Crónica Diaria

El partido independentista se encuentra en un proceso de reconstrucción donde los críticos hacia la cúpula no tienen cabida
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Imagen: el presidente de ERC, Oriol Junqueras I EFE

La batalla por el control de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), protagonizada en los últimos meses por las dos principales facciones del partido, sigue dejando huella. El sector afín a Marta Rovira, ex secretaria general, teme que la nueva dirección encabezada por Oriol Junqueras lleve a cabo relevos en cargos institucionales clave, tanto en el Parlament como en el Congreso. Estas preocupaciones surgen después de que algunas figuras destacadas respaldaran al candidato derrotado, Xavier Godàs, y pidieran abiertamente a Junqueras que se apartara de la reelección tras considerar agotada su etapa como presidente.

Entre los nombres que más preocupan al sector rovirista se encuentran Teresa Jordà, portavoz adjunta en el Congreso, y Josep Jové y Marta Vilalta, presidente y portavoz del partido en el Parlament, respectivamente. Jové, en particular, fue una figura cercana a Junqueras durante los momentos más decisivos del procés, llegando a ser considerado uno de los artífices del referéndum del 1-O. Vilalta, por su parte, ha sido una pieza fundamental en la comunicación del partido en los últimos años.

Posibles relevos y reacciones internas

Los rumores apuntan a que los exconsejeros Joan Ignasi Elena y Ester Capella, ambos cercanos a Junqueras, podrían reemplazar a Jové, Vilalta o incluso a ambos. En el Congreso, sin embargo, el panorama parece distinto. Gabriel Rufián, quien apoyó abiertamente al líder reelegido, podría recuperar protagonismo, mientras que el futuro de Jordà, que respaldó activamente a Godàs, aún está en el aire.

Desde el sector derrotado, advierten que cualquier intento de relevar a estos cargos sería interpretado como «una agresión» y un acto de «rencor hacia la disidencia». Fuentes internas defienden la labor de estas figuras, subrayando que su desempeño institucional ha sido impecable y acorde con las directrices del partido.

Junqueras busca un equilibrio entre continuidad y renovación

En declaraciones públicas, Oriol Junqueras ha optado por mantener un tono conciliador, asegurando que buscará “la mejor combinación entre continuidad y renovación”. Sin embargo, el margen estrecho con el que se impuso en las primarias, obteniendo el 52% de los votos frente al 42% de Godàs, refleja un partido profundamente dividido, donde el proceso de reconciliación será lento y complicado.

Un partido en proceso de reestructuración

Fuentes de la nueva dirección de ERC indican que el partido está evaluando cómo adaptar su estructura institucional a las demandas de la militancia. Sin embargo, subrayan que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre posibles relevos de los partidarios de Godàs.

La tensión continúa latente, especialmente después de las duras palabras de Junqueras durante un acto en Olesa de Montserrat, donde criticó con firmeza a los seguidores de Rovira y Godàs. A pesar de ello, la ejecutiva del partido y el grupo parlamentario no han abordado en profundidad este conflicto en sus reuniones recientes.

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El Gobierno de Carlos Mazón ha criticado que hay una serie de municipios afectados por la riada a los que no les han llegado ninguna ayuda
The post El Gobierno de Valencia denuncia que Sánchez niega dar ayudas por la DANA y da 300 millones a Cataluña first appeared on Hércules.  El Gobierno de Valencia ha acusado al Gobierno central de enviar las ayudas para los afectados por la DANA a un fondo perdido, a través de transferencias directas. Por otro lado, Cataluña va a recibir una inyección de 300 millones de euros para el Cercanías de esta región.

Fuentes cercanas del gobierno de Carlos Mazón señalan que esta decisión es “la mayor evidencia de que el Gobierno de Sánchez sigue discriminando a la Comunidad Valenciana y solo gobierna para Cataluña”.  Así mismo, acusan a Sánchez por su “nula implicación con los afectados”.

“El Ministerio de Óscar Puente va a destinar más fondos a renovar el sistema ferroviario catalán que a reconstruir la red valenciana afectada por las riadas (184,6 millones)”, trasladan, reclamando “hechos” y “no declaraciones”.

