España, que estima que los costes anuales que asumen las familias de los enfermos se encuentran entre los 184 y los 230 millones de euros.

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El partido independentista se encuentra en un proceso de reconstrucción donde los críticos hacia la cúpula no tienen cabida
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Imagen: el presidente de ERC, Oriol Junqueras I EFE

La batalla por el control de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), protagonizada en los últimos meses por las dos principales facciones del partido, sigue dejando huella. El sector afín a Marta Rovira, ex secretaria general, teme que la nueva dirección encabezada por Oriol Junqueras lleve a cabo relevos en cargos institucionales clave, tanto en el Parlament como en el Congreso. Estas preocupaciones surgen después de que algunas figuras destacadas respaldaran al candidato derrotado, Xavier Godàs, y pidieran abiertamente a Junqueras que se apartara de la reelección tras considerar agotada su etapa como presidente.

Entre los nombres que más preocupan al sector rovirista se encuentran Teresa Jordà, portavoz adjunta en el Congreso, y Josep Jové y Marta Vilalta, presidente y portavoz del partido en el Parlament, respectivamente. Jové, en particular, fue una figura cercana a Junqueras durante los momentos más decisivos del procés, llegando a ser considerado uno de los artífices del referéndum del 1-O. Vilalta, por su parte, ha sido una pieza fundamental en la comunicación del partido en los últimos años.

Posibles relevos y reacciones internas

Los rumores apuntan a que los exconsejeros Joan Ignasi Elena y Ester Capella, ambos cercanos a Junqueras, podrían reemplazar a Jové, Vilalta o incluso a ambos. En el Congreso, sin embargo, el panorama parece distinto. Gabriel Rufián, quien apoyó abiertamente al líder reelegido, podría recuperar protagonismo, mientras que el futuro de Jordà, que respaldó activamente a Godàs, aún está en el aire.

Desde el sector derrotado, advierten que cualquier intento de relevar a estos cargos sería interpretado como «una agresión» y un acto de «rencor hacia la disidencia». Fuentes internas defienden la labor de estas figuras, subrayando que su desempeño institucional ha sido impecable y acorde con las directrices del partido.

Junqueras busca un equilibrio entre continuidad y renovación

En declaraciones públicas, Oriol Junqueras ha optado por mantener un tono conciliador, asegurando que buscará “la mejor combinación entre continuidad y renovación”. Sin embargo, el margen estrecho con el que se impuso en las primarias, obteniendo el 52% de los votos frente al 42% de Godàs, refleja un partido profundamente dividido, donde el proceso de reconciliación será lento y complicado.

Un partido en proceso de reestructuración

Fuentes de la nueva dirección de ERC indican que el partido está evaluando cómo adaptar su estructura institucional a las demandas de la militancia. Sin embargo, subrayan que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre posibles relevos de los partidarios de Godàs.

La tensión continúa latente, especialmente después de las duras palabras de Junqueras durante un acto en Olesa de Montserrat, donde criticó con firmeza a los seguidores de Rovira y Godàs. A pesar de ello, la ejecutiva del partido y el grupo parlamentario no han abordado en profundidad este conflicto en sus reuniones recientes.

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El Gobierno de Carlos Mazón ha criticado que hay una serie de municipios afectados por la riada a los que no les han llegado ninguna ayuda
The post El Gobierno de Valencia denuncia que Sánchez niega dar ayudas por la DANA y da 300 millones a Cataluña first appeared on Hércules.  El Gobierno de Valencia ha acusado al Gobierno central de enviar las ayudas para los afectados por la DANA a un fondo perdido, a través de transferencias directas. Por otro lado, Cataluña va a recibir una inyección de 300 millones de euros para el Cercanías de esta región.

Fuentes cercanas del gobierno de Carlos Mazón señalan que esta decisión es “la mayor evidencia de que el Gobierno de Sánchez sigue discriminando a la Comunidad Valenciana y solo gobierna para Cataluña”.  Así mismo, acusan a Sánchez por su “nula implicación con los afectados”.

“El Ministerio de Óscar Puente va a destinar más fondos a renovar el sistema ferroviario catalán que a reconstruir la red valenciana afectada por las riadas (184,6 millones)”, trasladan, reclamando “hechos” y “no declaraciones”.

