El Ejecutivo quiere prohibir la compra de viviendas a extranjeros extracomunitarios que no residen en España y llevará al Congreso una exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que adapten las rentas al índice de precios
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Imagen: Pedro Sánchez en el foro ‘Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar’ Borja Sánchez-Trillo / Efe
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este lunes un paquete de 12 medidas en materia de vivienda que busca proteger a propietarios e inquilinos y resolver “el mayor problema de las clases medias en Europa y en España”. En concreto, el Ejecutivo quiere prohibir la compra de viviendas a extranjeros extracomunitarios que no residen en España, limitará las ventajas fiscales de las Socimis a aquellas que promocionen vivienda asequible y llevará al Congreso una exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que adapten las rentas al índice de precios.
Empresa pública de vivienda
El primer bloque de medidas afecta a la nueva empresa pública estatal de vivienda. Sánchez ha anunciado que la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para que la sociedad dependiente del Ministerio de Vivienda pueda construir inmuebles sociales de alquiler asequible.
Son los primeros activos que recibe la empresa sobre la que se sostendrá la política de vivienda estatal en esta legislatura. A ella también se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb, el antiguo banco malo (estos activos no se pueden transferir, sino que tienen que adquirirse), y otras 17.000 más, progresivamente.
El Gobierno también blindará la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que todos los activos construidos por el Estado mantengan indefinidamente su titularidad pública.
Pedro Sánchez también ha anunciado este lunes el lanzamiento de un nuevo Perte de vivienda, especializado en la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España. Este nuevo mecanismo se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico arrasado por la DANA.
Ayudas a propietarios e inquilinos
El Gobierno ha anunciado también la creación de un “sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible”, con “avales para que los ciudadanos puedan alquilar y los propietarios lo hagan sin asumir riesgos”. Además, impulsará un programa de rehabilitación de viviendas vacías que vayan a ser destinadas al alquiler a precio asequible, al menos durante cinco años.
Cambios fiscales
Sánchez también ha anunciado una propuesta parlamentaria para implementar un cambio fiscal dirigido a propietarios que alquilen su vivienda al precio reflejado en el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que las viviendas se encuentran en zonas declaradas tensionadas. Estos propietarios tendrán una exención total en el IRPF.
Si esta medida fiscal logra una mayoría en el Parlamento, los dueños de vivienda en alquiles de cualquier zona del país, incluidos los de municipios y comunidades autónomas gobernadas por el PP y que no aplican la ley de Vivienda, podrán desgravarse en la Renta si aplican el índice estatal, que ofrece una referencia de precios que normalmente se encuentra por debajo de los de mercado.
Ha abogado, además, por “proteger a la ciudadanía y encontrar un mejor equilibrio entre el turismo y la inversión y el derecho a la vivienda”. Entre las medidas orientadas a este fin, ha anunciado la limitación de las compras de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incrementando la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble.
El Gobierno también planteará en el Congreso que las viviendas de uso turístico sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del 21% de IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
El presidente del Gobierno también ha anunciado un endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos.
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