El Gobierno de Carlos Mazón ha criticado que hay una serie de municipios afectados por la riada a los que no les ha llegado ninguna ayuda. Tampoco han percibido la inversión necesaria para restaurar la red de Metrovalencia, dañada por las fuertes lluvias y que tiene un coste de 100 millones de euros. Ante esta situación de abandono, el gobierno de Mazón ha apelado a la ministra valenciana, Diana Morant una “mayor claridad y que no pongan excusas en el pago de ayudas directas”.

Mazón critica que Sánchez mande las ayudas a las personas afectadas por la DANA a un fondo perdido

“El Gobierno central opta por la confusión y la confrontación”, señalan, exigiendo a Morant que explique si las ayudas anunciadas, no percibidas, ascienden a 16.500 millones como ha dicho, o son 1.800 según lo que indicó la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. “Esta falta de precisión genera incertidumbre y desconcierto entre los afectados”, critica el gobierno valenciano.

Estas críticas contra la administración del Gobierno central en la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, suceden después de que Pedro Sánchez ofreciera una condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas que se negociará en enero.

El PP no pone pegas a la quita para el caso de la Comunidad Valenciana, dado el volumen de deuda acumulada en años anteriores, y la grave situación en la que se encuentran después de la catástrofe.

Carlos Mazón confirmó su postura de que esta es una medida insuficiente, sin un nuevo modelo de financiación autonómica. Unas palabras que el resto de presidentes autonómicos reclamaron junto a Mazón. Estos, se mostraron críticos con las quitas sin ese nuevo sistema, aunque sin concretar si acudirían a ella o no, salvo Isabel Díaz Ayuso, que lo rechazó de plano.

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La medida afectaría, en concreto, a aquellos usuarios de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores, que tendrán que rectificar públicamente
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Imagen: Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia-EFE

Al igual que los medios de comunicación escritos y digitales, los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores estarán obligados a rectificar públicamente si la información que difunden es falsa. Así lo establece el anteproyecto de ley orgánica del derecho a la rectificación que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el objetivo es adaptar este derecho al entorno digital para que los usuarios de gran impacto en redes sociales también tengan que rectificar “cuando los ciudadanos se vean afectados por información falsa, inexacta, por un bulo o una mentira» y también para ampliar sus derechos en el caso de los medios digitales y escritos. «Creo que facilitaremos el derecho a la rectificación y haremos más difícil la vida de los que se dedican a mentir y a emitir bulos», ha sentenciado.

Forma parte del plan de regeneración democrática

Esta medida forma parte del plan de regeneración que anunció hace meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras estallar el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. En concreto, esta norma sustituye a la anterior, aprobada en 1984, con el objetivo de adaptarla al nuevo entorno digital y de esta manera «agilizar» los procedimientos para los ciudadanos «afectados» por una notifica falsa y modernizar este derecho, lo que contribuirá a mejorar «el debate público y la democracia», según Bolaños.

El anteproyecto, aún en fase embrionaria, consta de siete artículos entre los que se incluye la regulación para los medios digitales que, en ocasiones, tienen más alcance que los tradicionales, ha afirmado el ministro. También se amplía el derecho a la rectificación a las personas cuyos familiares fallecidos hayan sido afectados por alguna noticia falsa y consolida los derechos de las personas con discapacidad.

El texto amplía el periodo para realizar la solicitud de rectificación de siete a diez días, y los medios tendrán que publicar tal rectificación “íntegramente” y con una relevancia similar a la de la publicación original, en un plazo “breve” y “de manera gratuita”. Asimismo, tendrán que emitir un aviso de que la información ha sido rectificada. En caso de no hacerlo, el procedimiento seguirá los cauces que están previstos también ahora, y es acudir a los tribunales si el lector lo considera necesario. No obstante, no se establecen medidas sancionadoras en el anteproyecto.

Finalmente, y con el objetivo de facilitar el derecho de los ciudadanos a solicitar la rectificación, el Gobierno obligará a que todos los medios y usuarios de redes sociales de gran impacto tengan un «mecanismo fácil y accesible» para ofrecer esta posibilidad a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de los medios digitales con página web, podrían incorporar esta opción en el pie de página.