El Gobierno de Carlos Mazón ha criticado que hay una serie de municipios afectados por la riada a los que no les ha llegado ninguna ayuda. Tampoco han percibido la inversión necesaria para restaurar la red de Metrovalencia, dañada por las fuertes lluvias y que tiene un coste de 100 millones de euros. Ante esta situación de abandono, el gobierno de Mazón ha apelado a la ministra valenciana, Diana Morant una “mayor claridad y que no pongan excusas en el pago de ayudas directas”.

Mazón critica que Sánchez mande las ayudas a las personas afectadas por la DANA a un fondo perdido

“El Gobierno central opta por la confusión y la confrontación”, señalan, exigiendo a Morant que explique si las ayudas anunciadas, no percibidas, ascienden a 16.500 millones como ha dicho, o son 1.800 según lo que indicó la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. “Esta falta de precisión genera incertidumbre y desconcierto entre los afectados”, critica el gobierno valenciano.

Estas críticas contra la administración del Gobierno central en la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, suceden después de que Pedro Sánchez ofreciera una condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas que se negociará en enero.

El PP no pone pegas a la quita para el caso de la Comunidad Valenciana, dado el volumen de deuda acumulada en años anteriores, y la grave situación en la que se encuentran después de la catástrofe.

Carlos Mazón confirmó su postura de que esta es una medida insuficiente, sin un nuevo modelo de financiación autonómica. Unas palabras que el resto de presidentes autonómicos reclamaron junto a Mazón. Estos, se mostraron críticos con las quitas sin ese nuevo sistema, aunque sin concretar si acudirían a ella o no, salvo Isabel Díaz Ayuso, que lo rechazó de plano.

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La medida afectaría, en concreto, a aquellos usuarios de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores, que tendrán que rectificar públicamente
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Imagen: Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia-EFE

Al igual que los medios de comunicación escritos y digitales, los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores estarán obligados a rectificar públicamente si la información que difunden es falsa. Así lo establece el anteproyecto de ley orgánica del derecho a la rectificación que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el objetivo es adaptar este derecho al entorno digital para que los usuarios de gran impacto en redes sociales también tengan que rectificar “cuando los ciudadanos se vean afectados por información falsa, inexacta, por un bulo o una mentira» y también para ampliar sus derechos en el caso de los medios digitales y escritos. «Creo que facilitaremos el derecho a la rectificación y haremos más difícil la vida de los que se dedican a mentir y a emitir bulos», ha sentenciado.

Forma parte del plan de regeneración democrática

Esta medida forma parte del plan de regeneración que anunció hace meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras estallar el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. En concreto, esta norma sustituye a la anterior, aprobada en 1984, con el objetivo de adaptarla al nuevo entorno digital y de esta manera «agilizar» los procedimientos para los ciudadanos «afectados» por una notifica falsa y modernizar este derecho, lo que contribuirá a mejorar «el debate público y la democracia», según Bolaños.

El anteproyecto, aún en fase embrionaria, consta de siete artículos entre los que se incluye la regulación para los medios digitales que, en ocasiones, tienen más alcance que los tradicionales, ha afirmado el ministro. También se amplía el derecho a la rectificación a las personas cuyos familiares fallecidos hayan sido afectados por alguna noticia falsa y consolida los derechos de las personas con discapacidad.

El texto amplía el periodo para realizar la solicitud de rectificación de siete a diez días, y los medios tendrán que publicar tal rectificación “íntegramente” y con una relevancia similar a la de la publicación original, en un plazo “breve” y “de manera gratuita”. Asimismo, tendrán que emitir un aviso de que la información ha sido rectificada. En caso de no hacerlo, el procedimiento seguirá los cauces que están previstos también ahora, y es acudir a los tribunales si el lector lo considera necesario. No obstante, no se establecen medidas sancionadoras en el anteproyecto.

Finalmente, y con el objetivo de facilitar el derecho de los ciudadanos a solicitar la rectificación, el Gobierno obligará a que todos los medios y usuarios de redes sociales de gran impacto tengan un «mecanismo fácil y accesible» para ofrecer esta posibilidad a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de los medios digitales con página web, podrían incorporar esta opción en el pie de página.

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