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Con este incremento se pretende evitar que vuelva a quedar desierto el concurso para la contratación de medios aéreos de lucha contra los incendios forestales
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Imagen: Aviones antiincendios-Airbus

El gobierno intenta impedir que quede de nuevo desierto el concurso para la contratación de medios aéreos para la lucha contra los incendios forestales y por ello este martes ha aprobado en Consejo de Ministros la tramitación de un contrato para tres años (2025, 2026 y 2027) que supone un aumento de más de 27,6 millones de euros respecto a lo que estuvo dispuesto a pagar el año pasado a las empresas propietarias de aviones y helicópteros con capacidad de transportar agua y bomberos para extinguir los incendios. En concreto, ofrece 187,6 millones por un contrato de 30 meses de duración para contratar 42 aeronaves, tres menos del contrató que licitó sin éxito el año pasado.

De esta manera, el Ministerio de Transición Ecológica mejora la oferta que, también por 30 meses, entre 2024 y 2026, lanzó el año pasado a las empresas de este sector. En aquel momento, ofreció 160,9 millones para contratar 45 aeronaves.

La licitación que ha aprobado ahora es para contratar 26 helicópteros de transporte de brigadas y lanzamiento de agua, un helicóptero bombardero semipesado, cuatro helicópteros ligeros, cinco aviones anfibios de capacidad media y seis aviones de carga en tierra.

Estos medios aéreos son el contingente de apoyo a las Comunidades Autónomas por parte del ministerio que dirige Sara Aagesen, con efectivos que se suman en la lucha contra los incendios forestales a aquellos de los que dispone el gobierno central, 14 aviones anfibios Canadair con capacidad de descarga de agua de 5.500 litros por aeronave, los cuales, aunque son propiedad del Ministerio de Defensa, es el de Transición Ecológica quien los gestiona para tareas de extinción de incendios.

El concurso quedó desierto el año pasado

La oferta económica que ha aprobado el Consejo de Ministros mejora la que el Ministerio lanzó el año pasado a las compañías propietarias de los helicópteros y aviones para, como en esta ocasión, cerrar un acuerdo de 30 meses de duración. Sin embargo, como ya hemos mencionado, este año ofrece 27,6 millones más para cerrar una licitación que el año pasado prácticamente quedó desierta porque solo una empresa acudió por un lote formado por dos aviones.

Las propietarias de las aeronaves no participaron en el concurso lanzado el año pasado porque, a su juicio, partía de una oferta económica insuficiente, justo en un momento en el que son más competitivas en el mercado mundial. En este sentido, las empresas españolas son especialmente valoradas.

Tras quedar desierta la licitación del año pasado, la entonces ministra del ramo, Teresa Ribera, no retomó los contactos con las empresas hasta principios de verano, cuando a falta de pocas semanas para que empezara oficialmente la temporada de incendios, empezó a llamarlas para cerrar contratos de emergencia, que son más caros y con una duración menor, solo de cuatro meses, hasta finales de octubre.

Gracias a ellos, Transición Ecológica pudo contar con 26 helicópteros y 12 aviones, seis menos de los que había licitado a principios de año, aunque ha sido un verano en el que, afortunadamente, se han declarado muchos menos incendios que años anteriores.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impone a Rivas la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado
The post El juez Pedraz deja en libertad al socio de Aldama, Claudio Rivas first appeared on Hércules.  El juez Santiago Pedraz ha dejado en libertad con medidas cautelares al empresario Claudio Rivas. El socio de Víctor de Aldama se encuentra imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

El instructor de la causa en torno a la defraudación de 182 millones de euros en el IVA del sector de los hidrocarburos, citando el informe del Ministerio Fiscal, señala que “se pueden considerar, sino neutralizados sí muy disminuidos los riesgos” que justificaron la adopción de la prisión provisional impuesta el 10 de octubre de 2024.

El magistrado da por “muy atenuada la capacidad” de Rivas “para impedir o dificultar las diligencias de investigación que se pudieran ir acordando” en este procedimiento judicial, y es, por ello, que considera en firme su libertad provisional con medidas cautelares.

En el informe remitido por Anticorrupción, el juez recuerda que, conforme al artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene la obligación de permitir que abandone la prisión ya que ninguna de las partes personadas, en este caso el Ministerio Público, porque la acusación popular no concurre al pesar secreto de sumario, solicita la prisión. Teniendo también en cuenta que su defensa ha reclamado la libertad para Rivas.

De Aldama y Claudio Rivas salen de prisión con medidas cautelares

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impone a Rivas la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa del órgano judicial, con retirada del pasaporte, así como la fijación de un domicilio para las notificaciones que le tengan que hacer.

Claudio Rivas fue detenido el pasado mes de octubre junto a su socio Víctor de Aldama. Ambos empresarios están acusados de pertenecer y tener un papel relevante en la trama de los hidrocarburos. Una trama por la que han defraudado 182 millones de euros a través del IVA de la venta de combustibles. Estas ventas fueron posibles gracias a las licitaciones que se habrían adjudicado a dedo a través de varios ministerios.

El caso Villafuel afecta a empresarios y políticos socialista. Uno de los principales señalados por su intervención en la licitación de hidrocarburos es el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El socialista habría pagado el alquiler del piso de su amante, Jésica, durante tres años.

Según un informe remitido por la UCO, el exministro habría pagado 88.000 euros del alquiler de Jésica, procedente de este caso de corrupción. El encargado de hacer estos pagos mensuales era el exasesor de Ábalos, Koldo García.

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El partido de Feijóo ha respaldado dos enmiendas propuestas por Puigdemont con la finalidad de conseguir más apoyo en el Congreso
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Imagen: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo I Europa Press

El Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya han pactado en el Senado una serie de enmiendas que buscan modificar la reforma fiscal del Gobierno. El acuerdo incluye medidas para reducir impuestos a pequeñas y medianas empresas (pymes), clubes deportivos y alimentos básicos. La reforma será votada de forma definitiva este jueves en el Congreso.

Entre las propuestas aprobadas destacan dos modificaciones impulsadas por Junts y respaldadas por los populares: una rebaja del IVA al 4% para alimentos básicos y una bonificación del 100% en la cuota empresarial por contingencias comunes para entrenadores y monitores deportivos no profesionales.

Rebajas del IRPF y ayudas específicas

El texto aprobado en el Senado también incorpora enmiendas del PP que proponen rebajas en el IRPF para jóvenes y pymes, además de la exención fiscal para ayudas destinadas a los afectados por la DANA en Valencia y Albacete. Asimismo, el PP ha incluido una medida que redirige los ingresos del impuesto a la banca hacia la reducción de hipotecas y la construcción de viviendas de precio tasado.

Desde el PP destacan que estas medidas, junto con el apoyo parcial de Junts y Coalición Canaria (CC), logran abrir una brecha en el bloque parlamentario liderado por Pedro Sánchez. Según fuentes populares, esta división es especialmente notable en el ámbito energético, donde el PNV ha mostrado disposición a negociar.

Expectativas en el Congreso

El acuerdo en el Senado sienta las bases para posibles pactos en el Congreso. Según fuentes del Grupo Parlamentario Popular, el apoyo de Vox, CC y la abstención de Junts en el Senado ofrecen esperanzas de que se repita un resultado favorable este jueves. «Junts ha abierto la puerta a apoyar un paquete de enmiendas que podría modificar sustancialmente el plan fiscal inicial», señalan desde el PP, reconociendo que aún necesitan intensificar las negociaciones.

Entre los beneficios destacados, los populares aseguran que las medidas evitarán que 15 millones de conductores diésel paguen más al repostar, que 12,5 millones de ciudadanos sufran un incremento del 8% en sus seguros, y que las pymes vean una reducción en el Impuesto sobre Sociedades.

Miguel Tellado confirma contactos amplios

Miguel Tellado, dirigente del PP, confirmó en rueda de prensa que han mantenido conversaciones con la mayoría de los partidos políticos, excepto Bildu, para buscar apoyos a estas medidas. «Estamos dispuestos a negociar todo lo que permita bajar impuestos a los ciudadanos«, declaró tras la Junta de Portavoces del Congreso.

Entre las propuestas clave del PP se encuentra una rebaja de hasta 12.000 euros en el IRPF para jóvenes que accedan a su primer empleo, así como la redirección de 3.000 millones de euros del impuesto a la banca hacia ayudas hipotecarias y la construcción de vivienda accesible.

Obstáculos en el horizonte

Aunque el PP confía en la votación del jueves, reconocen que persisten desafíos. En la primera votación en el Senado, tanto Junts como el PNV rechazaron apoyar las propuestas del PP, y en el Congreso, algunos grupos parlamentarios mantienen reservas debido a acuerdos previos con el Gobierno para respaldar su paquete tributario.

Mientras continúan las negociaciones, el PP celebra que el Senado haya dado luz verde a una reforma fiscal ajustada a sus propuestas, diseñada para mitigar un impacto tributario que estiman en 8.700 millones de euros.

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